Tuvieron que pasar 25 años, dos acusaciones por corrupción contra dos expresidentes de la República, una condena, y 1008 millones de dólares gastados sin rendición de cuentas para que el FMLN y Arena lograran juntarse alrededor de un mismo propósito: la creación de cláusulas que restrinjan el uso de la partida de gastos reservados e impidan el uso indebido de fondos públicos en el Ejecutivo.
La propuesta fue presentada este 28 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. En la ley del presupuesto de la nación para 2019, dijo, se delimitará que la partida de gastos reservados en la Presidencia de la República sea de uso exclusivo para fines de inteligencia y de seguridad nacional. Según Fuentes, para 2019 la partida de gastos reservados será de $30.9 millones.
De ser aprobada la iniciativa, por primera vez se conocerá el monto asignado al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), una institución fuera de foco. En el caso de corrupción por el desvío de 300 millones en la gestión del expresidente Antonio Saca, la defensa de uno de los imputados llegó a alegar que parte de los fondos cuestionados por la Fiscalía en realidad se habían utilizado para labores de inteligencia del Estado. Eso decía Élmer Charlaix, el secretario privado de aquella presidencia, recién condenado junto a Saca, y considerado el operador logístico de una maquinaria que desvió fondos del Estado. Según la Fiscalía, Saca y su equipo consideraban como gastos reservados o de inteligencia rubros completamente ajenos a las labores del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
En la propuesta del Gobierno, los gastos reservados ahora tendrán un origen y un destino claro. 'Los gastos reservados están en la Unidad Presupuestaria 10, Inteligencia del Estado por 30.6 millones', dijo Fuentes. El ministro también anunció que incluyeron un concepto para delimitar qué puede entrar y qué no puede entrar como un gasto secreto. 'Con esto se garantiza el uso de recursos (para el OIE) para que exista una frontera de para qué son destinados esos recursos, porque no hay un solo país que no tenga gastos de defensa, inteligencia o contrainteligencia. Doy un concepto en el marco de la ley del cual no se debe salir ningún presidente de la República'.
Aunque novedosa, la propuesta sigue sin arrojar luces sobre la transparencia en la Presidencia, sobre cómo será el gasto de esos fondos ni si las instituciones contraloras podrán auditarlos. A la fecha, la Corte de Cuentas ha denunciado que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, al igual que sus predecesores, se resiste a abrir sus archivos al ente contralor para explicar el uso de gastos secretos, en los que se incluyen los gastos del OIE.
A pesar de este impasse, la propuesta del Gobierno sugiere un reconocimiento tácito de que las últimas cinco administraciones han abusado de la opacidad de la partida de gastos reservados y han financiado otro tipo de gastos, ajenos a la inteligencia y a la seguridad nacional. Por ejemplo, los Libros de la Partida Secreta de los gobiernos de Arena dan cuenta de cómo Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca destinaron, de forma respectiva, $1.86 millones, $20.6 millones y $31.6 millones para 'comunicaciones'. Los cheques de la corrupción del presidente Antonio Saca muestran cómo 230 cheques, que suman $10 millones, fueron emitidos desde el Banco Hipotecario para mantener viva la maquinaria de publicidad al servicio del presidente.
En el caso de la izquierda, la Fiscalía acusa al expresidente Mauricio Funes del desvío de $351 millones y del uso de $10 millones -de dichos fondos- para satisfacer los lujos y excesos del exmandatario, la ex primera dama, los grupos familiares de ambos y el círculo privado de Funes. El gobierno de Sánchez Cerén, que también repitió la práctica de los gobiernos de Arena y utilizó gastos reservados sin rendir cuentas; y que también copió un mecanismo de la presidencia de Mauricio Funes para gastar en secreto $147 millones, ahora intenta corregir el rumbo al cierre de su gestión y a las vísperas de la campaña presidencial de 2019.
La presentación de Hacienda tomó por sorpresa al partido Arena, que a inicios de septiembre, acuerpado por los partidos de la coalición con que la que compite para las presidenciales, presentó un pliego de reformas que apuntaban a un tema similar: extirpar del presupuesto general el uso de una partida de gastos secretos en la Presidencia. El segundo Gobierno del FMLN le ha salido adelante con la iniciativa, y Arena ha decidio acompañar la moción.
De hecho, este viernes en la Asamblea Legislativa, minutos antes de que Hacienda hiciera pública su propuesta, el diputado de Arena y presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, había anunciado que Arena presentaría una pieza de correspondencia para suprimir la partida de gastos reservados. Lo de Quijano buscaba ser el sello del compromiso que habían adquirido dos semanas atrás junto al candidato Carlos Calleja. Sin embargo, luego de escuchar la propuesta de Nelson Fuentes, Quijano y Arena se desdijeron: de querer suprimir los gastos reservados pasaron a apoyar que esos fondos sean más restringidos.
