La Asamblea Legislativa eligió a la abogada Carmen Elena Rivas Landaverde como nueva presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en una votación que cuajó gracias a una inusual alianza entre diputados de los partidos Arena, Gana y FMLN que colocó a dos de las cartas propuestas por el principal partido de oposición al frente del ente contralor.
El aparente éxito de Arena en la negociación, sin embargo, no se vio reflejado en la votación ni en la bancada tricolor. El partido se partió en tres bloques en el que 15 diputados votaron a favor del dictamen, 12 en contra, dos votaron para abstenerse y seis diputados decidieron no participar del proceso.
Tras la elección, los diputados inconformes tomaron los micrófonos para cuestionar la decisión de su partido. La diputada Margarita Escobar, por ejemplo, dijo 'no tener claro' cómo es que se había logrado esta nominación, sobre todo porque no se había hecho constar -para su satisfacción- que las personas elegidas fueran las idóneas para los cargos. Escobar fue la primera diputada de Arena en hablar en contra de la elección, que a las 7:40 de la noche dejó un resultado de 59 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.
Tras Escobar habló el diputado David Reyes, quien criticó la filiación partidaria de algunos de los candidatos elegidos, un rasgo que, dijo, incumple con los requisitos de constitucionalidad. Y luego siguió el diputado René Portillo Cuadra, que también criticó la filiación partidaria de los escogidos. El cuarto al micrófono fue el diputado Johnny Wrigth, que cuestionó que 'sacrifiquemos intereses ciudadanos por intereses del sistema partidista. Basta a la corrupción', dijo.
Rivas Landaverde se convierte en la primera mujer en la presidencia de la CCR en los últimos 30 años. Ella tiene 18 años laborando para la institución y tiene un pasado que la vincula con el Partido de Conciliación Nacional (PCN), aunque ella y tres diputados de ese partido aseguran que la relación entre ambos está rota.
La abogada estuvo afiliada al PCN hasta el 12 de julio de 2016, según el Tribunal Supremo Electoral. En una carta del 26 de septiembre de 2016, Rivas Landaverde dijo a los diputados que 'en su momento me afilié al PCN para llenar planilla de diputados del departamento de Chalatenango, colaborandole al coronel González, tío de mi hija'. Ella argumentó a los diputados que no renunció al PCN para que no pareciera que quería soslayar la ley (la sentencia de la Sala de lo Constitucional que impide a miembros de partidos presidir la CCR).
La abogada propuso celeridad en las investigaciones al disminuir, vía reformas que tendría que aprobar la Asamblea Legislativa, el juicio de cuentas a una sola audiencia para los casos en los que solo exista responsabilidad administrativa (multas). Rivas Landaverde también propuso que la institución pueda recibir apoyo de organismos internacionales para mejorar su funcionamiento.
La elección de los magistrados a la CCR, ocurrida con un mes de retraso, diezmó una lista de 36 canditados propuestos por todos los partidos políticos y la redujo a una terna respaldada, sobre todo, por los partidos Arena y Gana. De esta lista, diputados en la Asamblea Legislativa que han conocido de las negociaciones, asesores y técnicos legislativos y fuentes de la CCR aseguran, con la condición de anonimato, que el partido naranja siempre llevó la delantera, aunque la carta de Rivas Landaverde fue propuesta por Arena.
A juzgar por las declaraciones de los diputados del PNC, Antonio Almendáriz y Mario Ponce, el rompimiento de Rivas Landaverde con su partido es real, dado que ellos se quejan de que la elección de la nueva Corte de Cuentas ha dejado atrás la 'idoneidad' por la repartición de cuotas entre Gana, FMLN y Arena. Ponce asegura que Rivas Landaverde es carta de Gana, y está apoyada por el FMLN. 'Ella no es una propuesta que defendamos. Es propuesta de Gana respaldada por Arena y el Fmln', dijo Ponce.
'Nosotros no la propusimos. Hemos sido simples observadores en esta negociación', añadió el también pecenista, Antonio Almendáriz.
Junto a Rivas Landaverde, asumió también María del Carmen Martinez Barahona, una exfiscal antipandillas; y Roberto Anzora, secretario de actuaciones de la Cámara Tercera de Primera Intancia y con 27 años en el ente contralor. Anzora era el principal nombre en la lista propuesta por Arena. Junto a ellos también fueron elegidos dos suplentes: Osmín Cunza Rivas (exmagistrado en la Corte de Cuentas interina que trabajó entre noviembre de 2016 y junio de 2017, propuesto por el FMLN en las negociaciones) y Patricia Bardales (jueza de primera instancia de Sensuntepeque).
Desde que a finales de 2009 un grupo de diputados disidentes de Arena formó un bloque independiente que más tarde se convertiría en el partido Gana, los acercamientos entre estos dos partidos no han marcado la dinámica de la aritmética parlamentaria. Desde entonces, y hasta la fecha, Gana en realidad ha sido el aliado del FMLN para votaciones clave de mayoría simple (43 votos) y para hacer presión a una Arena que conserva la llave de la mayoría calificada (56 votos), necesaria, por ejemplo, para aprobar más endeudamiento.
