Ocho semanas después de que una sentencia de la Sala de lo Constitucional declarara ilegal su nombramiento como ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general retirado David Munguía Payés encontró otra silla ministerial: el presidente Mauricio Funes lo puso a cargo de la Defensa Nacional, un puesto que ya había ostentado desde junio de 2009 hasta noviembre de 2011.
El general que concibió la idea de hacer concesiones carcelarias a los jefes de las principales pandillas a cambio del compromiso de estas organizaciones de cometer menos asesinatos, fue escogido para suceder al general Atilio Benítez, quien asumió el cargo desde finales de 2011, cuando Munguía Payés fue puesto a cargo de la seguridad pública en un controversial nombramiento.
Su gestión acabó el 17 de mayo pasado, después de que la Sala de lo Constitucional sentenció que un general, aunque esté retirado, tiene una formación incompatible con el perfil que requiere la seguridad pública rediseñado por los Acuerdos de Paz. En la sentencia, los magistrados establecieron que el nombramiento de Munguía Payés y el del general a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) violaban la Constitución y quedaban automáticamente destituidos de sus puestos.
Munguía Payés era un coronel retirado cuando el 1 de junio de 2009 asumió como ministro de la Defensa en el inicio del gobierno de Funes. La primera controversia surgió cuando fue devuelto a la vida militar activa y posteriormente ascendido por el presidente Funes al grado de general. Posteriormente, en junio de 2011, sorprendió al país cuando en la orden general de la Fuerza Armada correspondiente al 31 de mayo de ese año, pasó de nuevo a retiro. El dejar la carrera militar activa le permitiría salvar por lo justo la inhabilitación constitucional para los miembros del ejército. El artículo 152 de la Constitución establece que no podrán ser candidatos presidenciales los militares que hayan estado de alta en los tres años previos al inicio del período presidencial correspondiente.
Esa vez, Munguía, aunque negó que estuviera renunciando a la vida militar activa para postularse a la presidencia, aceptó que no sería descabellado eventualmente buscar una candidatura. Entonces siguió unos meses más como ministro de Defensa pero ya como militar retirado.
En noviembre de 2011 Funes lo nombró como ministro de Justicia y Seguridad Pública, en relevo del excomandante guerrillero Manuel Melgar, y algunos sectores objetaron la juramentación, argumentando que iba en contra del espíritu de los Acuerdos de Paz y vulneraba la Constitución de la República.
Munguía Payés logró que la Fuerza Armada asumiera funciones que hasta entonces correspondían a otras instituciones, y así fue como los militares se encargaron, por ejemplo, de la custodia de los centros penales, tanto a nivel periférico como a nivel interno. Entre sus funciones específicas el Ejército tuvo los registros de los visitantes, en virtud de la desconfianza que el cuerpo de custodios generaba al mismo gobierno, que lo catalogó como infestado de corrupción.
El 17 de mayo de 2013 la Sala de lo Constitucional resolvió que tanto Munguía Payés como el general Francisco Salinas, director de la PNC, no podían tener esos cargos, y a partir de entonces el Ministerio de Seguridad se quedó acéfalo hasta inicios de junio, cuando el hasta entonces director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Ricardo Perdomo, asumió como ministro. Paralelamente, Funes nombró al general Salinas en el OIE, y Munguía Payés quedó con funciones de asesor presidencial.
A las 6 p.m. de este viernes, Munguía Payés ingresó a Casa Presidencial, donde el presidente Funes se disponía a juramentarlo en su retorno a la máxima silla de la Defensa Nacional. Su nombramiento posiblemente frustre las aspiraciones de algunos militares de alta graduación que, en virtud de sus ascensos profesionales, mantenían expectativas de ser nombrados en dicho cargo.
El general ha sido el foco de un intenso debate de país desde cuando fue nombrado a cargo de la Seguridad Pública en noviembre de 2011. Pero a partir de marzo de 2012, cuando El Faro reveló que el gobierno había negociado la reducción de los homicidios con las pandillas a cambio de beneficios carcelarios, la discusión generalizada se centró en la conveniencia o inconveniencia y en la legitimidad o ilegitimidad de las conversaciones que permitieron que la tregua entre pandillas supusiera una caída del promedio de homicidios de 14 diarios a 5 diarios.
Munguía Payés y el presidente Funes desde el inicio se negaron a revelar la verdad sobre el desplome de los homicidios y siempre han mantenido que ha sido producto, esencialmente, de la operatividad policial. El general sostuvo que el pacto entre pandillas era un asunto en que el gobierno solo había facilitado la mediación del exdiputado Raúl Mijango y del obispo Fabio Colindres. Eventualmente aceptó que la tregua era parte de su estrategia de seguridad pública para cumplir aquella promesa de noviembre de 2011, cuando ofreció a El Salvador reducir en al menos un 30 % el índice de asesinatos al cabo de un año.
Munguía cumplió con creces esa promesa, a costa de los ataques electorales que la tregua ha significado para el gobierno de Funes y de su socio, el partido FMLN.
Pero Perdomo, poco después de asumir como ministro de Seguridad, comenzó a tomar una serie de medidas que obstaculizaron el ingreso libre a las prisiones del que gozaban los mediadores de la tregua, a desmarcarse de ese proceso y prohibió que los pandilleros reos mantuvieran presencia en medios de comunicación.
A principios de este mes El Salvador vivió una ola de asesinatos que sumaron 88 en apenas seis días, y el mediador Raúl Mijango, tras responsabilizar a Perdomo de impedirle comunicación con las pandillas, ofreció parar los homicidios en 72 horas. El presidente Funes lo llamó a una reunión privada y la ola de violencia se detuvo de inmediato. A partir de ese momento, en Casa Presidencial, comenzó a hablarse del retorno de Munguía Payés al ministerio de Defensa, lo que se concretó la tarde de este viernes.
