En los últimos días hemos vivido una inusitada escalada de dichos, gestos y acciones que, en conjunto, muestran una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vistas en aislado, estas acciones serían simplemente muestra de la inmadurez e intolerancia que campean en nuestro folclore político; sin embargo, un análisis más cuidadoso muestra un escenario preocupante.
Todo inició con una convocatoria desde el Ejecutivo para que se autorizara la negociación de un préstamo de $109 millones que se destinarían a seguridad pública. No hay ninguna razón que justifique el proceder del presidente. El numeral 7 del artículo 167 de la constitución dice que el consejo de ministros puede “Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden”. Los constitucionalistas aclaran que detrás del enunciado debe haber una situación de emergencia, pues es obvio suponer que todo lo que se trata en el ejecutivo y el legislativo es de interés nacional. El presidente alega una emergencia; aunque desde hace meses insiste en que el problema de la violencia se ha reducido desde que tomó el mandato. La autorización para pedir el préstamo en cuestión está siendo discutido en la Asamblea, incluso se dice que su aprobación es inminente. ¿A cuenta de qué entonces la emergencia?
El presidente publicó uno de sus usuales tuits, en el cual llamó a la población a la “insurrección” en caso de que los diputados no accedieran a realizar la sesión extraordinaria. Casualmente, en medio de la tensión se desarma y se retira la seguridad de los diputados, sin que medie justificación o explicación alguna. Además, el sábado por la noche, el ministro de defensa convoca a una conferencia de prensa, acompañado de tres oficiales más — todos en uniforme de combate —con el simple objeto de reafirmar su apoyo al presidente, añadiendo que para ello están dispuestos a morir. El día domingo se desplegó un contingente militar y de la PNC en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Es obvio que todas esas acciones del presidente presionan en demasía a los diputados y envían un preocupante mensaje a la población.
El estilo del presidente ha dado muestras de ser agresivo, intolerante y poco conciliador, lo lleva a descalificar a cualquiera que no esté de acuerdo con él, e incluso a maldecir a sus adversarios. Quizá el presidente ciertamente quiera hacer mucho por el país y siente que seguir los mecanismos constitucionales entorpece sus proyectos. Debió considerarlo antes de jurar por la constitución que establece claramente la separación de poderes. En todo caso, la Sala de lo Constitucional ya se lo aclaró.
Casos como el suyo no son extraños en nuestra historia; reseño uno muy interesante. A inicios de la década de 1860 el país era gobernado por Gerardo Barrios. Igual que Bukele, Barrios quería transformar todo y quería hacerlo rápido. “Yo he venido al Gobierno a reformarlo todo y estoy obligado a cerrar los ojos cuando se me crucen en el camino los enemigos para poder pasar sobre ellos y caminar sobre la senda del Orden”, decía en una carta dirigida a José María Cacho, el 7 de abril de 1860 y ciertamente que se dedicó febrilmente a ello. Barrios no tenía el tiempo ni la paciencia necesarios para construir una institucionalidad que legitimara su gobierno; por lo tanto, recurrió a la imposición y la fuerza. Una muestra de ello es la cantidad de decretos y acuerdos que emitió, muchos de los cuales estaban destinados precisamente a fortalecer su poder.
Pero rápidamente se dio cuenta de que las cosas no serían ni fáciles ni expeditas. Los funcionarios demoraban en cumplir las órdenes o se negaban a hacerlo aduciendo razones legales. No sé si por iniciativa propia o aconsejado por alguien, Barrios encontró el modo de solucionar el problema. Logró que la Asamblea le aprobara 23 “facultades extraordinarias”. En aquella época, el poder Legislativo solo se reunía por dos meses a inicio del año; se adujo que en tan corto tiempo no podía dictar “todas las leyes y reglamentos convenientes” al país, agregando que “el actual presidente de la República merece la más amplia confianza del pueblo y de sus representantes en las cámaras legislativas, porque de una manera inequívoca ha demostrado su enérgica y eficaz actividad, y el acierto con que ha promovido la felicidad de El Salvador.” El decreto facultaba al presidente en 23 cuestiones; dichas facultades durarían hasta la reunión de la próxima legislatura. Barrios solo tendría que informar del uso que hiciere. En la práctica, esa disposición colocaba a Barrios por encima de cualquier poder existente y de la constitución misma (Gaceta Oficial, 15/02/1860). La disposición fue prorrogada dos veces.
