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Asamblea saca a Jaime de Sala de lo Constitucional y nombra a Ástor Escalante fiscal general

FMLN, Gana, CN y Pes sacaron de la Sala de lo Constitucional a uno de los cuatro magistrados cuyas sentencias los pusieron en la mira de los partidos, el presidente de la República y los medios de comunicación. En lugar de Belarmino Jaime nombraron al magistrado suplente Ovidio Bonilla, quien fue juramentado después de la 1 de la mañana de este miércoles como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Patricia Carías y Jimena Aguilar

 
 

Los partidos FMLN, Gana, Concertación Nacional y Partido de la Esperanza eligieron seis días antes de que terminara la legislatura a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desarticulando al equipo que dio a los salvadoreños la oportunidad de votar directamente por candidatos a diputados y no solo por listas, con lo que pusieron fin a una singular Sala de lo Constitucional que se caracterizó por sentencias que desafiaron al poder de los partidos políticos y el de los medios de comunicación.

En julio, el presidente de la Corte, Belarmino Jaime, deberá salir de la Sala de lo Constitucional, aunque ya hay quienes aseguran que esta decisión es inconstitucional y que acudirán a demandar a la Asamblea Legislativa por lo que consideran un traslado ilegal.

A las 10 de la noche, la Asamblea Legislativa se encontraba ya en plena votación nominal y pública, después de acordar quiénes serán los nuevos cinco magistrados de la Corte, quién asumirá como fiscal general a partir de septiembre próximo, y quién será el presidente de un Tribunal de Ética Gubernamental acéfalo desde hace medio año.

El pacto también incluye el reparto de puestos en la junta directiva de la próxima legislatura, que tomará posesión el 1 de mayo.

Según el dictamen firmado por los legisladores, miembros de la comisión política, la remoción de Jaime sería efectiva a partir del 16 de julio de este año. En sustitución de este entrará Ovidio Bonilla, quien asumirá como presidente de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema y del Órgano Judicial durante los próximos tres años a partir de esa fecha. Otro de los movimientos en la misma sala es el de la salida del magistrado Néstor Castaneda porque culminan sus nueve años en el cargo, y será relevado por el abogado José Roberto Argueta Manzano, propuesto por CN.

Ovidio Bonilla
 
Ovidio Bonilla

Después de haber sido juramentado, primero como magistrado de la Sala de lo Constitucional y luego como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Bonilla dio una conferencia de prensa en la que enfatizó en repetidas ocasiones que dirigiría la Corte buscando un entendimiento entre los diferentes Órganos del Estado. "Seremos respetuosos de la ley, respetando la gobernabilidad y la institucionalidad del país", dijo el futuro presidente quien además prometió que mantendrán lazos de cooperación con otras instituciones y que respetarían las atribuciones que la Constitución le asigana a cada Órgano del Estado, mandándole un claro mensaje de no conflicto a los legisladores que lo acababan de elegir para el cargo.

Bonilla aseguró que el principal reto que tiene como presidente es establecer un estado constitucional y democrático de derecho y recordó que la Corte como colectivo deberá encaminarse en este sentido. Bonilla prometió buscar que los quince magistrados de la Corte actuaran como una unidad, ya que considera que por el momento esta unidad no existe. A Belarmino Jaime se le ha criticado en repetidas ocasiones porque en la Corte se formaron dos bloques que chocaban entre sí.

Uno de estos bloques era el grupo de cuatro magistrados constitucionalistas. De este bloque, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez acusaron públicamente a Ulises del Dios Guzmán, quien ayer estaba propuesto para ser electo como magistrado suplente, de proteger a jueces corruptos al dirigir un grupo de magistrados que bloqueaba en las reuniones plenarias las iniciativas para la depuración de jueces.

En sus primeras declaraciones como presidente electo del Órgano Judicial, Bonilla dijo que ningún magistrado debe temerle a presiones políticas si ha acuado respetando las leyes y la Constitución. El presidente electo de la Corte se rehusó a comentar sobre las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, argumentando que son sentencias inapelables.

