En la tarde del miércoles 7 de mayo, el fiscal general Luis Martínez colgó una fotografía en su cuenta oficial de la red social twitter (@luism_abogado) en la que se le ve reunido con dos fiscales, una mujer delgada, vestida con camisa azul y un hombre alto, fornido, de gorra. Al fondo de la imagen está el monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote (en Meanguera, Morazán, en el nororiente de El Salvador), bajo el cual yacen más de 400 osamentas. La mujer de la imagen es Dorila Márquez, hija, hermana, cuñada, tía de una familia que ya no existe. El hombre alto y fornido que carga una gorra es Orlando Márquez, hijo de un padre, una madre y hermano de tres pequeños niños, la menor de meses de nacida, que quedaron resumidos en un millar de huesos o fragmentos de hueso. Los huesos de la familia de Orlando, de hecho, han sido los últimos huesos que se han enterrado en el jardín que custodia ese monumento. Él los encontró en 2010 en una zanja que abrió cuando ampliaba su casa, y no fueron enterrados sino hasta en diciembre de 2013, luego de que fueran examinados por el Equipo de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal. Los expertos concluyeron que entre los huesos que encontró Orlando Márquez no solo estaba su familia, sino también huesos de otras siete personas.
Si el fiscal general aparece en esa foto frente a Orlando Márquez significa que ahora también él conoce de primera mano esta historia. Una historia que se remonta 33 años, en las vísperas de las navidades de 1981. Para esas fechas, el ejército salvadoreño desplegó un operativo en las montañas de la zona norte de Morazán cuyo objetivo era dar caza a las células guerrilleras y capturar a la Radio Venceremos, la mítica estación radial, clandestina, de la guerrilla salvadoreña. Soldados de la Tercera Brigada de San Miguel, del Destacamento Militar Número 4 de San Francisco Gotera y del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl participaron en ese operativo, que arrancó el 8 de diciembre y finalizó el 19. En el segundo y cuarto día, las tropas arrasaron con ocho caseríos, entre ellos El Mozote, en el que se habían congregado alrededor de 600 personas que huían de los cantones y caseríos aledaños. En enero de 1982, dos periodistas (una del Washington Post y otro del New York Times) visitaron El Mozote. Y lo que encontraron ahí fue una masacre. 33 años después un fiscal general de la República pone un pie en El Mozote. Y en la foto que lo comprueba, ese fiscal escribe un mensaje enigmático: “El Mozote una confusión de un país que no encontraba su camino”.
Un tweet más tarde, en otra foto en la que se le ve rodeado por Orlando Márquez y otro grupo de mujeres, con el monumento a las víctimas arañándole la espalda, añade: “la FGR dispuesta a hacer triunfar la justicia”.
Y todavía dos tweets después, en un primer plano en el que se le ve conversar con el criminalista Israel Ticas, el especialista que la Fiscalía utiliza para realizar las exhumaciones en pozos de la muerte o cementerios clandestinos, Luis Martínez añade otra mensaje comprometido: “En El Mozote para que no vacile la Fe en la justicia”.
En total, el Fiscal subió 12 fotografías con 12 mensajes sobre lo que se presume es el preámbulo de la reapertura del caso por la masacre en El Mozote y otros siete caseríos aledaños, que ya lleva 33 años sin justicia. En la última fotografía, se ve el torso del fiscal hincado frente al altar de le ermita en El Mozote, elevando una plegaria al cielo.
Este acto supone una primera confirmación del viraje que la Fiscalía de Martínez anunció en septiembre de 2013, cuando a través de un vocero se informó que se investigaría a la masacre de El Mozote para deducir responsabilidades penales. La visita del fiscal a El Mozote ocurre también tres meses después de que la Corte Suprema de Justicia desplegara al Instituto de Medicina Legal en una visita similar a la que hoy hace la Fiscalía: un primer acercamiento para arrancar con las investigaciones y exhumaciones que permitan investigar qué ocurrió en la zona y perseguir a los responsables de la masacre. En enero de 2014, una semana después de la visita de campo que hiciera el IML (acompañado por antropólogos forenses de Argentina, Bosnia, Estados Unidos y Guatemala que participarían en las exhumaciones, según el plan de la Corte), el fiscal general informó que la Fiscalía también estaba moviendo sus hilos, y publicó en su cuenta de twitter una reunión sostenida con el presidente de la CSJ, Florentín Meléndez.
A la fecha, ni la CSJ ni la Fiscalía han informado de un calendario para la reapertura del caso, y el director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, dijo a El Faro que todavía no hay fechas para el trabajo en conjunto que tendría que realizarse en los lugares en los que ocurrieron las masacres. “Pero sí sé que hay coordinaciones a nivel de la presidencia de la Corte y el Fiscal General en este tema. De hecho, la otra semana hemos sido convocados a una reunión en donde creo se nos informará algo al respecto”, dijo el director del IML.
