El ex presidente de la Corte de Cuentas Rafael Hernán Contreras Rodríguez devolvió este viernes los 66 mil 37 dólares que se había recetado al echar mano de un mecanismo que su administración creó a finales de 2006, después de una generalizada protesta nacional que incluyó a los diputados, que el jueves pidieron la devolución.
La dirección de la Corte creó un mecanismo de compensación para empleados que desearan retirarse de la institución antes de su tiempo de jubilación. Ese acuerdo también incluyó a los funcionarios que fueran cesados en sus funciones por causas no imputables a ellos. Entonces, Contreras y el primer magistrado, Abdón Martínez, dijeron el último día de su mandato (el martes 28) que iban a acogerse al instructivo de retiro y así se llevaron Contreras 3,884 dólares por cada uno de sus 17 años de servicio, y Martínez un poco menos también por cada año de trabajo.
Cuando El Faro preguntó a Contreras si consideraba ético dejar el cargo -para el que no fue reelegido por la Asamblea- y otorgarse la gratificación económica, el ex presidente de la Corte aseguró que sí porque él había sacrificado sus años de trabajo en la institución, en lugar de dedicarse a sus asuntos particulares.
Contreras devolvió a la Corte de Cuentas el cheque de caja BA 3304337, por un monto de 65 mil dólares; y el cheque OPT 00504-2, por un mil 37 dólares con 86 centavos, los cuales recibió gracias al amparo del instructivo 01/2007, el cual regula la compensación económica por retiro de los servicios públicos. El ex presidente y los otros dos magistrados promovieron el acuerdo para incluirse en la lista de beneficiarios: “Los que cesaren sus funciones, por causas que no fueren imputables a dichos servidores”.
“Me permito adjuntar a esta nota los cheques correspondientes por ser usted representante legal de dicha institución que dignamente preside”, reza la documentación que el ex presidente dirigió al actual titular de la institución que fiscaliza los fondos públicos, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, quien el pasado miércoles dijo que respetarían todos los acuerdos tomados por sus antecesores, a menos que existieran denuncias sobre presuntas anomalías.
“Respetamos todo lo actuado hasta la fecha. En el caso concreto no tenemos datos referentes sobre esa situación y tomando en consideración los argumentos que el presidente de la Corte de Cuentas ha citado, partimos de la buena fe, de que todo está en orden y así vamos a verlo, salvo que se nos compruebe que sea algo distinto”, aseguró.
Y aunque a primera vista Sánchez Trejo no advirtió irregularidades, ciudadanos y organizaciones sociales cuestionaron la decisión que tomaron los ex funcionarios de la Corte de Cuentas. Hace dos días, Jaime López, representante de Transparencia Internacional aseguró que estaban en contactos con abogados para analizar la legalidad de los pagos y, de confirmar anomalías, presentar la denuncia en la Fiscalía General de la República.
López recuerda que desde hace más de una década la Asamblea Legislativa promovió un decreto que pretendía la reducción del personal de esa institución. Para lograr ese objetivo promovieron una indemnización, el cual tendría su base legal en el Reglamento Interno de Personal de la Corte de Cuentas. De ese reglamento se desprende el instructivo que aprobaron los magistrados. Según el representante de Transparencia Internacional el problema es que los funcionarios son nombrados por los diputados y, por lo tanto, no tienen un contrato con la Corte de Cuentas para justificar la aplicación de esa normativa.
Con la devolución de los fondos por parte de Contreras, la denuncia quedaría sin efecto. Sin embargo, Sánchez Trejo tendrá que pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo porque Abdón Martínez, el ex primer magistrado, dejó en depósito los 67,332 dólares que recibió en compensación, mientras la institución se pronuncia sobre el instructivo.
“(Martínez) ha hecho un depósito, pero está pidiendo la opinión de parte del presidente para efectos de certidumbre jurídica si está bien lo aprobado o no, quiere decir que él no ha devuelto. Es un caso diferente al doctor Hernán Contreras, entiendo por la nota que ya devolvió, renunció a su derecho. En el otro caso está pendiente de una opinión que oportunamente vamos a estudiar las consecuencias jurídicas y en qué fundamentación la realizamos”, dijo Sánchez Trejo.
Contreras, dirigente del Partido de Conciliación Nacional (PCN), llegó por primera vez a la presidencia de la Corte de Cuentas en 1990, cuando ese partido ya tenía ocho años de dirigirla. En esa primera etapa, duró en el cargo hasta agosto de 1998, cuando renunció para buscar la presidencia de la República. Tras la derrota en las elecciones, regresó a la titularidad de esa institución en julio de 2002 y los diputados lo reeligieron dos veces más. En total, ha sido presidente de la contraloría durante 17 años.
En los últimos nueve años ganó más de medio millón de dólares en honorarios y, tomando en cuenta que su último salario fue de 3,884.58 dólares, la compensación económica que recibió sobrepasó los 66 mil dólares. Sánchez Trejo dijo que ese dinero ya fue entregado a la Dirección Financiera y pasará, de nuevo, al presupuesto de la Corte de Cuentas.
Un tercer magistrado Mártir Arnoldo Marín finaliza su período hasta el 8 de julio. Cuando Contreras entregó la presidencia aseguró que los tres magistrados habían decidido ampararse a la compensación económica, pero Sánchez Trejo aseguró que el pecenista Marín no ha recibido ningún cheque porque oficialmente no ha realizado ningún cobro porque no ha finalizado su período. El funcionario no sabe sí su colega hará el cobro.
En el caso de Contreras, la devolución llega un día después que la Asamblea Legislativa emitió un recomendable para que la Corte de Cuentas exigiera una devolución de los fondos. Los diputados hicieron la misma sugerencia a la Corte Suprema de Justicia, institución que en el año 2009 pagó más de 122 mil dólares a cinco magistrados que presentaron su renuncia días antes de cesar sus funciones. Esa renuncia les permitió cobrar la cuota de retiro voluntario.
Sánchez Trejo adelantó que en el caso de la Corte de Cuentas se promoverán acciones legales para que esa situación no se repita. “Lo vamos a modificar a futuro de tal manera que no quede el espacio, pues, de oportunidad de que los titulares podamos utilizar esos fondos de compensación”, aseguró.
