Tres días después de tomar posesión, el presidente Nayib Bukele prometió a las víctimas de El Mozote que la reorganización del Estado jamás los afectará negativamente. Casi tres meses después de iniciada la presidencia, las víctimas de la guerra y organizaciones de derechos de la población LGBTI le reclaman que esa reorganización ha dejado en un limbo a los programas sociales a los que se comprometió el Estado durante las dos administraciones anteriores.
Desde las últimas semanas de mayo, las mesas de trabajo que coordinaban los programas de reparación para afectados por la masacre de El Mozote y por otros casos de la guerra no se han reunido. Tampoco funciona, desde la llegada de Bukele al poder, la Oficina de Diversidad Sexual, creada en el gobierno de Mauricio Funes para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación contra la población LGBTI. En su primera semana, Bukele ordenó eliminar las secretarías de la Presidencia que administraban esos programas y despedir a los funcionarios y empleados encargados. A la fecha, el Gobierno no ha nombrado un reemplazo para los encargados, al menos no públicamente, y los programas no se retoman.
En medio de la incertidumbre y de la falta de respuestas claras, algunas organizaciones ya califican como un retroceso en materia derechos humanos la falta de atención del Gobierno y exigen conocer qué funcionarios le darán seguimiento a sus solicitudes.
En teoría, el ministerio de Gobernación coordina ahora los programas relacionados con las víctimas de la guerra que antes estaban bajo la vigilancia de la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Secretaría de Inclusión Social. La respuesta oficial se limita a que ya hay una comisión nombrada. En el caso de los programas para la población LGBTI, el Ministerio de Cultura ha sido designado para retomar el trabajo, pero a la fecha se desconoce un plan en concreto y la designación de autoridades encargadas.
El 24 de julio, un colectivo de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la guerra enviaron una carta al presidente en el que solicitaron que tome acciones concretas para beneficiar a las víctimas del conflicto armado. “Hasta la vez no nos han dicho nada”, dice Sofía Hernández, una mujer de la tercera edad con cuatro familiares que desaparecieron en el contexto del conflicto armado. Los conocidos la llaman “madre Sofía” y desde hace décadas, se ha dedicado a exigir que se conozca el paradero de sus familiares y hacer activismo. Incluso con una rodilla mala, no es raro verla en marchas, conferencias de prensa y concentraciones bajo el sol.
Ella llegó a Casa Presidencial y entregó, en nombre de otras 30 organizaciones, la carta en la que pedían una reunión con Bukele y claridad para saber quién atenderá los programas que se iniciaron en la administración anterior. En la carta reconocieron como positivo que Bukele haya ordenado borrar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la fachada de la Tercera Brigada de Infantería, pero este escrito no fue una carta de agradecimiento.
Demandaron acciones concretas más allá de lo simbólico: que ordene abrir los archivos de la Fuerza Armada, que se reanude el contacto del Estado con las víctimas y la aplicación medidas de reparación que estaban siendo lideradas por la Secretaría de Inclusión Social, ahora extinta en el nuevo gobierno.
Un mes después, Bukele no ha dado respuesta. “No tenemos ese dato y es lo que queremos hablar con el presidente. Lo que sí sabemos es que llegó una comitiva al Mozote. Pero la queja es que no se respeta la agenda y los acuerdos tomados. Hace falta diálogo con toda la población afectada, no solo hacer el show”, dice Óscar Pérez de la Fundación Comunicándonos y representante de la Mesa contra la impunidad en El Salvador.
Cámaras, tuits y nada en El Mozote
A su llegada al Gobierno, Bukele hizo con la masacre de El Mozote un guiño que los distanció de los dos gobiernos anteriores y lo comprometió con la memoria, la verdad y las víctimas de la guerra. A escasa horas de haber asumido, ordenó la remoción del nombre del coronel que dirigió los operativos militares que terminaron en la masacre de El Mozote de la Tercera Brigada de San Miguel. Aquel fue un acto simbólico y aplaudido, pero que sigue siendo insuficiente.
La Asociación Pro Derechos Humanos El Mozote (APDHEM) reclama que los procesos que permiten los programas de reparación están detenidos. “Desde que entró el otro gobierno no se ha avanzado nada”, asegura Krissia Moya, integrante del equipo de acompañamiento del APDHEM.
Los programas de reparación tienen su origen legal en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 condenó al Estado salvadoreño por la masacre. La sentencia plantea tanto reparaciones comunales, que incluyen obras de infraestructura como carreteras, escuelas, unidades de salud, conexiones de servicios básicos de agua y electricidad, como individuales, que incluyen indemnizaciones económicas, becas para familiares de sobrevivientes, o construcción de casas.
