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"No puedo respaldar a ningún gabinete
de seguridad que violente derechos"

Algunos miembros del gabinete de seguridad pública lo perciben como un obstáculo más que sortear en la lucha contra el crimen organizado. El procurador desvía los dardos: se queja de ser el blanco de un conjunto de instituciones ineficientes y de actuar dudoso.

Usted adversó algunas medidas adoptadas por la Dirección de Centros Penales para restringir más el acceso, visitas e ingreso de comida a algunas cárceles... ¿nos podría explicar las razones que tiene esta procuraduría para  tener dudas sobre esas medidas?
¿Por qué se han implementado estas medidas? Manifiestan ellos que han tenido conocimiento de que desde el interior de los penales se han planificado hechos delictivos. Me he pronunciado sobre eso desde hace mucho tiempo. ¿Por qué yo he cuestionado? Porque los métodos deben de ser en el marco de lo que la ley establece, no debemos ir más allá.

¿A usted le parece que por lo pronto se ha excedido las competencias legales que posee la Dirección de Centros Penales?
En algunas medidas sí, por ejemplo en el caso de los registros que se han estado haciendo, especialmente a las mujeres: se puede estar violentando el derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad de las personas, eso de hacer registros vaginales, anales... que siempre encuentran cosas, verdad... por eso es un poco complicado, porque me preguntan cómo hacer para que no ingresen chips o teléfonos. Bueno, busquemos un mecanismo un poco más técnico, más profesional.

Hasta hace dos meses se había detenido a más de 90 personas -la mayoría mujeres- con más de 600 objetos ilícitos, desde 29 celulares hasta 251 porciones de marihuana. ¿A qué voy? A que los registros no son caprichosos, no son un invento que las mujeres ingresan ilícitos a la cárcel y no hay escáneres que permitan hacerlo de otra forma.
Es que ese es el punto, que habría que utilizar y buscar el mecanismo para tener un aparato técnico, porque no puede estar usted utilizando mecanismos que no van con la misma modernización del sistema de justicia penal, no podemos estar con un sistema que es atentatorio contra la dignidad de las personas. Y claro, se dice “pero es que para eso se necesita inversión”, claro, eso es lo que hace falta: invertir en el sistema penitenciario.

¿Entonces usted cree que no se deberían hacer los  “registros íntimos”?
Es que yo estoy también en contra de que la gente ingrese objetos prohibidos, o sea que la gente no tiene por qué ingresar objetos prohibidos. Yo digo: no debería hacerse ese tipo de registros, pero también no deberían de estarse ingresando objetos prohibidos a los centros penales; para eso necesitás educar a la población.

¿Eso no es un poco ingenuo, procurador, pretender que quienes ingresan ilícitos lo hacen por falta de educación?
Por lo que sea, es que las razones... pues es por diferentes razones: porque les pagan, porque eso les permite mantener comunicación desde el interior hacia el exterior... pero tenemos que trabajar en la educación de la gente. Es como que le diga yo a usted que no vamos a educar a la gente para que respete las señales de tránsito, todo mundo maneja como loco... ¡no´mbre, hay que educar a la gente! 

A su juicio el problema de acceso de ilícitos a los penales es un problema de educación, como el tema de los semáforos.
No, este... no. Debemos educar a la gente para evitar que ingresen eso. Pero el problema de acceso de chips, drogas, teléfonos, tiene que ver con el problema de seguridad porque un teléfono no lo tratan de ingresar para que el interno platique con la novia; a lo mejor lo pretenden ingresar para que con eso pueda tener contacto con otras personas de fuera y planificar un hecho delictivo. Eso es lo que se dice, según el sistema de inteligencia de la Fuerza Armada, porque nosotros nunca lo hemos comprobado. Lo que sí sabemos es que sí se encuentran los objetos, porque los presenta el ministro, a quien yo respeto. Me dice el licenciado Douglas Moreno (director de Centros Penales) que cada aparato (escáner) como el que hay en los aeropuertos cuesta un millón de dólares... ¡un millón cuesta ese aparatito! Bueno, pero si se puede comprar eso, se pueden comprar otros aparatos que son los que le pasan a uno...

