El informe de labores que presentó la Fiscalía General a la Asamblea Legislativa sobre el último año de gestión, carece de estadísticas que reflejen el rendimiento de la institución en el combate a los asesinatos.
En El Salvador, el segundo país más violento de la región más violenta del mundo en 2010 (en Centroamérica, solo superado por Honduras), el índice de homicidios sextuplica el nivel de epidemia establecido por la Organización Mundial de la Salud (más de 10 por 100 mil habitantes), pero la Fiscalía se ha rehusado en los últimos años ha revelar la proporción de casos que ha sido capaz de llevar a juzgados y el porcentaje de condenas.
Según los datos oficiales de El Salvador, en 2010 la tasa de asesinatos superó los 65 por cada 100 mil habitantes. La Fiscalía es la institución encargada de dirigir la investigación del delito, y para eso se auxilia de la Policía Nacional Civil. La Fiscalía, al igual que otras instituciones del Estado, deben rendir cada año un informe de labores a la Asamblea Legislativa, y eso fue lo que hizo Barahona hace tres semanas.
Este lunes, el documento llegó a la Comisión de Legislación de la Asamblea, que lo dio por recibido, pero de inmediato fue objetado por algunos legisladores, que observaron que en contraste, por ejemplo, con el de la Procuraduría General, en muchos casos solo aportaba datos generales.
El reglamento interno de la Asamblea establece en el artículo 104, inciso 5 que los informes de labores deben incluir respaldo de documentos y de estadísticas. Esto fue lo que algunos legisladores encontraron deficiente.
El documento que presentó Barahona -cuyo desempeño en la lucha contra el crimen ya ha sido cuestionado por el Ejecutivo- reúne información sobre los logros institucionales, las actividades, los desafíos y una sección donde se plantean cifras generales sobre la administración de la institución. Sin embargo, la información estadística pasa por alto datos importantes como el índice de homicidios.
Esta mañana, los legisladores se apresuraron a redactar un dictamen favorable que diera por recibido el documento. Sin embargo, la diputada del FMLN Margarita Velado aprovechó el momento para señalar algunas omisiones importantes del informe, entre estas el índice de homicidios y la falta de un desglose estructurado de datos estadísticos y cifras que les permitiera generar cuadros de comparación de procesos y delitos en años anteriores.
En la reunión, Velado se tomó el tiempo de explicar a sus compañeros la importancia de estos datos, haciendo una comparación entre este informe y el de la Procuraduría General. “No nos interesa exhibir funcionarios sino que fortalecer las instituciones”, dijo.
Uno de los principales aspectos que señaló Velado fue el de la homogenización en la estructura de la información estadística recibida en este informe con la información de años anteriores, de forma que esta pueda ser comparada y así colaborar en tareas legislativas como el establecimiento de penas máximas. “Es necesario sistematizar los informes para poder hacer comparaciones. Hemos pensado en informes cualitativos que agreguen mayor comprensión de los datos para poder legislar con precisión”, dijo.
Pero los diputados de Arena parecieron satisfechos con el documento y dispuestos a dispensar la carencia de cifras en el inforome. El legislador Mario Valiente argumentó que el deber de la Asamblea no va más allá de la recepción de los informes. “Nosotros no podemos hacer más que recibir los informes, no nos corresponde aprobar o desaprobar”, dijo.
El Faro ha solicitado reiteradas veces a la Fiscalía cifras sobre la cantidad de homicidios judicializados (que llegan a los tribunales), los que llegan a juicio y los que terminan en condena.
Barahona incluyó en su reporte datos aislados y referidos a casos que causaron alguna conmoción social, como el homicidio del ambientalista Marcelo Rivera. Asimismo, presentó como logros la causa contra el ex ministro de Salud Pública, Guillermo Maza y las irregularidades en la licitación y ejecución de los proyectos de reconstrucción de siete hospitales. Además, y también relacionado con corrupción, citó la acusación contra el expresidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Miguel Tomás López, por actos arbitrarios en la adjudicación de parcelas y lotes a empleados de esta institución, tal como informó El Faro en julio pasado.
En cuanto a la información estadística, el informe únicamente presenta datos relacionados con los tipos de delitos presentados en las oficinas fiscales, las salidas alternativas a procesos judiciales, principales resoluciones en audiencias iniciales, preliminares y vistas públicas, las resoluciones en procesos sumarios y una par de cuadros y gráficas sobre los delitos de secuestro, extorsión y tráfico ilegal y trata de personas. Nada sobre casos manejados exitosamente por la Fiscalía en el área de asesinatos, ni el sexo de las víctimas ni el móvil de los homicidios.
La Comisión accedió a la petición efemelenista y envió a la Fiscalía una solicitud de ampliación del informe. Si la Fiscalía no atiende la petición, los legisladores se reservan el derecho de llamarlo para que explique estos puntos.
