En la residencial Acrópoli Sonsonate, una colonia en construcción con viviendas valoradas entre los 37 mil y los 75 mil dólares, hay una casa sobre el lugar exacto donde antes había un muro colapsado de una estructura prehispánica. En algunas de las calles internas de la nueva urbanización, sobre la tierra compactada, o sobre los montículos de ripio, sobresalen pequeños trozos de obsidiana, un material que culturas prehispánicas usaban como cuchillos y puntas de flecha. En el área destinada como zona verde, sobre el terreno donde arqueólogos de la Secretaría de Cultura sospechan que yacen las bases de una pirámide, hay grama sembrada en tierra compactada. El arqueólogo David Messana encuentra un borde de cerámica prehispánica en la orilla de una enorme zanja por donde pasarán las aguas lluvias. Algunos metros más lejos, otros empleados de Secultura encuentran fragmentos de un metate, el nombre que en náhuat se asigna a las piedras para moler maíz.
Una simple caminata a mediodía basta para comprobar que una constructora lleva nueve meses destruyendo el patrimonio cultural de Tacuscalco, uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, ubicado entre los municipios de Nahulingo y Sonsonate, y declarado como bien cultural en 1997.
La jueza ambiental de Santa Ana, Norma Elizabeth Lemus, ordenó este 16 de abril, a las tres de la tarde, el 'cierre temporal técnico de la construcción' del proyecto Acrópoli Sonsonate. El cierre es de carácter indefinido y no tiene que ver con la destrucción del patrimonio. Lemus justificó su paro de obra en la falta de un permiso ambiental renovado para la construcción, que está a cargo de la empresa Inversiones Fénix, del grupo empresarial Salazar Romero.
La constructora no tiene permiso ambiental. La ministra de Ambiente Lina Pohl ha explicado que, aunque el anterior dueño del terreno donde ahora construye Fénix consiguió permisos en 2007, lo que la constructora ha hecho en el lugar “no tiene nada que ver” con el permiso que se otorgó. Además, ese permiso solo era válido por un año. Acrópoli Sonsonate arrancó en julio de 2017.
La jueza ordenó el paro de obra tras una inspección que duró tres horas. Lemus estuvo acompañada de personal de Secultura, del ministerio de Medio Ambiente (MARN), la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil y una representante de Fénix.
La ley salvadoreña considera el patrimonio cultural como parte del medio ambiente. El paro de obra se produce por esa vía, aunque la jueza aún debe pronunciarse por los reclamos de Secultura, que alega un daño irreparable a bienes culturales del país. De hecho, antes de empezar la diligencia, la jueza Lemus explicó que llegó por dos motivos. El primero, para corroborar si la empresa había cumplido con medidas cautelares que ella misma estableció hace cuatro meses. La segunda, para verificar la denuncia que arqueólogos de Secultura hicieron pública en una carta abierta al presidente de la República, para que protegiera el sitio.
Tanto Secultura como el MARN tienen 10 días para enviar sus informes técnicos de la inspección a la jueza ambiental, que deberá decidir sobre la continuidad de las medidas.
Este paro de obra viene después de un paro parcial que la misma jueza había determinado sobre una zona del proyecto, en diciembre de 2017. Además, otros cuatro paros de obra totales de Secultura y uno más del MARN habían sido decretados desde septiembre pasado. Hasta ahora, ninguno había logrado que los tractores se detuvieran y las obras se paralizaran. La jueza Lemus ordenó este 16 de abril a la Policía que verifique que se haga efectivo el paro, y que le informe si la empresa incurre en desobediencia.
No sería la primera vez que Fénix desobedece.
Antes de empezar la inspección, Silvia González, abogada de Inversiones Fénix, discutió con la jueza Lemus sobre la obligación que tienen los ciudadanos de acatar las resoluciones del Órgano Ejecutivo.
González cuestionó una resolución en la que Secultura ordena el paro de obra. Secultura determinó que el suelo de una porción de terreno propiedad de Fénix está dentro de los límites culturales de Tacuscalco, un bien cultural protegido. Por tanto, no podía autorizarse la construcción de nada en esa área, solamente para zona verde. Fénix-Salazar Romero alega que esa calificación de terreno es confiscatoria sobre más de 22 manzanas. Por esa resolución, la constructora ha demandado por actos arbitrarios a la directora patrimonial de Secultura, Irma Flores, y ha presentado una demanda ante la cámara de lo Contencioso Administrativo.
“O sea - explicó González- esa resolución aún no es firme. Este no es un sitio arqueológico protegido, solo es Tacasculco con el cuál somos colindantes”. González pronunció así -Tacasculco- dos veces. A la tercera, empleados de Secultura la corrigieron, en coro: '¡Tacuscalco!'.
