El año 2017 terminará con menos policías que los que había en 2016 en las calles de El Salvador. Y 2016 terminó con menos que 2015. La disminución responde a factores diversos, pero el principal es que más de 2,100 personas han dejado de trabajar para la Policía Nacional Civil (PNC) desde que en enero de 2015 el gobierno apostó a la guerra para afrontar el fenómeno de las maras o pandillas. Esas bajas tienen un motivo predominante: las renuncias. Y dos son los grupos de empleados más afectados: los agentes y el personal administrativo.
La hemorragia que está padeciendo la PNC coincide con una fuerte reducción en las cifras de agentes que está graduando la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Por primera vez desde que en 1992 se creó la institución, saldrá una única promoción en 2017, cuando a inicios de la presente década lo habitual era celebrar tres o cuatro ceremonias de graduación.
El personal operativo de la PNC incluye a todos los policías, los ocho grados desde agentes a comisionados. A inicios de 2015 sumaban 23,129 hombres y mujeres, para una tasa de encuadramiento policial de 3.6 policías por cada 1,000 habitantes. A mediados de octubre de 2017, los policías en planilla han bajado a 21,859, para una tasa de encuadramiento de 3.3 policías por cada 1,000 salvadoreños. Las cifras que sustentan este reportaje han sido facilitadas por la PNC y la ANSP tras solicitudes formales realizadas al amparo de la Ley de Acceso a la Información (*).
Las autoridades están conscientes del problema, aunque tratan de minimizar su impacto. Consultado por El Faro, el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que la institución se ha convertido en objetivo prioritario de las pandillas “y una amenaza tan grave por supuesto que tiene sus efectos”. Pero matizó de inmediato: “A pesar de ser un problema complejo, podemos decir que para el cumplimiento de las metas más vitales, esta amenaza no ha constituido un obstáculo”.
Más de 150 policías han sido asesinados desde el 5 de enero de 2015, la inmensa mayoría por pandilleros y mientras estaban de licencia, según las investigaciones preliminares realizadas por la propia PNC. Los más afectados son los agentes. Representan la categoría de menores ingresos ($425 mensuales menos impuestos para alguien con hasta cuatro años de servicio) y por lo general se ven obligados a vivir en comunidades, colonias y cantones con presencia de maras. Desde 2016, las pandillas han convertido las familias de los policías en objetivo, lo que enmaraña aún más el conflicto.
La fecha del 5 de enero de 2015 es importante en cuanto parteaguas, ya que ese es día en el que el presidente Salvador Sánchez Cerén pronunció el discurso con el que explicitó que su gobierno no seguiría negociando con las ranflas nacionales de las tres principales pandillas (Mara Salvatrucha, Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios) y apostó a la guerra como estrategia.
El director de la ANSP, Jaime Martínez, respondió en similares términos a lo expresado por Ramírez Landaverde. “Sí hay miedo porque la familia presiona –dijo Martínez–, pero, pese a las amenazas y al temor, estamos cumpliendo las metas.” Ilustró con estas palabras las dificultades en los procesos de selección: “A diferencia de otros años, hay aspirantes que pasan una o más pruebas de selección pero luego dejan de presentarse a la siguiente, o ya no piden revisión. Eso sí lo hemos notado”.
El decrecimiento de la plantilla policial está ocurriendo en el contexto de guerra del Estado contra las pandillas, y en unos años en los que los recursos a disposición del gobierno se han multiplicado.
La contribución especial
En el marco de la guerra contra las pandillas, la Administración Sánchez Cerén dispone desde finales de 2015 de un impuesto específico: la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia (CESC), que graba con un 5 % el uso del teléfono, de internet y de televisión por cable. El actual gobierno maneja más fondos que ningún otro desde la firma de los Acuerdos de Paz. Tan sólo en 2017, los ingresos por la CESC superarán los 111 millones de dólares, dineros adicionales a los presupuestos de cada uno de los ministerios e instituciones integradas en el gabinete de seguridad.
