Apenas 72 horas después de que dejara la presidencia, Estados Unidos anunció que prohibirá entrar en su territorio a Alejandro Giammattei “debido a su involucramiento en significativos actos de corrupción”. “El Departamento de Estado tiene información creíble que indica que Giammattei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su periodo como presidente de Guatemala”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado hecho público la tarde de este miércoles 17.
Consultado por vía oficial, el Departamento de Estado confirmó a El Faro que la sanción incluye a sus tres hijos: Ana Marcela Dinorah, Alejandro Eduardo y Stefano. El domingo 14, el senador republicano Mike Lee hizo público que las autoridades migratorias estadounidenses impidieron la entrada en ese país por el aeropuerto de Miami a Alejandro Eduardo Giammattei, y ordenaron su regreso a Guatemala el lunes en un vuelo comercial, pese a tener visa vigente. Este hecho confirma que la sanción contra el ahora expresidente y su familia inmediata entró en vigor antes de su anuncio.
“Nadie, especialmente un funcionario público, está por encima de la ley”, escribió sobre la decisión el subsecretario de Estado Brian Nichols en su cuenta de X (antes Twitter), pocos minutos después. Nichols regresó este martes de Guatemala, donde la noche del domingo asistió a la toma de posesión del nuevo presidente, Bernardo Arévalo.
Es imposible desmarcar esta sanción —no se trata de una inclusión en la famosa Lista Engel, desaparecida el pasado diciembre, aunque el efecto es similar— de la crisis política que ha atravesado Guatemala en los últimos meses. El Departamento de Estado ha condenado con dureza los intentos de la Fiscal General, Consuelo Porras, por anular los resultados de las elecciones del verano pasado e impedir que Arévalo asumiera el poder. Cuatro fuentes diplomáticas consultadas en los últimos meses por El Faro apuntan al expresidente Giammattei como promotor o cómplice de esas maniobras.
El pasado junio, fuentes en el gobierno estadounidense y en el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) confirmaron a El Faro y ConCriterio que la magistrada Blanca Alfaro denunció ya en marzo de 2022 que ella y el resto de integrantes del pleno del TSE habían recibido sobornos del presidente Giammattei con la intención evidente de controlar el resultado de la elección de 2023.
El hecho de que Washington haya operado junto a otros países para frenar a Porras y a sus aliados políticos y empresariales, terminó de fracturar la relación entre la administración Biden y Giammattei, que hace solo tres años se perfilaba como su principal aliado —o el único viable— en Centroamérica. La primera visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la región, en junio de 2021, fue a Guatemala, con quien Estados Unidos tiene acuerdos estratégicos en materia migratoria y antinarcotráfico.
“Estados Unidos raramente toma este tipo de medidas contra un antiguo líder de un socio tan cercano como Guatemala”, afirma Ricardo Zúñiga, que hasta finales de septiembre era enviado especial para Centroamérica de la Casa Blanca y ahora, tras dejar el servicio exterior, es senior advisor del Instituto para la Paz (USIP) en Washington. “Es una señal de que el gobierno estadounidense ve los esfuerzos de Giammattei para socavar la buena gobernanza en Guatemala, y sus acciones antidemocráticas, como un peligro para Guatemala y para los Estados Unidos”.
“Giammattei usó como un arma el sistema de Justicia y el Estado guatemalteco para socavar los esfuerzos anticorrupción, perseguir a funcionarios judiciales y facilitar su propia corrupción”, dice Zúñiga, que en el ejercicio de su cargo estuvo en varias reuniones en privado con el ahora expresidente: “Dudo que esté sorprendido por esta acción de Estados Unidos”.
En diciembre, Estados Unidos anunció sanciones simultáneas contra 300 ciudadanos guatemaltecos, entre ellos cien congresistas, un número indeterminado de empresarios —de los que no hizo público el nombre— y sus familias “por socavar la democracia y el Estado de derecho”. Ya antes había retirado la visa a varios fiscales y al juez Fredy Orellana , que ordenó la suspensión del partido de Arévalo, Semilla, y autorizó en octubre el allanamiento del TSE y el secuestro de actas electorales y votos.
Visiblemente indignado, Giammattei condenó esas sanciones la semana pasada en un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que fue su última visita a Washington. “Fue una acción intervencionista a todas luces injustificada”, acusó a Estados Unidos sin nombrarlo. “Han metido las manos en nuestro país”, dijo. Le faltaban cuatro días exactos para dejar el cargo y no se reunió con funcionarios del gobierno Biden, pero sí con una grupo de congresistas y senadores republicanos. Al cierre de esta nota, ninguno de ellos se había pronunciado sobre la sanción.
“Claramente, desde Estados Unidos hay una política para sancionar a los actores corruptos que intentaron burlar la voluntad de las y los ciudadanos expresada en las urnas”, opina Claudia Paz y Paz, que fue Fiscal General de Guatemala entre 2010 y 2014 y es ahora directora del programa para Centroamérica y México de CEJIL.
“También es un recordatorio a los funcionarios públicos que sus acciones tienen consecuencias dentro o fuera del país”, añade.
El sello de su gobierno
Horas antes de que fuera pública la sanción contra Alejandro Giammattei, el Departamento del Tesoro anunció también este miércoles la aplicación de la Ley Magnitsky al que fue por tres años y medio su ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel,”por su rol en la explotación del sector minero guatemalteco mediante una amplia trama de sobornos que incluyó maniobras relacionadas con contratos gubernamentales y licencias mineras”. Estados Unidos ya retiró la visa a Pimentel en octubre de 2023 tras acusarle públicamente de actos de corrupción.
