Es miércoles 23 de agosto y en el domicilio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano (Fusafur), una oenegé que recibió 600 mil dólares del Presupuesto, las luces están apagadas. Fusafur debería estar aquí, o al menos eso dicen sus registros oficiales presentados ante el Ministerio de Gobernación, el 16 de octubre de 2015. Debería estar aquí, pero en su lugar se encuentra una oficina desde donde despacha una asesora del presidente de la Asamblea Legislativa.
Estamos frente al local 17 del Sunset Plaza, un pequeño edificio de cuatro pisos al final de la avenida Jerusalén. La oficina está al final de un pasillo oscuro, desde el que se tiene acceso a una escalera de caracol que eleva hasta los pisos superiores. Para llegar a la puerta hay que pasar por un vigilante de unos 40 años. Él dice que ahí no hay ninguna fundación, que nunca ha escuchado el nombre de Fusafur y que en el número que buscamos despacha una abogada. 'Ana Dolly Valiente'. Esa abogada es asesora y se dice amiga del diputado Guillermo Gallegos, pero no es ni la presidenta ni la representante legal de Fusafur.
Son las 2.30 de la tarde y en el local 17 no hay nadie que responda a los leves golpes a la puerta de cristal. Pareciera que allá adentro hay una tercera oficina vacía, como los locales vecinos a la derecha y a la izquierda. Pero detrás de la puerta del local 17 hay una oficina que vincula a una asesora del diputado Gallegos, a una excandidata a diputada de Gana y a una jueza de la Corte de Cuentas (CCR), con otra oenegé fundada por la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa. Y esa jueza de la Corte de Cuentas también está vinculada a Gana. A ambas oenegés la Asamblea les asignó 1.15 millones de dólares entre 2015 y 2017.
Fusafur es solo una de un centenar de instituciones privadas que son beneficiadas por los diputados, cada año, a través de un reparto discrecional de fondos del Presupuesto. En la jerga legislativa, esos fondos son conocidos como 'las colas del presupuesto', dinero que es cedido por otras carteras de Estado y repartido según los gustos y criterios de los miembros de la Comisión de Hacienda. Las oenegés piden el dinero a los diputados a través de un escrito, los diputados arman una lista sin responder a reglamentos -que no existen- o criterios técnicos -que tampoco existen-, y luego nadie audita el destino y el uso del dinero entregado. En las colas del presupuesto son beneficiadas organizaciones con alguna trayectoria, como la Fundación del Padre Arrupe (que lleva educación a estudiantes de bajos recursos) o el Instituto del Cáncer, pero también otras novatas o desconocidas, como Fusafur. Solo para hacerse una idea, entre 2002 y 2017, los diputados repartieron 294.6 millones de dólares entre organizaciones privadas, según un estudio publicado por Funde en 2016.
Entre los diputados que votaron para incluir a Fusafur en las colas de los presupuestos de 2016 y 2017 está Guillermo Gallegos. Este diputado también firmó los dictámenes -y votó en el pleno- para que una oenegé fundada por su esposa -la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (Apdemes)- fuera beneficiada a través de ese mecanismo en 2015 y 2016.
Apdemes es como una oenegé hermana de Fusafur. Fue fundada por Julia Nora Romero, la esposa de Gallegos, y fue beneficiada con 550 mil dólares (250 mil dólares en 2015 y 300 mil en 2016). Cuando al diputado se le preguntó por qué apoyó a la oenegé de su esposa, dijo que desconocía que esa oenegé fuera de su esposa. Apdemes se supone que destinó parte de los fondos en proyectos de prevención de la violencia en siete municipios de San Salvador. Sin embargo, El Faro reveló en noviembre de 2016 que ninguna de las municipalidades tiene constancia de los proyectos que la oenegé asegura haber realizado. A finales de julio, la CCR presidida por Rodrigo Barahona dijo que Apdemes tenía en regla la ejecución de los fondos cedidos por la Asamblea. Para mediados de agosto, Guillermo Gallegos reveló que Barahona encabezaba la lista de Gana para la primera magistratura del ente contralor.
