Los partidos políticos en la Asamblea Legislativa quieren convertir en magistrado de la Corte Suprema de Justicia a Carlos Pineda, el funcionario que tiene en marcha informes por enriquecimiento ilícito contra 37 de los 84 diputados de la actual legislatura, pero que ha sido cuestionado en la etapa final de su trabajo por retrasar un puñado de casos entre los que se encuentran investigaciones contra el vicepresidente Óscar Ortiz y el expresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.
Este domingo 15, al cierre de una ronda de negociaciones secretas que duró todo el fin de semana, los diputados lo han convertido en el candidato favorito para una de las cinco plazas vacantes en el órgano de justicia para el periodo 2018-2027. Pineda resultó como el candidato con más votos en una lista preliminar junto a la procuradora general Sonia Cortez de Madriz y Marlon Harold Cornejo, secretario del juzgado de Candelaria, en el departamento de Cuscatlán. Los tres estuvieron a punto de ser votados como nuevos magistrados, de no ser porque los partidos no encontraron coincidencias con los otros dos nombres para completar la propuesta.
Pineda, cuestionado desde que anunció su candidatura por el conflicto de interés que supone pedir los votos de aquellos funcionarios a quienes investiga, logra a la fecha 79 de 84 votos posibles. Madriz y Cornejo alcanzan la mayoría calificada (56 votos) que requiere esta elección.
De los 53 diputados reelectos en marzo, 37 están en la mira de Probidad con informes avanzados. Entre ellos están los casos de Silvia Ostorga y Carlos Reyes, este último jefe de fracción de Arena. En ese listado también se encuentra el diputado José Francisco Merino, del PCN.
Carlos Pineda comenzó a trabajar en Probidad en 1997 como colaborador jurídico y técnico. El 1 de junio de 2006 se convirtió en jefe interino y el 1 de enero de 2013 fue ascendido para dirigir la oficina que fue rescatada del ostracismo al que había sido enviada por la CSJ dirigida por Agustín García Calderón. Impulsada por los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que ya han finalizado su mandato, la Corte Plena rescató a Probidad y la dotó de herramientas para investigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios del Estado, misión que le otorga la Constitución y que había sido suspendida en 2005 por la CSJ 2000-2009. En los últimos años, Pineda dirigió un equipo que llevó los primeros juicios por enriquecimiento ilícito en contra del diputado Reynaldo Cardoza, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores y el expresidente Mauricio Funes.
Sin embargo, su última etapa al frente de Probidad ha sido cuestionada en la Corte Plena. En febrero de este año, magistrados cuestionaron su trabajo y dijeron que no entendían por qué no había enviado a conocimiento de la Corte aquellos que ya estaban lo suficientemente amarrados como para votarse (para enviar o no a juicio civil). Entre esos casos se encontraba el de Guillermo Gallegos, actual vicepresidente de la Asamblea, quien tiene observaciones por 3 millones de dólares. Para las fechas en las que fue cuestionado, Pineda ya había anunciado su candidatura para la magistratura.
Junto a las investigaciones de Gallegos y Reyes, dos diputados influyentes en la actual legislatura, Pineda también estuvo a cargo de la investigación de dos importantes dirigentes del FMLN, uno de ellos es el vicepresidente del país, Óscar Ortiz; y el otro, Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea. Ninguno de los casos ha prosperado.
Según Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González (exmagistrados de la Sala de lo Constitucional) en la Corte Plena nunca se entendió por qué Pineda retrasó la investigación de Óscar Ortiz. Según explicó González a El Faro, en una entrevista en la que también participaron Jaime y Blanco, el jefe de Probidad, de agosto de 2017 a enero de 2018, mes en el que anunció su candidatura, cambió un criterio de investigación: dejó de investigar las sociedades vinculadas a los funcionarios.