La coincidencia de tiempos es significativa porque a Giammattei le ha acompañado buena parte de su mandato la sombra de presuntos sobornos del sector minero. En septiembre de 2021 The New York Times reveló que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI) tenía en su poder un testimonio que acusaba al entonces presidente de recibir dinero en efectivo escondido dentro de una alfombra, como parte de un soborno de empresas mineras interesadas en que el Estado les concediera la explotación del puerto atlántico de Santo Tomás de Castilla. El caso es popularmente conocido como el de la “alfombra mágica”.
En febrero de 2022 El Faro dio a conocer otro testimonio de un testigo protegido que acusó a Giammattei de recibir 2.6 millones de dólares en sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña presidencial en 2019. Numerosas publicaciones de medios locales guatemaltecos atribuyen al expresidente y su entorno cercano otras prácticas de enriquecimiento ilícito y nepotismo.
El 1 de diciembre, el Tesoro también aplicó la ley Magnitsky a Miguel Martínez, considerado la persona más cercana a Giammattei y su principal operador político. “Martínez trató de aprovechar su posición privilegiada en beneficio personal, a expensas del pueblo guatemalteco”, decía el anuncio de sanciones, que le acusaba de pedir “cuantiosos sobornos para facilitar la compra de vacunas rusas Sputnik V” durante la pandemia de Covid-19.
Estados Unidos acusó también a Martínez de usar “leyes de contratación anticuadas para prescindir del proceso de licitación y conseguir contratos públicos para empresas en las que tiene intereses financieros”.
En Guatemala, ninguno de esos presuntos actos de corrupción ha sido judicializado. Bajo la influencia política de Giammattei, la fiscalía de Porras comenzó a mediados de 2021 a criminalizar y perseguir penalmente a todos los fiscales involucrados en las investigaciones contra Giammattei, hasta forzar su exilio y el de la jueza instructora de uno de los casos, Erika Aifán.
En septiembre de ese año el Departamento de Estado acusó a Porras de “obstruir la investigación de actos de corrupción” y la sancionó mediante su inclusión en la Lista Engel. También presionó por vía diplomática para que no se la renovara en el cargo. En mayo de 2022 Giammattei optó por reelegirla para un segundo mandato de cuatro años y consolidó la alianza entre ambos.
En octubre de 2023, mientras se esforzaba por impedir la toma de posesión de Arévalo, que ganó en las urnas con un marcado discurso anticorrupción, Consuelo Porras dio por cerrado el caso de la “alfombra mágica” sin haber realizado una sola diligencia de investigación en dos años.
Una alianza rota
La sanción a Giammattei a solo tres días de su salida de la presidencia remite de forma inevitable al anuncio de la retirada de visa al hondureño Juan Orlando Hernández el 7 de enero de 2022, en su último mes como presidente, bajo acusaciones por corrupción. Posteriormente fue detenido el 15 de febrero —solo dos semanas después de terminar su mandato— para extraditarlo a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El gobierno estadounidense tenía conocimiento de esos vínculos con el tráfico de drogas desde hacía años, pero Hernández era considerado hasta esos momentos un aliado político de Washington.
En el caso de Alejandro Giammattei, Ricardo Zúñiga confirma a El Faro que el gobierno de Estados Unidos tenía pruebas de sus actos de corrupción desde “mucho antes” de este anuncio.
No quiso en cambio responder si durante su gestión como enviado especial para Centroamérica conocía esas pruebas o si la sanción contra el expresidente de Guatemala ya estaba en vigor de forma no pública. Juan Orlando Hernández fue sancionado en realidad el 21 de junio de 2021, aunque el departamento de Estado lo mantuvo en secreto por meses hasta el anuncio de enero de 2022.
Alejandro Giammattei goza en todo caso de inmunidad parlamentaria, tras jurar este martes 16 —en una ceremonia virtual— su cargo como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Durante los próximos cuatro años, cualquier intento de proceso legal contra él requeriría una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Steven McFarland, exembajador estadounidense en Guatemala entre 2008 y 2011, considera que por el momento en que se ha hecho pública la sanción “se deduce que el gobierno de Estados Unidos consiguió información creíble sobre el papel de Giammattei en casos de corrupción hace un tiempo, y decidió esperar a publicar su decisión hasta que hubiera terminado su mandato”. “Este proceso sobre su designación es riguroso y toma tiempo”, asegura.
“Guatemala se encuentra en un intento de transición entre un estado capturado por la corrupción hacia un estado democrático con un gobierno que busca transparencia y un estado de derecho; seguramente habrá más sanciones”, concluye Mc Farland, que entiende la impuesta a Giammattei como un recordatorio de que el pulso por el control de las instituciones en Guatemala sigue tras la toma de posesión de Arévalo, y un intento más de advertencia a quienes pretendan seguir desde el Congreso o las cortes la estrategia de desestabilización:
“Muchos guatemaltecos percibirán el mensaje, sobre todo los que manejaron o se beneficiaron del sistema de corrupción de los gobiernos anteriores”, dice. “Y también los que estén asociados con los esfuerzos actuales de proteger este sistema y de intentar restaurar el estado capturado”.