Eso solo detecta metal, no marihuana.
Yo creo que los métodos se tienen que modernizar. 

Bueno, entonces lo que usted adversa es método y no fondo.
¡Correcto! Porque registros deben hacerse.

En la lógica de Douglas Moreno, entre menos contacto tengan los internos con el exterior, es mejor. Entonces, mientras menos visitas y menos tiempo pasen las visitas con ellos, es mejor.
No, no apruebo esa lógica, porque ellos tienen derecho a la visita con el mundo exterior, porque entonces resolvamos el problema y aislémoslos totalmente. ¡No es esa la forma de resolver el problema! Es que el problema penitenciario es complejo y debe de abordarse de manera integral. Primero, la infraestructura. Dos, medidas de seguridad. Si no podemos ahorita construir penales, veamos entonces qué tanto de seguridad tenemos.

Es lo que se supone que están haciendo ahora.
Exacto. Se supone que están haciendo eso con la Fuerza Armada. A lo que voy es a que no podemos restringir derechos so pretexto de garantizar la seguridad.

¿No es un caso en el que se trata del bien colectivo por sobre el bien particular? Entre mayor contacto tengan estas personas con el exterior, más en riesgo está la seguridad de la población en general, en la medida en que ordenan delitos...
Porque no hay capacidad de control hacia fuera.

Podrían responderle: “Estamos intentando hacer eso, limitando las visitas”.
Es que ellos tienen derecho a la visita. No se puede extremar las medidas, no se puede extremar las medidas más allá de lo que la ley dice. Yo estoy de acuerdo: ¿cuál es el derecho que prevalece más? Es más, los registros los prohíbe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la participación de elementos de las fuerzas armadas en los centros penales. Esas son prohibiciones. Sin embargo, ¿por qué se ha llegado a esto? Yo he planteado un concepto: en El Salvador se están tomando unas medidas de emergencia sin estar en un estado de emergencia. O sea, las situación es excepcional sin estar en un estado de excepción, porque no debería estar la Fuerza Armada en los penales. Sin embargo está porque ha fallado el sistema de seguridad de los penales.

Sin duda, y el primero en decirlo es el propio Douglas Moreno.
Claro, por eso están, porque si no, ¿quién va a cuidar los penales?

Pero pese a esto a usted le he escuchado adversando la presencia de los militares en los perímetros carcelarios.
La Fuerza Armada no ha sido creada para eso. Entonces ese es mi punto, sin embargo al final de cuentas, viendo todo el contexto de problemas, yo he dicho “OK, está bien, es una medida excepcional, no hay alternativa”, por eso es que yo al final es que casi llego tácitamente a comprender la situación excepcional y digo... bueno.

¿Incluyendo las medidas extraordinarias que se tomaron en algunos centros penales a raíz de los motines que hubo recientemente?
No, es que por ejemplo las otras medidas yo también las he cuestionado porque desde mi punto de vista es que algunas de esas medidas no determinan el riesgo, como por ejemplo la alimentación. O sea, fíjese usted: ¿por qué es que ya no permiten el ingreso de alimento? Porque dicen que se entretienen los militares en revisar, o sea que no es porque en el alimento pueden ingresar material con el que pueden preparar cualquier tipo de, digamos, de efecto explosivo...

Según han explicado, la lógica es que los mismos agentes que revisan la comida tienen que registrar a los visitantes de cárceles sobrepasadas en un 300% de su capacidad. El asunto es que entre más comida revisan, menos gente registran. ¿Le vale a usted esa lógica?
Sí, esa es la lógica pero no, no, no, yo no estoy de acuerdo. Porque también el ingreso de comida extra, por decirlo así, es porque la comida en los centros penales ha dejado mucho que desear. Entonces, claro, la gente por lo menos le lleva sus tortillas, sus tamales, etcétera.

