Alba tiene 28 años de edad, es madre de un niño y en noviembre del 2022 vivía en casa de sus padres a quienes, junto a un hermano, ayudaba con los gastos del hogar. Había aplicado a un programa de visas del Ministerio de Trabajo y la Embajada de Estados Unidos y había sido seleccionada para ir a trabajar a principios del 2023. Luego vivió lo que ella describe como “un secuestro”. El 11 de noviembre del 2022, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa y la capturaron frente a su madre y su hijo. No hubo argumentos, no hubo evidencia, no hubo nada más que una orden: “te mandan a llamar. Te vas a ir con nosotros”. La casa de la familia de Alba estaba en una zona que había permanecido bajo el dominio de la Mara Salvatrucha-13. Alba dice que ellos son víctimas de las maras y no colaboradores. Asegura que la clica que controlaba la zona asesinó a uno de sus hermanos. Sin embargo, ese viernes 11, los policías la acusaron de ser pareja de un marero. Desde entonces, Alba estuvo seis meses presa. Con el paso del tiempo, el juzgado le dio libertad condicional y ella aún enfrenta un proceso basado en pruebas en su contra que aún desconoce. Todos los juicios de las más de 80,000 personas capturadas por el régimen desde marzo de 2022 son secretos, según decreto judicial. Es imposible acceder a información sobre ellos, al menos de forma oficial. Alba, como decenas de miles de salvadoreños, es procesada lejos del escrutinio público. En las cárceles del régimen no hay comunicación alguna con ningún familiar que esté en libertad: no hay visitas ni correspondencia. Por eso fue hasta salir de prisión que Alba se enteró de que su padre y su hermano habían sido capturados por el régimen de excepción. Que su madre y su hijo vivían en desplazamiento forzado debido al acoso de la Policía. Y que a cada trabajo al que quiere aplicar le piden sus antecedentes penales. Ella sigue desempleada. Un informe presentado recientemente por la organización Cristosal plantea la ausencia de una mínima perspectiva de género en la gestión penitenciaria del régimen, lo que deriva en condiciones adversas para las mujeres. Alba vivió esas condiciones desde el día de su captura. Fue obligada a desnudarse frente a diez hombres policías, para ver si tenía tatuajes. El día que fue enviada al penal de Apanteos pasó revisión física ante otro hombre. Padeció una hemorragia en la que, por falta de toallas sanitarias, tuvo que usar su propia camisa. Tuvo que comer acostada. Estuvo al lado de mujeres embarazadas. Dice que a una de ellas “le sacaron al bebé”.
