Mayteé Iraheta llegó a la Asamblea Legislativa como si fuera a una misa dominical: un traje rosa pastel, el pelo recogido en moño, grandes aretes plateados y una camándula con una medallita alrededor de su cuello. La joven diputada Iraheta -diputada de Arena por el departamento de Sonsonate desde 2015-, caminó hasta la ventanilla de las correspondencias, acuerpada por Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación Sí a la Vida, la organización que mejor representa al conservadurismo salvadoreño. En junio de 2008, Sí a la Vida logró que los 84 diputados de la Asamblea, incluidos los del FMLN, firmaran 'el libro de la vida', una iniciativa de recolección de firmas a nivel regional para protestar en contra del aborto.
La procesión de la diputada Iraheta ocurrió el 15 de noviembre y terminó frente a la ventanilla de recepción de correspondencias oficiales de la la Asamblea. Allí, la diputada presentó un escrito en el que pide a la comisión de legislación y puntos constitucionales que retome en su agenda el acuerdo número dos del año 2015. Eso que ella quiere rescatar del archivo legislativo es una ratificación para que la figura del matrimonio sea cosa de hombres con mujeres y viceversa.
'Queremos que quede de manera explícita que el matrimonio es entre mujer y hombre, y que la adopción también la podrán realizar mujer y hombre así nacidos. Esas son las palabras clave de esta reforma: así nacidos', dijo la diputada. Detrás de ella estaba la cola de su procesión: representantes de la iglesia católica, pastores de iglesias evangélicas, miembros de Sí a la Vida y otros cuatro diputados de Arena: Ricardo Velásquez Parker, Bonner Jiménez, el general en retiro Mauricio Vargas y Ricardo Godoy.
Los legisladores de Arena presentaron esta solicitud cuatro días después de que el abogado Herman Duarte presentara en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra cuatro artículos del Código de Familia. Según Duarte, estos artículos restringen la institución matrimonial de forma discriminatoria contra las parejas del mismo sexo. Consultada sobre si su performance responde a esta demanda, la diputada intenta desligarse de la coyuntura. 'Esta acción en la que han venido cada una de estas personas no es una respuesta a una reciente solicitud a la Sala. No es una respuesta', negó dos veces Iraheta. 'Esto es una solicitud de ratificación a un acuerdo del año 2015', argumentó.
El 16 de abril de 2015, un mes y medio después de las elecciones legislativas, 47 diputados (de Arena, GANA, PCN, PDC y CD) dieron sus votos para reformar tres artículos de la Constitución: los artículos 32, 33 y 34. Básicamente la reforma agrega como requisito para el matrimonio que los contrayentes sean 'hombre y mujer así nacidos'. En esa reforma, los postulantes plantearon que 'se prohíbe la adopción por parejas de un mismo sexo'.
Para que una reforma a la Constitución cobre vida, un periodo legislativo debe aprobar la reforma, y un segundo periodo legislativo debe ratificarla. La edición antimatrimonio igualitario de 2015 fue solo una más en la reciente historia política del parlamento salvadoreño. En abril de 2009, la Asamblea Legislativa llegó a un acuerdo similar que también se frustró en la legislatura 2012-2015.
El Salvador es un país que promedia, hasta la mitad de noviembre, 15 homicidios diarios; es un país en el que aborto está prohibido en todas sus formas; vive una crisis fiscal que tiene al Estado coqueteando con el impago; tiene un gobierno que mes a mes regatea las pensiones a su población jubilada; que invierte el 3.47 % de su PIB en Educación, en lugar del 6 %, como prometió el actual presidente. También es un país cuyo sector de Salud está en un vivo conflicto por el mantenimiento del escalafón salarial para sus trabajadores. En un país con estas características, la diputada Mayteé Iraheta pidió a la Asamblea que blinde al matrimonio para el hombre y mujer así nacidos.
Entre el coro de los simpatizantes con la causa de la diputada Iraheta estaba el diputado Velásquez Parker, famoso por haber propuesto, en julio de este año, que las mujeres y los médicos encontrados culpables de un aborto paguen penas de entre 30 y 50 años de cárcel. Cuando a Velásquez Parker se le pidió que explicitara sus argumentos para defender que el matrimonio solo puede ser para los hombres y mujeres así nacidos, él respondió que lo suyo eran argumentos 'técnicos, antropológicos e históricos'.
