La Fuerza Armada de El Salvador tiene una Comisión Especial que desde hace casi dos años evalúa qué pasos tiene que dar respecto de la orden que en enero de 2012 diera su comandante general, el presidente Mauricio Funes, al instruir a los militares a no honrar más a aquellos de los suyos responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña.
El trabajo de la Comisión es “revisar” e “interpretar” la orden del presidente Mauricio Funes, según un acuerdo del Ministerio de la Defensa Nacional fechado 17 de enero de 2012, a pesar de que el artículo 211 de la Constitución define a la Fuerza Armada como una institución 'obediente y no deliberante'.
El día anterior a ese acuerdo, con motivo del vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, Funes dio esa orden desde El Mozote, Morazán (al oriente del país), lugar en el que hacía 30 años el ejército había masacrado a cerca de un millar de campesinos, la mitad de ellos menores de edad.
Se conoce a ese hecho como la masacre de El Mozote, debido a que en ese caserío se encontraron la mayor cantidad de víctimas. Pero en realidad, la masacre se extendió a otros ocho poblados más, y fue ejecutada por soldados de la Tercera Brigada de San Miguel, del Destacamento Militar #4 y del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, comandado por el desaparecido teniente coronel Domingo Monterrosa.
En su acuerdo del 17 de enero de 2012, el Ministerio de la Defensa Nacional dispuso crear la “Comisión de Revisión e Interpretación de las instrucciones emanadas por el Presidente de la República durante discurso pronunciado el 16ene012 en el cantón El Mozote, jurisdicción de Meanguera, en el departamento de Morazán, que tienen relación con la Fuerza Armada…”
El acuerdo “No 007” fue publicado en el Diario Oficial 10 días más tarde, y fue firmado por el entonces ministro de Defensa, general José Atilio Benítez. La comisión la integran cinco coroneles, dos generales y tres civiles. Destacan entre los militares el exministro (hoy general de brigada en retiro) Jaime Guzmán Morales, y los coroneles César González Ramón y Raúl Saravia Hernández. Todos ellos tienen en su pasado un vaso comunicante con el actual ministro de Defensa, David Munguía Payés.
Guzmán Morales fue el ministro que en el quinquenio 1994-1999 recomendó ascender al grado de general al entonces coronel David Munguía Payés, pero esta recomendación fue rechazada por el entonces presidente de la República, Armando Calderón Sol. 11 años más tarde, el presidente Mauricio Funes ascendió a Munguía Payés en una maniobra irregular en la que participaron, interpretando las leyes y reglamentos de la Fuerza Armada a favor de Munguía Payés, los responsables jurídicos de Casa Presidencial y, en el caso del Ministerio de la Defensa, el asesor jurídico coronel César González Ramón. En el caso del coronel Saravia Hernández, ahora al mando del Destacamento Militar No. 1, de Chalatenango, fue uno de los comandantes que Munguía Payés puso al frente del resguardo de una de las cárceles en donde están recluidos los líderes de la Mara Salvatrucha, en tiempos en los que Munguía Payés le había declarado una guerra a las maras mientras fue ministro de Seguridad (noviembre de 2011 a mayo de 2013).
Para la fecha en que fue creada la Comisión, Munguía Payés llevaba tres meses al frente del Ministerio de Seguridad, cargo al que saltó después de iniciar como ministro de la Defensa en junio de 2009. Uno de los tres miembros civiles de la comisión es Ricardo Perdomo, que fue asesor de Munguía Payés cuando este estuvo en su primer mandato al frente de la Fuerza Armada; a petición de Munguía Payés pasó a dirigir el Organismo de Inteligencia del Estado, y tras el retorno de Munguía Payés al ejército en mayo pasado, fue designado como ministro de Seguridad, su cargo vigente.
Otro de los miembros civiles en la comisión es Joaquín Samayoa, analista político y columnista de El Diario de Hoy. Samayoa es director de Investigación y Desarrollo Educativo de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, y es hermano de Salvador Samayoa (exministro de Educación para cuando gobernó el país la primera junta revolucionaria de gobierno -que derrocó al general Carlos Humberto Romero en 1979-, y ex líder de las Fuerzas Populares de Liberación). Joaquín Samayoa, aparte de su papel en la comisión, es miembro del Consejo Académico de la Escuela Militar.
En diciembre de 2012, el entonces ministro Atilio Benítez declaró a La Prensa Gráfica que la Comisión ya tenía un estudio avanzado en un 90 % sobre los héroes y símbolos de la Fuerza Armada. Según dijo entonces, las conclusiones de la Comisión estarían listas para el primer trimestre de 2013.
Sin embargo, el 14 de enero de 2013, el general Benítez firmó otro acuerdo como Ministro de Defensa, el No. 010, en el que prorrogó el mandato de la Comisión hasta el 31 de diciembre de este año.
El 5 de abril de este año, ante una solicitud de información pedida por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Oficina de Información del Ministerio respondió que la Comisión todavía no había resuelto nada respecto a las medidas de cumplimiento derivadas de la orden que diera el presidente Funes.
“A la fecha desarrollan (los miembros de la Comisión), la tarea encomendada, encontrándonos a la espera de la resolución definitiva que de ellos emane (Se encuentran en proceso de entrega de la resolución al señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, desconociéndose fecha exacta, así como su publicación por la autoridad correspondiente)”, respondió el coronel Óscar Hernández Navas, oficial de información del Ministerio.
Seis meses más tarde, y a dos meses de que se venza el mandato de la Comisión, El Faro constató que cinco unidades militares, entre ellas una brigada y tres destacamentos militares del oriente del país conmemoraron el vigésimo noveno aniversario a los “héroes de Joateca”. Un acto en el que se le rinde honores a Domingo Monterrosa, a su lugarteniente mayor José Azmitia Melara, a otros siete militares, tres comunicadores, un sacerdote y un sacristán. Todos ellos perecieron el 23 de octubre de 1984, en la localidad de Joateca, Morazán, cuando el helicóptero en el que se transportaban se desplomó, en un contexto de fuertes enfrentamientos contra la guerrilla en la zona, comandada por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Según la guerrilla, Monterrosa y compañía cayeron luego de que se detonara una bomba que iba a bordo del helicóptero. La guerrilla se adjudicó haber colocado el explosivo en el falso transmisor de la clandestina Radio Venceremos que Monterrosa creyó haber capturado después de meses de búsqueda. Según el ejército, la caída de la aeronave fue producto de desperfectos mecánicos.
El Faro llamó por teléfono este lunes al ministro de Defensa, David Munguía Payés, para preguntarle por qué autorizó la conmemoración en Joateca pese a las instrucciones precisas del presidente, pero el general retirado respondió que no daría declaraciones sobre los actos.
*Con reportes de Gabriel Labrador y José Luis Sanz
