Madrid, ESPAÑA. El nombre de Ignacio Ellacuría, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) asesinado por el Batallón Atlacatl, vuelve a ser noticia en los principales medios de comunicación españoles este miércoles 12 de febrero. “Los nuevos límites de la ley darán carpetazo a una serie de casos abiertos en la Audiencia Nacional como (…) los asesinatos de Ignacio Ellacuría y otros jesuitas españoles”, señala el diario ABC.
Televisión Española, El Correo, El País, Deia, Cadena SER, Público... Todos estos medios incluyen en sus ediciones digitales referencias a la masacre de seis jesuitas y dos colaboradoras ocurrida en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la UCA. ¿La razón? El Congreso de los Diputados español aprobó la noche del martes una controvertida propuesta de ley del gobernante Partido Popular (derecha) para limitar la llamada “jurisdicción universal”.
La propuesta de reforma legal, si se aprueba, impedirá a los jueces españoles investigar fuera de España, con dos únicas excepciones: cuando los acusados sean ciudadanos españoles o cuando sean extranjeros con residencia habitual en España. Bajo las nuevas reglas de juego, los militares del Estado Mayor salvadoreño procesados desde 2008 por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de Madrid no podrían ser juzgados, ya que no son españoles.
El Gobierno español cree que los cambios podrían entrar en vigor en unos cuatro meses. Los partidos de oposición y de los grupos defensores de los derechos humanos se han manifestado en contra, pero la mayoría absoluta del partido gobernante en el Legislativo no deja margen de maniobra.
Ellacuría como símbolo
Los principales periódicos españoles citan este miércoles de forma masiva al vasco-salvadoreño Ignacio Ellacuría para ejemplificar la impunidad que se institucionalizaría si la reforma se aprobara.
“Casi veinte años después del asesinato de seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, y dos de sus empleadas en El Salvador en 1989, el juez Eloy Velasco admitió una querella contra catorce miembros del Ejército salvadoreño presuntamente implicados en esos asesinatos. El 30 de mayo de 2011, el magistrado ordenó la busca y captura de 20 militares salvadoreños acusados de asesinatos terroristas y lesa humanidad”, recuerda una información alojada en la web de Televisión Española.
“En estos momentos gracias a la legislación española sobre la justicia universal se tramitan en la Audiencia Nacional casos como (…) el asesinato de Ignacio Ellacuria. Estos casos quedarán archivados cuando entre en vigor como ley la proposición de ley defendida por el Partido Popular para restringir la aplicación de la norma de 1985 que ha sido modelo para toda Europa”, señala el artículo firmado por la periodista Anabel Díez en el diario El País.
“Con la entrada en vigor de la ley, los tribunales tendrán que archivar la docena de investigaciones en marcha en España y no podrán reabrirlas salvo que cumplan las nuevas exigencias. Eso supondrá el cierre definitivo de casos como el asesinato en El Salvador de Ignacio Ellacuría, el holocausto nazi, los vuelos secretos de la CIA, las torturas de Guantánamo o los genocidios de Ruanda o el Sáhara”, consigna el periódico El Correo, que se edita en Bilbao, muy cerca de Portugalete, la ciudad en la que nació Ignacio Ellacuría.
“La reforma auspiciada por el Partido Popular podría provocar también el sobreseimiento de la investigación del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas”, asevera en el diario Deia, también vasco.
¿En qué consiste la reforma?
La proposición de ley restringe las personas habilitadas para presentar querellas, así como las condiciones necesarias para que un juez español pueda investigar un delito ocurrido fuera de España. En el caso de delitos de “genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, los tribunales españoles podrán actuar solo cuando la denuncia vaya dirigida “contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España”.
El texto legislativo precisa aun más en el caso de torturas, puesto que también condiciona la acción de la justicia a que “la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español”.
Además, la nueva proposición de ley afirma que las querellas deberán ser presentadas exclusivamente “por el ministerio fiscal o la persona agraviada por el delito”, por lo que impide que sean las oenegés las que presenten las demandas.
Se trataría de la segunda vez que España restringe la aplicación de la jurisdicción universal de la justicia española, después que en 2009, tras un roce diplomático con Israel por la investigación de los bombardeos israelíes sobre Gaza en 2002, se limitó a casos en que existan víctimas españolas o los responsables sospechosos se encontraran en España. Esta primera reforma, sin embargo, no afectaba a la masacre de la UCA, ya que cinco de las ocho víctimas tenían pasaporte español.
Además de la masacre de los jesuitas, la Audiencia Nacional mantiene abiertas en la actualidad otros once procesos judiciales en los que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos fuera de España, y que le han generado al Gobierno español serios roces diplomáticos con países como China y Estados Unidos.
“Es una reforma muy querida por el Ministerio de Exteriores”, declaró a inicios de febrero el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, para quien la justicia universal “promete mucho pero al final nunca se consiguen nada más que conflictos”.
A los pies de Pekín
Para nadie ha pasado desapercibido que la propuesta haya llegado al Parlamento español apenas un día después de que un juez español emitiera una orden de detención internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, en el marco de una investigación sobre varios exresponsables chinos por la represión en el Tíbet, criticada por Pekín.
“China está profundamente descontenta y se opone enérgicamente a las acciones tomadas sin razón por las instituciones españolas”, declaró este martes en Pekín la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying.
“Ante las presiones de gobiernos que no han aceptado la competencia del Tribunal Penal Internacional y que presionan al gobierno de España para defender a sus nacionales, la respuesta terrible de España es una modificación de esta legislación para desproteger a los nacionales españoles”, aseguró la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Soraya Rodríguez.
Al igual que el Partido Socialista, el resto de los partidos de la oposición se opusieron, considerando que la modificación busca que casos como la muerte en 2003 del cámara de televisión, José Couso, por un obús estadounidense durante la guerra de Irak, queden impunes.
Si la proposición sale adelante, “España está contraviniendo las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlo”, afirmaron en una carta abierta Amnistía Internacional junto a otras 16 organizaciones no gubernamentales.
El Gobierno del FMLN protegió a los militares
El previsible cierre en Madrid de la causa contra el Estado Mayor de la Fuerza Armada que presuntamente ordenó la masacre de la UCA llega después de que el Estado salvadoreño demostró que no está dispuesto a colaborar con la Justicia española. Así quedó evidenciado a mediados de 2011 cuando el gobierno del presidente Mauricio Funes se negó a cumplir una orden internacional de captura girada por la Policía Internacional (Interpol).
Los militares contra los que el juez Velasco giró la orden de captura son Mariano Amaya Grimali, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos y Antonio Ramiro Aválos. La lista también incluyó el nombre de René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor en esa época, pero Ponce había fallecido el 2 de mayo de 2011.
Cuando los militares fueron requeridos, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, resguardó a los supuestos responsables de la masacre en el cuartel de la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, para que la Policía Nacional Civil no pudiera hacer efectiva la orden de captura.
Semanas después, una resolución de la Corte Suprema de Justicia resolvió que los militares no serían entregados a España, pero desde entonces se exponen a ser detenidos por las fuerzas de seguridad de terceros países si abandonan El Salvador.
