Parece una reunión clandestina de los años 80. Todos los presentes escuchan la denuncia de una víctima de un cuerpo de seguridad del Estado. Es un joven de Mejicanos que aunque no está en el encuentro, habla a través de Johanna Ramírez, investigadora del Servicio Social Pasionista (SSPAS). Unas 40 personas, entre jóvenes, miembros de organizaciones juveniles, hombres y mujeres mayores, exsindicalistas, una víctima de las torturas de las dictaduras, abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y de Fespad escuchan con atención esa denuncia. A ese joven lo torturaron en una delegación de la Policía Nacional Civil que Johanna Ramírez omite identificar para seguridad de la víctima. “Me llevaron a la delegación. También me golpearon, me quitaron la ropa y me metían la cabeza en un huacal con agua, me pusieron pasta de zapatos en la boca, como para presionar. Ellos querían que dijera algo de los muchachos que se habían corrido”, lee Johanna, como para dejar claro a que se están enfrentado los jóvenes en El Salvador del año 2017.
Ramírez informa a la concurrencia de los resultados de una investigación, desarrollada entre septiembre y noviembre de 2016, centrada en el municipio de Mejicanos, uno de los municipios priorizados en el plan de seguridad del gobierno del FMLN. “Las principales denuncias que recibimos son la detención arbitraria, persecución, decomiso y fotografía del documento de identidad (DUI), y el acoso”, dice Ramírez.
El informe habla de que policías y soldados incurren de manera frecuente y sistemática en “pechadas, patadas en los tobillos, golpes en la cabeza y la cara, golpes con la culata de los fusiles, apuntar con sus fusiles o disparar cerca de sus cuerpos como forma de intimidación”, según dijeron jóvenes de ambos sexos en testimonios y grupos focales. Otro caso: “Con nosotros tienen más confianza de golpearnos sin derecho a defendernos, solo nos meten un puchito de marihuana de la misma que ellos decomisan o cuchillos, y tres días presos”. Otro: “a una bicha la bajaron del bus y la llevaron a la delegación, supuestamente por marihuana, y sufrió violación sexual por parte de ellos”.
El pasillo que conduce a este encuentro antirrepresión lo adornaban libros como el manifiesto comunista de Marx, o de autores como el líder histórico del FMLN, Schafik Hándal, el poeta Roque Dalton y la exguerrillera, hoy diputada, Nidia Díaz. En el pasillo había una señora que vendía películas pirateadas de la guerra civil. A la venta también estaba, en varias tallas y colores, la camiseta con la leyenda “San Romero de América”, que en 2011 hizo famosa el rapero Residente, del grupo Calle 13, en un concierto celebrado en San Salvador.
El sábado 18 de febrero de 2017, la organización Azul Originario (AZO) invitó a una “jornada de información sobre ¿qué hacer en casos de violación a derechos humanos”, en el local de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). La convocatoria se dirigió a través de cadenas de correos y redes sociales, sobre todo en la página de Facebook de “Justicia para Wendy”, una iniciativa en redes sociales para denunciar el arresto arbitrario que sufrió Wendy Morales, la presidenta de la asociación Azul Originario, el 5 de septiembre de 2016.
“Cuando nosotros hicimos la página de Justicia para Wendy empezaron a llegar diariamente casos: ‘mire a mí me pasó lo mismo, yo estoy viviendo lo mismo, mi hermano, mi padre, mi mamá...’”, dice Gustavo Martínez, director de relaciones públicas de AZO. En los casos, los activistas encontraron muchas Wendys. “Cuando empezamos a ver esto, para nosotros fue una alerta que cuando volvimos y empezamos a hablar con las comunidades, con las instituciones, nos dijeron: no, esto ya viene de ratos que está pasando”, dice Martínez.
Desde que la Policía decidió cazar a los pandilleros, irrumpir en las comunidades, llevarse de encuentro a los civiles, las redes sociales se han convertido en gasolina a favor de la represión. Es común encontrar mensajes en Twitter o Facebook que plantean un exterminio para los pandilleros, sus familias o para todos lo jóvenes que viven en los territoros de pandillas. Es la estigmatización que ha potenciado este gobierno, sobre todo en los últimos dos años. Pero en las redes sociales también está naciendo una especie de resistencia contra ese señalamiento arbitrario y generalizado que se traduce en abusos por parte de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía.
