A finales de noviembre del 2019, el viceministro de medioambiente Alex Hasbún, lanzó una declaración que resume la visión del actual gobierno en cuanto al tema ecológico: “No se puede parar el desarrollo”. La frase iba dirigida a un periodista que preguntó sobre la postura del ministerio de Medioambiente con respecto a la construcción del megaproyecto residencial denominado Ciudad Valle El Ángel, de la familia Dueñas. Dicha frase expresa una contradicción a la que usualmente se recurre cuando se habla de los problemas ambientales que generan algunas actividades económicas. Esta contradicción es la de desarrollo versus medioambiente.
Esta forma antagónica de ver las cosas se ha repetido tanto en el debate público nacional que ya se ha convertido en parte del sentido común de las personas. Sin embargo, pocas veces se aborda el carácter engañoso y pernicioso de dicha dicotomía, cuyo objetivo es el de legitimar a toda costa actividades económicas que benefician a unos pocos. Ante esto es pertinente aclarar que: ni toda inversión es desarrollo, ni todo desarrollo es antiecológico. Vale la pena elaborar esta idea a partir de nuestra propia experiencia como país.
En noviembre del 2018, en medio de la campaña presidencial, escribí una columna en la que señalaba el poco interés que todos los candidatos de ese momento mostraban en el ámbito ecológico. En ella señalé que tal desinterés se reflejaba en los tres tipos de inversión que se promovían desde sus planes de campaña, los cuales se reducían a: monocultivos, infraestructura logística y urbanización de consumo. Hoy, a nueve meses del nuevo Gobierno, la apuesta por estos tres tipos de inversión se mantiene, y los promotores de estas parecen desentenderse de los daños concretos que estas actividades han causado, y siguen causando, en gran parte del territorio.
Y es que estas actividades económicas se pueden observar desde dos miradas distintas. Por un lado, se pueden observar desde la realidad virtual de las proyecciones macroeconómicas, y por otro, desde la realidad concreta que vive una gran cantidad de personas en nuestro país. Pongamos por ejemplo la agroindustria de la caña. Muchos de nosotros hemos leído sobre la gran relevancia de esta industria a nivel mundial y sobre las crecientes exportaciones que El Salvador ha tenido en dicho rubro. Sin embargo, lo que seguimos esperando son los beneficios de tal crecimiento. En esto, la realidad concreta nos pinta un panorama muy distinto.
El crecimiento del monocultivo de caña nos ha dejado una grave crisis hídrica que deriva cada vez más en un profundo conflicto social entre los empresarios cañeros y aquellas personas que padecen la escasez de agua en sus comunidades. Asimismo, la agroindustria cañera ha generado una epidemia de enfermedad renal crónica en la población que habita en las zonas donde esta se cultiva. Aunque los empresarios cañeros buscan quitarse la responsabilidad de dicho impacto, existen fuertes indicadores de que la enfermedad es causada por los agrotóxicos utilizados para dicho cultivo.
Esta dicotomía entre el discurso triunfalista del crecimiento económico y la dura realidad que padecen las comunidades, no es exclusiva del cultivo de caña. También sucede en actividades aparentemente menos dañinas, como la construcción de infraestructura logística y la promoción de turismo a gran escala. Tanto en la construcción de infraestructura logística como en la promoción de turismo a gran escala, la deforestación y los desplazamientos poblacionales son comunes para la construcción de hoteles y carreteras. Sin ir más lejos, hace aproximadamente un mes, la cadena de noticias alemana Deustche Welle publicó una nota acerca de los desplazados en aras del turismo. En ella se comenta el caso de las comunidades de la isla Tasajera, así como posibles desalojos en el puerto de La Libertad por el proyecto Surf City.
Lejos de favorecer la economía, la gentrificación de la costa implica una alteración de los ecosistemas de la zona. Esto a su vez conlleva la destrucción de los medios de sustento de una gran parte de la población que depende de actividades como la pesca. La desintegración de sus comunidades y de sus estilos de vida, también son resultado de los despojos provocados por la gentrificación. Cabe recalcar que las nuevas economías que se instalan como producto de las grandes inversiones en el turismo no son fuente de empleo digno. No hace falta ser sociólogo para entender que limpiar baños de turistas extranjeros o nacionales por un bajo salario no es desarrollo, por más chele que sea el turista y más exótico que nos parezca su acento.
Y es que el malestar social no viene siempre de la falta de inversión, sino que a veces a causa de ella. El Salvador es un país pequeño. Por ende, la saturación de todas estas actividades en un territorio tan reducido convierte la explotación voraz de los bienes naturales en una verdadera guerra contra la vida. Decir que un conglomerado de monocultivos, carreteras y hoteles de lujo para élites privilegiadas es desarrollo, es un insulto a la dignidad de las poblaciones que sufren los efectos nocivos de dichas industrias. Más insultante aún es pensar que estas personas deben estar agradecidas por los empleos precarios que estas industrias generan.
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La ecología es el conjunto de relaciones de interdependencia que sostienen la vida en un lugar. Por ende, cuidar de ella no es ir en contra del desarrollo, sino garantizar la base mínima sobre la que se construye el bienestar social. Usualmente se tilda a los y las defensoras del medioambiente como personas “antidesarrollo”. Sin embargo, esta afirmación carece de sentido. Si de empleo y desarrollo económico hablamos, desde el movimiento ambiental existen numerosas propuestas que pueden funcionar como alternativas a la explotación voraz de los bienes naturales.
Este es buen momento para recordar que desde el año 2006 se viene entrampando en la Asamblea Legislativa la aprobación de una propuesta de Ley de soberanía y seguridad alimentaria. Esta tiene como base una producción agroecológica que garantice la alimentación y el trabajo de la población mediante la creación de unidades productivas de alimentos y redes populares de comercialización. Asimismo, existen iniciativas de turismo comunitario, donde las personas de los territorios se ubican como las principales beneficiarias y reguladoras del turismo que se realiza en su región. Por otro lado, está también la potencial creación de un sector cooperativo de reciclaje, entre otros proyectos.
En estas iniciativas, el cuido del medioambiente no representa una barrera para el desarrollo económico, sino la base misma sobre la que se genera trabajo y bienestar. No obstante, hay fuertes intereses económicos que lo impiden. Según datos de la organización Acción Ciudadana, solo la Compañía Azucarera Salvadoreña S.A. de C.V. aportó entre 2014 y 2018 más de dos millones y medio al financiamiento de los partidos políticos ARENA, PCN y PDC. Por su parte, la suma de los aportes del sector construcción y el de las actividades inmobiliarias para el mismo período ascendió a $6,679,664.31, distribuido en la gran mayoría de partidos políticos, incluyendo los tres mayoritarios: Arena, GANA y FMLN.
Todo esto coincide con el llamamiento que hizo la ANEP en 2014 en contra de la Ley de Soberanía Alimentaria. Que los políticos no vean los potenciales beneficios económicos, sociales y ecológicos de las propuestas del movimiento ambientalista no es tanto por su ceguera, sino porque dicha lógica no obedece a los intereses de sus financistas.
