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El Salvador / Violencia
CIDH ordena al Estado salvadoreño investigar amenazas contra periodistas de la Revista Factum

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también pide al gobierno salvadoreño que le informe de las acciones tomadas para investigar las amenazas contra los periodistas de revista Factum, medio digital que publicó una investigación que muestra la forma de operar de un grupo de exterminio al interior de la Policía Nacional Civil. 


Fecha inválida
Gabriel Labrador

Policía Nacional Civil. Mejicanos. Maras. Members of the Salvadorean National Civil Police participate in an operation in search of 18th Street gang members in San Salvador on May 12, 2015. More than 10,000 gang members remain in Salvadoran prisons and another 60,000 are believed to be on the streets, according to authorities. Foto Marvin Recinos (AFP).
 
Policía Nacional Civil. Mejicanos. Maras. Members of the Salvadorean National Civil Police participate in an operation in search of 18th Street gang members in San Salvador on May 12, 2015. More than 10,000 gang members remain in Salvadoran prisons and another 60,000 are believed to be on the streets, according to authorities. Foto Marvin Recinos (AFP).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, aprobó el viernes 27 de octubre de 2017 medidas cautelares de protección a favor de nueve periodistas de Factum, una revista digital salvadoreña, por considerar sus vidas y su integridad estaban en riesgo, después de la publicación del reportaje 'En la intimidad de un escuadrón de la muerte de la Policía', del 22 de agosto de 2017. Como parte de las medidas, la CIDH también ordena al Estado que investigue las amenazas y hostigamientos denunciados por la Revista Factum después de la publicación. 

En su reportaje, Factum revela las comunicaciones de un grupo de exterminio al interior de la Policía Nacional Civil en una amplia investigación que narra la participación de agentes de la Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador (FES) en tres homicidios. Factum también explica las maneras de operar de una célula del grupo élite para combatir a las pandillas, creado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén en abril de 2016.

Tras la publicación los policías fueron detenidos durante 72 horas, al cabo de las cuales fueron puestos en libertad sin ninguna investigación judicial en su contra. 'Dicha situación incrementaría la situación de riesgo en que se encuentran por el temor a posibles represalias de su parte', dice la CIDH en su resolución. 

La Comisión solicita al Estado salvadoreño cuatro cosas: Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las y los periodistas de Factum; que permita a los periodistas de Factum desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objetos de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos; Que concierte las medidas a tomarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. 

En el escrito con el que otorgan las medidas cautelares a los periodistas de Factum, la CIDH dijo tener probado que El Salvador es uno de los tres países más violentos del hemisferio y que las denuncias contra la Policía por abusos y ejecuciones extrajudiciales se han incrementado, un contexto que también ha sido denunciado en su momento por El Faro. La CIDH estudió el caso de Factum durante mes y medio y el 27 de octubre pasado concluyó que los periodistas se encuentran 'a primera vista en una situación de gravedad y urgencia puesto que sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo', según se lee en la resolución. 

Las medidas cautelares son unas disposiciones que puede emitir la CIDH con el objetivo de garantizar que no se violen los derechos humanos de las personas que han solicitado protección, mientras el sistema interamericano estudia a fondo la petición. El sistema interamericano de derechos humanos administrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y del que forma parte la CIDH, ya ha condenado a El Salvador por la vulneración de derechos cometidos durante la guerra civil en los años 80.  

'Al momento de valorar la gravedad de la situación de los periodistas, la Comisión ha tomado en cuenta que los presuntos hostigamientos y amenazas serían una represalia al ejercicio de su libertad de expresión en cuestiones de interés público respecto de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública', dice la CDIH. 

La Comisión señaló también que autorizar las medidas de protección para Factum no quiere decir que el Estado ya fue encontrado culpable de haber violentado los derechos de los periodistas, 'no es un prejuzgamiento', dice, pero añadió que no otorgar dichas medidas podría causar daños irreparables a los miembros del medio informativo. El caso seguirá siendo estudiado por el sistema y para que el Estado pueda, eventualmente, adoptar medidas correctivas, la CIDH le requiere que adopte medidas que garanticen la vida y la integridad de los periodistas de Factum. 

Los periodistas amenzados y bajo hostigamiento son Héctor Silva Ávalos, Orus Villacorta, César Castro Fagoaga, Bryan Avelar, Juan Martínez, Fernando Romero, María Cidón, Salvador Meléndez y Gerson Nájera.