Son frecuentes las opiniones populares que consideran que la PDDH está más pendiente de lo que pasa con los delincuentes que de respaldar a un gabinete de seguridad que está intentando restringir el marco de acción de los mismos.
Yo no puedo respaldar a ningún gabinete de seguridad que violente derechos.

¿Este es el caso del nuestro?
En cierta medida. Por ejemplo, cuando empezó las FAES a salir a las calles, hubo una serie de denuncias en contra de ellos y yo me pronuncié. Claro, la gente dice: “Bueno, hoy que las fuerzas armadas están ayudando el procurador...” El problema es que aquí el tema de seguridad nos ha absorbido tanto que todo mundo está pendiente de seguridad y cuando ven a la PDDH la asocian con seguridad. Cuando tengo entrevistas y me preguntan por las víctimas... pero, ¿quiénes son víctimas en este país? Víctima es una persona que tiene que ver con los derechos de la salud, con VIH, con discapacidad, adultos mayores, indígenas, todos son víctimas de una cantidad de violaciones a derechos humanos sistemática en este país.

Los derechos de los presos, procurador, o los derechos humanos, están consignados en protocolos que dicen lo mismo para un sueco que para un salvadoreño, y el procurador sueco estará igual de preocupado por defender exactamente la misma cartilla. Sin embargo, digamos que este señor no debe preocuparse por una serie de problemas que nosotros sí: somos el país más violento del continente más violento del mundo, donde se muere más por balazos que por enfermedades, permeado de forma creciente por el crimen organizado… El procurador de derechos humanos de este país, ¿no debería adaptar o  flexibilizar la manera en la que defiende esa misma cartilla que defiende el sueco?
Sí lo hago. Yo le he hecho propuestas al ministro de Justicia, he hecho propuestas al presidente de la República que no han sido atendidas. Es que mire: aquí no nos engañemos, aquí ha fallado la política criminal. Decir que aquí el problema es de derechos humanos ya no va. Aquí hay que comprender que aquí el problema de seguridad es un problema de políticas públicas, es un problema que tiene que ver con toda la estructura de los programas de gobierno. Por ejemplo, a la Fiscalía, ¿por qué no la cuestionan?

¿Cuál es su opinión sobre la Fiscalía?
Ineficiencia, impunidad. Revise usted cuántas personas aparecen muertas diariamente y cuántas se investigan y en cuántas se establece responsabilidad. ¿Y la prevención? Por qué no vemos el problema desde el punto de vista institucional? Desde el punto de vista legislativo. Revise las medidas que aquí se han implementado. La Ley de Protección de Víctimas y Testigos ¿funciona la ley? Aquí a los testigos siempre los matan, tienen miedo de declarar. ¿Es un problema del procurador? No, no es. Tenemos la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, tenemos los tribunales especializados, ahí están... pero la delincuencia no se detuvo. Tenemos una Ley Contra Actos de Terrorismo. Solo se quiso aplicar al caso Suchitoto y ahí está la ley guardada. Tenemos en estudio un nuevo Código Procesal Penal que tenía que entrar en vigencia este mes y lo han prorrogado; tenemos la Ley de escuchas telefónicas y no hay pisto; tenemos la Ley de Proscripción de Pandillas que se aprueba, pero no se aprueba la reforma al Código Penal. Mire: perdóneme, pero ¡no´mbre! Las cosas hay que agarrarlas en serio. No podemos estar improvisando medidas. 

