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El Salvador

El gobierno de Mauricio Funes y la empresa Astaldi negociaron un pago de $28.7 millones por la presa El Chaparral, pero un peritaje concluye que los argumentos que sostienen el acuerdo son falsos. La Fiscalía acusa a Funes y otros funcionarios de recibir un soborno de $3.5 millones en Panamá. Con documentos fiscales, internacionales y bancarios, El Faro desvela el viaje de ese dinero hasta llegar al spa de la ahora compañera de vida de Funes. En la trama, aparece un pastor evangélico que predica en una zona rural y 20 empresas por donde pasó el dinero. Un informe panameño revela que $2 millones fueron transferidos hacia Curazao, un paraíso fiscal en el Caribe; mientras que el resto del dinero se movió hacia cuentas en El Salvador, Suiza, Estados Unidos y Honduras, luego de un largo recorrido.

La construcción de una presa de $119 millones inició en un lugar inviable, pero nadie es oficialmente responsable de esa falla. Hace dos años, CEL alegaba que la empresa constructora no hizo los estudios ni las previsiones de seguridad indicadas; Astaldi, la constructora, dice que no le informaron de un suelo arcilloso y que la montaña donde reposa el dique se mueve. Al final, ese cruce de acusaciones solo dejó un pacto de silencio, un pago por parte del Estado de $108 millones y un borrón de culpa para ambas partes. Lo que no hay es una presa.

Efren Lemus, Carlos Dada y Gabriel Labrador

Un grupo de pobladores del norte de San Miguel llegó, de nuevo, a las puertas de Casa Presidencial para pedir al presidente Funes que detenga la construcción de la presa El Chaparral.

El sacerdote Antonio Confesor, que lidera las protestas contra la construcción de la represa en el norte de San Miguel, respondió al gobernante, quien había puesto en duda la representatividad que el religioso tiene entre la comunidad afectada por el embalse. Este jueves, Confesor acompañó una demanda ante la Fiscalía.