En esta ocasión, la elección de las nuevas autoridades de la CCR necesitó de una conjunción de fuerzas entre Gana, FMLN y Arena, porque una alianza de derechas iba a ser insuficiente para lograr la elección.
'Los diputados del FMLN vamos a respaldar a cada uno de los propuestos. El proceso ha sido impecable, pero es imposible satisfacer los intereses de todos los grupos', dijo la jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara.
El diputado de Gana, Numán Salgado, confirmó a El Faro que Rivas Landaverde gozó del beneplácito de su partido, un partido que en dos semanas cambió tres veces de carta para la presidencia de la Corte de Cuentas. 'Ella era propuesta de Arena, pero en Gana nos sentimos cómodos con ella', dijo.
Mientras más lejos de Gallegos, mejor
El 21 de agosto, en el programa Órbita TV, Guillermo Gallegos, líder de Gana y presidente de la Asamblea Legislativa confirmó los nombres que él prefería para la Corte de Cuentas. 'Rodrigo Barahona, Julia Alvarenga y Patricia Bardales creo que son buenas cartas para presidir la Corte de Cuentas', dijo.
De los tres, en las nominaciones finales solo sobrevivió Bardales como magistrada suplente. Detrás de la retirada de las candidaturas de Gana se esconde una necesidad que se construyó de común acuerdo entre los partidos Arena, FMLN: alejar el rostro de los 'ungidos' del entorno más cercano del presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.
Eso se sabe en privado. En público, Gana habla de otro tipo de reproches. '(Elos se cayeron) por los señalamientos de la prensa (a Barahona) y a ella por temor a que la Sala interpretara que tenía vínculo partidario', dice Numan Salgado.
Lo cierto es que hasta el viernes 25 de agosto, la principal carta de Gana para la Corte de Cuentas era una abogada que, siendo jueza del ente contralor, creó una fundación a la que los diputados le asignaron 600 mil dólares vía presupuesto general a través del mismo mecanismo de reparto de fondos mediante el cual se asignaron 550 mil dólares a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (Apdemes), una asociación fundada y dirigida por la esposa, asesores y amigos del presidente de la Asamblea Legislativa.
Se trataba de Julia Alvarenga, jueza de cuentas de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas. El 16 de octubre de 2015, Alvarenga creó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano (Fusafur) y fue elegida como presidenta de dicha asociación. En la constitución de Fusafur participaron dos personas que también han sido claves en la historia de Apdemes, la asociación fundada el 29 de octubre de 2008 por Julia Nora Romero, esposa de Guillermo Gallegos.
La notaria que inscribió a Fusafur ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de Gobernación es Ana Dollys Valiente, actual representante legal de Apdemes.
La vinculación entre las abogadas Ana Dolly Valiente y Julia Alvarenga es hasta física. El local que Julia Alvarenga reportó como sede de Fusafur es en realidad una oficina donde despacha Ana Dolly Valiente, quien además se dice amiga del diputado Gallegos y trabaja como una de sus asesoras en la Asamblea Legislativa.
Cuando El Faro preguntó a a Mario Tenorio, diputado de Gana en la comisión que investigó a los candidatos a la Corte, sobre la vinculación de Alvarenga con los allegados de Gallegos, este respondió que eso era una mentira. El Faro le explicó a Tenorio sobre cómo Fusafur fue beneficiada en 2016 y 2017 por la Asamblea, sobre cómo detrás de Fusafur hay allegados a Gallegos y Gana. El diputado insistía en que todo eso era mentira. 'Eso es un chambre que circula en redes sociales y a mí no me consta', dijo.
En noviembre de 2016, un mes después de su fundación -el 16 de octubre de 2015- Fusafur recibió la primera asignación de 300 mil dólares que, según informes de Alvarenga a Hacienda fueron usados en el transcurso de nueve meses para atender a tres grupos adultos mayores -de entre 15 y 20 personas- en Ilopango y Santo Tomás, en específico para trabajar el 'autoestima de los adultos mayores' y para 'explicarles sus derechos y deberes'.
En ninguno de los fines y objetivos de la escritura de Constitución de Fusafur establece como uno de sus ejes de trabajo la atención al adulto mayor y en ninguna de las cinco páginas que Alvarenga entregó a Hacienda -como rendición de cuentas- hay medios de verificación que permitan comprobar el trabajo llevado a cabo por dicha fundación en 2016. Del segundo desembolos de 300 mil dólares del año 2017, Hacienda no ha publicado ningún informe entregado por Fusafur.