En su análisis, la CIDH certificó que el Estado salvadoreño fue incapaz de reaccionar adecuadamente a las primeras denuncias de hostigamiento y amenazas hechas por la revista a raíz del reportaje. 

El 25 de agosto, tres días después de la publicación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) salvadoreña pidió a la Policía salvadoreña que adoptara las medidas necesarias para la protección del medio, pero solo las pidió para tres de los periodistas con sus familias y para las instalaciones del medio. Asimismo, la PDDH pidió a la Fiscalía que investigara las amenazas pero fue hasta casi un mes después, el 20 de septiembre, que los fiscales se acercaron a efectuar las primeras diligencias porque, según dijeron, la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía 'había estado reticente a realizar tales diligencias'. 

Por esa razón, dijo la CIDH, era urgente que las medidas cautelares fueran otorgadas a los periodistas de Factum. 'De acuerdo con el solicitante —dice la CIDH— las medidas [de protección] ofrecidas no serían las idóneas en virtud de que las mismas provendrían de personas vinculadas a la situación de riesgo, y las mismas no habrían sido implementadas a la fecha. [Los periodistas] no contarían con esquema de seguridad alguno en la actualidad'. 

La CIDH pidió información al Estado para incorporarlo a su análisis, pero según la Comisión no envió nada. El Faro también buscó una postura del ministerio de Seguridad para esta nota. La oficina de prensa mencionó que trasladaría la solicitud a las autoridades, mismas que al cierre de esta nota aun no habían contactado. El Faro incorporará la versión que envíen cuando sea recibida. 

En el resumen de los hechos, la CIDH certifica que después de la publicación del reportaje, firmado por Bryan Avelar y Juan Martínez, el medio comenzó a recibir amenazas y hostigamiento en sus instalaciones de trabajo. De las amenazas por medios digitales, la revista presentó como pruebas las capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Y en cuanto al hostigamiento, la CIDH certificó varias que ocurrieron entre el 26 y el 28 de agosto. 

El sábado 26 de agosto de 2017, cuatro días después de la publicación, cuando cuatro hombres llegaron a la sede de la revista a bordo de un microbús azul con matricula particular y, haciéndose pasar como miembros de la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos (PDDH), preguntaron sobre el horario de los periodistas y si ellos se encontraban al interior de la oficina en ese momento. La revista Factum se contactó esa misma tarde con la PDDH y confirmó que esa institución no había enviado a nadie a efectur diligencias. 

Dos días después, el lunes 28 de agosto de 2017, una misma patrulla policial, con seis agentes a bordo, se mantuvo circulando durante horas en la calle donde se encuentran las oficinas de la revista. Algunos de los policías se bajaron a preguntar al vigilante de la calle por los periodistas y solicitaron acceder a las instalaciones de Factum. A la 10 de la mañana, personas a bordo de un vehículo y que se identificaron como 'fuentes periodísticas de la Policía' habían preguntado al vigilante de la calle donde estaban las oficinas de la revista. Por la tarde de ese mismo lunes, una persona llegó a las oficinas presuntamente con el objeto de entregar 'un anónimo' pero se fue cuando el vigilante lo cuestionó. 

La CIDH también enumeró entre las condiciones de vulnerabilidad de los periodistas que el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública Jaime Martínez señaló en entrevistas en el mes de septiembre que uno de los autores de la pieza, Bryan Avelar, tenía un hermano pandillero cuando lo cierto es que el periodista no tiene hermanos. El director también señaló que otros periodistas 'había vivido con pandilleros'. Avelar tuvo que salir del país después de comenzar a recibir las primeras amenazas y un mes después de la publicación, el 22 de septiembre, pese a que el riesgo persistía, regresó al país por no tener la capacidad económica para seguir costéandose la vida. La persona a quien le alquilaba su casa de habitación lo obligó a que se saliera de la casa porque, según esa persona, ponía en riesgo al resto de inquilinos'.

La CIDH dijo tener pruebas de los riesgos que conlleva la estigmatización con pandillas y grupos criminales. Durante la audiencia sobre derechos humanos y seguridad ciudadana en El Salvador ocurrida el 5 de septiembre en Washington, la Comisión escuchó a dos organizaciones vinculadas a la iglesia Católica que narraron los riesgos de que a los jóvenes salvadoreños se les estigmatice como pandilleros o personas cercanas a los mismos. '[Se convierten] en víctimas de gran hostilidad, exclusión y malos tratos por parte de las autoridades y la población común', dice la CIDH.

 

 

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