Como Fusafur, el paradero de Apdemes es un misterio. El Faro buscó en 2016 la ubicación de Apdemes en las direcciones reportadas en Hacienda y Gobernación (primero un pequeño local de 'colonia médica', sobre la 29 avenida norte; luego una casa en la residencial Altamira) y Apdemes nunca apareció. Tampoco hubo rastros en su primera dirección conocida: la casa de habitación del exjefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Asamblea Legislativa, José Luis Duque Munguía, a quien Guillermo Gallegos ha llamado su 'amigo'. La única persona que conoce el paradero de Apdemes es su actual presidenta, quien a la vez es la misma abogada que despacha en el local 17 del Sunset Plaza: Ana Dolly Valiente.
Hay otro hecho que hermana a Fusafur con la oenegé fundada y codirigida por la esposa del diputado Gallegos. Una miembro de la actual junta directiva de Apdemes también es miembro de la junta directiva y fundadora de Fusafur. Se trata de Sonia Maritza López Alvarado, elegida en enero de 2015 como secretaria de Apdemes hasta octubre de 2017, y como secretaria de Fusafur, según el acta de constitución, hasta octubre de 2017. López Alvarado también está vinculada a Gana: ella compitió como candidata a diputada suplente de Gana por San Salvador en 2012.
Luego de haber recibido 300 mil dólares en 2016, Fusafur reportó al Ministerio de Hacienda, en un documento de cinco páginas, que atendió e Ilopango y Santo Tomás a tres grupos personas -de entre 15 y 20 miembros y en el trancurso de nueve meses- para 'trabajar el autoestima de los adultos mayores' y para 'explicarles sus derechos y deberes'. Lo curioso es que en los 21 fines y objetivos plasmados en su escritura de constitución, Fusafur no incluye la atención al adulto mayor como uno de sus ejes de trabajo. Todos los fines y objetivos giran en torno a promover la asistencia técnica y el desarrollo de las municipalidades, otra característica que la hermana con Apdemes, una oenegé que también dice trabajar por el desarrollo de los municipios.
Salvo el informe de cinco páginas que narra lo que dicen haber hecho, del uso de los primeros 300 mi dólares Fusafur no presentó a Hacienda ningún medio de verificación del trabajo realizado. Del segundo desembolso de 300 mil dólares -el del año 2017- aún no hay un informe en la página oficial del Ministerio de Hacienda.
La presidenta de Fusafur es Julia Elizabeth Alvarenga Salazar, jueza de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la CCR desde agosto de 2013. Es decir que una jueza del ente contralor del Estado no tuvo reparos en participar de un mecanismo que ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil, pero también por la Sala de lo Constitucional. A mediados de 2017, luego de dos dictámenes que beneficiaron a Fusafur con 600 mil dólares, Alvarenga Salazar fue promovida por Gana -y por Gallegos- como candidata a la presidencia de la Corte de Cuentas. Hasta el viernes 25, Alvarenga lideraba las nominaciones, pero al final fue electa otra abogada en una inusual alianza entre Arena, Gana y FMLN.
Alvarenga es irrastreable en la CCR y en el presunto despacho de su fundación. Su nombre no evoca a nada en el Sunset Plaza, cosa que no ocurre con el de la abogada Ana Dolly Valiente, la asesora de Gallegos. 'Es la primera vez que escucho ese nombre', responde uno de los vigilantes que custodia el edificio. 'Ahí solo pasa la licenciada Valiente, y una muchacha que a veces llega a imprimir'.
Un joven sale de uno de los locales contiguos y nos pregunta que a quién andamos bucando. La palabra Fusafur no le evoca a nada que él conozca. '¡Huy, qué raro! No, ahí no hay ninguna fundación. Ahí es una abogada la que atiende'.
—¿Ana Dolly...?
—¡Ana Dolly Valiente, sí! La gente que llega a ese local siempre pregunta por la abogada.
—¿Ahí qué es?
—Es un despacho legal.
