Esta campaña presidencial tiene una característica: no hay candidaturas que despierten esperanza. Más bien, la oferta que ha salido hasta el momento genera desesperanzas. Desesperarse, según la Real Academia, significa perder la esperanza de que algo suceda.
Al menos, a las puertas de las presidenciales, y a diferencia del resto de elecciones, tenemos más información que nunca sobre la forma en que nos han gobernado los partidos y los políticos en contienda. Sabemos cosas que antes no sabíamos. Sabemos que todos los presidentes de la posguerra gastaron millones de dólares de forma discrecional y que uno de los gobiernos de la guerra civil también lo hizo. En términos prosaicos: sabemos que un presidente, al llegar al poder, puede sacar millones de dólares en efectivo de las arcas del Estado y, sin control alguno, gastarlo en sobresueldos, en sobornos, en viajes, lujos y otros excesos.
Arena y FMLN usaron el mismo mecanismo para desviar fondos: sacar dinero en billetes de 100 dólares de partidas secretas -a veces legales- pero siempre opacas. El mito de que existió un hombre que cargaba un maletín relleno de dinero en efectivo para comprar voluntades no es una exageración.
Cuatro gobiernos de Arena heredaron el mismo sistema al primer gobierno del FMLN, el de Mauricio Funes, ahora prófugo y acusado de lavado de dinero. Arena usó bancos privados para despilfarrar en la opacidad fondos públicos y el primer gobierno del FMLN ocupó el semiestatal Banco Hipotecario. También sabemos que este segundo gobierno del FMLN ha tenido una gorda partida de gastos reservados, pero no sabemos en qué los ha ocupado.
Antes que prometer, Carlos Calleja, de Arena, y Hugo Martínez, del FMLN, deben explicar lo ocurrido en el pasado. La norma de los políticos salvadoreños nos adelanta que ambos guardarán silencio y optarán por los vacíos y ambiguos mensajes de campaña, en los que cuesta distinguir las diferencias de lo que se supone son dos proyectos políticos radicalmente distintos.
Calleja tiene que responsabilizarse por la bancada de su partido, liderada por un grupo de funcionarios con serios cuestionamientos. También debe ampliar en respuestas sobre cómo evitará, en caso de ganar, el uso y abuso en el gasto discrecional de millones de dólares, como lo hicieron las cuatro administraciones presidenciales de Arena.
Hugo Martínez tiene que responder por los errores de su partido. Aunque dio su testimonio ante la Fiscalía en el caso contra el expresidente Funes, este funcionario debería explicarle a sus votantes -más allá de decir que no sabía o de que no hay ningún dirigente del FMLN señalado-, cómo es que la presidencia Funes desvió 351 millones de dólares de forma discrecional sin que sonara ninguna alarma o se despertara ninguna sospecha en el partido.
Nayib Bukele, el favorito a colarse en una eventual segunda vuelta de las presidenciales según las encuestas, también tiene cosas que explicar. Aunque se salva de la mancha que tienen los dos partidos mayoritarios, tiene que transparentar el financiamiento de su campaña y las millonarias licitaciones públicas que ganó una de sus empresas familiares en estos dos gobiernos del FMLN. Esto último no es por morbo: creo que la ciudadanía tiene derecho a tener certezas de que Obermet, por años la agencia aliada del FMLN, fue de las más beneficiadas con contratos públicos por méritos propios y no por compadrazgos con el partido.
Quién tenga la capacidad de diferenciarse de las prácticas opacas es el que ganará la elección presidencial. Hasta el momento es bien difícil saber en qué se diferencian los tres candidatos de las prácticas del pasado, porque ellos ni se pronuncian ni se distancian ni dan muestras a favor de la transparencia.
Los tres candidatos también deberían explicar más las funciones y nombres de sus operadores políticos. ¿Quiénes son sus asesores de campaña? ¿Quién los financia? ¿Qué cartas perfilan para ocupar los puestos más relevantes del Ejecutivo en caso de ganar?
Otro tema, que irresponsablemente prefieren evitar, también debe ser debatido ampliamente: Arena, FMLN y Nayib Bukele han pactado con pandillas. Los tres candidatos presidenciales deberían explayarse en explicacaciones a la población sobre estos pactos, sobre su postura con respecto al diálogo con las pandillas y sobre cómo abordarán este fenómeno.
Los tres candidatos también deberían de pronunciarse contra una Asamblea que responde más a intereses gremiales que por la población. Arena y el FMLN, por poner un solo ejemplo, son responsables de la circulación de buses chatarra conducidos por cafres. Cafres contratados por una mafia -salvo excepciones que no conozco- de empresarios de transporte subsidiados por el Estado. Una mayoría de empresarios aliados a diputados de todos los partidos. Diputados que subordinan el interés común al interés de un sector eternamente cuestionado. Los empresarios de transporte responsables y probos, que seguramente existen, pagan los platos rotos de las acciones del grupo de dirigentes gremiales que pactan con los diputados de turno.
Esa misma Asamblea acarrea una deuda de más de dos décadas: una política pública que asegure la administración transparente del agua. La forma en que se comportan en la Asamblea Legislativa nos dice que difícilmente harán la diferencia en este periodo. El Estado, administrado por Arena y el FMLN, han procurado agua para proyectos de clase media alta -El Encanto y su campo de golf con incentivos fiscales- en un municipio en el que el 75% de la población no tiene agua ni para beber.
Un país con políticos decentes y candidatos con ansias de generar esperanzas de cambio, exigiría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que aceleren la resolución de los casos por enriquecimiento ilícito. Los signos de estas últimas semanas, sin embargo, dicen lo contrario: la Corte Plena, lejos de resolver, retiene resoluciones para casos con indicios de enriquecimiento ilícito. Cinco casos relevantes están estancados por cálculos electorales y la estrategia dilatoria de magistrados que parecieran jugar como abogados defensores de los señalados: la vicepresidenta del último gobierno de Arena, Ana Vilma de Escobar; dos expresidentes de la Asamblea, Sigfrido Reyes y Guillermo Gallegos; y el hoy vicepresidente, Óscar Ortiz, socio del presunto líder del Cártel de Texis. Las investigaciones preliminares de enriquecimiento ilícito de estos casos suman más 10 millones de dólares.
Hemos normalizado la corrupción de todos los políticos en todas sus dimensiones y en todos sus colores, y ninguno de los tres candidatos lanzados al ruedo dan muestras reales de un cambio. La parrilla de candidatos apenas está calentando motores, pero, en el futuro cercano, deberíamos exigirles los perfiles de sus gabinetes, algunas pistas claras de qué los diferencia del resto de ofertas electores y algunas promesas concretas que tengan fecha, monto y forma de financiamiento.