Norman Quijano es un político con casi una década como legislador del partido Arena. El viernes 28, él alegó desconocer cómo se forma la bolsa de gastos reservados de la que cinco distintas administraciones han sacado fondos sin rendir cuentas a nadie. 'Señor ministro, ¿dónde o en qué unidad del presupuesto están los gastos reservados?', le preguntó Quijano a Fuentes, como alegando ignorancia sobre la creación de las partidas de gastos reservados a través del presupuesto, una práctica que los diputados de la Asamblea Legislativa permitieron durante años y nunca habían intentado corregir.
En un informe de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), publicado en agosto de 2016, especialistas advertían que los diputados en la práctica siempre han votado a ciegas por el presupuesto para gastos reservados. 'Cuando se aprueba el Presupuesto General del Estado por la Asamblea Legislativa se desconoce lo destinado al funcionamiento del OIE', advertía el informe y explicaba que esto se debía a que en el presupuesto no aparecía el Organismo de Inteligencia del Estado. Las palabras de Quijano parecían validar esa conclusión. 'Revisamos el presupuesto y nunca antes había salido reflejado en el presupuesto el monto destinado al OIE', dijo.
Dos diputados Arena reconocen la corrupción en los gobiernos de Arena
Luego de que Hacienda presentara el proyecto de presupuesto de 2019, que asciende a $6,733 millones, Norman Quijano y el diputado Donato Vaquerano, también de Arena, montaron una conferencia de prensa para cuestionar la falta de transparencia del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Exigieron controles a los gastos reservados del presidente, pero en su discurso ambos decidieron no hacer referencia a los más de 509 millones de dólares que gastaron los presidentes Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2008).
Los diputados solo hablaron del tema hasta que fueron cuestionados por El Faro. Calificaron de 'repudiable' lo que hizo su último presidente en el Ejecutivo, el también expresidente de Arena, Antonio Saca. Incluso sentenciaron que con el uso de la partida secreta 'los gobiernos anteriores han cometido los abusos más grandes'.
Los gobiernos de Arena usaron 509 millones de la partida secreta. Al menos $7 millones de la partida secreta de Antonio Saca fueron a parar, según un testigo de la Fiscalía, a la campaña del candidato presidencial, Rodrigo Ávila. Ahora acompañan esta propuesta para, por primera vez, implementar controles. ¿Esto es un reconocimiento de que Arena fue negligente al nunca pedirle a los presidentes de turno que rindieran cuentas sobre el manejo de los gastos reservados?
Donato Vaquerano: El avance que le debemos dejar a nuestro país es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Ese caso está muy claro y ha sido judicializado. La persona que ha sido acusada o condenada se pasó dinero de esta mano a esta otra mano cuando era presidente de El Salvador y del partido (Arena). Eso es completamente repudiable lo que hizo él (Antonio Saca) y lo que hizo el presidente Funes. Lo importante es que no volvamos a permitir que sucedan estas cosas; por eso debemos tener un control para que no se vuelvan a suceder esos abusos. La cuestión judicial que siga: los culpables deben responder ante la ley.
¿Dará explicaciones su compañero, el diputado Rodrigo Ávila, sobre el destino de esos $7 millones de la partida secreta que fueron a parar a su campaña presidencial?
Norman Quijano: Eso estamos haciendo, que si han habido malas prácticas que se superen, pero si vamos a empezar con que 'corruptotú; corrupto yo', de eso nunca vamos a salir. El país necesita avanzar. Por eso preguntaba por esos 30.6 millones, incluidos en el proyecto de presupuesto 2019. Este gobierno va a disponer de $6 millones mensuales para gastos reservados hasta junio de 2019. ¿Es esto transparente? Eso debe ser auditado. ¿Secretos militares? No veo que estemos en un conflicto militar.
Ustedes habían propuesto suprimir del presupuesto los gastos reservados... ¿Qué pasa ahora?
Donato Vaquerano: Me alegra que se esté transparentando la partida de gastos reservados. Por lo menos ya está en el presupuesto. Tenemos que darle seguimiento, porque con esa partida secreta, los gobiernos anteriores y este gobierno han cometido los abusos más grandes.
Norman Quijano: Lo que queremos pedir es que sean transparentes, que no nos vengan con el cuento de la inteligencia militar. Si acá no estamos en conflicto con nadie. Mecanismos de fiscalidad reclamamos, que la Corte de Cuentas los audite y fiscalice.
La iniciativa para restringir el uso de los gastos reservados está inserta en el el proyecto de presupuesto para 2019, que asciende a $6,733 millones y es superior al presupuesto de 2018. El Gobierno necesita 1800 millones de dólares extra que deben financiarse con emisión de deuda y no incluye el compromiso del vencimiento de eurobonos; además de 800 millones para cumplir con sus obligaciones con sus acreedores para diciembre de 2019. Para financiarlo, la Asamblea requiere de 56 votos y ni Arena ni el FMLN logran mayoría sin el acompañamiento obligado de las otras fuerzas políticas. Este presupuesto es clave para garantizar el cierre de gestión de Salvador Sánchez Cerén y dejar al nuevo gobierno, que asume en junio de 2019, con un margen de maniobra frente a la amenaza de un impago.