Según González, para los casos de Ortiz y del exalcalde Nayib Bukele, Pineda llegó a decir que ya se había establecido el origen de los fondos no justificados en sus patrimonios sin siquiera haber verificado a las sociedades vinculadas en los casos. Según González, después de haber sido cuestionado, Pineda respondió: “No investigamos sociedades, investigamos a funcionarios. ¿Por qué para estos dos casos ya no incluyó a las sociedades? ¿Y en enero de este año nos enteramos que va de candidato? No sé… solo anotamos elementos objetivos”, dijo Rodolfo González.
Pineda a la Sala
La Asamblea ya va retrasada para renovar cinco plazas en la Corte Suprema de Justicia, entre las que se encuentran las que dejaron este 15 de julio, en la Sala de lo Constitucional, los exmagistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González.
Desde 2009, estos cuatro magistrados se convirtieron en un contrapeso incómodo para los partidos políticos y para las dos administraciones presidenciales del FMLN, con sentencias que trastocaron el tablero político en materia electoral (impulsaron las candidaturas independientes y el voto cruzado y por rostro), presupuesto (anularon la partida secreta con que nutría los gastos reservados de la Presidencia) e impunidad (anularon la ley de amnistía fue creada para obstaculizar la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto armado).
Fuentes de todos los partidos consultadas por El Faro aseguraron que la definición de los candidatos más votados era el paso previo para rellenar las cuatro plazas en la Sala de lo Constitucional. El retraso de este domingo se debió por la elección de la cuarta de esas plazas y por la elección para el magistrado de la Sala de lo Civil. Según las fuentes, Pineda está pensado para llegar al máximo tribunal constitucional del país.
El jefe de Probidad aparece en las listas de Arena, FMLN, Gana y PCN. Si todos los diputados de esos partidos votaran por él, Pineda saldría elegido por 79 legisladores. Sin embargo, la bancada más numerosa, la de Arena, se ha dividido entorno a esta propuesta. El subjefe de la fracción Julio Fabián y el diputado Mauricio Vargas confirmaron que este lunes, a las 2:00 p.m., harán el último análisis antes de decidir a quién dan el respaldo. “Ninguno de los aspirantes tiene los 37 votos, pero en el caso de Carlos Pineda, la mayoría había dicho que sí. Mañana se va a tener que analizar otra vez. Claro, queremos elegir a las mejores cartas para la Sala de lo Constitucional”, dijo Fabián.
Un diputado del PDC y otro del PCN que hablaron con El Faro coinciden en que en Arena hay un grupo de diputados que tiene a Pineda como punto de honor, es decir, que no desechará tan fácil esa propuesta. Los mismos diputados aseguran que Pineda también es la apuesta para una parte de la bancada de Gana.
Ambas fuentes, que hablaron de las negociaciones secretas solo a cambio de no revelar su identidad, aseguran que Guillermo Gallegos, vicepresidente de Gana -con un expediente de enriquecimiento ilícito por más de 3 millones de dólares-, insistió en las negociaciones del domingo en meter a la Sala de lo Constitucional a Pineda. 'Guillermo insiste en Carlos', dijo uno de los dos diputados que hablaron con El Faro y que participaron de la negociación.
Dos cuestionados entre los favoritos
Los votos a favor de Pineda no hacen más que confirmar las alarmas que ya habían anunciado organismos de la sociedad civil en contra de esta elección, en la que al menos la mitad de la lista enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (15 candidatos) adolecía de falta de argumentos técnicos. Los otros 15 candidatos resultaron electos por las asociaciones de abogados del país.
Desde marzo de 2018, un panel independiente de expertos traído por la Fundación para El Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) recomendó a la Asamblea que 'valore no considerar dentro de la lista definitiva presentada por el CNJ a Carlos Rafael Pineda Melara, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz y a María Luz Regalado'.
El panel estuvo conformado por tres expertos en justicia de Perú, Colombia y Alemania, y contó con el apoyo de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La razón para descartarlos es, según los consultores, porque 'no cumplirían con el criterio constitucional de la moralidad notoria, según los parámetros exigentes que impone el cargo de juez constitucional'.