Para acceder a estos beneficios se requiere estar enlistado en el Registro único de víctimas de El Mozote y lugares aledaños. Ese registro es la base de todas las medidas de reparación y lo dirigía un consejo que coordinaban empleados de la Secretaría Técnica, pero que también incluía a personal de Cancillería, de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y a representantes de las víctimas. La secretaría desapareció y nadie tomó esa estafeta. Desde el cambio de gobierno, el consejo no se ha reunido, por lo que se complica la coordinación de las instituciones involucradas en los programas (Obras Públicas, Vivienda, Educación, Anda, etc).
El 4 de junio, Krissia Moyá, quien es miembro suplente del consejo del registro de víctimas, buscó llamar la atención del presidente. Abrió una cuenta de Twitter para la asociación y publicó un comunicado en el que expusieron sus dudas sobre los movimientos. “Nos preocupa que personas responsables de medidas de reparación y que administraban información sobre los mismos han sido cesadas sin un proceso de transición y entrega de documentos, pues se trata de información personal de familiares”, dice el comunicado.
La estrategia funcionó. Bukele respondió: “Puede decirle a las víctimas del Mozote que su lucha también es mía, que no permitan ser desinformados por el FMLN, que nunca les cumplió. Que la reorganización del Estado jamás los afectará negativamente, sino todo lo contrario. Y que los recibiré en CAPRES el lunes a las 3pm”, escribió el presidente. Se refería al lunes 10 de junio, aunque finalmente esa reunión se realizó hasta el martes 18 de junio.
En la reunión, Bukele se comprometió a continuar las medidas de reparación. También ordenó a dos de sus funcionarios que fueran al día siguiente a El Mozote. Mario Durán, ministro de Gobernación, y María Chichilco, la designada de Bukele para dirigir el fondo de Inversión para el Desarrollo Local, ahora rebautizado ministerio de Desarrollo Local, aunque ese cambio sigue pendiente de aprobación de la Asamblea.
El ministro Durán publicó seis tuits sobre esa visita; Chichilco, ocho. “Nos hemos quedado con la reunión y con la visita. Pero después nos quedamos en el aire porque no había avances. El consejo está desactivado desde que cerraron la Secretaría Técnica”, dijo Krissia Moya a El Faro.
En la cuenta de Chichilco, se publicó un video de un minuto que aseguraba que la comunidad “ha sido víctima de la indiferencia de los gobiernos anteriores que no tuvieron voluntad de llevar desarrollo a ese lugar. María Chichilco les mencionó que ahora tendrán calles en buen estado, vivienda digna, asistencia médica, más y mejores escuelas”.
En realidad, la pavimentación de la calle hacia El Mozote se inició en 2017 y ya se finalizó; un eco familiar para asistencia de salud se inauguró en 2012, el complejo educativo El Mozote estaba a un 50 % hasta diciembre de 2018, y ya se habían entregado también algunas viviendas para las víctimas reconocidas como desplazados por la masacre. En total, el gobierno anterior informó que se invirtieron 10 millones de dólares entre 2013 y 2018 en medidas de reparación.
“Lo que preocupa es el registro —dijo Moya— no es ir a la comunidad a ofrecer”. Ese registro no se ha cerrado aún. Moya calcula que está a un 60 % de avance: las categorías de víctimas ejecutadas y sobrevivientes están casi completas, pero aún falta contar a más familiares de víctimas y a quienes sufrieron desplazamiento forzado.
Para ingresar al listado, una persona necesita algún documento que lo identifique, comprobar que residió en alguno de los siete lugares donde ocurrió la masacre y que no formó parte de los bandos de la guerra. Ingresar a esa lista es un proceso intrincado.
Hay muchas víctimas que no tienen documentos, porque no los obtuvieron, porque las alcaldías los perdieron durante la guerra o por otros motivos: “hay hijos que no han sido reconocidos porque fueron concebidos fuera del matrimonio y no tienen el mismo apellido del padre”, ejemplifica Moya. En febrero de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó un conjunto de disposiciones transitorias para que las personas en esta situación puedan obtener documentos como partidas de nacimiento, defunción, o de matrimonio de forma más expedita. Para tramitar ese decreto, la Asamblea estableció una comisión técnica que estaría coordinada por un representante de la Secretaría Técnica de la Presidencia. El gobierno de Bukele no ha llenado esa vacante. Esta comisión tampoco se ha reunido en la nueva administración.
