Lorena Peña: “La CICIG no ha parado el narcotráfico, la guerra interna, ni la corrupción"
En pleno debate nacional sobre la necesidad de una comisión transnacional de apoyo en la lucha contra la corrupción, Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, cuestionó la utilidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), utilizando conceptos ajenos al mandato de la institución. Al consultar con las fuentes más fidedignas, El Faro concluye que la frase de la parlamentaria es engañosa.
Fátima Peña
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, dio esta declaración en la entrevista matutina de TCS, Frente a Frente, el 13 de julio de 2015. Según la diputada del FMLN, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) no ha logrado mermar los grandes problemas que afectan a Guatemala. “¿De qué sirve la tal CICIG en Guatemala?", se preguntó la presidenta del parlmento salvadoreño, e inmediatamente se respondió ella misma: "No han parado el narcotráfico, no han parado la guerra interna, no han parado la corrupción”, dijo.
La CICIG fue creada en diciembre de 2006 mediante un convenio entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala, aunque comenzó a operar en agosto de 2007 luego de que el parlamento ratificara su conformación. El mandato principal de la CICIG es ayudar a desmantelar los cuerpos ilegales de seguridad que operan en el territorio guatemalteco desde que inició el conflicto armado en 1960. Entre las funciones de la CICIG también está apoyar al Ministerio Público en las investigaciones de casos de corrupción, financiamiento ilícito de partidos políticos, contrabando y violaciones a los Derechos Humanos.
En abril de este año, la CICIG acusó a Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la exvicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti, de ser el líder de “La línea”, una banda que se dedicaba a desfalcar al fisco. Luego de esta acusación, y de una fuerte presión de la ciudadanìa que se manifestó en las calles por varios días, la vicepresidenta presentó su renuncia a Otto Pérez Molina.
Dos semanas antes de la renuncia de Baldetti, el presidente Otto Pérez Molina claudicó en sus intenciones para clausurar a la CICIG y pidió a la ONU que extendiera el mandato de la Comisión por dos años más. “He tomado la decisión atendiendo la recomendación de la instancia coordinadora del sector Justicia de solicitar la ampliación de la CICIG", dijo el mandatario. Lo último que había mencionado sobre la posibilidad de la extensión del mandato de la CICIG era que esta ya no era necesaria. A diferencia de la parlamentaria salvadoreña, Pérez Molina cree que esa institución sí es útil para Guatemala. "Estoy convencido de que el país atraviesa momentos cruciales y se está avanzando en hacer una limpieza de diferentes estructuras”, aseguró el presidente.
El pasado 7 de julio, en una visita a Honduras y El Salvador, el secretario del Departamento de Estado, Thomas Shannon, sugirió a ambos gobiernos que sería “inteligente” buscar ayuda de la comunidad internacional para establecer un mecanismo similar a la CICIG. Ya en marzo de este año Joe Biden, vicepresidente estadounidense, había dicho que el mandato de la CICIG debía ampliarse por dos años más. “La impunidad es un problema gigante en el triángulo norte y punto, por eso la continuidad de la CICIG es muy importante”, declaró Biden.
El Faro pidió a tres periodistas guatemaltecos que hicieran una valoración del trabajo de la CICIG desde que entró en funcionamiento hasta la actualidad. Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico Nómada.gt aclara, en primer lugar, que “la CICIG es un instrumento guatemalteco para combatir la impunidad que generan estructuras ligadas al Estado. No es para combatir la guerra interna que se acabó en 1990”. De igual forma, Enrique Naveda, director del periódico Plaza Pública, indicó que Lorena Peña se equivoca al afirmar que la CICIG tiene por mandato acabar con el narcotráfico. “El mandato de la CICIG no es detener el narcotráfico ni ninguna guerra interna. Su mandato es investigar y contribuir a desarticular cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Es decir, un mandato bastante alejado de lo que la política refiere”, subraya Naveda.
Con respecto al narcotráfico, Rodríguez afirma que las investigaciones de la CICIG han contribuido a desarticular a varios grupos de crimen organizado en Guatemala, aunque no sea este su mandato principal. “La sociedad civil y funcionarios de Guatemala se dieron cuenta que era muy difícil combatir al crimen organizado que estaba alrededor del Estado. Entonces pensaron que la única forma de hacerlo era inventando una comisión que funcionara con financiamiento extranjero, con investigadores latinoamericanos y guatemaltecos, y que así se pudiera juzgar en tribunales guatemaltecos a estas mafias”, asegura Rodríguez. Entre los casos que ha trabajado la CICIG se encuentra el “caso Pavón”. Este estaba relacionado a una estructura de “limpieza social” al interior de la Policía guatemalteca. Según las investigaciones realizadas por la CICIG "se creó e integró una estructura paralela dentro del Estado que tuvo el poder de ejecutar extrajudicialmente a quien ellos consideraban 'lacras' y 'enemigos de la sociedad'. Este grupo utilizó todo el poder y la maquinaria del Estado para llevar a cabo su actuar delictivo, y al mismo tiempo lograr la impunidad de sus actos a sabiendas de que los mismos estaban fuera de la ley".
