El Estado le debe a Héctor Bernabé Recinos. No solo por convertirlo en una víctima de la guerra civil, cuando lo persiguió, lo alcanzó y agentes de la Guardia Nacional lo torturaron por ser un líder sindical. Le debe, además, por haber secuestrado y desaparecido a su esposa y a su hija, en 1982, mientras él guardaba prisión en una cárcel para opositores políticos. Le debe también a sus otros hijos que, en una tarde cualquiera, se quedaron huérfanos, con un padre preso y una madre y una hermana desaparecidas. El Estado aún no les da respuestas sobre quién raptó a sus parientes ni qué sucedió con ellas, pero él ha dicho que no dejará de preguntar y de buscar. En parte por su propia historia, pero también por las historias de muchas otras víctimas que ha llegado a conocer en los últimos 30 años, es que Recinos hoy en día divide su agenda entre actividades por la lucha de derechos humanos y memoria histórica y el tiempo que dedica a una fábrica de zapatos.
En esta entrevista, Recinos habla de las deudas que el Estado tiene con las víctimas, como la aprobación de una ley de reconciliación o el impulso legislativo para aprobar una ley de reparación que está olvidada en el archivo de una comisión legislativa, luego de que fuese presentada por varias organizaciones en 2017. Recinos asume con resignación que el trabajo que debería hacerse, 26 años después de finalizado el conflicto, es, en la práctica, irrealizable. Por eso augura un proceso de negociación. Por ejemplo, dice que no todas las víctimas de la guerra quieren cárcel para sus agresores, pero que necesitan procesos que cumplan con una máxima en estos casos: verdad, justicia y reparación. Verdad de qué pasó, quién lo hizo, dónde están los desaparecidos (Recinos aún busca a su esposa y una hija). Este activista echa un vistazo en el retrovisor para decir que las condiciones actuales del país, sobre todo por la violencia, tienen una estrecha relación con el incumplimiento de los Acuerdos de paz.
Antes de empezar la entrevista, Recinos se quita su reloj de la muñeca izquierda, y lo pone frente a él, sobre el escritorio. Habla con un ritmo bastante lento. A medida que sus respuestas se vuelven más personales, como cuando habla de la forma en que sus otros tres hijos y él lidian con sus desaparecidas, el golpeteo de sus piernas por debajo de la mesa se intensifica. A veces no termina sus respuestas: solo mira fijamente al entrevistador y guarda silencio, como cuando insinúa que la Policía Nacional Civil es violenta porque fue formada con los remanentes de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la guerrilla. Aunque sostiene que, pese a todo, no hay comparación posible entre esta PNC y los antiguos cuerpos de seguridad que lo reprimieron a él y su familia.
El año pasado, usted estaba más o menos optimista, pero desde el evento de conmemoración de los Acuerdos de Paz de enero de 2017, hasta ahora, enero de 2018, no ha pasado nada. Y eso que el presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió a “dignificar a las personas que sufrieron los agravios de los aparatos del Estado durante el conflicto armado”.
El gobierno lo que ha hecho es tirarle la pelota a la Asamblea, indiscutiblemente, porque a ellos les corresponde aprobar el proyecto. Y nosotros lo que hemos hecho es adelantarnos. Ese proyecto venía en un inicio antes de la Amnistía. Nosotros tuvimos que reformularlo para presentarlo y por eso es que le hemos tirado antes de que ellos hicieran algo. Ahora, con el proceso electoral, nosotros creemos que va a tardar más. Lo que sí es que le vamos a entrar con ganas al lobby para ver hasta dónde llegamos este año.
¿Cuáles son las deudas del Estado con las víctimas?
En el informe que dejó la Comisión de la Verdad están especificadas las medidas con respecto a los derechos humanos de las víctimas. Eso no se hizo, como tampoco se hicieron las medidas a implementar en el movimiento social, y las (medidas) económicas. Y por estas cosas, que no se implementaron desde el 92 es que tenemos repercusiones ahora.