Moya reclamó no solo el nombramiento sino que las personas sean idóneas. “No puede ser nombrada gente que no tiene ni idea, llevamos trabajo de años. Es difícil aún entendiendo lo complejo que es”, dijo.
El ministro de Gobernación dijo a El Faro que hay una comisión delegada de ese ministerio. Durán sostuvo que el director ejecutivo de Gobernación, William Hernández, podría explicarlo en detalle.
El Faro solicitó entrevista con Hernández a través del departamento de comunicaciones de Gobernación el 16 de agosto. De esa oficina respondieron que la petición tenía que hacerse a personal de comunicaciones de Casa Presidencial, donde tampoco brindaron una respuesta. También se intentó contactar con Hernández a través de su número institucional y correo electrónico. Su secretaria dijo que sería difícil conseguir audiencia debido a que el director tiene una agenda muy solicitada. El Faro solicitó al Ministerio de Gobernación conocer el nombre de la unidad, programa o funcionarios que se encargarán de darle seguimiento a estas medidas de reparación. Hasta el cierre de esta nota no se recibió esa información. Hasta la fecha, las organizaciones no saben quiénes son los encargados de darle seguimiento a los programas que los benefician ni saben en qué estado se encuentran estos.
Krissia Moya dijo que se reunió con Kimberly Hernández el 25 de julio, y ella se presentó como la delegada del ministerio de Gobernación para ese tema. Kimberly Hernández, según Moya, prometió que haría una rendición de cuentas sobre el estado de los programas a finales de agosto. Esa reunión se llevó a cabo el 23 de agosto, casi un mes y medio después de que las víctimas de El Mozote -y sus representantes- le dieran el beneficio de la duda a la reorganización de Bukele. La falta de claridades mostrada en ese lapso los hace atestiguar, de nuevo, más promesas. El abogado Wilfredo Medrano, miembro propietario de ese consejo, dijo que los representantes del gobierno, de nuevo, “llegaron con promesas de reparar todas las calles”, pero que aún no hay fecha de la reinstalación del consejo. “Tocaron el tema del consejo del registro, y el tema del decreto (transitorio para obtener documentos) pero no se sabe a quienes va a poner ahí”. Otros espacios de diálogo que existían, como mesas de cada comunidad con representación estatal, tampoco han sido reactivados.
Las víctimas que no han sido recibidas
El jueves 22 de agosto se conmemoró la masacre de El Calabozo en San Vicente. Las denuncias hablan de 200 campesinos asesinados a manos de la Fuerza Armada en las orillas del río Amatitán. Los sobrevivientes y sus familiares llevan décadas organizándose y exigiendo justicia al Estado. Si bien las víctimas del Mozote fueron recibidas con un almuerzo en Casa Presidencial, los representantes de víctimas de otras masacres perpetradas por el Estado -como esta masacre y la ocurrida en Las Canoas- no han sido contactadas en meses.
Las reparaciones para víctimas de otras masacres están contempladas en un decreto presidencial firmado por administración de Mauricio Funes en 2013. Se trata del decreto ejecutivo 204, que luego fue reformado en 2016 con Salvador Sánchez Cerén en la presidencia. Este decreto establece un programa gubernamental de reparaciones morales, un mecanismo de compensación económica básico y un registro de víctimas. No se conoce el avance de ninguna de esas medidas desde la entrada del gobierno de Bukele, explican las organizaciones. Las actividades de reparación eran coordinadas por la Secretaría de Inclusión Social que ya no existe.
En el 2014, Sánchez Cerén nombró el Consejo Directivo de Reparación a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODREVIDH). En él, las víctimas tenían representación para reunirse mensualmente con funcionarios, hacer exigencias al Estado y conocer los avances de las medidas de reparación. “Ahora no tenemos dirección, no tenemos a donde acudir”, sostiene Carolina Constanza del Centro de Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec y representante de víctimas ante el Consejo Directivo.
“El ministerio de Salud veía la parte de la atención psicológica, el ministerio de Cultura llevaba la parte de protección a los monumentos en conmemoración a las masacres, el FISDL veía el pago de las indemnizaciones. Al quedar la SIS fuera de la jugada, el Consejo de Víctimas se ha quedado sin la presidencia. Al estar descabezado, no hay posibilidad de convocar a la reunión”, sostiene Eduardo García, director de la asociación Pro-Búsqueda.
El presidente Bukele anunció que los programas de reparación a víctimas del conflicto armado pasarían al Ministerio de Gobernación. “Más allá del anuncio que se hizo, no tenemos información concreta de que haya habido alguna gestión de parte de las nuevas instancias para retomar los temas”, expresa Héctor Carrillo, coordinador de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD.