Cuando El Faro le preguntó a Bonilla cuál sería su estrategia para avanzar en la depuración de jueces, el funcionario electo empezó por decir que creía que era algo necesario de realizar y la llegó a llamarla como un "mal necesario". Su estrategia para combatir lo que ya ha denunciado Jaime, que hay magistrados que deliberadamente obstruyen la depuración de jueces en Corte Plena, es empezar por hacer conciencia dentro de los magistrados de que es algo necesario de realizar. Luego formaría una comisión donde se estudiarían los casos más urgentes.

En el informe enviado por Fiscalía a la Asamblea Legislativa sobre Bonilla, la institución resaltó una demanda por uso de un documento falso. Bonilla dijo que el caso había sido sobre una partida de nacimiento que no había sido marginada correctamente y que entendía que fiscalía ya había archivado el caso.

En 2010, uno de los dirigentes de la cooperativa El Espino aseguró a El Faro que una persona de nombre José Roberto Argueta Manzano era un prestanombres para trucar la compraventa de porciones de la finca El Espino. Las palabras del presidente de la cooperativa José Elías llevaron al abogado Juan Pablo Córdova Hinds a plantear que se había tergiversado las palabras del cooperativista.

José Roberto Argueta Manzano, primero a la izquierda, en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa después de ser elegido como magistrado de la CSJ.
 
José Roberto Argueta Manzano, primero a la izquierda, en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa después de ser elegido como magistrado de la CSJ.

Con el traslado de Jaime quedará desarticulado el cuarteto que este formó a menudo con los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González en algunas de las más importantes demandas ciudadanas contra decisiones legislativas como las prohibiciones del Código Electoral a las candidaturas no partidarias o la obligación de los ciudadanos de votar solo por las listas de candidatos que imponían los partidos. 

Los nombres de los próximos funcionarios públicos fueron revelados esta tarde por los mismos dirigentes de los partidos políticos que acordaron el pacto. Estos hicieron público el acuerdo durante la reunión de la comisión política de la Asamblea. Sigfrido Reyes, del FMLN y presidente de la Asamblea y de la comisión, llamó a votar por cada una de las plazas en juego, y en todas las ocasiones los diputados del FMLN, Gana, CN y Pes levantaron sus manos para respaldar los nombres que iban surgiendo.

El pacto legislativo se concretizó este lunes después de que dirigentes de los partidos involucrados afinaran detalles en los nombramientos. Uno de los cambios que acordaron los legisladores que ha causado mayor disgusto en un conglomerado de organizaciones cívicas es la remoción de Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. Jaime fue elegido por la Asamblea después de que los legisladores incluyeran su nombre en la lista de candidatos a magistraturas a pesar de que este no era parte de la lista de aspirantes al cargo. En esa ocasión, Jaime aclaró que aceptaría el cargo de magistrado constitucionalista siempre y cuando fuese nombrado presidente de la Corte.

Fue elegido junto a los magistrados Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez, a quienes acompañó estos tres años Néstor Castaneda, quien ya tenía seis años en el puesto. La Sala bajo la dirección de Jaime se caracterizó por emitir sentencias que atentaban contra el poder de los partidos políticos y del mismo presidente Mauricio Funes. Entre ellas la que permitió las candidaturas independientes, la que desbloqueó las listas cerradas de candidatos a diputados, la que dio muerte a los partidos PDC y PCN y la que eliminó la partida secreta de la presidencia.

Esa misma sala sentenció también que los periodistas o directores de medios o dueños de comunicación o editores o columnistas no podían tener un privilegio en materia de delitos contra el honor, porque el Código Penal los eximía del castigo de cárcel que sí se podía aplicar a otros ciudadanos si se les encontraba culpables de calumnias, injurias o difamación.