Susana Galán tiene 24 años y seis meses de embarazo. Llegó a la reunión de Fespad desde la estigmatizada colonia Altavista, en Ilopango. Susana vio la invitación al evento en Facebook y llegó decidida a contar su propio caso. Va así: “a mi esposo, Félix Rodríguez, lo capturaron el 25 de abril de 2015. Tenía 30 años. Un policía le había advertido que tuviera cuidado con los registros: ‘chelito, ite por este lado porque mis compañeros son locos’, le dijo. Él trabaja de soldador, e iba a visitar a su mamá en su bicicleta y algunos metros más adelante, a la altura del cementerio Los Cipreses, un policía lo llamó. ‘Vos sos poste’, le dijo (los postes son los vigilantes que utilizan los pandilleros para mantener control de las comunidades). ‘No sé de qué me hablas’, dijo Félix, antes de que los policías lo hincaran, le echaran gas pimienta en los ojos y lo llevaran a la bartolina. El reporte policial dice que se hizo presente con un pandillero, un tipo que él no conoce. Nadie lo reconoció en un careo policial y en el proceso no se mostraron bitácoras telefónicas, aunque yo le dije al defensor público que las pidiera. La Fiscalía argumentó que no eran necesarias. Una jueza lo condenó y lleva un año y nueve meses preso en San Vicente”.
La resistencia la escucha en silencio, pero nadie con más atención que el abogado Dennis Muñoz y la procuradora adjunta Rosa Elena Ramos. Ambos prometieron atenderla pero solo uno cumplió su promesa. El 20 de febrero, Ramos citó a Susana a la Procuraduría donde solo le tomaron la denuncia. Muñoz, en cambio, ya tiene en sus manos la sentencia de Félix Rodríguez y le dijo a Susana que le respondería en la primera semana de marzo.
En el primer curso contra la represión del Estado los organizadores regalan un kit de emergencia para saber qué hacer cuando los cuerpos de seguridad violen tus derechos. “Nosotros dijimos: ¿es necesario que así como a nosotros nos costó poder llevar este proceso (de Wendy), les cueste a las demás personas? No, queremos que no tengan que pasar por eso y poder articular y conectar a las personas que están trabajando por estos temas”, explica Martínez. En El Salvador de 2017, pareciera que es solo cuestión de tiempo para que cualquier joven de escasos recursos atraviese esta situación.
El primer curso contra la represión en tiempos del FMLN está lleno de llamados a organizarse, a resistir, a luchar… contra los abusos de autoridad del segundo gobierno de izquierda en El Salvador.
Al curso incluso asistió Carmen Fabián, una activista de derechos para personas con discapacidad. Un mes y medio antes de este encuentro, Fabián fue juramentada por el presidente Salvador Sánchez Cerén como representante de organismos de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. Carmen es hija de Fernando Fabián, un profesor organizado en Andes -la agrupación de profesores más fuerte durante las dictaduras- que fue capturado y torturado entre agosto y septiembre de 1972. Ella misma fue detenida por la Guardia Nacional en noviembre de 1989. 'El cautiverio no duró mucho pero lo suficiente para saber como funcionan esas cosas', dice. Carmen sabe de lo que habla cuando habla de represión. “Hace 40 años estábamos muy similares. Yo soy sobreviviente de un torturado de los años 70”, dice Fabián. “El Estado en esencia no ha cambiado pero la ciudadanía sí. La organización es la única receta para enfrentar el miedo: que la gente asuma la responsabilidad de defender sus derechos”, dice.
A mitad del camino del gobierno de Sánchez Cerén, rotos los caminos al diálogo con pandilleros o cualquier otra política que no se base en la represión, su estrategia de seguridad es una que ha convertido las cárceles en un infierno excepcional: las medidas extraordinarias. La Policía sigue siendo la institución más denunciada por violación a los derechos humanos, según la Procuraduría. Desde 2015, la PDDH tiene 33 casos de ejecuciones extrajudiciales, dos de ellos destapados por medios de comunicación: El Faro y La Prensa Gráfica. Y todo en un ambiente en el que el ministro de Seguridad instruye a los policías a que disparen sin miedo, y el inspector de Seguridad considera que la PNC mata con apego a la ley.
“Elementos represivos que ya estaban ocurriendo en el pasado ahora se muestran de manera más frecuentes a través del registro de abusos de poder por parte de la Policía y la Fuerza Armada, alimentados por los discursos combativos de funcionarios de seguridad del gobierno”, concluye el SSPAS. En abril del 2016, el SSPAS, junto a Fespad y otras organizaciones tuvieron un cara a cara con el canciller salvadoreño Hugo Martínez para que él, en nombre del Estado, respondiera a denuncias como esta, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
Desde entonces el Gobierno y sus cuerpos de seguridad no han cambiado, y contra eso es que las organizaciones están reaccionando.
