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Escuadrones en la PNC... ¿Y qué esperaban?

 
 

La Revista Factum publicó la semana pasada un extenso y documentado reportaje en el que da cuenta de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por una unidad especializada de la Policía Nacional Civil. Su publicación se agrega a otras hechas anteriormente por La Prensa Gráfica y El Faro, que desde hace un par de años han venido denunciando la participación de policías en este tipo de crímenes.

Las acciones son repudiables, gravísimas y deben ser castigadas. Pero verlas de manera aislada impediría entender que era absolutamente predecible que esto sucedería y que se convertiría en una práctica sistemática.

Desde que el presidente Mauricio Funes permitió la militarización de la policía, con el traslado del general Munguía Payés al ministerio de Seguridad Pública y con él a oficiales militares tanto en la PNC como en los aparatos de inteligencia del Estado, la Policía Nacional Civil se convirtió en una institución que comenzó a ver enemigos y fantasmas en todos lados.

El actual ministro de Seguridad y ex director de la PNC, el comisionado Ramírez Landaverde, es otro de esos oficiales que creen que toda crítica a la institución es un ataque a sus hombres que debilita la lucha contra el crimen. Con esta visión convirtió a la policía en una institución permisiva, en la que lo que importa es que no trasciendan los problemas internos para evitar ataques externos. Otra expresión de esa cultura fue el deliberado debilitamiento de la Inspectoría de la PNC, incapaz desde entonces de investigar a los agentes involucrados en acciones irregulares. Y una vez desatado el león, el actual director de la PNC, Howard Cotto, no ha tenido el coraje para disciplinar a los malos elementos por temor a enfrentarse a sus propios hombres.

Los policías atraviesan hoy momentos muy complicados. Están siendo atacados y están solos. Han sido declarados enemigos por las pandillas, que en lo que va del año han dado muerte a 20 agentes.

Dadas la negligencia y la corrupción del sistema judicial, algunos policías decidieron responder con las armas y el entrenamiento profesional que recibieron para combatir el crimen; pero utilizarlas para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. En otras palabras, se convirtieron en criminales en el camino de la lucha contra el crimen. La institución encargada de velar por el respeto irrestricto del Estado de Derecho está violando la ley. Y esto es lo grave. Cuando la policía viola la ley para combatir a los criminales, convierte esto en una selva sin reglas. Sálvese el que pueda. La unidad investigada por Factum llevaba a cabo extorsiones y cometía abusos sexuales además de las ejecuciones extrajudiciales. Cuando se cruza la línea de la ley, un delito suele seguir a otro, amparados por la impunidad y el poder.  

¿Pero qué esperaban? ¿Por qué debería sorprendernos que hayan tomado esta decisión los policías, cuando sus propios jefes y los líderes políticos de los principales partidos se reúnen a pactar con esas pandillas que son sus enemigos, e incluso a ofrecerles financiamiento?

¿Con qué autoridad moral se puede pedir a los agentes, que se juegan la vida en la calle, que combatan a los criminales, si éstos criminales son socios de los principales liderazgos políticos? ¿Cómo si el propio vicepresidente que les cuelga medallas al mérito es socio del principal acusado de narcotráfico en el país? ¿Cómo después de que el ministro de Defensa pactó un acuerdo oscuro con las pandillas y el ministro de gobernación les ofreció $10 millones de dólares a cambio de garantizar el triunfo electoral? ¿Cómo si Arena hizo lo mismo, incluso ofreciéndoles dar el visto bueno a un eventual ministro de seguridad?

¿Cómo si el presidente de la Asamblea llama a la población a armarse, mientras se embolsa viáticos, se enriquece y financia con fondos públicos la organización de su esposa? ¿Cómo si el impuesto especial para la seguridad pública se ha utilizado para otros fines? ¿Cómo si estos policías llevan dos décadas combatiendo el crimen sometidos a políticas erráticas (Mano Dura, Mano Super Dura, Tregua etc…) que obedecen a intereses electorales y no de seguridad pública? ¿Cómo si no tienen suficientes recursos para la lucha que les hemos encomendado? ¿Cómo les pedimos a ellos un comportamiento ejemplar si el resto del sistema está totalmente corrupto?

Que no se lea esto, de ninguna manera, como una justificación a la deplorable actuación de los agentes involucrados en estos actos. Por el contrario. La policía es una expresión más del problema generalizado. Una expresión gravísima. Es injustificable, pero es una consecuencia previsible de la degradación de todas las instituciones públicas.

Por doloroso que sea, es obligación de los ciudadanos, y de los periodistas que apuestan a una sociedad regida por un Estado de Derecho, denunciar las irregularidades cometidas por agentes policiales. Y esto de ninguna manera significa ponerse del lado de las organizaciones criminales, como hoy nos acusan algunos. Los enemigos de la policía no somos los periodistas. Son las pandillas, las organizaciones criminales y son los políticos corruptos que pactan con esos mismos pandilleros y narcotrafricantes. Y eso es una traición a los agentes.

Pero a la Policía el Estado le ha encomendado la labor de proveernos seguridad a los ciudadanos dentro del marco de una ley muy específica. Para que el Estado funcione es necesario que la policía respete ese marco jurídico. Para que la policía pueda imponer la ley tiene que cumplirla.

Sería deseable encontrar en el presidente de la República la voluntad de liderar un esfuerzo de nación contra la corrupción, incluso si ello significa exigir la aplicación de la ley a aquellos de su propio partido que se han corrompido en el ejercicio del poder. Es urgente cortar las prácticas corruptas del sistema, porque nos ha llevado hasta esta peligrosísima situación. Ya sabemos lo que pasa cuando una institución armada se desvía de su camino. Lo ha vivido este país durante todo el Siglo XX, que culminó en una guerra civil. Eso está pasando nuevamente.

Hasta hoy, el presidente ha preferido proteger a su entorno que liderar un esfuerzo nacional, que es lo que su cargo demanda. Este no es un problema de la policía contra las pandillas, ni de banderas políticas. Es un problema de Estado, que requiere la intervención de un estadista. De un estadista que no tenga miedo de limpiar el sistema, comenzando por la propia casa.

 

*Carlos Dada es periodista. Fue fundador del periódico El Faro y su director entre 1998 y 2014.

 

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