Ahora, cuando se cuestiona a los diputados que promovieron la destitución de Jaime estos alegan que este fue puesto en el cargo únicamente por tres años, por lo que su remoción de la presidencia incluye salir de la Sala. "Aquí no se ha removido al doctor, él finaliza su período. En nuestra interpretación al finalizar en su cargo de presidente el también finaliza su estadía en la Sala de lo Constitucional. Él ya sabía como buen abogado que es que su mandato es por tres años. Yo aquí no voy a especular pero todo mundo anda diciendo que él había comprometido entre sus amistades que si no seguía de presidente renunciaría", justificó Francisco Merino, diputado de CN y vicepresidente de la Asamblea.

Para algunas organizaciones civiles como Aliados por la Democracia, la destitución de Jaime no es más que una respuesta de la Asamblea a la Sala por las resoluciones que esta ha emitido. Se trata, dicen, de un segundo capítulo del decreto 743 que emitió la derecha legislativa en junio de 2011 obligando a la Sala a emitir sentencias de inconstitucionalidad por unanimidad. Estos también señalan que la remoción es ilegal dado que el artículo 174 de la Constitución establece que la Sala de lo Constitucional tendrá cinco magistrados y que uno de ellos será el presidente, elegido por los diputados cada tres años por lo que Jaime aunque ya no sea presidente debería ser miembro de la Sala ya que fue elegido para esa cámara.

Para los legisladores la situación es otra, algunos de ellos incluso explican que Belarmino se ha extralimitado en sus funciones como presidente por lo que debe ser removido. "Desde nuestro punto de vista un presidente es un moderador de un equipo y ese es un organismo colegiado y así lo define la Constitución, esta habla de grupos colegiados, el presidente es solo un moderador un coordinador. Desgraciadamente hay personas que no asumen esa condición sino que por el contrario deciden dirigir verticalmente las instituciones. Yo creo que cuando violentaron la Constitución (refiriéndose a las resoluciones de los magistrados) a nuestro juicio él se extralimitó", dijo Merino.

Roberto Lorenzana, vocero del FMLN, dio otra explicación a la decisión de removerlo. Dijo a El Faro que el traslado de Jaime se debía a un asunto de simpatías políticas en lo que además la ley no les impedía remover al magistrado. "Lo movemos por la simpatía que tenemos con el otro. Con simpatía me refiero a la preferencia que tenemos con uno o con otro porque me gustan sus ideas. La simpatía es parte de la idoneidad. Si se considera que uno es mejor que el otro no estamos obligados a reelegirlo", dijo.

A pesar de que Lorenzana argumentara que Jaime había sido elegido como presidente primero y luego como magistrado de la Sala de lo Constitucional, hecho que según el diputado permite que la Asamblea no solo pueda sustituirlo como presidente, sino que también pueda moverlo a otro sala, la noche del martes los diputados votaron primero por Ovidio Bonilla como magistrado de la Corte, después como magistrado de la Sala de lo Constitucional y luego como Presidente de la Corte. Su juramentación también se dio en el mismo orden.

Despupés de que se leyera en el pleno el dictamen enviado por la Comisión Política, inició la discusión sobre la elección anticipada de los funcionarios. Varios diputados del partido Arena, incluyendo a la diputada Carmen Elena de Escalón y al diputado Guillermo Ávila Qüehl, presidente de la comisión de legislación y puntos constitucionales, denunciaron el que esta Asamblea eligiera a los magistrados y al fiscal cuando la población ya había renovado a la Asamblea el pasado 11 de marzo y esta es la que debería renovar a la Corte.

Ante las declaraciones del partido Arena, Roberto Lorenzana pidió la palabra y les recordó que en 2006 Arena había hecho también una elección calificada. Además, mencionó que, al contrario de esta elección, que su partido ha calificado como transparente en muchas ocasiones, en aquel momento todo se realizó con dispensa de trámites. El vocero efemelenista también retó a los diputados que lo criticaban a pedir la remoción de los magistrados que fueron electos en aquella ocasión, si consideraban que ahora se estaba cometiendo una ilegalidad igual que seis años atrás.

