El presidente Salvador Sánchez Cerén ha delegado en un equipo de abogados liderado por el secretario jurídico de la Presidencia la confección de una ley que aleje de la cárcel a aquellos militares o exguerrilleros que hayan cometido crímenes durante la guerra civil, a cambio de una justicia transicional que inhabilitaría persecuciones penales de parte de la Fiscalía General de la República.
Con este proyecto, el Gobierno está respondiendo a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, firmada en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno gana también apoyo del principal partido de oposición, Arena, reacio desde hace más de 25 años a que se investiguen y se persigan penalmente los crímenes cometidos por el ejército y los militares que comandaron la guerra. Para diseñar el modelo de justicia transicional, el Gobierno ha pedido la asesoría de Juanita Goebertus, una experta abogada colombiana que participó en los acuerdos de Paz firmados por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
“Hay que delimitar cómo va a actuar la Fiscalía, cómo va a determinar qué casos son los que puede o no puede (procesar)”, dijo a El Faro el secretario jurídico de la presidencia, Rubén Alvarado, el pasado 15 de febrero. Alvarado es el líder de un equipo al que el presidente Salvador Sánchez Cerén encomendó dos misiones, después de que la Sala de lo Constitucional declarara, en julio de 2016, que la ley general de Amnistía de 1993 es inconstitucional.
La primera misión de Alvarado ya está casi completa: un informe de los alcances de la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía. Es la segunda en la que está detenido. “Nos estamos alimentando para formular una ley que resuelva, que ponga punto y final a delimitar los procesos que se van a seguir o cómo se van a seguir y las indemnizaciones que se pueden dar”, dijo el secretario jurídico.
La propuesta del Gobierno ha sido trabajada por los abogados de Casa Presidencial desde julio de 2016, cuando la Sala Constitucional levantó el cerco impuesto por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa en 1993, apenas unos días después de que Naciones Unidas diera a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, en el que se narran las principales violaciones cometidas por los bandos en conflicto durante la guerra. Hasta el momento, la abolición de la Ley de Amnistía ya comenzó tener consecuencias, y el gobierno acelera el andamiaje de una propuesta anunciada el pasado 16 de enero por el propio Presidente, en el marco de la celebración del 25° aniversario de la firma de la paz.
Mientras esa propuesta termina de afinarse, a la Fiscalía ya comenzaron a llegar ciudadanos que se declaran víctimas de crímenes cometidos por la guerrilla. La Fiscalía ya tiene un expediente abierto por el secuestro de Armando Durán, quien ha demandado al presidente Sánchez Cerén y a otros miembros de la comandancia del FMLN. Otro colectivo de víctimas ha pedido que se reabran las investigaciones de la masacre de la Zona Rosa y el derribo de un helicóptero militar en Lolotique. Además, 20 militares acusados por la masacre de El Mozote, en 1981, han sido citados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, para informarles de la acusación en su contra. Entre estos destaca el exministro de Defensa, José Guillermo García.
El de las masacres de El Mozote es uno de los casos más emblemáticos del conflicto por su magnitud (alrededor de mil campesinos civiles fueron asesinados por tropas de soldados de cuatro destacamentos militares en el oriente del país) y por su relación con la abolida Ley de Amnistía. La causa de El Mozote fue cerrada en 1994 cuando un juez se amparó en dicha ley para finalizar la persecución en contra de los autores materiales e intelectuales de la misma.
El Mozote, relatado en la Comisión de la Verdad, es uno de los casos que deben ser investigados por ser de lesa humanidad, a criterio de la Sala. “Los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, así como otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes”, dice el fallo de la Sala.
Para Alvarado este es el asunto central. “¿Cómo establecer si esas demandas son de la misma magnitud o de mayor que las mencionadas en la Comisión de la Verdad? Ese es el punto que hay que dilucidar en la ley, cómo lo va a tratar”. Alvarado intentó luego matizar sus declaraciones al decir que esa delimitación corresponderá a la Fiscalía y a los tribunales.
