Juan Rafael Bustillo Toledo dejó de ser comandante hace mucho tiempo, más de dos décadas, pero todavía mantiene el hábito de dar órdenes. Eso es lo primero que hace al llegar al juzgado en el que se le acusa por la masacre de El Mozote. Sube las gradas del edificio con paso firme y, antes de firmar el libro de asistencias, encara a los periodistas que lo enfocan con sus cámaras como quien encara a una tropa: “¡Tomen fotos! ¡Tomen bastantes fotos!”, nos manda.
Bustillo fue el jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) durante la mayor parte de la guerra civil: de 1979 a 1989. Llega al juzgado sin abogado, pero armado con un maletín café y flanqueado por dos de sus hijos.
—¿Cómo se declara, general? -le pregunto
Su hijo le dice que no conteste. El general me mira fijamente, espera unos segundos y dice: “Ahí el juez les va a hablar a ustedes”. Entra a la sala y, tan pronto como se sienta en el banquillo de los acusados, del maletín saca un libro rojo. Lo abre. Lo hojea. En un arrebato lo levanta y lo muestra a los periodistas que, frente a él, le apuntan desde un semicírculo; el momento en el que un general de la guerra valida el informe de la Comisión de la Verdad queda retratado para la posteridad.
El libro que carga Bustillo es una copia de aquel informe, elaborado por una comisión de Naciones Unidas tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Ese libro fue denostado por los militares y la derecha política porque responsabiliza al Ejército de la inmensa mayoría de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto. En algunos casos, el informe señala con nombre y apellido a los comandantes responsables de las barbaries. Al igual que el original, la copia que carga el general dice varias cosas sobre un Juan Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
Dice que el 15 de noviembre de 1989, él estuvo en la reunión del Estado Mayor de la Fuerza Armada donde se decidió asesinar a seis sacerdotes jesuitas. El atentado se perpetró en la madrugada del día siguiente, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). El libro también dice que subalternos suyos de la FAS asesinaron –el 15 de abril de 1989- a la enfermera francesa Madeleine Lagadec y al médico argentino José Ignacio Isla, quienes atendían personas en un hospital del FMLN. Ese hecho contraviene normas de derecho internacional que protegen a médicos en zonas de conflicto.
Pero además, el libro dice que otros subalternos de Bustillo son responsables de la desaparición de Miguel Ángel Rivas Hernández, de 17 años, quien fue visto por última vez el 27 de noviembre de 1986, cerca de la base de la FAS en Ilopango.
24 años después de presentado, todavía hay quienes dicen que el contenido de ese libro rojo es letra muerta. En marzo de 2017, en el inicio de las audiciencas por El Mozote, Lisandro Quintanilla, uno de los abogados de los militares, lanzó una pregunta:
—¿Quiénes eran la Comisión de la Verdad? –preguntó.
—Expertos internacionales –respondió un periodista.
Quintanilla arremetió:
—¡Mentiras! Eso es falso, no eran ni expertos ni nada, simplemente eran un grupo de personas que se nombraron para hacer un informe de recolección de algunas evidencias que nunca fueron judicializadas.
Bustillo, este día, se ha alejado de esos que no creen. De hecho, el general cree tanto en el contenido de ese libro que lo ha traído como instrumento de defensa, como prueba de descargo. En el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Bustillo no está acusado por el asesinato de los jesuitas, o de la enfermera y el doctor, o la desaparición del joven. Bustillo está acusado por el operativo que terminó en la masacre de unas mil personas en El Mozote y lugares aledaños, entre el 8 y 14 de diciembre de 1981. Sin embargo, en el relato que ese libro hace de la masacre no aparece señalado su nombre y eso él lo ve como una oportunidad.
El Mozote empezó a ser juzgado en 1990, pero fue cerrado súbitamente en 1994, un año después de que la Asamblea aprobara la Ley de Amnistía. Los diputados de la derecha solo se tardaron cinco días desde que la Comisión de la Verdad presentó su informe para proteger a los militares señalados en ese documento. 24 años después, uno de los protegidos por la amnistía utiliza ese informe para defenderse.
El juez Jorge Guzmán comienza la audiencia de intimación. La mayoría de los militares acusados se presentaron en marzo de 2017, pero Bustillo no acudió. Entre los acusados, es el segundo general de la guerra con mayor peso y renombre, si le podemos llamar renombre al hecho de que fue uno de los hombres más poderosos del país en un contexto de violaciones a los derechos humanos. Entre los acusados solo hay un nombre por encima del de Bustillo, amén del que fuera su cargo y su trayectoria: el general José Guillermo García, exministro de Defensa para los años en los que, según el contenido en el libro rojo, se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos (1980-1983).
En 1989, Bustillo aspiró al cargo que tuvo García, en el primer periodo presidencial ganado por el partido Arena. Sin embargo, fue descartado por el presidente Cristiani. Un cable de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos reveló que aquel descontento llegó a tal extremo que la Fuerza Aérea se le rebeló a Cristiani, y en el ala más radical del partido de derechas incluso hubo quienes pensaron en asesinarlo.
