El conflicto de los derechos
humanos en el país más violento
El gabinete de seguridad pública y el procurador general de derechos humanos se miran con recelos. Unos han endurecido las políticas públicas relacionadas a seguridad y el otro les ha fustigado por hacerlo. El director de centros penales, por ejemplo, lo cuenta dentro de los muchos problemas con los que tiene que lidiar.
Por Carlos Martínez
El gabinete de seguridad pública y el procurador general de derechos humanos se miran con recelos. Unos han endurecido las políticas públicas relacionadas a seguridad y el otro les ha fustigado por hacerlo. El director de centros penales, por ejemplo, lo cuenta dentro de los muchos problemas con los que tiene que lidiar.
Desde una prisión reservada para pandilleros, alguien escribió el siguiente mensaje: “Busquen a Óscar Luna, es el general de los derechos humanos para denunciar y poner unos abogados para entablar unas demandas contra el coronel que está a cargo de este penal”.
El mensaje iba dirigido a la clica a la que pertenece este prisionero y fue interceptada por los militares, cuando iba oculta en los bolsillos de una visitante. Se trataba de una “wila”, es decir, lo más parecido al correo oficial en el argot pandilleril
El comandante que está a cargo del Comando San Carlos –que es el responsable de la seguridad perimetral de los penales- muestra esta “wila” como prueba de algo que su jefe ha repetido en más de una ocasión. El ministro de la defensa nacional, general David Munguía Payés, cree que el procurador de derechos humanos ha sido utilizado en más de una ocasión por grupos relacionados con las pandillas, con el objetivo de desacreditar el trabajo del ejército.
Lo cierto es que el procurador Luna ha denunciado en más de una ocasión a los efectivos del ejército que realizan los registros a la entrada de los centros penales. El ombudsman salvadoreño cree que en algunas ocasiones los militares son más que rigurosos en la búsqueda de ilícitos y ha tildado el procedimiento de “registro íntimo” de indigno y humillante.
Payés ha argumentado que solo hacen su trabajo, y que sus elementos nunca buscan objetos dentro del cuerpo de las personas y que sólo son testigos de ese procedimiento que es realizado por personal de Centros Penales.
Luna se opuso a la utilización de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública desde un principio y arreció sus críticas cuando el presidente Mauricio Funes anunció que el ejército asumiría el control perimetral y de acceso a las cárceles.
No solo es el general Payés el que ha sido fustigado por las críticas del procurador, sino también el director general de centros penales, Douglas Moreno. Cuando el director anunció –la segunda semana de septiembre- que endurecería los controles de seguridad en las cárceles que se habían amotinado, Luna cuestionó la medida y la calificó de improvisada.
Aunque aún las manifestaciones públicas de desconfianza entre la PDDH y el gabinete de seguridad pública no han alcanzado niveles de ruptura, las relaciones entre ambos son cada vez más tirantes. En medio de los señalamientos está el país más violento del continente, que cerró 2009 con una tasa de más de 71 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En las entrevistas que se presentan en esta edición, Douglas Moreno cuenta al procurador dentro de las muchas trabas que hay que sortear para conseguir mantener el control de los penales. Luna es consciente del mote de defensor de criminales que pesa sobre él y cree que le ha tocado el papel de pararrayos en medio de lo que considera una caótica respuesta institucional al problema de la violencia: “hay que comprender que el problema de seguridad es un problema de políticas públicas, es un problema que tiene que ver con toda la estructura de los programas de gobierno. Por ejemplo, a la Fiscalía, ¿por qué no la cuestionan? Revise cuántas personas aparecen muertas diariamente y cuántas se investigan y en cuántas se establece responsabilidad. Revise las medidas que aquí se han implementado. La Ley de Protección de Víctimas y Testigos ¿funciona la ley? Aquí a los testigos siempre los matan, Tenemos una Ley Contra Actos de Terrorismo. Solo se quiso aplicar al caso Suchitoto y ahí está la ley guardada. Tenemos en estudio un nuevo Código Procesal Penal que tenía que entrar en vigencia este mes y lo han prorrogado; tenemos la ley de escuchas telefónicas y no hay pisto; Tenemos la Ley de Proscripción de Pandillas que se aprueba, pero no se aprueba la reforma al Código Penal. Mire: perdóneme, pero ¡nombre! Las cosas hay que agarrarlas en serio", protesta.