Barrios estaba feliz con sus facultades. Podía disponer sin ninguna restricción en rubros tan diversos como defensa, relaciones exteriores, fiscalidad, legislación e incluso administración de justicia. Además de cuestiones tan puntuales como suprimir empleos de gobierno, aumentar o disminuir sueldos, deportar a delincuentes (a los que enviaba a las islas del sur desde el puerto de La Unión), contratar la construcción de obras públicas, y disponer de los fondos de la Universidad y de los propios y arbitrios de las municipalidades. Y de todo ello solo debía informar a la Asamblea en el siguiente período de sesiones.
De ese modo Barrios gobernó de manera expedita y sin ningún impedimento. De hecho sus apologistas aducen que su Gobierno fue de los mejores que el país ha tenido. Con tantos y brillantes asesores que tiene el presidente Bukele, bien pudiera pedirles que busquen la manera de repetir lo de Barrios y ya no tendría que preocuparse de los diputados y magistrados de la Sala de lo Constitucional. La oferta es tentadora. Pero antes de que se entusiasmen, y por simple rigor de historiador, terminaré con la historia de Barrios.
Durante dos años las cosas parecían marchar bien. La palabra de Barrios era omnímoda. Y todos los funcionarios tenían que acatar sus disposiciones. Las páginas de La Gaceta se llenaban con sus discursos, y abundaban en actas de adhesión a su gobierno, firmadas por las municipalidades, el ejército, las milicias, etc. El 12 de noviembre de 1861 se emitió el “Reglamento de gobernadores, jefes de partido, concejos municipales, alcaldes y jueces de paz”, que dejaba en manos del gobernador departamental la designación de los alcaldes municipales. Barrios decidió que en las elecciones municipales solo pudiera proponerse una terna, la cual sería presentada al gobernador, quien escogería al alcalde. En caso de que ninguno de los propuestos fuere de su agrado podía exigir la presentación de una nueva terna.
El reglamento garantizaba que a las alcaldías solo llegarían individuos simpatizantes de Barrios, pero esta medida rápidamente generó descontento en los pueblos que tenían una larga tradición electoral que venía desde finales de la colonia. A la larga, la medida fue contraproducente para Barrios; para 1862 y 63, a la facción opositora liderada por Francisco Dueñas se unieron muchos pueblos, cuyos pronunciamientos demandaban el retorno de sus libertades políticas.
En sus momentos de gloria, Barrios llenaba la ciudad de San Salvador con tropas, a las que hacía desfilar por las principales calles. A veces se ponía a la cabeza del desfile, otras lo veía desde una tarima de honor. Ciertamente, el ejército fue un apoyo importante para su Gobierno durante un tiempo. A diferencia de lo que dice la historia de bronce, Barrios no fue derrocado por los guatemaltecos. Ciertamente participaron, pero el grueso de las fuerzas que se alzaron en su contra estaba constituido por salvadoreños hartos de sus abusos.
Hace unas décadas se creía que los problemas de la democracia en El Salvador se debían al militarismo y alguna razón había. En realidad, tenemos un problema mayor: una larga tradición autoritaria que hace que los gobernantes piensen que el fin justifica los medios. Así pensaba Gerardo Barrios en el siglo XIX, así piensa Nayib Bukele en el XXI. Curiosamente, el milenial que decía iba a romper con los modos tradicionales de hacer política en el país, resultó arcaicamente decimonónico. Los abusos de poder de Barrios fueron causa determinante de su caída. El presidente Bukele debiera tomar nota; a diferencia del siglo XIX, hoy en día el sistema político del país tiene suficientes recursos para frenar los arrebatos de un aprendiz de dictador.