Bustillo no había participado de la intimación en el juicio de El Mozote porque durante algún tiempo estuvo escondido, mientras era perseguido por otro caso. En marzo de 2017, él informó al tribunal que no se podía presentar porque estaba fuera del país, ya que había una orden de captura en su contra. España lo requería por el asesinato de los jesuitas (cinco de ellos eran españoles). En agosto de este año, la Sala de lo Constitucional salvadoreña dijo que esas órdenes de capturas ya no estaban vigentes. Y entonces, ahora sí, Bustillo llega al tribunal sin miedos.
El juez pregunta si el general está presente en la sala de audiencias, pero nadie responde. Bustillo no escucha bien. El juez repite y le pide que se ponga de pie. El general se para y quiere hablar. Pregunta:
—Señor juez, ¿puedo hablar entonces yo?
—Permítame -dice el juez-. ¿Me escucha bien?
—Soy un poco sordo.
Entonces el juez empieza a explicarle por qué está en la sala. Bustillo está acusado de homicidio, violación agravada, privación de libertad, violación de morada, robo, daño agravado, estragos especialmente sancionados, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Todos esos crímenes fueron hechos –dice la acusación- con abuso de autoridad y con unas víctimas que no tuvieron posibilidad de oponerse.
Durante media hora, Bustillo escucha un relato de la pieza 10 del expediente del Mozote, en el que se describe día por día y cantón por cantón, los hechos de la masacre. Bustillo no hace ni una mueca en todo el relato. Cuando Carlos Pineda, secretario interino del juzgado, termina su lectura, el general siente que es su turno de hablar.
—Quisiera ampliar un poco sobre este caso.
—Permítame, general -le dice el juez Guzmán, un hombre empeñado en explicarle a Bustillo cuáles son los derechos que le asisten como imputado.
El general está impaciente.
—¿No puedo explicar nada?
—Quiero saber primero si ha entendido los derechos sobre los que se le ha informado –dice el juez.
—Sí.
—¿Va a nombrar a un defensor particular?
—Tengo defensor público, le agradezco su presencia –responde Bustillo. A su lado se ha sentado Juan Perdomo, que llegó cuando el relato de los hechos ya había empezado.
—Ahora dígame sí va a rendir su declaración indagatoria –pregunta el juez, sin aspiraciones. Es una pregunta de rutina. Lo normal es que los acusados digan que no, pero en la sala Bustillo depara sorpresas.
—Sí, afirmativo –dice.
'Bueno', dice el juez, y a continuación Bustillo le interrumpe porque quiere hablar:
—Permítame. Como soy poco entendedor de las leyes, no comprendo por qué no puedo hablar en este momento. He escuchado todo lo que aconteció en diciembre de 1981, ¿y yo no puedo hablar aquí en este momento?
El juez le explica que esta una audicienca de intimación, que lo convocará para dar testimonio en otra ocasión. Pero como el general quiere hablar, el acusador David Morales y el fiscal Juan José Benavides huelen sangre. Hasta ahora, ningún militar ha rendido su declaración indagatoria. Varios han dicho que lo harán, pero terminan por arrepentirse, aconsejados por sus abogados. Entonces, Morales y Benavides piden al juez que tome la declaración de inmediato.
Hay tensión entre los defensores. Hay curiosidad en la querella y la Fiscalía. El general Bustillo podría convertirse hoy en el primer militar salvadoreño en declarar ante una corte por la masacre de El Mozote.
El defensor Perdomo reacciona. Dice que no se puede hacer hoy.
—Por primera vez tengo el privilegio de conocerlo, y necesito platicar con él para que me dé información y hacer una buena defensa. Esta no es una carrera de caballos, perdonen la expresión.
Ante la persistencia del general, el juez Guzmán abre la posibilidad.
—Entiendo su exigencia, general. Es su decisión. Si dice que sí quiere declarar hoy, suspendo la audiencia (de testigos) de las 11 de la mañana -le dice.
Aunque la Comisión de la Verdad no lo menciona, ya en 2006 la acusación particular señalaba a Bustillo como autor intelectual de la masacre de El Mozote. David Morales, acusador particular en el caso, explica que ellos siguen la tesis del “aparato organizado de poder”. Significa que “el que determinaba y tenía dominio de lo que iba a ocurrir de los hechos era el alto mando” de la Fuerza Armada, dice Morales. Bustillo, para cuando ocurrió la masacre, era jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y comandante de la Fuerza Aérea. “En este tipo de operativo de gran envergadura y fuerzas combinadas, evidentemente la participación de la Fuerza Aérea debe estar coordinada, avalada por el comandante general de ellos”, explica Morales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2012, también validó que la Fuerza Aérea participó del operativo militar que devino en una masacre. Las víctimas también vinculan a la fuerza aérea, cuando narran los helicópteros que sobrevolaban, disparaban, descargaban tropa en las montañas de la zona norte de Morazán.
Todo lo que pueda declarar Bustillo podría servir a la causa de las víctimas, pero entonces el general rompe el silencio. Ya ha tomado una decisión.
—Mi defensor me ha recomendado que declare posteriormente –dice, aunque el general se queda con las ganas.
La audiencia termina y Bustillo nos habla fuerte:
—Voy a estar abierto a la prensa nacional e internacional.
Luego intercambia palabras con sus hijos y matiza su promesa:
—Yo no quiero hablar de este caso, sino del caso Jesuitas.
El general quiere hablar.