Al pedirle esos argumentos técnicos, el diputado Parker se saltó al origen lingüístico del término. 'La palabra matrimonio es una palabra compuesta entre matrim y monium (Sic.). Matrim (Sic.), la madre; monium (Sic.), lo relativo a. Lo relativo a la madre. Fue concebido, precisamente, como un mecanismo jurídico de protección a aquella que queda en la forma más vulnerable, limitada en su desplazamiento cuando se convierte en madre', dijo Velásquez Párker. 'El matrimonio precisamente de esa protección a la madre. ¿Qué unión entre dos personas del mismo sexo puede producir maternidad? Cuando puedan lograr eso, jeje, en la biología o en la ciencia, a lo mejor jurídicamente tendremos que evaluarlo', añadió.
Cuando El Faro le hizo ver al diputado que con esa definición se deja fuera del matrimonio a las parejas que no procrean, la diputada Iraheta corrigió a su compañero. 'No estamos dando opiniones diversas . No podemos decir que por esa raíz etimológica vamos a invalidar los matrimonios internacionales. No nos compete. No es nuestra capacidad jurídica. Somos un país soberano. Definitivamente no podemos generalizar de esa explicación etimológica a la reflexión', dijo.
En Arena hay opiniones muy diversas. En octubre de 2015, el diputado Johnny Wright dijo a El Faro que 'La comunidad LGBTI tiene igual derecho al matrimonio que la población heterosexual'.
Velásquez Parker no quiso quedarse callado y al final también intervino, pero no para contestar la pregunta sino para ahondar en otro punto de la propuesta: la prohibición de adopción a parejas homosexuales.
'Padre es aquel que puede concebir, padre es aquel que puede dar a luz, madre es aquella que puede dar a luz. Por lo tanto, esas situaciones de la cultura occidental que son fundamentales no caben en un debate ideológico de lo políticamente correcto porque son nuestras tradiciones, es nuestro pueblo el que así ha decidido constituirse', dijo el diputado.
Para la diputada Iraheta, su cruzada también busca defender al país 'de cualquier ideología que en otros países globalizados se estén llevando a cabo en este momento'.
'Cada uno de nosotros tenemos libertades y esas libertades hay que respetarlas. Con mucho respeto hemos venido nosotros esta mañana a externar esta solicitud. No estamos intentando ofender ni agredir absolutamente a nadie', añadió Iraheta, quien antes de ser diputada trabajaba como presentadora de un programa matutino en el canal católico Agape TV, y antes de eso fue reina de belleza.
El Faro le hizo ver a la Diputada que hay quienes opinan que la figura del matrimonio es un asunto de derechos civiles. ¿Cómo ustedes piensan responder a estos argumentos?, preguntó este periódico.
'En El Salvador, nuestra legislación no es discriminatoria. Todos nos podemos casar y tenemos derecho a casarnos conforme a las leyes. Y el artículo 11 del Código de Familia establece el matrimonio como esa unión legal entre hombre y mujer. Conforme a las leyes, todos nos podemos casar, todos podemos contraer ese matrimonio. Pero eso es lo que establece nuestra legislación actual', respondió Iraheta.
Para analizar el matrimonio desde la visión de los derechos civiles, la diputada, que también es abogada, expuso: 'Usted hablaba sobre el tema de los derechos civiles... En el derecho privado pueden realizarse los acuerdos que dos partes quieran realizar. Si un carro quieren que sea propiedad de dos personas, si queremos que una vivienda sea compartida por dos personas, que mis bienes queden a nombre de alguien, se puede llevar a cabo. (...) Así que estas personas se pueden amparar desde ya en el derecho privado, sin necesidad de buscar el matrimonio como una institución jurídica, concebida entre hombre y mujer así nacidos', dijo.
Erick Iván Ortiz, coordinador institucional del Colectivo Normal, una asociación defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, analiza las respuesta de la diputada y comenta que cuando ella dice que 'cada uno de nosotros tenemos libertades y esas libertades hay que respetarlas' se está en lo correcto. Sin embargo, para Ortiz es clara la contradicción en la que cae la diputada Iraheta.
'La Constitución de la República en su artículo 1 obliga al Estado salvadoreño a asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad. La contradicción entre la propuesta de reforma, sus palabras y la Constitución es, por tanto, evidente. Quizás porque hablan solo de las libertades que les convienen', dice Ortiz.
Cuando El Faro expuso a Ortiz el argumento sobre el derecho privado que expuso la legisladora, Ortiz dice: 'Es cierto, el derecho privado permite superar todo lo expuesto, pero la pregunta aquí es ¿por qué los heterosexuales tienen una vía expedita, a través de la institucionalidad del matrimonio, para acceder a estos beneficios? ¿Por qué segregar a la población homosexual?'.