La jueza Lemus le contestó a la abogada. Le dijo que Secultura comprobó que había vestigios prehispánicos debajo de donde ahora hay casas de Acrópoli Sonsonate. Por eso, los técnicos de Secultura decidieron ampliar la zona de protección. “Como usted ha dicho muy bien, la resolución no está firme pero eso tampoco le da la facultad al proyecto para construir”, corrigió la jueza Lemus a González. La juzgadora recalcó que, mientras dure el proceso contencioso, Fénix no podía construir porque el terreno está en litigio. “Esa es la queja de Secultura”, remató.
González tenía otro recurso más. Sacó de su cartera un ejemplar de la Constitución de la República. Entonces le replicó a la jueza:
“Si hay órdenes o decretos ilegales del Ejecutivo, el ciudadano no está en obligación de acatarlos”, dijo González. “Nos han asesorado nuestros constitucionalistas que son parte de la empresa y ellos manifestaron que podíamos hacerlo porque la resolución de Secultura es de carácter confiscatorio”.
La jueza Lemus le contestó a González que estaba mal asesorada. “Su asesor también le tuvo que haber dicho que si está en litigio una resolución no se puede hacer caso omiso”, replicó la funcionaria judicial.
Tras el intercambio, la inspección continuó. La jueza y su equipo se adentraron en la construcción. A la entrada, la Policía intentaba mantener alejadas a decenas de personas que protestaban por los derechos de los trabajadores contratados por Fénix. No todos eran trabajadores: había también mujeres y niños en esa congregación.
La expedición avanzó hasta un lugar conocido como el pozo 50. Cuando Secultura ordenó parar la obra en septiembre de 2017, también ordenó la excavación de 120 pozos para exploración arqueológica. Tras el estudio, el pozo 50 llegó a ser identificado como la frontera entre el lugar donde se podía y no se podía construir. Ahora en el pozo 50 se empieza a construir una acera. Detrás de él, en toda el área que se suponía prohibida, hay hileras tras hileras de nuevas viviendas.
La inspección de la jueza Lemus llegó hasta el muro que ahora separa a la residencial del sitio arqueológico Tacuscalco. En el lugar, Hugo Díaz, jefe del departamento de arqueología de Secultura, explicó que es imposible que alguien, sin excavación arqueológica, diga “el sitio llega hasta aquí”. Es decir, que la ubicación de ese muro no tiene a la base ningún criterio técnico para establecer que de ahí para adentro no hay bienes culturales. “Aquí se dañó parte del posclásico, los nahua pipiles, ascendientes directos de los pueblos indígenas actuales”, explicó Díaz.
González seguía sin estar convencida. Ella le contestó a Díaz que las municipalidades de Nahulingo y Sonsonate tienen delimitado el sitio arqueológico. “En su plan de desarrollo local, han manifestado que para ellos todo esto es un área urbanística habitacional”, dijo González. “Justo ese es el delito de la alcaldía, justo ahí tiene el delito”, le contestó el arqueólogo Díaz, quien piensa que las municipalidades también tienen parte de responsabilidad por haber autorizado permisos de construcción, sin tomar en cuenta la ley de protección al patrimonio cultural. Aunque hay un proceso penal abierto por la destrucción patrimonial, de momento no hay ningún funcionario municipal acusado.
Hacia el final de la inspección, la jueza y su equipo añadieron dos irregularidades más a sus hallazgos.
Una. Se están realizando trabajos de terracería en un terreno adyacente a la residencial Acrópoli, que ya es parte del sitio Tacuscalco incluido en la declaración de 1997. La jueza Lemus preguntó a la abogada si esas obras eran de la empresa, tal como una denuncia ciudadana lo mencionó a Secultura. González lo negó y dijo que no sabía quién estaba realizando esos trabajos. La jueza Lemus ordenó a la Fiscalía indagar al respecto.
Dos. El biólogo José Arturo Núñez descubrió un riachuelo corriendo en una zanja que servirá para aguas lluvias. Núñez dijo que parte de esa vertiente, que desemboca en el río Ceniza, ya había sido embovedado, y que será sepultado por completo cuando se termine la construcción.
Cuando terminó la diligencia, El Faro preguntó a la jueza porque no se había determinado un paro de obra antes, si se tenían indicios de la destrucción patrimonial desde septiembre de 2017. “Yo no había determinado suspender la obra debido a que la mayoría de casas están construidas desde la primera inspección. Yo estaba a expensas de los informes técnicos”, se excusó Lemus.