El dinero no es –no debería ser– una excusa para explicar la mengua de la PNC.
Un total de 334 agentes renunciaron en 2015; 349 lo hicieron en 2016; y 225 lo harán en 2017 si se mantiene el ritmo de renuncias habido hasta el 16 de octubre. En cuanto al otro grupo más afectado, los empleados administrativos (mecánicos, ordenanzas, secretarias…), se redactaron 293, 234 y 378 cartas de renuncias en 2015, 2016 y 2017 respectivamente.
Un año antes de que se desatara la guerra, en 2014, la PNC redactó e hizo pública una especie de hoja de ruta para gestionar la institución, bautizada como el ‘Plan Estratégico Institucional 2014-2019’. En ese documento, la PNC se fija como objetivo que las “renuncias y deserciones anuales de policías” no sobrepasen bajo ningún concepto las 150 anuales.
Hay un reguero de informes, encuestas e investigaciones internas que permiten calibrar la gravedad de lo que está ocurriendo al interior de la PNC, y que ponen en entredicho el discurso oficial de restar importancia al decrecimiento de la plantilla.
Por ejemplo, la revista ‘Policía y Seguridad Pública’, que edita la propia ANSP, publicó en la segunda mitad de 2016 un estudio titulado ‘Una aproximación al clima organizacional en la Policía Nacional Civil de El Salvador’, basado en encuestas realizadas a 15 jefes de las 19 delegaciones policiales, la mayoría de ellos subcomisionados. El 69 % manifestó que la PNC no tiene “la cantidad de personal adecuada para cumplir con sus responsabilidades”.
La ‘Encuesta de Opinión Institucional’, un estudio interno que financia la cooperación estadounidense (USAID) y al que ha tenido acceso El Faro, también abona para dimensionar la gravedad de la hemorragia. Fechada en mayo de 2017, esta investigación es más ambiciosa (más de mil encuestas entre policías de todos los niveles y personal administrativo), con la ventaja de que se elabora cada año, con la idea de monitorear la gestión interna.
Hay varios hallazgos significativos: uno, que entre los años 2010 y 2016 han bajado del 63 % al 52 % los empleados de la PNC que creen que las relaciones internas en el área en la que trabajan son buenas o muy buenas; dos, que los policías que creen que no se está respetando la Ley de la Carrera Policial han pasado del 52 % al 72 % en idéntico período; tres, que entre los encuestados saltaron del 2 % al 22 % los que aseguran que la institución se está dirigiendo mal o muy mal; y cuatro, y quizá la que tiene una relación más directa con las renuncias, que dos de cada tres policías respondieron ‘Desmotivación generalizada del personal’ cuando les pidieron que señalaran los principales problemas de la PNC.
“Entre los jóvenes ha habido cierta… digamos… pérdida de incentivos para ingresar en la Academia, pero consideramos que entre la juventud salvadoreña se mantiene ese ánimo y esa expectativa por ser policía”, dijo Ramírez Landaverde, alguien que conoce bien la institución, amén de una larga carrera que lo ha llevado a ser comisionado. “Esperamos ir reduciendo esta problemática y que la PNC supere la etapa dura que nos ha tocado afrontar en los últimos años”, agregó.
El ministro enumeró algunas de las iniciativas que el gobierno ha puesto en marcha para frenar la hemorragia: capacitaciones en autodefensa para los policías, mejor equipamiento, programas de atención sicológica para uniformados y familiares, contratación de instructores para mejorar la condición física y mental, y reforzamiento de la división de Bienestar Policial para ayudar a viudas y huérfanos. “Y los resultados están siendo importantes”, dijo.
Hablan los uniformados
El Faro habló largo con dos policías, un agente (nivel básico) y un subinspector (nivel ejecutivo), quienes accedieron a platicar bajo condición de anonimato.