Quienes conocen a la jueza de la CCR y a la abogada Valiente aseguran que entre ambas existe una amistad. Lo cierto es que ambas aparecen en una fotografía tomada en el patio de un local de GANA. En la imagen hay un hombre dando una charla a correligionarios. Ana Dolly Valiente y Julia Alvarenga escuchan atentas, sentadas frente al público, como invitadas de honor. El hombre que habla es el diputado Guillermo Gallegos. La foto fue filtrada, para desacreditar la candidatura de Alvarenga, en la semana en la que se perfiló como favorita a la presidencia de la CCR. Los magistrados al ente contralor no pueden tener vínculos partidistas, ha dicho la Sala de lo Constitucional.
Ana Dolly Valiente y Julia Alvarenga tienen otra cosa en común: el parto de Fusafur. La primera le sirvió como notaria a la segunda en la constitución de la fundación. También fue Valiente quien presentó la petición de personería jurídica ante Gobernación, con unos papeles en donde consta que la dirección de la oenegé es su oficina en el Sunset Plaza.
'Julia Elizabeth Alvarenga Salazar, de cincuenta y siete años de edad, abogada de este domicilio (...) en mi concepto de Presidenta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano, la cual está situada en Final Calle La Mascota y Avenida Jerusalén, Edificio Sunset Plaza, local 17, primera planta, San Salvador, señalando para oír notificaciones esa dirección', dice la solicitud presentada por Julia Alvarenga, a través de los oficios de Valiente.
A ese despacho, según sus vecinos, Ana Dolly Valiente solo 'entra y sale a veces. Casi no pasa ahí'.
Han pasado dos días desde nuestra primera visita y ahora en el local 17 del Sunset Plaza todas las luces están encendidas. Tocamos. Una mujer con blusa y pantalón café entreabre la puerta y se identifica con el nombre de Marina. Ella responde que Ana Dolly Valiente no está en la oficina y que no conoce los horarios en los que visita ese lugar, pero dice que si le dejamos un mensaje ella va a responder.
En el supuesto local de Fusafur, o mejor dicho la misteriosa oficina de la abogada Valiente, hay un cuarto de paredes blancas de unos dos metros de ancho por dos de largo que hace las veces de recepción. Al fondo hay una división, una puerta, y al parecer un despacho. En la recepción hay un solitario escritorio de madera donde se apilan cuatro legajos de documentos. Uno de los legajos está al centro de la mesa y en la portada tiene un membrete con el escudo de El Salvador. Debajo del escudo hay líneas horizontales y todo el conjunto hace que esa portada se asemeje a la portada de los expedientes que se usan en la Asamblea Legislativa.
Al lado derecho de la recepción hay una puerta que parece ser de un baño. Cuando le preguntamos a Marina si ahí también despacha Fusafur, ella responde: 'Fíjese que no sé. Yo trabajo independiente', dice, como nerviosa, y luego nos pide que dejemos un escrito con nuestros contactos y en el que aclaremos el propósito de nuestra visita.
Insistimos:
—¿A qué horas podemos encontrar alguien de la fundación en esta oficina?
—Como le dije yo no trabajo aquí. Yo solo vengo a veces acá cuando necesito imprimir -responde Marina. Luego nos dice, como despedida, que Ana Dolly Valiente se comunicará por teléfono con nosotros.
El viernes 25 de agosto, Ana Dolly Valiente respondió vía mensajes de texto que no podía dar una entrevista por motivos de salud y que tampoco iba a responder preguntas por correo. Luego de insistir por una entrevista para hablar de su oficina, de Fusafur, de su vinculación en esta otra oenegé beneficiada con 600 mil dólares, ella cerró con estas palabras: 'Diga lo que quiera'.
Seis días más tarde, el 31 de agosto, insistimos. Ana Dolly Valiente confirmó que el local 17 del Sunset Plaza -donde debería estar Fusafur- es su oficina. 'Tengo grabaciones de que usted permaneció alrededor de mi oficina. Todo ello es un delito. Creo que por ser mujeres usted (sic) acosan de esa manera. Pero tenemos el código contra la violencia de la mujer', dijo, siempre por mensajes de texto. Ante la pregunta sobre si ese día podía recibirnos una llamada o si el viernes 1 de septiembre podía concedernos una entrevista, dijo: 'Parece que no entiende el castellano. NO'.
El Faro intentó obtener la versión de la jueza Alvarenga a través de llamadas y mensajes a su celular y a través de mensajes a su asistente en la Corte de Cuentas. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
