El cuatro de diciembre de 2012, Sigfrido Reyes, quien entonces fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, convocó a una sesión plenaria extraordinaria que tenía como punto único la elección del Fiscal General de la República para el periodo 2012-2015. Esa tarde, con el respaldo de los 84 diputados, fue electo para el cargo Luis Antonio Martínez González. Luego de ser juramentado, Martínez dio inicio a lo que sería una relación especial entre él y la prensa salvadoreña. Según este periódico, en esa primera conferencia, Martínez prometió una gestión valiente: “vamos hacer la diferencia, lo vamos a demostrar con el trabajo día a día y eso lo podrán percibir en el transcurso de nuestro trabajo”. Todos sabemos que la historia no terminó así: la gestión de Martínez no fue ni valiente ni eficiente y mucho menos honesta. Sin embargo, sí se destacó por una variedad de elementos: sus frases célebres exigiendo respeto al cargo, sus fotos en la playa a donde solía “recargarse”; pero, sobre todo, la gestión de Luis Martínez se vio marcada por los conflictos de interés en su relación con el empresario, ahora prófugo de la justicia, Enrique Rais.
Martínez utilizó su cargo para favorecer a Rais en una variedad de ocasiones. El empresario, a cambio, permitía que Martínez utilizara sus aviones privados para viajes oficiales y personales, entre otras dádivas. En un caso en el que Martínez es acusado de venta de justicia, Rais aparece como el instigador de una red de abogados, forenses de Medicina Legal, fiscales y jueces que favorecieron una causa judicial contra terceros. Por ese caso Martínez guarda prisión en el sector nueve de Mariona desde hace casi dos años, a la espera de un juicio; mientras que Rais se encuentra prófugo en la ciudad de Morges, al suroeste de Suiza. En la escala mediática salvadoreña, esta historia es vieja. Perdónenme la extensa introducción, pero aunque este texto no se trata sobre el compadrazgo entre Rais y el exfiscal, los conflictos de interés del otrora funcionario, que propiciaron una Fiscalía cooptada por intereses ajenos a los objetivos fundamentales de la institución, deberían habernos dejado lecciones y aprendizajes de nuestros errores.
La semana pasada, mientras los principales partidos políticos entablaban negociaciones para elegir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y a un magistrado de la Sala de lo Civil, surgió con fuerza, en varios listados, el nombre de Carlos Pineda Melara, quien es el director de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a funcionarios públicos actuales o retirados con incrementos patrimoniales sospechosos. Probidad fue inoperante por décadas, y no fue sino hasta después de 2009, con una Corte impulsada por los cuatro magistrados que terminaron su periodo el pasado viernes, que volvió a la vida. Pineda Melara empezó su trabajo en Probidad como colaborador jurídico en 1997. 16 años después, en 2013, se le encargó la dirección de la sección.
En su gestión como director, Pineda Melara ha dirigido auditorías a los patrimonios de funcionarios con todo tipo de asociaciones políticas, entre ellos: los ex presidentes Saca y Funes, el ex director del Seguro Social, Leonel Flores e, irónicamente, el ex fiscal Luis Martínez. Flores y Funes fueron condenados civilmente por enriquecimiento ilícito, mientras que Saca y Martínez guardan prisión en el sector nueve de Mariona, acusados de varios delitos. Parecía que, donde Pineda Melara investigara, siempre encontraba algo. Parecía que Pineda Melara tenía la capacidad de dirigir a un equipo de investigadores de alto calibre capaces de hacer justicia y castigar a aquellos que habían utilizado su cargo para enriquecerse de manera ilícita. Esa es la impresión que causó por un par de años, por lo menos hasta 2017, cuando prácticamente dejó de investigar.
En febrero de este año, varios magistrados lo cuestionaron por estancar investigaciones en contra del diputado Guillermo Gallegos, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, entre otros diputados de la actual legislatura. El estancamiento de sus investigaciones y el reclamo al que fue sometido coincidió, en tiempos, con su candidatura a magistrado. Es un claro conflicto de interés el que esta situación representa para todos los involucrados. No sabemos si la evidencia recabada por Pineda Melara y su equipo hubiera resultado en un juicio civil por enriquecimiento ilícito para los investigados, pero de no ser así, ¿por qué no presentó los casos? ¿Por qué no siguió el debido proceso? ¿Por qué estancó las investigaciones?
Esas preguntas son pertinentes, pero la más importante, a mi criterio, es la siguiente: ¿Por qué es que el hombre encargado de investigar a los diputados estancó esas investigaciones meses antes de necesitar los votos de esos mismos diputados para alcanzar sus aspiraciones personales? Queda a discreción del lector tomar en cuenta los hechos y formular su propia respuesta.
Es un hecho que la postulación del señor Pineda Melara representa un claro conflicto de interés y los salvadoreños ya cometimos ese error varias veces, en varias instituciones y seguimos pagando las consecuencias. No podemos permitir que los partidos políticos, una vez más, pongan los intereses de su cúpula por encima de los nuestros. No es posible que los intereses de Carlos Reyes, Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos vayan por encima de los nuestros. ¿A cuenta de qué?
Es importante preguntarnos, también ¿Qué rol jugaría un posible magistrado Pineda Melara? ¿Estaría al servicio de quienes lo eligieron o de la Constitución que debe proteger? ¿Sería su interés primordial el cumplimiento de las leyes, o como Luis Martínez, permitiría que su voluntad fuera determinada por factores externos? A mi parecer, son preguntas demasiado preocupantes cuando se trata del más alto cargo de la rama judicial de nuestro país. Yo preferiría a alguien que no me diera motivos suficientes para tener que hacerlas.
Por su claro conflicto de interés, Carlos Pineda Melara no debe ser electo magistrado.