El subinspector Cárcamo (nombre ficticio) es en la actualidad el responsable de una subdelegación de la PNC. “La familia está ejerciendo mucha presión”, dijo de entrada. “Yo tuve tres renuncias el año pasado, y dos más este año; las cinco por el tema de la seguridad, porque ser policía hoy es muy desgastante”, apostilló.
Desde su experiencia, el subinspector Cárcamo detalló que son los agentes jóvenes los que más están renunciando desde que comenzó la guerra: “Muchos ni querían ser policías y se metieron porque falta el empleo; yo siento que hay falta de vocación”. Conoce a excompañeros que dejaron la PNC para irse indocumentados a Estados Unidos. En esos casos, al agente le conviene notificar que se va, porque no hacerlo se considera abandono de servicio. Sin embargo, si renuncia formalmente y no logra llegar al Norte o es deportado a los meses o años, la PNC los reinstala sin problemas.
La falta de vocación y el miedo para ingresar en la Academia el subinspector Cárcamo los ilustró con un ejemplo: antes de que el Estado declarara la guerra a las pandillas, los mismos jóvenes llegaban a la subdelegación a retirar las solicitudes. De un par de años para acá, a él le toca pedir al personal que se lleve solicitudes y que traten de convencer a hermanos menores, sobrinos o conocidos de confianza para que apliquen.
Hay matices importantes cuando la misma realidad se observa desde el nivel básico, que engloba a agentes, cabos y sargentos. Un agente gana menos de la mitad que un subinspector y, por lo general, es el que realiza mayor trabajo de campo, por lo que está más expuesto.
El agente Sánchez (nombre ficticio también) calificó como “pequeño respiro para la economía” el bono trimestral de 300 dólares que los policías comenzaron a recibir poco después de iniciada la guerra. Pero matizó que la carga laboral es ahora mayor y que las autoridades buscan cualquier “excusa” para retirar el bono: “Le doy un ejemplo: si un miembro se incapacita unos días por enfermedad o por un accidente, se le aplica el descuento de los $300, y esto viene a desmoralizar aún más”.
“Los policías vivimos una gran agonía en nuestras vidas laborales y personales –se desató el agente Sánchez, como si llevara la vida entera esperando a que un periodista le preguntara qué siente–. Cada día vemos con impotencia cómo compañeros son cruelmente asesinados, en una institución incapaz de proteger a los suyos y un gobierno que desprecia la profesión policial. Si colocamos en una balanza las largas jornadas laborales, el riesgo que representa salir a la calle y la incapacidad de proveer a la familia una vida digna, muchos llegan ya a la conclusión de que no vale la pena seguir arriesgando la vida por $450 mensuales”.
El salario que devengan policías como el agente Sánchez es insuficiente para satisfacer las necesidades promedio de una familia salvadoreña.
Una crisis de difícil solución
El pasado 6 de diciembre, cuando el gabinete de seguridad presentó su ‘Informe de Logros’ del año 2017, lo hizo envuelto en un indisimulado discurso triunfalista, poco acorde con un país que cerrará con una tasa en torno a 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ramírez Landaverde no hizo mención alguna a la doble crisis –de renuncias y de falta de vocaciones– que atraviesa la PNC, como tampoco dijo nada sobre las ejecuciones extrajudiciales ni sobre las violaciones a los derechos humanos.
La primera vez que El Faro planteó a Ramírez Landaverde el tema de las deserciones fue en una conferencia de prensa celebrada el 7 noviembre de 2016. Entonces, el ministro también minimizó el problema y dijo que se estaban tomando medidas para subsanarlo.“El estado de ánimo dentro de la institución podemos calificarlo como muy bueno, y esperamos cumplir con la proyección de que para el año 2017 tengamos 1,000 miembros más en la PNC, después de los procesos formativos correspondientes en la Academia Nacional de Seguridad Pública”, dijo.
Pero el año terminará con una única promoción, la 116, que en julio graduó a 474 agentes, el tercer año menos productivo desde que en 1992 se creó la ANSP.
