A finales de septiembre de 2014, mientras el país culminaba las fiestas cívicas del mes patrio, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ordenó a Presidencia de la República resguardar la información sobre los gastos en publicidad y viajes del expresidente Mauricio Funes con copias de seguridad. El IAIP dio esta orden luego de haber escuchado los temores de un par de abogados querellantes, quienes decían que existía la posibilidad de que la información fuera sustraída, extraviada, ocultada o destruida. Cuando Pavel Cruz, el oficial de información de la casa presidencial recibió esa orden, respondió con una protesta en un escrito de revocatoria fechado el 25 de septiembre. Según se desprende del argumento que Cruz elaboró en esa respuesta, no había pruebas objetivas que justificaran hacer ese resguardo ni que comprobaran la existencia de empleados 'poco afectos al derecho a la información' en la casa presidencial.
Un año más tarde, lo que Pavel Cruz creía que no podía pasar, ha pasado. En una respuesta ante un proceso de amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional, el presidente Salvador Sánchez Cerén informó a la Sala que la información de los gastos de viajes del expresidente Funes 'no pudo ser encontrada'. Para tratar de entender cómo es que ha desaparecido esa información quizá haya que retroceder en el tiempo hasta aquel escrito del oficial de información de casa presidencial.
En aquella revocatoria de septiembre de 2014, Cruz se quejaba de que el IAIP diera por ciertas las insinuaciones que dos abogados querellantes le habían expuesto sobre el posible peligro de destrucción u ocultamiento de la información relativa a los gastos en publicidad y viajes del expresidente Mauricio Funes. Desde hacía varios meses, los abogados Roberto Burgos y Xenia Hernández habían emprendido una batalla para que se revelara y se transparentara el gasto de publicidad, viajes y actos protocalarios del gobierno de Funes, declarados como información reservada por la Presidencia.
Luego de que el IAIP respaldara el miedo de los querellantes, y ordenara que la información fuera resguardada con copias de seguridad, Pavel Cruz le escribió al IAIP diciéndole que cómo era posible que alguien se atreviera a insinuar que en la Presidencia de la República podía haber gente interesada en alterar e incluso destruir información.
'Aducir que podrían existir empleados dentro de esta institución poco afectos al derecho de acceso a la información no es un elemento objetivo, comprobable y sujeto a la lógica y experiencia que sirva -siquiera- como indicio para acreditar el posible peligro de la destrucción o alteración de la información', escribió Cruz.
Cruz, que también es apoderado del presidente Salvador Sánchez Cerén, exigió a los comisionados del IAIP que la medida de protección y de resguardo de la información no fuese ordenada, porque no había peligro de que la información desapareciera, pero el Instituto no compró el argumento. Dos meses después, reiteró la orden de resguardo para esos documentos. 'El 4 de diciembre comunicamos a la Presidencia que la apelación y la orden de adoptar medidas de seguridad seguían vigentes y que debían obedecer lo dispuesto', dijo a El Faro el comisionado Jaime Campos.
Al final, el caso en el IAIP terminó con dos resoluciones relevantes. Una, para detrimento de los abogados peticionarios, favoreció a la política del secretismo de la Presidencia respecto a esos gastos: la información seguiría inaccesible para la ciudadanía con el sello de información reservada. El IAIP, sin embargo, mantuvo la orden de pedir el resguardo de esas información, y la Presidencia terminó comprometiéndose para cumplirla. Pavel Cruz le aseguró a los comisionados del IAIP que la documentación no corría peligro. O al menos eso es lo que él pensaba.
El 18 de diciembre de 2014, Pavel Cruz informó que la información había sido resguarda y que incluso había sido elaborada una copia de seguridad. En otras palabras, la institución garantizaba su cuido apropiado. 'He sido informado por las unidades administrativas correspondientes que se han tomado las medidas de resguardo y copia de seguridad de la información que obra en poder de este ente obligado', dice ese otro escrito firmado por Pavel Cruz y entregado al IAIP a finales de ese año.
