Han pasado 622 días, y el presidente de la Corte de Cuentas, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, no ha recuperado los cheques que totalizan los 133 mil dólares que dos exmagistrados de esa institución se recetaron como autocompensación por un argumentado retiro voluntario después de que la Asamblea Legislativa no los reelegiera en junio de 2011, dinero que tras una recomendación de la Asamblea Legislativa decidieron devolver, a la espera de que el nuevo fiscalizador de los fondos públicos les dijera si era legal o no la bonificación.
Hernán Contreras, quien fuera presidente de la Corte de Cuentas durante 17 años, se amparó en un instructivo aprobado durante su administración para cobrar 66 mil 37.86 dólares. Abdón Martínez, primer magistrado de la Corte durante 20 años, alegó que tenía derecho a 67 mil 332.60 dólares bajo el mismo concepto. Los trámites administrativos para obtener la bonificación concluyeron el 29 de junio de 2011, un día antes de que Contreras y Martínez entregaran la dirección de la institución a Sánchez Trejo.
Hace siete meses, Sánchez Trejo hablaba sobre la recuperación de los 133 mil 370.46 dólares como una cuestión sencilla que demoraría, a lo máximo, un mes, para tener una resolución definitiva. “Hemos pedido a la Dirección Financiera y a la Subdirección Jurídica que den las opiniones técnicas respectivas. He puesto plazo, que no pase de este mes, las opiniones jurídicas y financieras pertinentes sobre el tema. Tenemos que definir esta situación”, dijo el funcionario la mañana del 29 de agosto del año pasado.
29 de junio de 2011
“Es totalmente legal y además justo que hagamos uso de ese derecho de acuerdo a los años que hemos dedicado a esta institución en donde no hemos escatimado esfuerzos, en donde hemos estado aquí en las jornadas día a día, antes de la hora obligatoria de entrada y sin hora de salida, o sea que hemos descuidado otras instituciones o empresas particulares (…) Yo tuve que cerrar mi bufete de abogado”
21 de mayo de 2012
“Si en caso lo declararan legal, que lo dudo porque la presión es mucha, para evitar más comentarios lo donaría a una institución de beneficencia pública como el hospital de la Divina Providencia o a los niños huérfanos allá en San Jacinto”.
27 de febrero de 2013
“Yo entregué el dinero. No me han notificado nada”
29 de junio de 2011
“Respetamos todo lo actuado hasta la fecha. En el caso concreto no tenemos datos referentes sobre esa situación y tomando en consideración los argumentos que el presidente de la Corte de Cuentas ha citado, partimos de la buena fe, de que todo está en orden y así vamos a verlo, salvo que se nos compruebe que sea algo distinto”
19 de septiembre de 2011
“Queremos establecer un procedimiento de acercamiento con ellos, y ya tengo la primera entrevista que voy a dar para que amplíen su petición de tal manera que nos faculten a la utilización de esos recursos y no tengamos que usar instancias administrativas o judiciales”.
29 de agosto de 2012
“Hemos pedido a la Dirección Financiera y a la Subdirección Jurídica que dé las opiniones técnicas respectivas. He puesto plazo, que no pase de este mes, las opiniones jurídicas y financieras pertinentes sobre el tema. Tenemos que definir esta situación”
7 de marzo de 2003
“El tema no está resuelto. Y si hay un documento de la comisión tendría que consultarlo con mi asistente”
El martes de la semana pasada, dos fuentes de la Corte de Cuentas dijeron a El Faro que la comisión que analizó la legalidad de los cheques estaba integrada por José Napoleón Domínguez, subdirector jurídico; Alfonso Bonilla Hernández, coordinador general de auditoría; y Jorge Alberto Romero, director financiero. El estudio de la comisión sería el insumo clave para que la presidencia resolviera sobre el destino de los 133 mil dólares.
La mañana del 7 de marzo, Sánchez Trejo confirmó que la situación de los cheques que depositaron sus antecesores está igual que al principio: el dinero está depositado a favor de la Corte de Cuentas, pero ni la institución ni los exfuncionarios pueden disponer de él porque no hay una resolución definitiva sobre la legalidad de la compensación.
¿Qué significa para las instituciones de un país pobre mantener en el congelador 133 mil dólares? Un colaborador de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA) dice que el estudio, la alimentación, gastos médicos y de transporte de cada becario les cuesta, aproximadamente, 6 mil dólares anuales. Un profesor de primera categoría de una escuela pública, esos que acumulan más de dos décadas de trabajo, gana en promedio 700 dólares mensuales. Eso significa que con el dinero que la Corte de Cuentas no ha recuperado se podría cubrir, durante un año, el gasto de 22 becarios de FESA y una escuela pública podría contratar a 15 maestros.
“A mí no me han notificado nada”, dijo Contreras a El Faro, el pasado 27 de febrero. Ya un año antes, en mayo de 2012, el expresidente de la Corte de Cuentas retó a su sucesor a que definiera, con la ley en la mano, si se podía quedar con el dinero o tenía que devolverlo. En caso de que se resolviera lo primero, dijo, lo donaría a alguna institución benéfica para evitar las críticas.
