La Corte Suprema de Justicia envió este martes 7 de febrero a juicio por enriquecimiento ilícito por 165 mil 263 dólares al abogado Agustín García Calderón, quien fuera el último magistrado que ejerciera durante nueve años el cargo de presidente del Órgano Judicial -entre 2000 y 2009-, y que así llega a engrosar una lista de funcionarios y exfuncionarios procesados civilmente por el mismo motivo en la que destacan los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca, y varios diputados.
La decisión de la Corte, que instruye a la Cámara Primera de San Salvador a juzgar al expresidente de la institución, se tomó con el respaldo mínimo necesario: solo ocho de los 15 magistrados votaron en favor.
La sección de Probidad de la Corte es la oficina a la que en 2005 la administración de Agustín García Calderón ató de manos y concluye que este exmagistrado no justificó el origen de 62 mil dólares en depósitos en sus cuentas bancarias adicionales a sus honorarios, otros 25 mil 688 dólares de un seguro de vida internacional, 55 mil 318 en depósitos bancarios adicionales a los ingresos producto de su pensión tras dejar el cargo en 2009, y 22 mil dólares adicionales con los que García Calderón pagó dos automotores sin que ninguna de sus cuentas bancarias registrase movimiento.
El documento discutido por los magistrados contiene una adenda en la que consta que American Fideliti Asuranse Company hizo un depósito de 25 mil dólares en concepto de ahorro por seguro de vida cuyas primas fueron pagadas con fondos de la Corte Suprema de Justicia. Probidad concluye que existe evidencia de que este seguro siguió el proceso de contratación de acuerdo a la ley y que 'en todo caso, este rescate debería ser depositado en cuentas de la Corte Suprema de Justicia ya que es ella quien pagó las primas de los seguros'.
Esta es la primera resolución que examina las declaraciones juradas de patrimonio de un exmagistrado, que presidió la Corte durante tres períodos consecutivos gracias esencialmente al impulso del entonces partido de gobierno, Arena.
La resolución careció del apoyo de los magistrados Ovidio Bonilla, Florentín Meléndez, Leonardo Ramírez Murcia, Elsy Dueñas, Sergio Luis Rivera y Juan Miguel Bolaños, magistrado suplente.
García Calderón -que apoyó la candidatura presidencial de Antonio Saca en 2014- frenó las investigaciones de Probidad en mayo de 2005, cuando impulsó junto a otros magistrados de la Corte un bloqueo a Probidad solicitado por los bancos Salvadoreño, Agrícola y Cuscatlán, a los que la oficina aplicadora de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito había pedido informes sobre Flores y varios exmiministros. La Corte decidió que, a partir de ese momento, si Probidad requería información bancaria sobre funcionarios o exfuncionarios para hacer sus investigaciones, tendría que hacerlo por medio del máximo tribunal.
Probidad, dirigida por José Eduardo Cáceres, había detectado crecimientos injustificados en el patrimonio de Flores y una docena de exfuncionarios de su administración, y había solicitado a los bancos mencionados informes sobre las cuentas del exmandatario, de su esposa, Lourdes de Flores, y de exfuncionarios como la exministra de Relaciones Exteriores María Eugenia Brizuela de Ávila, el exministro de Hacienda y ex secretario técnico de la Presidencia Juan José Daboub, el exministro de Economía Miguel Lacayo Argüello y el exviceministro de Obras Públicas Carlos Mauricio Duque.
Desde entonces, Probidad quedó virtualmente paralizada y solo volvió a activarse hasta 2015, cuando gracias a una decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública y a una renovación de la Corte Suprema de Justicia, reinició su tarea de investigación que culminó con las primeras versiones públicas de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios y con los primeros informes con presunción de enriquecimiento ilícito. En 2015, tras más de medio siglo de vigencia de la Ley sobre enriquecimiento ilícito, por primera vez la Corte Suprema ordenó juicio por dicho motivo contra varios funcionarios.
García Calderón dejó el cargo en 2009, no sin sobresaltos. A escasos días de que expirara su mandato de nueve años, renunció junto a otros magistrados para llevarse en conjunto más de 120 mil dólares en concepto de bono 'por retiro' que, si solo hubieran dejado que su período caducara, no habrían obtenido. El examen de Probidad a los activos de García Calderón registra aquel episodio así: 'Recibió una bonificación por retiro de carrera judicial' por 28 mil 283 dólares.
En 2010, El Faro preguntó al abogado si creía que era ético retirarse de un cargo de nueve años una semana antes de que el nombramiento expirara solo para tener derecho a la bonificación, y García Calderón defendió su decisión: 'Sí, porque es legal', dijo. Sobre su decisión de quitar a Probidad la libertad de solicitar directamente a la banca informes sobre cuentas bancarias dijo que esa atribución era un 'abuso de ley'.
Otro señalamiento que pesa sobre la gestión de este exfuncionario es por venta de plazas durante su administración. Belarmino Jaime, quien sucedió a García Calderón en la presidencia de la Corte (2009-2012) realizó una investigación que determinó que la exdirectora de recursos humanos de la Corte Suprema, Ana Ruth Macías Romero, cobraba por otorgar puestos de trabajo en la institución. A partir de esa investigación, Jaime denunció a Macías Romero ante la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas. En diciembre de 2015, la Corte de Cuentas la contrató como responsable de las compras y adquisiciones de la institución contralora.
*Fe de errata: El expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue enviado a juicio civil por enriquecimiento ilícito por no justificar ingresos por 165 mil 263 dólares con 97 centavos. En la versión original de este artículo se publicó el reparo de la sección de Probidad -por un monto de 173 mil 951 dólares con 38 centavos-, pero no se incluyó una reducción de 8 mil 687 dólares con 41 centavos autorizada por la Corte Plena el 7 de febrero de 2017.