“Hay unos que antes querían que se investigaran crímenes de guerra que hoy ya no quieren”, dijo Douglas Menéndez, fiscal general de El Salvador, en un foro con la fiscal general de Guatemala, el 8 de marzo. El fiscal exhibe la hipocresía de un FMLN que, mientras fue oposición, luchó contra la ley de Amnistía, pero que ahora que es gobierno percibe la declaratoria de inconstitucionalidad como un acto de desestabilización.
Luego de conocerse la sentencia, el presidente Salvador Sánchez Cerén apareció en una cadena nacional señalando que algunas sentencias buscaban desestabilizar al gobierno. El FMLN también arremetió contra los magistrados de la Sala tras la abolición de la Amnistía.
El partido Arena, que usualmente regatea sus votos al gobierno en políticas de seguridad y, sobre todo, económicas, se dice dispuesta a unir fuerzas con el gobierno. “Yo creo que debería de haber un perdón verdadero y un olvido y una reconciliación para sacar al país adelante”, dice la diputada Milena Calderón, una delegada habitual de Arena en las mesas de diálogo con el FMLN. Calderón estuvo en algunas reuniones en 2016 en que se empezó a tratar el tema de esta nueva ley, pero dice que el Ejecutivo nunca les presentó una propuesta clara. En enero pasado, el presidente Salvador Sánchez Cerén soltó que esta sería una nueva 'ley de reconciliación'.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, prometió a mediados de febrero presentarla en los primeros días de marzo. Pero Alvarado no quiere comprometerse con ninguna fecha, aunque dice estar apurado.
El FMLN mira hacia Colombia
Para operativizar esta nueva ley, el gobierno salvadoreño está recibiendo asesoría de una experta colombiana en justicia transicional: Juanita Goebertus, del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT). En su página web, el IFIT dice que su misión es “ofrecer análisis y asesoramiento amplio y exhaustivo a los actores nacionales que participan en la transición política de estados frágiles o estados afectados por conflictos”.
Goebertus fue la abogada de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Colombia, y una pieza clave de los diálogos de paz del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Tanto el secretario Alvarado como el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, confirmaron a El Faro que han contactado a la experta colombiana. Ella dijo a este periódico que IFIT empezó un proyecto en El Salvador en enero de 2017 y que el gobierno de El Salvador le pidió “apoyo y acompañamiento independiente” para analizar la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía.
La asesoría del IFIT, en palabras de Goebertus, busca un equilibrio “entre la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y la seguridad jurídica necesaria para garantizar la estabilidad de la transición democrática”.
En la teoría, una política de justicia transicional combina acciones penales con acciones de reparación, reforma de instituciones públicas y la labor de comisiones de la verdad. El Acuerdo de Paz salvadoreño contempló un amplio pliego de reformas institucionales -como la eliminación de los antiguos cuerpos de seguridad: Guardia Nacional, Policía de Hacienda o Policía Nacional- y la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad titulado “De la locura a la esperanza”. Fue solo cinco días después de esa publicación que la Asamblea Legislativa aprobó la ley de Amnistía, que fue declarada inconstitucional en 2016.
En algunos casos, el secretario Alvarado considera que la justicia restaurativa es “la única vía” de aproximarse. Y pone como ejemplo el trabajo de la organización “Los huesos de nuestros padres”, que acompañaron al senador estadounidense James Mcgovern, en una visita al país en enero. “Debe haber un mecanismo de búsqueda de estos restos y por lo menos establecer quienes son las personas que fueron enterradas en ese lugar”, dice Alvarado.
En Colombia, la justicia transicional implica que los imputados que colaboren con las investigaciones reciben beneficios penales. Por ejemplo, si una persona acusada “acepta responsabilidad antes de llegar al juicio, cuenta la verdad y cumple las demás obligaciones del sistema”, enfrentará una pena de entre dos y cinco años de restricción de libertad, según publica el medio La Silla Vacía.
Exguerrilleros que ahora son diputados como Medardo González, secretario general del partido, o Nidia Díaz, respaldan la apuesta oficial por justicia restaurativa. Aunque ambos niegan que se trate de una nueva amnistía.