Los siempre sospechosos de todo
“Si no hubiera sido por el activismo yo no estaría aquí”, exhorta Wendy Morales, presidenta de AZO. Morales fue hacia el final del 2016, el rostro, una especie de sinsajo del incipiente movimiento contra abusos de la Policía y la Fiscalía, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz. Wendy Morales tiene 23 años y fue detenida el 5 de septiembre de 2016. La Fiscalía la acusó de retirar el dinero de una extorsión, en un centro comercial de Soyapango. La prueba que tenían los fiscales es que el número desde el que se cobró la extorsión, a través de un sistema electrónico llamado Tigo Money, aparecía a nombre de ella, porque ese número le había pertenecido cuatro años antes. Por esa imprecisión estuvo detenida 25 días. Sus abogados le consiguieron libertad provisional, primero, y sobreseimiento definitivo el 22 de diciembre de 2016. Se lee fácil, pero en esos tres meses hubo un boom mediático sobre el caso, con manifestaciones artísticas y protestas que se aglutinaron en el movimiento “Justicia para Wendy”.
Antes de Wendy Morales, estuvo Miguel Deras, un joven de 22 años al que la Fiscalía acusó de ser un asesino desalmado, que participó en la masacre de 11 trabajadores en Opico, el 3 de marzo de 2016. Deras estuvo capturado desde el 17 de mayo hasta el 15 de julio, antes de admitir que tenían al joven equivocado. Estos dos casos ocurrieron en tiempos del FMLN, pero en el encuentro las comparaciones ayudan a concluir que las malas prácticas se heredan de un gobierno a otro, sin importar los colores e ideologías. La resistencia recordó a José Agapito Ruano, quien tenía 23 años cuando la Policía lo detuvo, el 17 de agosto de 2000 -durante el tercer gobierno del partido de derechas, Arena- y pagó una condena de 15 años por un secuestro que no cometió. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por el caso de Agapito en octubre de 2015 y le exigió indemnizarlo.
Daniel Alemán es el nuevo rostro de las denuncias de detenciones injustas. Su abogado es Dennis Muñoz, el mismo que consiguió liberar a Wendy, quien durante los últimos días de febrero está conversando con testigos y solicitando evidencias para defender a Daniel. Muñoz además ha sido bautizado por el New York Times como “el abogado de los abortos”, porque ha defendido a varias mujeres condenadas por homicidio agravado, tras sufrir abortos espontáneos.
Daniel Alemán fue detenido el 9 de enero de este año, durante un partido de fútbol en la cancha de la colonia Altavista, de Ilopango. La Policía asegura que le decomisó una libra de marihuana valorada en más de $500. La hermana de Daniel, Tatiana, trabaja en el periódico Más, un diario de corte popular Grupo Altamirano, y ha emprendido una cruzada para demostrar la inocencia de su hermano. El acta policial, dice Tatiana, asegura que a Daniel lo capturaron en el parqueo, cuando intentó huir de un registro. Los testigos, unas 30 personas que estaban en la cancha, pueden probar que esa parte del acta policial es falsa, según Tatiana. Antes de la captura, Tatiana dice que policías de Ilopango ya habían acosado y registrado a Daniel en dos episodios distintos: uno en diciembre de 2016 y otro solo un día antes de que lo capturaran.
Este sábado, Dennis hace un resumen del caso de Wendy y le da una inducción al derecho penal a unas 35 personas, la mayoría de ellos jóvenes que toman apuntes en libretas.
Aunque en El Salvador la presunción de inocencia es un derecho constitucional, Muñoz les da consejos rápidos, como si hablara con potenciales imputados. “Una persona procesada puede ofrecer prueba en cualquier momento”, les dice para explicar el derecho de defensa material. “Cuando lleguen a una audiencia inicial, el caso sí o sí avanza a la fase de Instrucción, a menos que la Fiscalía lo desestime”, les dice para explicarles las etapas del proceso penal. “Pero la Fiscalía tiene el deber de investigar a la persona acusada para encontrar también pruebas de descargo”, añade, antes de señalar que eso en la práctica sucede con muy poca frecuencia.
Muñoz ejemplifica sus lecciones de derecho penal con la historia de Wendy. “Cuando escuchen que la detención provisional no admite medidas alternativas por ciertos delitos –como la extorsión de la que se acusaba a Wendy-, esta se debe fundamentar con indicios y participación”, dice. Ninguna de esas dos condiciones se cumplía en el caso de Wendy. Así lo consideraron tanto el juzgado de Instrucción de Osicala, que le dio libertad provisional a Wendy, como la Cámara de San Miguel, que negó la apelación de una Fiscalía que quería mantener presa a la activista.
El abogado finaliza su exposición con un continuará. “Llevo 12 años litigando y este es el peor caso que he visto. Aunque hoy día estoy viendo algo más grande, a ese joven que muchos le han dado la espalda”. Se refiere a Daniel Alemán. Al terminar las ponencias, un grupo de jóvenes repartió a los participantes carteles que tienen la imagen del rostro de Daniel Alemán y un verso de Roque Dalton: “Los siempre sospechosos de todo”.