Además, Rodríguez destaca los aportes de la CICIG en la lucha contra la corrupción. “Llevamos tres meses en los que la CICIG ha desmantelado el gobierno de Otto Pérez Molina a fuerza de investigaciones de corrupción. Tuvo que renunciar la vicepresidenta. Está preso la mano derecha de Pérez Molina, que era presidente del Instituto de Seguridad Social”, comenta. En esta misma línea, Naveda también agrega que es difícil determinar si ha disminuido o no la corrupción, pero que ciertamente el índice de percepción de corrupción se ha mantenido estable desde que entró en funcionamiento la CICIG en 2007. En Guatemala, hasta el 2014, el índice de percepción de la corrupción era de 32 puntos en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (nada corrupto) en comparación con El Salvador que tiene 39 puntos en este mismo índice.
“Desde la llegada del Comisionado Iván Velázquez en 2013, el trabajo parece haberse concentrado menos en investigaciones emblemáticas pero aisladas y más en una combinación de persecuciones que tocan simultáneamente muchos puntos clave del sistema (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios, cárceles, evasión tributaria, etcétera) y a redes y estructuras político-económicas cuyo desmantelamiento simultáneo podría minar no solo la corrupción sino muchos otros delitos y crímenes. En resumen, reducir la impunidad", sentencia Naveda.
Alejandra Gutiérrez Valdizán, editora de Plaza Pública, está convencida de que la CICIG ha sido beneficiosa para Guatemala. "No es la panacea, se requiere de esfuerzos de muchos sectores, de diversidad de acciones que promuevan la eliminación de la impunidad, y la corrupción y la protección de los derechos humanos; pero esta Comisión parece ser, por el momento, un excelente aliado para lograr algunos cambios positivos".
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización que se dedica a la promoción de los Derechos Humanos, afirma en un informe realizado en marzo de este año que “la CICIG ha logrado resultados trascendentales”. En dicho informe, consultado por El Faro, WOLA señala que “la Comisión ha logrado la aprobación e implementación de importantes reformas legislativas, la provisión de instrumentos fundamentales de los que carecían las instituciones para la persecución del crimen organizado y la remoción de funcionarios públicos coludidos con estructuras criminales y de corrupción”.
Roberto Burgos, abogado salvadoreño, especialista en Derechos Humanos, también cree que la CICIG ha sido un instrumento importante para combatir la impunidad en Guatemala ya que “ha participado en el procesamiento de personajes civiles o militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y ha logrado que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia de muchos guatemaltecos”, comenta Burgos. La CICIG ha logrado judicializar alrededor de 20 casos y su mandato finalizará hasta el año 2017 a petición del gobierno guatemalteco.
La importancia de la CICIG en Guatemala ha sido tal que incluso el gobierno de El Salvador intentó crear una institución de similares características en El Salvador. Burgos cuenta que en el año 2010, cuando él se desempeñaba como asesor de la entonces inspectora general de la Policía Nacional Civil (PNC), Zaira Navas, el exministro de justicia y seguridad, Manuel Melgar, les pidió hacer un estudio sobre la viabilidad de crear una especie de CICIG para El Salvador. “Tuvimos varias reuniones con una abogada costarricense que trabajaba para la CICIG y comenzamos a elaborar un bosquejo de lo que sería la comisión para El Salvador”, sostiene Burgos. Este proceso, en el que también participó la Cancillería de El Salvador, fue suspendido y nunca más retomado por el gobierno del expresidente Mauricio Funes.
Según Burgos, la CICIG salvadoreña iba a tener dos funciones principales: enfrentar e investigar crimen organizado y la infiltración en los cuerpos de seguridad de las redes criminales transnacionales. Además, esta comisión tendría por misión combatir la impunidad de los graves casos de violaciones a los derechos humanos que estaban incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad.
El Faro considera que la declaración de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, es engañosa, pues intencionalmente o no, la información ha sido manipulada de tal forma que pueda interpretarse que la CICIG incumple responsabilidades que en realidad no tiene.