“La Policía Nacional Civil es la que determina, de acuerdo a su plantilla y a sus necesidades, las necesidades en cada categoría, y por lo tanto hace el requerimiento, pero es el ministro el que autoriza la llamada a convocatoria”, explica Jaime Martínez.
El problema del decrecimiento de la planilla es complejo: la falta de carros o de fusiles se podría solventar con una licitación de urgencia, pero la formación de policías es un proceso lento, caro y, en el contexto de guerra que se vive en la actualidad, arriesgado.
Según explicó Jaime Martínez, la cifra de agentes que saldrán en 2018 ya está determinada: en el mejor de los casos, “unos 300 por las depuraciones y los abandonos” obtendrán su diploma en enero, la promoción 117, mientras que otros 248 se graduarán en julio, la 118.
Para complicar más la situación, una medida positiva como sin duda lo es la ampliación del período formativo de uno a dos años jugará en esta coyuntura en contra de la PNC. Los 550 agentes que ambas promociones graduarán en 2018 no se incorporarán plenamente a labores de seguridad pública, sino que pasarán 12 meses alternando trimestres sobre el terreno con trimestres de estudio y reclusión en la ANSP, hasta obtener el título de Técnico en Ciencias Policiales.
La promoción 119 arrancará en enero próximo su primer año de estudios. “Íbamos a seleccionar a 450 bachilleres y el proceso de selección lo han aprobado como 420 o 425, por ahí andamos”, dijo Jaime Martínez. Sin embargo, no hay fondos para una promoción de ese tamaño. “El presupuesto no nos alcanza –se sinceró Jaime Martínez–, sólo tenemos para recibir en enero a 200 exactos; los otros 220 podrán entrar en julio”.
Todo indica que, incluso si disminuyeran de forma considerable las renuncias en la PNC, a El Salvador le esperan no menos de dos o tres años en los que –en el mejor de los escenarios– la cifra de agentes estará estabilizada.
“Me preocupa que no se va rejuveneciendo la plantilla policial”, dijo el subinspector Cárcamo.
“Esta institución poco a poco se va derrumbando en todos los sentidos”, dijo el agente Sánchez.
“Vamos a seguir adelante en el cumplimiento de la misión que tenemos, aun a costa de nuestros detractores”, dijo el director general de la PNC, Howard Cotto, en un video institucional grabado en el entierro de un compañero asesinado. “Hay que estar un día con este uniforme puesto para entender lo que esto significa”, dijo.
El comisionado Cotto, el subinspector Cárcamo y el agentes Sánchez. Los tres visten el mismo uniforme, pero eso no evita que manifiesten visiones dispares sobre lo que está pasando dentro de la institución desde que se apostó a la guerra como estrategia.
Desde afuera, hay quien cree que los problemas organizativos son estructurales y que la actual coyuntura no ha hecho sino acentuarlos. El diputado Antonio Almendáriz preside la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea, donde la PNC es un tema de discusión recurrente. Consultado por El Faro sobre la merma de la plantilla, Almendáriz planteó un cuadro que tampoco invita al optimismo: “Para ser policía se necesita el título de bachiller, pero quien ha obtenido ese título aspira a más que lo que se paga ahora a un agente de la PNC. Ahí es cuando se sienten decepcionados, a la menor la oportunidad se van, ¿verdad? Más si se tiene en cuenta que casi ni hay chance de ascender”.
Las cifras oficiales dan la razón al diputado Almendáriz. De los más de 34,000 hombres y mujeres graduados en la ANSP desde 1993, menos de 2,000 han logrado plaza en alguno de los tres cursos de ascenso de agente a cabo: 2004, 2010 y 2015. La movilidad está muy limitada. Y como agente raso, acumular 20 o más años de servicio en la PNC da derecho a un salario mensual base de $526.71, menos impuestos.
Suena a poco para una guerra tan larga ya. Y tan brutal.
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(*) Los números de referencia son PNC/UAIP/433/2016, PNC/UAIP/63/2017, PNC/UAIP/965/2017 y ANSP/UAIP/036/2016.