Pero la declaración que más efecto causó en el pleno, fue cuando Roberto Lorenzana declaró que se pudo llegar a este acuerdo porque tenían mayoría y que esta mayoría continuaría en la próxima legislatura. "Nos pusimos de acuerdo de manera anticipada porque tenemos mayoría. Y en la próxima legislatura también tendremos mayoría", dijo Lorenzana, declarando que aunque Arena tenga más diputados, es el FMLN el que tendrá la mayoría en el pleno durante la próxima legislatura. Vaquerano, jefe de bancada de Arena, le respondió que ellos estaban claros de que así era y que por esta razón habían dicho durante las elecciones que votar por algunos partidos era votar por el FMLN.

En la Corte, además de Bonilla y Argueta, los legisladores acordaron nombrar a José Salomón Padilla, Doris Luz Rivas, y Elsy dueñas de Avilés como los nuevos magistrados titulares. Entre los magistrados suplentes figuraron Sergio Luis Rivera y Ulices del Dios Guzmán, actual magistrado de la Sala de lo Penal, quienes obtuvieron el primer y el tercer lugar entre los más votados entre el sector de abogados. Sin embargo, por la tarde se conoció que Guzmán no había aceptado el cargo de magistrado suplente por lo que la Asamblea acordó nombrar a Ricardo Mena Guerra en su lugar.

En cuanto a la Fiscalía el acuerdo que revelaron algunos dirigentes de los partidos este lunes se mantuvo. Ástor Escalante, ex director de Centros Penales, ex viceministro de Seguridad y ex fiscal adjunto (en 2009, mientras la Asamblea buscaba al sustituto de Félix Garrid Safie), sustituirá a Romeo Barahona a partir de septiembre próximo.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, felicita a Astor Escalante después de ser juramentado como nuevo Fiscal Geral. Foto José Carlos Reyes
 
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, felicita a Astor Escalante después de ser juramentado como nuevo Fiscal Geral. Foto José Carlos Reyes

Ástor escalante fue elegido con 60 votos poco después de la una de la madrugada del miércoles. Después de haber sido juramentado, el fiscal electo dio una conferencia de prensa en la que dijo que uno de sus objetivos era reducir la impunidad y generar institucionalidad dentro de la institución. Uno de los puntos en que hizo énfasis fue en que cree que el país debe dar pasos para trascender ideologías.

En la reunión de la comisión política, los diputados Francisco Merino, de CN; Santos Guevara, de Pes, y Guillermo Gallegos, de Gana, se dedicaron a destacar la labor de Escalante durante su período de fiscal en funcioines, explicando que era uno de los candidatos que mejor conocía la institución.

En el Tribunal de Ética Gubernamental también se mantuvo lo pactado hasta este lunes, por lo que el actual magistrado de la Sala de lo Constitucional que termina su mandato el 30 de julio de este año, Marcel Orestes Posada, será quien tome las riendas de la institución y su segunda será Helen Clímaco de Esquivel. En el caso de Posada, el FMLN solicitó en la comisión que este depusiera su cargo este mismo día ante la Corte, de forma que pudiese ser juramentado esta misma tarde en la Asamblea.

Entre los acuerdos también se incluyó la firma inmediata del protocolo de entendimiento de la próxima legislatura. Fuentes del FMLN que pidieron el anonimato por temor a replresalias, aseguraron que este fue uno de los requisitos que solicitó CN esta mañana a los demás partidos para dar sus votos a favor de los demás mandamientos. Los cenistas no se sentían garantizados de que les darían tres sillas en la directiva que tomará posesión el 1 de mayo, e insistieron en que el documento se firmara ya.

Con apenas siete diputados en la próxima legislatura, para el CN es una ganga el acuerdo, porque logró colocar al menos un nuevo magistrado en la Corte Suprema, y tendrá el 43% de sus legisladores con estatus de directivos, lo que les garantiza un sobresueldo.