La Procuraduría contra los derechos humanos
Rosa Elena Ramos, procuradora adjunta para la defensa de derechos civiles e individuales, llega dos horas tarde al curso del sábado, justo cuando Muñoz está terminando su intervención. El rol de la PDDH ahora genera dudas por las incoherencias de su titular, Raquel Caballero.
Recien instalada en su puesto, la Procuradora dijo que iba a evitar la confrontación, tan necesaria en un país tan irrespetuoso de los derechos humanos como El Salvador. En esos primeros rounds, Caballero dijo también que en el país “no son tantas ejecuciones sumarias como en otras épocas”, aunque prometió entregar pronto resoluciones de algunos casos. De eso han pasado cuatro meses. Y nada.
Hace dos semanas la Procuradora también cayó en una contradicción. En noviembre de 2016, ella denunció la situación que las medidas extraordinarias, vigentes desde abril de 2016, habían generado en las cárceles. “Es como… centros de torturas de épocas pasadas, se supone que eso ya está superado, se supone que lo de Hitler ya está superado”, dijo Caballero a El Faro. Solo tres meses después, Caballero emitió un comunicado diciendo que apoyaba las medidas extraordinarias.
“Interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño, coincidimos en la necesidad de facilitar al Estado salvadoreño (...) las herramientas jurídicas necesarias para combatir las acciones de los grupos delincuenciales”, dice el pronunciamiento de Caballero.
En el encuentro antirrepresión, la ponencia de la procuradora adjunta adversa a su jefa. “Reconozco que las medidas extraordinarias están limitando ciertos derechos que ya están ganados y contemplados en la ley penitenciaria”, dijo Ramos ante la audiencia. “Vivimos como PDDH siendo víctimas y denunciando el maltrato que se sigue cometiendo en el tema de privados y privadas de libertad”, agregó. Ramos dijo que el departamento penitenciario de la PDDH recibió a 300 personas en la primera mitad de febrero. Las denuncias abarcan temas como la alimentación, el agua, o la venta de productos vencidos en las tiendas institucionales de prisiones.
La procuradora Caballero parece alejada de esta realidad. El 31 de enero, Caballero envió una carta, de la que El Faro tiene copia, a familiares de reos que le habían pedido establecer una mesa de diálogo para tratar las situaciones de derechos humanos en las prisiones. La procuradora les dijo que no. “Debido a los limitados recursos con que contamos, no podemos atender todas las peticiones de la manera en que lo quisieran las personas interesadas”, dice la carta. El Faro preguntó a la PDDH, a través de su departamento de prensa, cuáles recursos necesitaba para instalar esta mesa, pero no respondió. Y ese no es el único espacio que se ha cerrado en esta gestión.
Tiene la palabra Odalys Araujo, una mujer trans, activista de la diversidad sexual. Dirige su pregunta a los tres panelistas pero ignora deliberadamente a la procuradora adjunta. “No nos hemos reunido en cinco meses con una funcionaria y nos sentimos excluidas. ¿Cómo podemos hacer para que nos atienda?”. Araujo no menciona a la Procuradora, pero lo confirma después de la reunión. “En la primera reunión nos dijo que nos tenía por tolerancia y yo dije: ¡ah, o sea que no es porque está sensibilizada!”. La procuradora Caballero está enfrascada en una campaña '#DefiendeLaVida', pero la comunidad LGBTI le recrimina que no haya dicho nada luego de que tres mujeres trans fueran asesinadas en La Paz, en la tercera semana de febrero. En redes sociales, las cuentas de supuestos policías justicieros -que hacen circular las fotografías de supuestos pandilleros abatidos en 'enfrentamientos policiales'- también hicieron circular las fotografías de los cuerpos baleados de las trans.
Los abogados Muñoz y Arnau Baulenas (del IDHUCA) le recomendaron a Araujo ampararse ante la Sala de lo Constitucional por el derecho de petición contra la Procuradora y acudir a los medios para hacer la denuncia pública. Al final de la reunión, la procuradora adjunta Ramos se negó a responder porque habla de forma tan distinta a su jefa, pero eso es lo que menos importa.
Al final de la reunión, los miembros de esta resistencia aplauden, algunos intercambian números telefónicos con Wendy, o piden una asesoría más personalizada con los abogados. Recogen un refrigerio en su salida. Los organizadores ya sueñan con un segundo curso, conseguir fondos para hacerlo sistemático, llegar a más gente. El adagio popular utilizado por las resistencias del pasado dice que “la lucha sigue”.
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*Nota de la Redacción: si ha sufrido algún abuso por parte de policías, soldados o fiscales puede escribir al correo [email protected] para contar su caso.