Según sus estatutos Fusafur es una 'entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa'. En la única directiva inscrita ante Gobernación asumió como presidenta de Fusafur Julia Elizabeth Alvarenga Salazar, como secretaria Sonia Maritza López Alvarado, como tesorera Zoila Leticia Guardado López y como vocales Marcela Yaneth Torres Martínez y Sonia Elizabeth Monge Palencia. Los estatutos de Fusafur fueron aprobados por Gobernación el 23 de noviembre de 2015.
López Alvarado, la secretaria de la junta directiva de Fusafur, desempeña el mismo rol en la junta directiva de la asociación fundada por la esposa de Gallegos. Además, López Alvarado fue candidata a una diputación suplente de Gana para las elecciones del año 2012.
Dos fuentes de la Corte de Cuentas de la República narran que a finales de 2014 -previo a la elección de diputados y un año antes de la inscripción de Fusafur ante el Ministerio de Gobernación- Julia Alvarenga participó en una actividad organizada por el partido Gana en San Salvador. Hay una fotografía de ese evento en la que aparece Guillermo Gallegos como moderador de la actividad. Junto a él aparece Ana Dolly Valiente y a la derecha de ella la jueza Julia Alvarenga. A este hecho es al que se refiere el diputado Salgado cuando habla del 'temor' de que nombramiento fuese invalidado por la Corte Suprema de Justicia.
Hasta la semana pasada, Alvarenga no encontraba obstáculos en Arena o el FMLN. Por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt no descartó que su partido la apoyara. Al preguntarle al diputado tricolor por el conflicto de interés detrás de la candidatura de Alvarenga, Muyshondt respondió: 'Es algo que se debe estudiar para determinar si hay conflicto de interés. Es elemental que no lo haya porque si no se pone en riesgo la independencia', dijo.
En la tarde del viernes 25 de agosto, fuentes de la Corte de Cuentas y de la Asamblea Legislativa que conocen de las negociaciones hablaron con este periódico para preguntar qué iba a publicar El Faro sobre la jueza Alvarenga, y para pedir que este medio se abstuviera de revelar la vinculación de Alvarenga con la asesora de Guillermo Gallegos. Para la mañana del lunes 28, Alvarenga ya no estaba en la terna final para la elección de la Corte de Cuentas.
Antes de Alvarenga, y hasta la segunda semana de agosto, la principal carta de Gana para presidir la Corte de Cuentas llevaba la imagen de Rodrigo Barahona, quien fuera desde noviembre de 2016 el presidente interino de la institución, y quien exoneró de responsabilidades por el uso de fondos públicos a Apdemes.
En noviembre de 2016, El Faro reveló que Gallegos participó en 2015 y 2016 en las votaciones en las que se determinó asignar 550 mil dólares a Apdemes, presuntamente para desarrollar trabajos de prevención de la violencia en siete municipios de San Salvador. Según registros del Ministerio de Hacienda, Apdemes recibió 350 mil dólares de los 550 mil asignados, pero la asociación no presentó mayores pruebas sobre el destino y el uso de esos fondos. En los documentos que sí entregó, Apdemes presentó la compraventa por 45, 500 dólares de un vehículo año 2010 que, usado, fue adquirido en 2015 a precio de un vehículo nuevo.
Apdemes presentó además copias de recibos simples para justificar el uso de los fondos y un escueto informe que daba cuenta del gasto de $250 mil dólares en pago a colaboradores, alquiler de toldos, la compra de un podio, entre otros. En diciembre de 2016, tras la revelación de El Faro, se puso en tela de juicio los criterios que utilizan los diputados para entregar fondos públicos a organizaciones privadas.
El 14 de diciembre de 2016, la oenegé Acción Ciudadana interpuso una demanda ante la Corte de Cuentas en la cual exigían una auditoría sobre el uso de fondos remitidos a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Rodrigo Barahona, para entonces un abogado recién nombrado como presidente de la Corte de Cuentas, asumió el 24 de noviembre de 2016, prometió que fiscalizaría el uso de estos recursos. Sin embargo, el 17 de junio de 2017 la Corte de Cuentas resolvió que en la gestión de fondos púbicos de Apdemes no había ninguna irregularidad. Un mes después, en julio, Barahona ya era la primera carta principal de Gana.
Barahona, como confirma el diputado Salgado, fue descartado luego de que se revelara, en varios medios de comunicación, documentos internos de la Corte de Cuentas que revelaban que este fue amonestado en 16 ocasiones -cuando era auditor-, porque fingía que iba a trabajar.
Tras su caída, Gana maniobró en favor de Julia Alvarenga, pese a todas las vinculaciones de su asociación -Fusafur- con la trama de asignación irregular de fondos públicos vía presupuesto general de la nación. Esta segunda carta, sin embargo, comenzó a trastabillar desde el jueves 24 de agosto.
La Corte de Cuentas es la encargada -por mandato Constitucional- de fiscalizar la hacienda pública y entre sus obligaciones está vigilar el uso adecuado de los fondos públicos.
