El viernes 13 de julio será el último día de trabajo de la actual Sala de lo Constitucional. Una sala polémica, amada por muchos y odiada por otros, con resoluciones que jamás pensamos ver y otras que sí esperábamos pero no las dieron.
Tengo claro que se escribirán libros sobre lo que hicieron Belarmino Jaime, Sídney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez. No me cabe la menor duda que sobrarán autores que hablen de lo que pasó en estos nueve años.
Pero muy a pesar de mi respeto a esta Sala y de mi cariño personal para estos magistrados, este artículo no será para alabar su trabajo, sino para externar mi preocupación porque no vislumbro entre los 30 candidatos ni uno solo que pueda llenar los zapatos que ellos dejan.
Conozco a varios de los candidatos, incluso viene otro que fue catedrático mío, pero quizá cometo la equivocación de juzgarlos sin conocerlos a profundidad. Lo reconozco de antemano.
Pero, bien, me parece que debo compartir los nombres de los candidatos que no deberían resultar electos bajo ninguna circunstancia, porque sería un franco retroceso. Aclaro que tomé los nombres de aquellos a quienes conozco por sus hechos públicos. ¡Imagínense si me pongo a criticarlos bajo una investigación persona por persona!
Esta es mi lista ciudadana de los descartables:
1.María Luz Regalado de Orellana, actual magistrada presidente de la Sala de lo Civil: francamente no sé por qué se está postulando. Primero debería decirnos qué han hecho desde esa sala para cambiar la realidad de nuestro país durante sus nueve años de gestión. Al menos yo, tristemente, la recuerdo porque votó a favor de la reserva en los casos de Probidad en la Corte Suprema de Justicia y, por eso, me queda claro cuál es su compromiso con la transparencia. ¿Tengo que decir más?
2.Rosa María Fortín, quien fuera magistrada por nueve años. Como en el caso de la señora Regalado, me pregunto: ¿qué hizo en su gestión como para que tengan que ponerla otros nueve años? ¿Algún cambio relevante o algo? Yo no recuerdo nada, excepto su posición cuando se declaró inconstitucional a Ovidio Bonilla como presidente de la CSJ. En el periódico El Faro está la nota, publicada en julio 2012 . Ella respaldó aquella Corte tan cuestionada.
Lo que también recuerdo de ambas funcionarias es que han demostrado en reiteradas ocasiones su descontento hacia las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Si los diputados quieren hacer historia, deben poner funcionarios que darán continuidad a los criterios de estos magistrados. Está claro que estas candidatas han estado con mucha satisfacción disfrutando sus cargos sin mayor esfuerzo de cambiar la realidad del país ¿Creen que se merecen otros nueve años?
3.Carlos Rafael Pineda Melara, actual jefe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Esta es una crítica no sólo para el sistema. En primer lugar, ¿cómo permiten que alguien que tiene en sus manos la información de los funcionarios que van a elegirlo se postule? ¿¡Es en serio!? Además, señor funcionario, perdóneme, pero ¿qué le pasa? Usted tenía la oportunidad de hacer un gran trabajo desde Probidad, pero decidió seguir su ambición personal –legítima por supuesto-. ¿Pero qué nos garantiza que, en su cabildeo con todas las fracciones, su moneda de cambio sea comprometerse para detener y obstaculizar las investigaciones que lleva a cabo? Máxime cuando, al menos desde afuera, parece que nada funciona en esa oficina desde que usted anda en campaña. Al final, no soy de la idea de que por tener un cargo uno no pueda aspirar a otro de mayor ingreso y poder más real, pero cuando uno tiene un compromiso ético, lo mínimo que debe hacer es pedir permiso sin goce de sueldo, mi estimado. Y entonces métale a la campaña. Desde su oficina, usted puede investigar a los del Consejo de la Judicatura y, tal vez, esa pudo ser una razón para que los siete miembros propietarios votaran por usted, cuando no tiene más formación que una licenciatura. Como dije al principio ¿qué nos garantiza que los diputados sientan que ponerlo a usted sería de mutuo beneficio? No lo acuso –no vaya a salir de bayunco queriéndome demandar–. Le señalo con mucha honestidad y transparencia mi opinión de por qué creo que no debería ni estar en la lista; menos, ser nombrado.
4.Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, actual Procuradora General de la República. ¿En serio, señora? Si en dos períodos no ha cambiado esa institución y entiendo que, con la implementación de las nuevas reglas para las adopciones, no ha facilitado ni una sola. Eso es un nivel de ineficiencia imperdonable. Yo no le digo que le falte moralidad, como dijeron los de esa comisión independiente que emitió su opinión. En dos gestiones que usted tiene al frente de la institución, no he visto un cambio. Además, me provoca el terror de que la Sala involucione con su arribo. Usted, así como la actual procuradora de derechos humanos, antepone sus creencias religiosas a su trabajo. No sólo hacen eso, sino que además imponen su fe a los usuarios y así tenemos que ambas instituciones son denunciadas por las diferentes organizaciones del movimiento LGBTI como sitios donde se los discrimina y no son respetados. Si usted no respeta desde la procuraduría general los derechos humanos de minorías, ¿qué clase de trabajo hará estando en la máxima Sala, que garantiza los derechos humanos para todos, sin distinciones de ningún tipo? Tengo un gran temor, como defensora de derechos humanos, al solo imaginar que está siendo considerada para ese cargo.