Entre el IML y le FGR ha existido desde hace varios años una diferencia marcada por el control de los procesos de exhumaciones, en aquellos casos de la violencia actual en la que se investigan y procesan escenas de cementerios clandestinos, la mayoría de ellos cementerios en los que yacen víctimas de pandillas. En los casos de gran trascendencia, los casos sonados, la Fiscalía casi siempre prefiere utilizar los servicios de Israel Ticas, un criminalista que ha ganado notoriedad por desenterrar osamentas y sumergirse en pozos donde yacen cuerpos putrefactos. Por el otro lado, Medicina Legal cuenta con un equipo de dos antropólogos forenses y dos auxiliares técnicos avalados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), famoso por exhumar a las víctimas de la dictadura Argentina, y luego por recorrer Latinoamérica desenterrando a las víctimas de las dictaduras y guerras de los años 70 y 80. Este equipo, para el caso, lideró las exhumaciones en El Mozote de los años 1992 y 1993, antes de que el caso fuera cerrado por un juez.
Más allá de cuál de los equipos cuenta con más experiencia o está mejor capacitado para dirigir una nueva ola de exhumaciones, ambas instituciones tendrían que trabajar de la mano para evitar que aquellos que salgan sindicados en un eventual proceso judicial pidan la desestimación de las investigaciones. La Fiscalía correría ese peligro si trabaja solo con su equipo, dirigido por Israel Ticas, y se desliga de la participación del IML en las exhumaciones. Según la ley penal, aunque es la Fiscalía la que dirige el manejo de la escena de un delito, es el IML el único ente que puede procesar exhumaciones.
Wilfredo Medrano, exsubdirector de la desaparecida Oficina de Tutela Legal de Arzobispado, y uno de los dos abogados que representan a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dijo a El Faro que esta visita se circunscribe en un acercamiento de la Fiscalía a las víctimas, y que se está a la espera de resultados concretos. “Esto tiene que ser un compromiso real para hacer justicia y no solo esa visita”, dijo.
Tanto la Corte Suprema como la Fiscalía se han visto forzados a movilizarse tras el fallo condenatorio contra el Estado salvadoreño promulgado a finales de 2012 por la Corte IDH. Luego de que la investigación de la masacre fuera archivada por el juez de paz de San Francisco Gotera, en 1994 (amparándose en la ley de amnistía promulgada en marzo de 1993), los sobrevivientes de la masacre y los familiares de las víctimas iniciaron una batalla legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego ante la Corte, que falló a favor de las víctimas y condenó al Estado por el cometimiento, ocultación y denegación de justicia en este caso. La masacre de El Mozote (se le conoce así porque en ese caserío se encontró a la mayor cantidad de víctimas) es una de las peores masacres contra población civil ocurrida en los últimos 50 años en América Latina, debido al número de víctimas.
La Secretaría Técnica de la Presidencia junto a la Oficina de Derechos Humanos de la Cancillería todavía afinan la lista oficial de víctimas, que según los informes de la desaparecida oficina Tutela Legal del Arzobispado ronda el millar de salvadoreños, la mitad de ellos menores de edad. En el fallo de la Corte Interamericana se individualizan más de 400 personas, y se exige se haga un censo oficial del total de víctimas. Para eso hacen falta las exhumciones.
La visita del fiscal a El Mozote, ironías del calendario, ocurrió en el 190o. aniversario del día de la Fuerza Armada. De hecho, su primer tweet el 7 de mayo fue: “Un saludo al valiente soldado salvadoreño”. Luego estaría en El Mozote, apenas unas horas después de que el presidente Mauricio Funes y el general David Munguía Payés pasaran revista a las tropas y celebraran el vuelo de los antiguos aviones A-37 comprados en 2013 a la Fuera Aérea de Chile por casi 9 millones de dólares. Ese modelo de aviones, construidos en la década de los 60, son los que ocupó el ejército salvadoreño para bombardear pueblos y caseríos como El Mozote, bajo la sospecha de que ahí se escondían guerrilleros.
Ese ejército, el que Mauricio Funes dentro de poco dejará de comandar, desatendió el llamado del presidente para dejar de honrar a uno de los comandantes de la masacre en el Mozote, el desaparecido coronel Domingo Monterrosa. A inicios de 2012, Funes pidió perdón cerca del mismo monumento que ahora visitó el fiscal Martínez. Y luego dijo a su ejército que dejara de honrar a Monterrosa. Pero el ejército le hizo poco caso, montó una comisión para investigar la orden de su comandante y le entregó sus conclusiones. Mientras, en el museo militar, en la Tercera Brigada y en el Destacamento Militar Número 3, en La Unión, a Domingo Monterrosa se le rinde homenaje incluso con bustos y consignas. La Tercera Brigada aún continúa llevando su nombre. Luego de los análisis que el ejército hizo sobre la orden de su comandante, en 2013 Funes concluyó que él no había ordenado lo que ordenó. 'Yo no prometí quitar el nombre de los destacamentos militares', dijo en diciembre de 2013.