Díaz, cuyo esposo fue desaparecido durante el conflicto en 1984, asegura que nadie va a presentar una ley que prohíba la responsabilidad penal de los acusados.“En Sudáfrica, se conocía el caso, el victimario pedía perdón a la víctima y la víctima perdonaba, sin responsabilidad penal. Podría talvez ser aplicable, (pero) nosotros no le podemos imponer a las víctimas que pidan o no pidan una acción penal”, dijo Díaz. González, el hombre más poderoso del FMLN actual, dijo el pasado 9 de febrero que “no tendría sentido, en absoluto”, impulsar una segunda amnistía.
Y la presidencia lo sabe. “Acordémonos que la Sala siempre va a estar pendiente de revisar que se cumplan los parámetros de su sentencia”, dice el secretario jurídico Alvarado.
El Faro preguntó el 14 de febrero al secretario Chicas si el proyecto de la ley de reparación tiene que ver con justicia restaurativa como una alternativa a la justicia penal. Chicas contestó: 'Abarca ese aspecto. Va a haber una presentación. Ojalá pueda ser en los próximos días del próximo mes que tengamos ya la iniciativa, y por eso la vamos a exponer públicamente a los medios de comunicación y a la opinión pública'.
Al preguntarle si el Gobierno y la oposición buscan un acuerdo político para que los responsables de crímenes de guera evadan la justicia penal, una especie de nueva amnistía, Chicas respondió: 'Cuando la conozcamos vamos a poderla criticar o evaluar'.
'¡Sin castigos penales!': Arena
Del otro lado del pasillo legislativo, los diputados de derecha parecen, ahora sí, estar en la misma página que el Ejecutivo. Arena tiene intereses propios tras la eliminación de la Amnistía, por la responsabilidad en que pueden incurrir algunos de sus miembros. Por ejemplo, la querella del caso jesuitas afirma que el expresidente Alfredo Cristiani sabía que los sacerdotes serían asesinados, en 1989. En ese caso también está acusado Juan Orlando Zepeda, quien fue candidato a diputado por Arena en 2015, y es requerido por la justicia en España.
Al diputado Mauricio Vargas le incomoda la sola mención de investigaciones. Negociador de los Acuerdos de paz como enlace del ejército en la comitiva del gobierno de Alfredo Cristiani, el general Vargas es diputado desde 2015, pero también es famoso por haber sido integrante de una numerosa generación de oficiales conocida como 'la Tandona'. Como parte de esa promoción, y por los cargos y las tropas que dirigió durante la guerra, Vargas también es visto por fiscales estadounidenses -que yan han señalado a algunos de sus compañeros de promoción- como un militar con un pasado de violaciones a derechos humanos. El Faro le preguntó si cree que la nueva ley debería blindar los crímenes de guerra para que no se investiguen. Vargas no respondió, sino que hizo más preguntas: “¿Qué es lo que pretende esa reconciliación? ¿O la reconciliación es nada más parcial, es media, es total? ¿Qué queremos lograr, a dónde queremos llegar? ¿Qué quiero hacer y qué quiero evitar?”
Donato Vaquerano, diputado y exjefe de fracción de Arena, dijo que lo que más le interesa a Arena es que se investiguen “los asesinatos que están cometiéndose este día, evitar los que se van a cometer mañana”. René Portillo Cuadra, diputado y excandidato a la vicepresidencia, cree que es inevitable la persecución de crímenes de guerra, porque siguen causando “grave conmoción. Delitos como por ejemplo los de la zona rosa, como la masacre del mozote ¿cómo no van a ser investigados?”.
Pero la voz más autorizada de Arena en este tema es Milena Calderón, por su silla en la mesa interpartidaria. Calderón cree abrir casos de la guerra es “volver a abrir heridas”.
—¿Usted cree que la Amnistía cerraba heridas? Porque muchas víctimas dicen que esas heridas nunca se cerraron porque no sabemos la verdad.
—Sí, pero una cosa es saber la verdad; y otra es decir: quiero preso a este porque hizo una cosa hace no sé cuántos años. Yo creo que debería de haber un perdón verdadero y un olvido y una reconciliación para sacar al país adelante.