5.Carlos Sergio Avilés Velásquez. Es otro que no entiende que no queremos cambios de criterio y mucho menos que esos cambios sean para que los diputados se sientan tranquilos. Avilés ha dicho en un par de ocasiones: “discrepo con la Resolución de la Sala sobre el Sistema de Transporte Integrado del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), porque cuando se pidió la recusación de los magistrados ʻautomáticamente decretaronʼ la ʻmedida cautelarʼ para eliminar la exclusividad del carril segregado”. También ha dicho: “cuestiono que la Sala inhabilitó al magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, luego que pidió la recusación de los magistrados de esa Sala. Se ha negado a investigar al fiscal general de la República”. Me parece muy coqueta esa frase con el FMLN, pero es mi sospecha. Además hasta el momento no ha querido seguir una investigación contra el fiscal general Douglas Meléndez Ruiz, siendo magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental. Yo he acudido personalmente a promover casi 20 denuncias a ese ente y ninguna camina. Me parece una institución inoperante que funciona para castigar funcionarios incómodos de segundo nivel –mandos medios-, a lo que se prestan los magistrados. Pero, bien, dejando mi queja de lado, lo cierto es que el abogado Rodríguez Cea presentó en febrero del corriente año una denuncia relacionada con CEPA, por supuesto enriquecimiento ilícito de parte del fiscal general Meléndez. El TEG no abrió la investigación, argumentando que se declaraba “improcedente” la denuncia y la refirió a la Corte de Cuentas de la República (CCR). No mucho me trago ese “razonamiento”, porque recibir dinero que no te toca también es un problema ético, no solo penal. Pero este candidato “neles pasteles” y, por lo que he escuchado, ese mismo abogado ha presentado otras varias denuncias ante el TEG contra el titular de la fiscalía, pero el tribunal, así como el magistrado Avilés Velásquez, se han negado a proceder a la investigación contra Meléndez Ruiz, argumentando que no es de su competencia. Si el TEG no tiene la capacidad de investigar al hombre fuerte del Estado con la capacidad y el mandato que vienen del TEG, no cabe ni la esperanza de que el candidato quiera impulsar los casos de probidad de la CSJ y menos sacar resoluciones contra la FGR
6 y 7. Rogelio Canales y Jaime Martínez. ¡Caramba! Ambos son funcionarios de este gobierno y del anterior. Han demostrado su vinculación con el FMLN con una claridad indudable. Los han señalado desde cualquier tarima que han podido, pero más grave aún es que no han sido buenos funcionarios. Ninguno de los dos ha cambiado la realidad de las instituciones que dirigen. Martínez tuvo el descaro de decirle a los estudiantes de la academia “que no les tiemble la mano. Que les valgan los derechos humanos”. ¿En serio queremos un magistrado de ese calibre? Y don Rogelio, que anda en todas las entrevistas queriendo decir que no está vinculado con el FMLN, es del Movimiento 5 Más, que se alió para la candidatura de Salvador Sánchez Céren. Esa cercanía le valió para tener cuota de poder en el Ejecutivo y, todavía más, ser electo al frente del Centro Nacional de Registro.
En este país, estar cerca de los partidos políticos, tener padrinos fuertes dentro de ellos, te ayuda a acceder a cargos de segundo grado. Muy lejos quedan palabras como capacidad, preparación, idoneidad, honestidad y espíritu de servicio. Así, en cargos donde lo mínimo que deberían tener como formación son maestrías, tenemos licenciados que no han hecho más que conseguir un cargo dentro de la administración pública. Que no han hecho nada más, que no publican, que no dan ni clases para actualizarse, y aún así, son considerados para ese cargo que requiere una actualización constante.
Pero estos personajes no tienen la culpa. La verdad es que este sistema les ha enseñado que así se maneja la cosa. Que vale más un buen padrino en política que formación académica. Además, entre más color te das con el partido que te apoya, más certeza de conseguir el hueso... Qué bueno que ahora señalamos que estar coloreados no les ayuda a conseguir el puesto; es más, les perjudica. Pero debemos seguir trabajando por la independencia, porque hay varios candidatos que no se les ve el color del partido que lo apoya y que andan cabildeando su candidatura. A ellos se les ven otros intereses, como ese compromiso de no hacer la depuración judicial, esa que tanto necesitamos. Dos de las candidatas formaron parte de la comisión para ello y no pasó nada en ese tema.
Tengo sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional que no me bajan del pescuezo, pero he defendido cada una. Ese criterio lo quiero mantener, por eso debemos garantizar que lleguen las mejores personas a ese cargo. Los que salimos con nuestra cara y boca a defender resoluciones porque la Sala es el tribunal de cierre, el máximo intérprete de la Constitución, nos veremos hipócritas e incoherentes si con una nueva Sala llamamos a desobedecer sus resoluciones. Ojo, que eso nos obliga a estar encima.
Para el diputado Antonio Armendáriz: ahí le dejo mi lista ciudadana de descartes. No voté por usted ni lo haría nunca, pero aunque me agrade o no, usted es diputado para todos los salvadoreños. Así como estoy obligada a aceptar ese hecho, usted está obligado a tomar en cuenta mi opinión. Se lo digo porque su partido es de los principales responsables que en mi país se mantengan partidizadas las instituciones, que esté atrofiada la Corte de Cuentas de la República, que haya cuotas en la CSJ… ¡Hey, señor! En serio: ya basta de tener así al país. Espero que tome en cuenta que estamos observando que no quieren elegir en tiempo y les vemos las intenciones de juntar el resto de elecciones de segundo grado con la de magistrados de la Sala, y se vislumbra un megacombo de cuotas y repartición partidaria. No lo hagan, por favor. Piensen por una vez en la vida en este país… No crean que porque no están estos magistrados nos vamos a soplar malos funcionarios. Desde la sociedad civil vamos a patalear. Yo, especialmente.
* Bessy Ríos es columnista del periódico El Faro