El panel de expertos consideró que la elección en la Asamblea 'corre el riesgo de desarrollarse en un marco que no parte del mérito de los aspirantes' sino que se queda en una deliberación sustancialmente política que, aunque normal dada su naturaleza, dice el panel que 'es preocupante'.
A esa preocupación también se sumaron La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Funde, la Universidad Alberto Masferrers y la Fundación DTJ, que enviaron una serie de recomendaciones a la Asamblea para elegir de entre los 15 mejores candidatos posibles.
Según la lista del panel de expertos, entre los candidatos más recomendados, según las calificaciones obtenidas en su método de evaluación, se encuentran el juez Martin Rogel Zepeda, el exprocurador de derechos humanos Oscar Humberto Luna y los abogados Carlos Ernesto Sánchez, Alex David Marroquín Martínez, y Carlos Sergio Avilés Velásquez.
Los tres aspirantes con mayor respaldo, según la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) no estaban dentro de los primeros 10 con mejores calificaciones, según una evaluación que hicieron del perfil curricular y de las entrevistas hechas por los diputados.
En su informe, Pineda ocupa el lugar número 13 (de 30) con una calificación final de 69 puntos. El máximo puntaje posible es 100, y la persona que más cerca estuvo de lograrlo es Aldo Cáder.
Sonia Cortez de Madriz, según el ISD, tuvo una calificación final de 45.2, lo que la ubicaba en el puesto número 27. Mientras que Harold Cornejo obtuvo un 65.6, lo que lo colocó en el puesto número 16.
Al cierre de las evaluaciones y de las negociaciones en la Asamblea, la discusión no es técnica. En todas las bancadas, según entrevistas con diputados de todos los partidos políticos consultados por este medio, existe un dilema: elegir cuatro magistrados de la Sala Constitucional que continúen el rumbo de los exmagistrados de la Sala o votar por magistrados que perfilen una Sala cómoda y sin pretensiones de seguir como contrapeso de la Asamblea y el Ejecutivo.
Hasta ahora, los criterios con los que cada partido ha elegido a los aspirantes de su preferencia es un misterio. El único de los 84 diputados que transparentó el baremo con el que eligió a los candidatos de su preferencia fue Leonardo Bonilla, el diputado no partidario. Bonilla publicó una lista de 10 nombres y, según explicó, eran los 10 que habían sacado las notas más altas en las distintas evaluaciones a las que él le asignó un porcentaje de la nota.
El sábado, igual que Bonilla, todos los partidos (a excepción del CD) ya habían hecho públicas sus preferencias sobre la lista de 30 candidatos a magistrados. Pero a diferencia del no partidario, los partidos publicaron listas de nombres sin mayor respaldo y sin transparentar los criterios objetivos con los cuales habían decidido filtrarlos.
Con las listas de nombres ya publicadas, la Comisión Política de la Asamblea había acordado el sábado por la tarde que a las 7:00 de esa misma noche las cabezas de cada partido recibirían un correo con las coincidencias de nombres entre todos los partidos. Bonilla, el no partidario, dijo que los nombres que tuvieran coincidencias pasarían directamente a la lista final.
El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, dio a entender que la elección de los nuevos magistrados se guiaría únicamente por la coincidencia en las listas de los partidos. “Con todos esos listados (vamos) a construir ese cuadro sintético de ver quienes tienen más apoyos de más grupos parlamentarios y de ahí la toma de decisiones ya es nada más la voluntad política expresada a la hora de hacer la votación nominal y pública”, dijo Quijano al terminar la sesión de la Comisión Política el sábado a eso de las 6:00 p.m.
Con esas palabras Quijano revelaba que el parámetro para elegir a los nuevos magistrados sería la coincidencia en la lista de los partidos. El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), una de las organizaciones que participó en la elección de aspirantes a magistrados, publicó un comunicado este domingo en el que censuró la opacidad mostrada por la Asamblea en sus deliberaciones. “El proceso no está ausente de secretismos. La sede de la Asamblea es el único lugar en el que debe llevarse a cabo la discusión de una elección de esta trascendencia. La elección no se está dando sin reparto de cuotas partidarias”, reza el comunicado del CEJ.