Pero un año más tarde, el 19 de enero de 2016, la Sala de lo Constitucional dio una nueva orden a la Presidencia de la República referente al manejo y conocimiento de esa información que según Cruz estaba protegida en casa presidencial. La Sala entró al debate sobre la máxima publicidad o no de los gastos de los viajes y publicidad de la presidencia de Funes luego de que un ciudadano retomara la batalla perdida de los querellantes Burgos y Hernández. El ciudadano Herbert Danilo Vega Cruz interpuso un proceso de amparo para que se haga pública esa información, y mientras llega el fallo, la Sala exigió a Presidencia el cuido de esa información, pero también una copia de la documentación. Una copia que -según lo que había dicho un año atrás Pavel Cruz-, debería haber estado resguardada en algún sitio de la casa presidencial... O al menos eso es lo que él creía.
El presidente Salvador Sánchez Cerén contestó en febrero de 2016 a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que no podía darles una copia de la documentación, porque la información (de viajes del expresidente Funes y de gastos protocolarios) 'no pudo ser encontrada'.
El presidente de la República contestó a través de su secretario de asuntos jurídicos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que “se han revisado detenidamente los archivos de esta Secretaría sin encontrar información relativa a los viajes –incluyendo la logística de seguridad y transporte– efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama, en Misiones Internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014”.
Ante la divulgación sobre el extravío de la información, dos funcionarios públicos han salido a negar la versión del presidente Sánchez Cerén. El secretario de participación ciudadana y anticorrupción, Marcos Rodríguez, negó el extravío de la información un día después que la noticia se hiciera pública. 'Este gobierno no perdió ningún documento del anterior. Simplemente no los encontró', dijo Rodríguez en su cuenta de Twitter. El 1 de marzo fue el turno de Eugenio Chicas -vocero de Presidencia- para negar el extravío. 'Nadie ha perdido información (...) En los plazos establecidos por la Sala de lo Constitucional estaremos prestos a entregar la información de que dispongan nuestros archivos. No tenemos reporte de ninguna pérdida y de ningún extravío de información', dijo Chicas.
¿Qué se hizo la información que según Pavel Cruz estaba bien resguardada con copias de seguridad? ¿Cómo se explica que si según Sánchez Cerén la información 'no pudo ser encontrada', dos de sus secretarios nieguen que se haya perdido?
La Sala de lo Constitucional ha dado un plazo de tres días antes de notificar a la Fiscalía General de la República para que esta determine si se ha cometido un delito con esa información que no pudo ser encontrada, pero que no se ha perdido ni extraviado. También el IAIP evaluará si se configura una falta muy grave, contenida en el artículo 76 de la LAIP: 'sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar parcial o totalmente la información'.
Según el comisionado Campos, de configurarse esta infracción muy grave iniciarán un proceso para individualizar quiénes -con nombre y apellido- tenían la responsabilidad de cuidar la información para determinar la sanción respectiva, que puede ser entre 20 y 40 salarios mínimos (entre 5 mil y 10 mil dólares, aproximadamente).
En su notificación, la Sala de lo Constitucional también critica la pasividad del IAIP a la hora de monitorear si Presidencia resguardó o no la información, como lo aseguró el oficial Pavel Cruz en diciembre de 2014. Según el comisionado Campos, no verificaron de forma directa que se cumpliera esa medida porque la ley no les faculta para pedir una copia de seguridad de la información cuando esta ha sido clasificado como reservada.
-¿Qué medidas tomaron para verificar que Presidencia no había cumplido la medida cautelar? -preguntó El Faro.
Campos responde:
-Ninguna. Porque esto se presume cierto. No tenemos por qué desconfiar que las medidas se han adoptado. Desde el momento que una autoridad declara que ha cumplido una resolución, dado que el principio se basa en la buena fe de las partes, no tenemos por qué dudar de que se han adoptado las medidas.
El IAIP confió en Pavel Cruz y Pavel Cruz confió en todos los empleados de casa presidencial.