Al menos Douglas Moreno insiste en que sus medidas ya estaban planeadas.
Pero yo siento que las medidas sí se han venido improvisando. El que se utilizara a la Fuerza Armada no estaba en los planes. La gran pregunta es: ¿están funcionando todos estos planes de manera efectiva? ¿Se ha cuestionado al Órgano Judicial? Hace poco me di cuenta de que a un ex fiscal lo encontraron con un arma, pero tranquilo, no hubo ningún problema. Otro comisionado de policía, que abrió una puerta a balazos en un hotel... aparentemente son cosas aisladas, pero a veces usted ve una serie de resoluciones judiciales y dice: “Bueno, ¿cómo opera la justicia?” Ahora veamos a los otros órganos del Estado: El Órgano Legislativo ha venido legislando desordenadamente, y si no veamos el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Proscripción de Pandillas ahí está, pero la reforma del Código Penal no ha sido ni siquiera sancionada por el presidente, entonces la ley, perdóneme, es... no sé qué expresión utilizar, no es nada en este momento, es una ley vacía. Se aprueba la Ley de Escuchas Telefónicas, pero resulta que no hay dinero, entonces no estamos en nada.

Hace poco publicamos un artículo sobre los mensajes que los pandilleros envían desde la cárcel. Y en algunos, ellos hacían llamados a sus clicas para buscarlo a usted a fin de flexibilizar los registros. ¿Por qué los pandilleros o algunas asociaciones que tienen relación con ellos, le perciben como un socio?
No, lo que pasa es que la PDDH es la única institución que escucha a todas las personas, aquí hace poco tuvimos una reunión donde vinieron esas organizaciones y el director de Centros Penales y siempre han estado los funcionarios de gobierno, porque tenemos una mesa penitenciaria.

Como Estado, ¿debería ser una prioridad escucharlos?
¿Y por qué no? Ellos vienen representando a los familiares de los internos, pero aún los delincuentes tienen derecho a ser escuchados.

Las autoridades de seguridad pública aseguran que la estructura pandilleril asigna a los presos una jerarquía superior a la que tienen los palabreros en la calle. ¿Ahora mismo no debería ser prioridad del Estado, al menos de forma temporal, procurar desvincular ese liderazgo?
Es que lo que pasa es que yo por eso le decía que se improvisa, porque pareciera ser que no tenemos un diagnóstico de la realidad. Se dice que desde los centros penales se planifica.

¿Usted lo pone en duda?
No. Puede ser, pero lo que yo digo es: ¿y dónde está la técnica de investigación para controlar eso? Si tenemos personal policial profesional. ¿Dónde está el servicio de inteligencia?

En resumen algunos miembros del gabinete de seguridad dicen: lo que pasa es que las visitas juegan un papel muy importante a la hora de comunicar los mensajes de la cárcel con la calle y si las limitamos y las restringimos nos regaña Óscar Luna.
Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja... ¡pero siempre lo hacen! Mire, hay que aceptar que efectivamente se está frente a una corriente fuerte producto de ineficacia de gobiernos anteriores en este problema que han dejado que esto crezca y se le sale de las manos el control. ¿Significa entonces que todo el problema de inseguridad de este país tiene su fuente en las cárceles? Yo creo que no. Aquí hay que atender el problema de tipo económico, social, que tampoco se han atendido durante tanto tiempo. ¿Qué se va a hacer con 7 mil o 10 mil miembros de pandillas? ¿Qué pretendemos hacer con eso? ¿Qué les ofrecemos? ¿Estamos ya preparándonos?

¿Usted no teme que lo utilicen, procurador?
Que pretendan utilizarme no lo pongo en duda, pero que yo me deje utilizar no creo, porque yo estoy bien claro de mi trabajo y mi papel y lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, hasta dónde puedo llegar con mi función.

¿No se confunde a miembros de estructuras de crimen organizado con muchachos estigmatizados?
Pudiera, pero eso depende de en qué contexto es que se está frente a esto.

¿Esta Procuraduría no ha cometido ese error?
No, es que lo que pasa es que yo siento que hay como una percepción no muy clara del trabajo nuestro, porque lo que nosotros hacemos es recibir denuncias y promover medidas para proteger derechos.