Pero después de cruzar las listas, los partidos se dieron cuenta que no había coincidencias suficientes para concluir el listado para la nueva Sala de lo Constitucional, y al parecer eso fue lo que motivó la suspensión, a la 1:00 pm del domingo, de la sesión plenaria que se había convocado para las 6 pm.
Arena dividida
En Arena, los que se oponen a Carlos Pineda han logrado que se convoque a una reunión para las 2:00 pm de este lunes. En esa reunión, se hará una revisión de nombres sobre la base de los que tienen más coincidencias, explicó el diputado Mauricio Vargas. Ante la pregunta de cuál será la lista de nombres sobre la que discutirán, Vargas respondió: “Sobre la lista de nombres que más salen, sobre los que hay más consenso político por ahora. Y luego, del consenso político tenés que dar tu opinión sobre la parte académica, de inteligencia emocional, lealtad, principios en base a lo que se pudo ver en las entrevistas”.
La segunda aspirante que, según las listas, tiene más respaldo de los partidos es la titular de la PGR, Sonia Cortez de Madriz, que aparece en la lista de Arena, FMLN, Gana y PDC. Ella ha sido reelecta dos veces en el cargo de procuradora. Su tercer período al frente de la institución lo comenzó en abril de 2016. En dicho nombramiento tuvo el respaldo de 83 diputados. El único que se abstuvo de votar fue el entonces diputado de Arena, Johnny Wright, quien dijo que la deliberación para elegirla había sido poco transparente.
Y en tercer lugar estaría Marlon Harold Cornejo a quien propondrían solo los partidos de derecha, es decir, Arena, PCN, Gana y PDC.
Sobre estos dos últimos contendientes, hay opiniones divididas en Arena. Y eso es parte de lo que discutirán los diputados en la reunión de este lunes a las 2:00 p.m. Vargas, sin señalarlos por su nombre, dio a entender que no cumplían todos los méritos para ser nombrados magistrados. “No solo es de revisar el caso del señor Pineda, hay otros casos. Hay otros que de secretario de juzgado saltan para magistrados. Yo prácticamente nunca he visto que un soldado ascienda a general de un solo”, dijo Vargas, en aparente alusión a Cornejo.
Sobre Madriz dio a entender que había que analizar si la PGR había tenido transformaciones favorables desde 2010, cuando fue nombrada por primera vez como su titular. “Hay que analizar cuánto tiempo ha estado una persona en una institución, cómo la ha cambiado, o nada, y si entonces va a ir como premio a la Corte”. Cuando a Vargas se le preguntó si se estaba refiriendo a De Madriz, respondió: “Si ese es tu olfato, ja, ja, ja… Yo creo que hay varios casos”.
El FMLN fue el último partido en mostrar sus preferencias. Una lista con sus aspirantes seleccionados fue divulgada por Quijano a través de las redes sociales de la Asamblea. Los preferidos del Frente son 14 profesionales entre los cuales se encuentran el exmagistrado del TSE, Gilberto Canjura; el presidente del Centro Nacional de Registros (CNR), Rogelio Canales; el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) Jaime Martínez, entre otros.
De esta lista de 14 personas, nueve también los tiene Gana, entre ellos Sonia Cortez de Madriz y Carlos Pineda.
En base a las seis listas de nombres, los diez aspirantes con la mayor cantidad virtual de votos son: Carlos Sergio Avilés, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional; Olinda Morena Vásquez, quien tiene experiencia como jueza de familia; María Luz Regalado, actual magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia; Carlos Ernesto Sánchez, magistrado suplente de la Corte Suprema; Alex David Marroquín, magistrado de una cámara especializada de niñez y adolescencia; Aldo Cáder Camelot, intendente de investigaciones de la Superintendencia de Competencia; y Óscar Humberto Luna, exprocurador de Derechos Humanos.
*Con reportes de Arysbell Arismendi, Roxana Lazo y Sergio Arauz.