—¿Usted estaría de acuerdo en un proyecto de ley que estableciera unas investigaciones para saber la verdad pero sin castigos penales?
—¡Sin castigos penales! Es que es volver a empezar en lo mismo. Yo creo que hay momentos en que hay que cerrar heridas y no abrirlas.
La diputada Calderón y la presidencia de la República comparten una preocupación adicional sobre esta ley: la procedencia de los fondos destinados a la reparación. “Me imagino que si era reparación, ellos tienen los fondos para reparar. Porque es bien fácil ser populista y regalar lo que no tienen”, dice Calderón. El secetario jurídico Alvarado no tiene respuestas: “yo no podría contestar si me dijeran: ¿cuántas personas van a salir que hay que indemnizarles?”, dice.
¿Cuándo será el turno de las víctimas?
Héctor Bernabé Recinos, exlíder de Fenastras, un poderoso sindicato en los años de la guerra civil, se ha convertido en la posguerra en un activista por los derechos de las víctimas. Recinos compartió escenario con Sánchez Cerén, el 16 de enero de este año, en el acto conmemorativo de los Acuerdos de Paz. Pero Recinos no debe ser confundido con un simpatizante del FMLN: “creo que las víctimas no tenemos partido”, dice.
En los primeros años de los 80, Recinos fue capturado y torturado en cárceles clandestinas, y luego en la cárcel para presos políticos en Santa Tecla y en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como 'Mariona'. Mientras guardaba prisión, dos amigos, su esposa y una de sus hijas fueron secuestrados por los cuerpos de seguridad. Hasta la fecha todos continúan desaparecidos.
Varias instituciones le entregaron una lista de peticiones de las víctimas al gobierno. Las peticiones van desde el establecimiento de un día feriado en memoria de las víctimas, hasta la creación de un banco de perfiles genéticos para la identificación de desaparecidos, pasando por actos de reparación, como retirar el nombre de violadores de derechos humanos de lugares públicos, como instalaciones militares o redondeles.
Recinos niega esa idea que repiten algunos políticos de que las heridas de la guerra ya están cerradas. “Lo que pasa es que el pasado no pasa en una víctima”, dice. No obstante, el activista, cuyo nombre aparece en los registros del Libro Amarillo, un documento de búsqueda y persecución de objetivo políticos, elaborado por la Fuerza Armada, dice que no está en la lógica de buscar venganza. “Creen que lo que queremos es que fusilen a todos, y no. Al que le cae la justicia, le cae la justicia, pero eso tiene un proceso. Algunos casos van a ser juzgados, no van a ser juzgados todos”, reconoce.
Tras la abolición de la Amnistía, en nombre de las víctimas han surgido nuevas voces que en el pasado nunca se habían escuchado en la opinión pública. En el espectro de las víctimas de la exguerrilla ha aparecido el abogado Fernán Camilo Álvarez, presidente del 'Colectivo Víctimas del Terrorismo', que según Álvarez surgió en el año 2009, cuando el partido FMLN conquistó por primera vez la presidencia. Dice este abogado de que el Colectivo nació por la 'indignación de ver en el gobierno a los asesinos de nuestros parientes y amigos'. Álvarez piensa que la Amnistía debería seguir vigente, pero ahora que es inconstitucional, ha presentado un escrito a la Fiscalía denunciando actividades de la guerrilla durante la década de los 80. El 8 de febrero, Álvarez presentó un aviso en la Fiscalía por dos casos atribuidos a la guerrilla: la masacre de la Zona Rosa, y el derribamiento de un helicóptero en Lolotique.
“Si usted va a los libros de sociales que está dando el Ministerio de Educación dicen que la lucha del pueblo fue justa, que los comandantes fueron buenas personas, que el pueblo se levantó contra la opresión. Eso no es cierto. Eso es cambiar la historia. Eso es lo que a nosotros nos motiva”, dice Álvarez.
Por estos casos, pide que la Fiscalía acuse al presidente Sánchez Cerén, a su secretario privado Manuel Melgar, al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, a la diputada Nidia Díaz, a la exdiputada del PDC, Ana Guadalupe Martínez, y a otros 14 excombatientes de la exguerrilla.