La incertidumbre, para las víctimas, también es monetaria. El Programa Indemnizatorio a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos del Conflicto Armado Interno fue lanzado en 2016 y es parte de las reparaciones que contempla el decreto 204. Si la víctima censada es mayor de 55 años, recibirá $50 mensuales. Si es menor de 55 años, $15. Si dentro de las familias existen niños pequeños, pueden recibir hasta $20 más, entre otras especificaciones.
Para inicios de 2016, el registro de víctimas con la posibilidad de ser beneficiadas por este programa ascendía a 4,707 personas, de acuerdo con un informe de la SIS. En mayo del presente año, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Fabián Salvioli, fue crítico de la puesta en práctica de las indemnizaciones.
“Los alcances del programa han sido limitados e insuficientes. La indemnización monetaria está sujeta a disponibilidad de fondos y se limita a cantidades exiguas”, dijo Salvioli en el informe. Esa pensión, para unos mínima, para otros vital, no ha llegado a las víctimas desde mayo, cuando se les pagó lo correspondiente al mes de abril.
El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) es la institución encargada de los desembolsos. Ahí aseguran que las indemnizaciones seguirán en cuanto se resuelvan problemas de liquidez. “El FISDL cuenta con presupuesto asignado para el Programa Indemnizatorio en el ejercicio fiscal 2019, por lo que ya se han realizado las acciones pertinentes a fin de efectuar los pagos en cuanto el Ministerio de Hacienda realice el depósito de los fondos requeridos”, respondió la institución a través de su oficina de comunicaciones.
“De este gobierno, no conocemos mayor cosa”, explica Engracia Chavarría, quien forma parte del Centro de Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec. Esa organización participó en el censo de víctimas y se encargaba de notificarles cuando ocurrían los desembolsos de su indemnización. “Nosotros estamos, como dicen los abogados, en el limbo. Ya no hemos tenido comunicación con la Secretaría de Inclusión Social. El último (desembolso) que dieron fue hasta abril. No sabemos si le van a dar continuidad”, señala.
Sin representación oficial ante el Gobierno
La dirección de Diversidad Sexual, adscrita a la Secretaría de Inclusión, también está en el limbo desde la reestructuración del gobierno Bukele. El presidente anunció que la dirección pasaría a estar a cargo del ministerio de Cultura pero el gobierno no ha anunciado quién reemplazará a Cruz Torres en ese puesto.
La dirección tenía la encomienda de “erradicar toda forma de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género” en la administración pública. Para ello creó el Índice de Inclusión Institucional. Este instrumento permitió poner cifras y evaluar el nivel de discriminación e inclusión hacia las poblaciones LGBTI dentro de las instituciones dependientes del Ejecutivo. El índice evaluaba aspectos como la creación de normativas internas que garantizaran la no discriminación; o la creación de una política de contratación que prohibiera la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La dirección también contribuyó a crear documentos como la Política del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la atención de la población LGBTI, lanzada en diciembre 2017.
Tras el anuncio de que esta dirección pasaría al ministerio de Cultura, la Federación LGBTI de El Salvador lamentó la decisión. La Federación LGBTI, que reúne a 16 organizaciones, calificó como retroceso el cambio de rumbo que reubicar la dirección significa, ya que elimina la potestad que esta tenía de monitorear a los demás ministerios o de cuantificar los avances que estos tienen en materia de respeto a los derechos de esta población. La decisión limita, además, el área de acción de la institución, dedicada de manera exclusiva al quehacer cultural.
Además de este mecanismo de asesoría y orientación, en mayo 2013, la dirección de Diversidad Sexual puso en funcionamiento una línea confidencial y gratuita que brindaba información a la población LGBTI sobre sus derechos, apoyo psicológico y orientación en casos de discriminación. El nivel de desconfianza de esta población hacia la Policía Nacional Civil, involucrada en casos de agresión, convirtió en alguna medida al centro de atención en una vía para canalizar denuncias por violencia.
En el nuevo Gobierno, la línea confidencial dejó de funcionar. “Lo sentimos, todos los circuitos están ocupados”, se escucha al marcar el 131. Inmediatamente después, la llamada se corta.
Hasta la fecha, el Ministerio de Cultura no ha hecho público el enfoque que esta dirección tendrá bajo su administración, aunque la titular, Suecy Callejas, aseguró a este periódico en junio que están trabajando internamente en una estrategia. Al cierre de esta nota, esa estrategia no se ha dado. Pese a las constantes solicitudes realizadas por este periódico, la ministra Callejas no ha aceptado otorgar una entrevista.
*Con reportes de María Luz Nóchez
