Al final de un callejón estrecho y polvoso, en un caserío de Panchimalco, había una tienda. La tienda vendía gaseosas, golosinas y algunas baratijas para niños. Un día de mayo de 2015, Francisco, el dueño del pequeño negocio, recibió la visita de dos pandilleros de la facción Revolucionaria del Barrio 18, que le exigían “la renta”. Él le dio largas, rodeos, a la petición. Entonces, llegó una tercera visita de los pandilleros y con ella unos disparos a la fachada de su casa.
Francisco denunció el ataque en la Policía y la Fiscalía de San Marcos. La Policía le ofreció protección. Una protección que consistía en acompañarlo a sacar sus pertenencias de la casa y a bautizarlo con un nombre clave en la denuncia (un nombre que no le consultaron y que a él le pareció ridículo). De la Fiscalía no recibió mayor cosa, acaso la negativa de darle copia de su denuncia bajo el argumento de que estaba en un régimen de protección, en su calidad de víctima y testigo.
Francisco huyó de Panchimalco, primero; después huyó de El Salvador. Ahora vive en Estados Unidos y ninguna institución estatal tiene registro de que antes de huir del país también fue víctima de desplazamiento forzado. En los registros oficiales, él es un salvadoreño que sigue siendo víctima y testigo de un caso de extorsión. Un caso que sigue abierto, pese a que este salvadoreño ya no vive en El Salvador, pero que las autoridades lo desconocen porque nunca esclarecieron el caso y porque el sistema de justicia salvadoreño y el Gobierno salvadoreño no reconocen al deplazamiento forzado como una consecuencia de la violencia.
Cuando Francisco fue víctima de desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas, en el Estado solo la PDDH comenzaba a registrar el fenómeno, pese a que el problema fue advertido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el 2011 y denunciado en 2014, cuando dijo que las maras eran el principal factor del desplazamiento forzado en el país. Esa oficina denunció que El Salvador ocupaba el primer lugar del Triángulo Norte en solicitudes de refugio a causa de la violencia: 5,330 casos; superando a las 4009 de Guatemala y las 2,184 de Honduras. Para el organismo, hay una relación directa entre las peticiones de asilo de los centroamericanos y las condiciones de la violencia en la región.
Tres años después de la denuncia de ACNUR, la PDDH presenta por segunda vez un informe sobre desplazamiento forzado interno. En 2016, la institución había registrado 124 casos para un periodo comprendido entre abril de 2014 y abril de 2016. En aquella ocasión, la institución habló de 124 casos y 427 personas afectadas. Este 13 de diciembre, la institución presenta un segundo informe, esta vez preliminar, en torno a casos registrados entre 2016 y 2017. El documento consigna 138 casos que han afectado a 458 personas. La PDDH recomienda al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reconocer el desplazamiento interno por la “violencia generalizada” como un problema nacional.
El informe preliminar reconoce que la cifra no cuantifica el problema del desplazamiento forzado en El Salvador. “Estos datos se refieren a la cantidad de denuncias que cada delegación (de la PDDH) recibe y no específicamente al número de casos que efectivamente ocurrieron en el departamento (…) Existen varios factores que no hacen posible, en este momento un cálculo con alto nivel de precisión del número de desplazados. Dentro de ellos se destaca el carácter invisible del desplazamiento, este ocurre que las víctimas pasen lo más desapercibidas posibles, la visibilidad podría significar ser detectados y ser de nuevo víctimas de la violencia. La magnitud del desplazamiento es todavía un problema no resuelto”.
Gerardo Alegría, el procurador adjunto para la migración y la seguridad ciudadana de la PDDH, dice que los 138 casos consignados en el informe ocurrieron entre abril de 2016 y mayo de 2017. El funcionario explicó que existen otros 48 casos que no fueron incluidos por falta de información y que siguen bajo investigación. De esos 48 casos, en 16 casos han logrado obtener datos básicos que apuntan a que hay otras 46 víctimas afectadas por ese problema.
Las víctimas han relatado a la PDDH que la principal causa del desplazamiento forzado son las amenazas de muerte, los amedrentamientos, intentos de homicidio o el homicidio de algún familiar, hechos en su mayoría reprochados a las pandillas, en un 89 por ciento. Los departamentos con más casos denunciados son San Salvador, Usulután, Cuscatlán y La Unión.
Celia Medrano, de Cristosal, una onegé que dio apoyo técnico para el informe de la PDDH, consideró preocupante que la Policía Nacional Civil (PNC) aparezca como víctimaria en casos de desplazamiento forzado. Hay víctimas que aseguran que han tenido que huir de sus casas por el acoso policial. “Hay que hacer notar que la PNC tiene un 4 % por ciento de participación como provocadores del desplazamiento”. Ese cuatro por ciento representa nueve casos.
En representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la conferencia llegó Fátima Ortiz, la directora de Atención a Víctimas. Ortiz dijo que no tenía autorización para valorar la recomendación de la PDDH en la que sugiere al Ejecutivo reconocer el desplazamiento forzado como un problema nacional. La semana pasada, el ministro de justicia y seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo:
“Todos los casos que se presentan por amenazas o por violencia en su contra o contra algún miembro de la familia, se activa un protocolo de atención, en el cual, pues, no tiene que ver únicamente la institución policial. Recordemos que el sistema de protección a víctimas y testigos está a cargo del sector justicia, en general”.
El más reciente informe de la PDDH es la tercera llamada de atención que una institución del Estado hace el Gobierno, que sigue resistiéndose a reconocer el problema. Entre octubre y noviembre de 2017, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Policía y la Fiscalía garantizar medidas de protección para familias amenazadas por pandillas y que se han visto afectadas por el desplazamiento forzado interno.