—¿La comisión ya le entregó un informe final sobre la compensación de los magistrados? —preguntó El Faro a Sánchez Trejo.
—El tema no está resuelto. Y si hay un documento de la comisión, tendría que consultarlo con mi asistente.
La respuesta de Sánchez Trejo llega cuando le queda menos de medio mes para que se cumpla el plazo fatal que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió a la Asamblea Legislativa para la elección de nuevos magistrados de Cuentas. El máximo tribunal declaró ilegal la elección de 2011 porque los diputados no justificaron ni fundamentaron las características de instrucción y moralidad notorias de los magistrados, durante el proceso de elección de los magistrados Sánchez Trejo, Tránsito Bernal y Andrés Rovira.
A los tres magistrados se les cuestionaba que tenían juicios pendientes de resolución definitiva en la institución que aún dirigen. En el caso de Bernal y Rovira su afiliación partidaria: el primero trabajó para la alcaldía de San Salvador durante la gestión de la efemelenista Violeta Menjívar; mientras que el segundo es presidente del partido Gana. “Soy militante del FMLN, pero es un reto demostrar que los miembros partidarios pueden demostrar con responsabilidad su función”, dijo Bernal, cuando asumió el cargo.
En la sentencia de la Sala de lo Constitucional se considera la afiliación partidaria como una tara cuando se trata de dirigir instituciones como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas e, incluso, el Tribunal Supremo Electoral. “Esa razón también impide que personas con una afiliación partidista –vínculo jurídico que determina una relación de derechos y obligaciones entre el afiliado y la institución a la que se afilia-, puedan optar y ser nombrados como magistrados de la CCR; pues, sin duda, el riesgo de la pérdida de independencia se intensifica objetivamente en los posibles casos de colisión entre los intereses del Estado y los del funcionario sujeto a control de cuentas, por pertenecer al mismo partido político”, dijo la Sala en su sentencia.
Los magistrados de la Corte de Cuentas no son los únicos que han presentado su renuncia días antes de terminar su período para, así, tener vía libre para cobrar una compensación por retiro voluntario.
En 2009, después de nueve años al frente de la Corte Suprema de Justicia y cuando ya estaba por vencer el período de su nombramiento, Agustín García Calderón renunció “voluntariamente” para tener derecho al beneficio de seis meses de salario extra en concepto de bonificación por retiro. Otros magistrados hicieron lo mismo cuando su mandato de nueve años también expiraba: Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya 'renunciaron' a sus cargos solo pocos días antes de que vencieran sus mandatos. Gracias al 'retiro voluntario', esos cinco funcionarios se llevaron al bolsillo entre todos 122 mil dólares.
En julio de 2011, los diputados aprobaron una recomendación para la Corte de Cuentas y Corte Suprema de Justicia que consistía en que revisaran ese mecanismo de compensación y, sobre todo, promover la recuperación del dinero. La propuesta era que el retiro voluntario solo pudiera aplicarse para empleados contratados, no para cargos nombrados por la Asamblea. Casi 21 meses después, ninguna de las dos instituciones ha recuperado un centavo de ese dinero que se entregó a exfuncionarios que, además de su salario, tenían derecho a gastos de representación, vehículos, cupones para combustible, seguro médico, pago de telefonía, seguridad…
“No se ha discutido, ni se ha llegado a acuerdo”, dice el magistrado Rodolfo González, quien considera que sus antecesores hicieron una “interpretación retorcida” de la Ley de la Carrera Judicial. Esa ley establece que los jueces y magistrados de carrera tienen derecho a un bono de retiro si se retiran de la carrera judicial; sin embargo, González considera que ese beneficio solo aplica para aquellos jueces de carrera; es decir, los que fueron propuestos por ternas del Consejo Nacional de la Judicatura y que luego fueron seleccionados por la Corte.
En el caso de los magistrados de la Corte, la mayoría son abogados en el libre ejercicio que, de acuerdo con la correlación política, son seleccionados por la Asamblea Legislativa. El expresidente de la Corte, García Calderón, sin embargo, cuando fue entrevistado sobre la bonificación, dijo que no le veía problemas en haber cobrado la gratificación.
A González se le preguntó por qué la Corte no atendió la recomendación de la Asamblea Legislativa, que pedía aclarar sobre los cobros de los magistrados. “Es una prerrogativa legal de presidente llevar la agenda, a veces lleva temas en Corte Plena que tienen viabilidad y que salgan acuerdos. No sé si pudo haber llevado ese tema, es posible que vio que no fuera viable. En la Corte uno ve a los magistrados muy dependientes de la Asamblea y otras veces se alega independencia. No recuerdo que se haya llevado a discusión, después de que la Asamblea hiciera la recomendación, son de los temas que fácil se hace una discusión de horas y horas y no se logra ningún resultado”, explicó.
El viernes, El Faro pidió a la presidencia de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Salomón Padilla, que informara si ha promovido alguna gestión sobre el tema. Al cierre de esta nota no había respondido a la solicitud.