El acuerdo pactado incluye una junta directiva de 14 miembros, con una presidencia del FMLN. El FMLN y Arena tendrán cuatro puestos cada uno, mientras que CN y Gana obtendrían tres espacios cada uno.

Cuatro horas antes de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el pleno entró en receso para que representantes de todos los partidos fueran al Salón VIP del Salón Azul y firmaran el protocolo de entendimiento.

Durante este receso, los diptuados que participaron en la firma, como Sigfrido Reyes del FMLN y Nelson Guardado de Gana, hicieron énfasis en que consideraban la firma pública de este protocolo como un hecho histórico que demostraba la transparencia con que se estaba llevando el proceso. El único partido que no envió a un representante fue Arena, aunque Reyes aseguró que muchas de las propuestas de los diputados areneros se veían reflejadas en el texto del acuerdo. 

Durante la sesión de la comisión política, después de haber votado a favor de los dictámenes, Norma Guevara, jefa de la bancada efemelenista, solicitó la palabra para explicar que era necesario votar por el protocolo este mismo día de forma que este representara un compromiso con las bancadas. "Este día se entregó a cada grupo la formulación final y estamos preparados para suscribirlo hoy mismo, para que no haya pérdida de tiempo el próximo primero de mayo", dijo.

Tras la intervención de Guevara, los diputados Guillermo Gallegos, de Gana, y Francisco Merino, de CN apoyaron la propuesta y dijeron que la firma era una señal de transparencia legislativa. "Hay que rescatar la disponibilidad de la comisión política de darlo a conocer aquí, no es secreto que en otras legislaturas el protocolo se construía y se presentaba hasta el primero de mayo. Quiero destacar la publicidad y la transparencia", dijo Gallegos. 

Según explicó Guevara en la reunión, Arena -a la que marginaron de las negociaciones aprovechando que no la necesitan para hacer la mayoría calificada que requiere elegir Corte Suprema y fiscal- obtendría dos vicepresidencias y una secretaría. Además explicó que habían llegado a una regla general sobre la asistencia de diputados a las comisiones de trabajo de forma que puedan participar tres legisladores de Arena y FMLN, dos de Gana y dos de CN, con excepción de algunas comisiones donde solo participaría uno. Los diputados de Pes y CD participarán en no menos de tres comisiones y serán presidentes de una comisión cada uno.

La comisión de modernización, que fue una de las que según el registro de asistencia menos trabajó durante esta legislatura, pasará a ser una comisión de apoyo para la junta directiva y estará integrada por vicepresidentes y un diputado de FMLN, otro de Gana, uno más de Arena y uno de CN.

El protocolo se firmó esta misma tarde, durante la sesión plenaria. Los diputados de Arena no participaron en la votación y recalcaron que esta era una violación al Reglamento Interno de la Asamblea en su artículo No. 11, dado que este plantea que el protocolo de entendimiento se acordará al inicio del respectivo período legislativo.

Los diputados lo que hicieron fue firmar un arreglo de administración de la próxima legislatura, aunque no sean ellos los legisladores que integrarán la Asamblea en el período 2012-2015.

Al final de la noche, los partidos que comprometieron sus votos esta mañana, mantuvieron su palabra y nombraron a todos los funcionarios de segundo grado que habían acordado previamente. A las 10 de la noche, en plena votación diputado por diputado, el resultado era elección de nuevos funcionarios con 64 votos favorables. Es decir, ocho votos adicionales al mínimo de 56 que se requieren para nombramientos de magistrados y fiscal general.

Algunas organizaciones cívicas ya adelantaron que una vez exista decreto, acudirán a la Sala de lo Constitucional a demandar la inconstitucionalidad de la remoción de Jaime de la Sala de lo Constitucional.

Belarmino Jaime. Foto El Faro
 
Belarmino Jaime. Foto El Faro

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