¿Qué decía el documento que le entregaron al presidente?
El documento tiene 25 puntos por el 25 aniversario. Ahí dijimos, por ejemplo, es que no hay clínicas especializadas para la terapia, psicoterapias, que no se han activado los casos en la Fiscalía. Y se han presentado muchos casos. La (ley de) Amnistía fue derogada y, a pesar de la alharaca, no pasó nada. Estamos pidiendo, y ya se está dando, que los lugares donde hubo masacres, se declaren monumentos. Que se quiten los nombres de las personas que tuvieron que ver en las masacres y asesinatos del Estado, que hayan indemnizaciones de acuerdo a los casos. Tenemos también la exigencia de que haya infraestructura para la memoria histórica.
Museos.
Museos, lugares donde se puedan resguardar los documentos para archivos.
¿Quiénes construyeron este listado?
Bueno, está Fespad, Promemoria histórica, Probúsqueda, Madeleine Lagadec, está también el IDHUCA, la Comisión No Gubernamental de Derechos Humanos (CDH). De ahí están los comités de víctimas que están aglutinados en estas organizaciones y en redes: la Asociación Febe Elizabeth Velásquez, Comadres, etcétera. Todas coincidimos en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación, tres aspectos a desarrollar. En el IDHUCA, con la red de víctimas, hemos desarrollado los tribunales de justicia restaurativa, ya son ocho o nueve. Y esos han servido para ayudar al proceso. Además, estamos haciendo talleres de psicoterapia grupales, y otros individuales, con compañeros que están muy afectados. Y hemos visto los cambios, porque hemos preguntado a algunos que han ido a psicólogos a los hospitales... Por cierto, en el Seguro lo que han hecho es que los han mandado al (Hospital) Psiquiátrico, je, je, je. Y ellos nos dicen: ‘no, pero yo no necesito esas pastillas, las amansa locos qué les dicen y quedar ahí drogado’. Necesitamos tratamiento incluso para poder hablar de lo que nos pasó.
¿Cómo se hace para que el Estado atienda a las víctimas de la guerra?
Hemos entendido que la situación es de confrontar al Estado y de crear organización para demandar. Bueno, fue Mauricio Funes el que primero pidió perdón y tal, pero nosotros no necesitamos solo eso. Necesitamos que el victimario realmente nos diga qué pasó con nuestros familiares. Y, al mismo tiempo, qué hicieron con ellos, pues, que nos digan dónde están. Al final necesitamos saber la verdad y la justicia, no estamos pidiendo venganza.
¿A qué se refiere cuando me dice que no están pidiendo venganza?
Porque se dice aquí: 'mire es que las heridas están cerradas', verdad, que 'para qué recordar el pasado'. Lo que pasa es que el pasado no pasa en una víctima. Está permanente. Ese es un daño permanente: despierto, o dormido, consciente o inconsciente (golpetea la mesa mientras dice esta última frase). Aquí se plantea que pedir justicia es como buscar venganza, (como) que a todos los queremos en la cárcel. Y no es cierto.
¿Quiere decir que en su listado de peticiones han renunciado a la posibilidad de justicia penal?
No, no. Porque la justicia penal juzgará con pruebas, el que tenga pruebas de qué, con quién y eso. Y unos decimos: miren, yo lo que quiero es saber. Y yo puedo perdonar a alguien que me diga por qué lo hicieron y que me pida perdón. Ese es todo un proceso en el que se está trabajando con algunas gentes del ejército, desde hace tiempo, en algunos casos.
¿Están trabajando en que ellos confiesen?
En que ellos pasen a dar su testimonio.
¿Y eso dónde se hace?
Mire, se está haciendo en Estados Unidos y aquí se está buscando también.
¿Este proyecto no tiene nada que ver con el proyecto del gobierno?
No, es que no se involucra el gobierno. El gobierno tiene su proyecto. No, son cosas que hacemos las organizaciones de derechos humanos y las víctimas. El gobierno está haciendo su proyecto.
Hace un año, el presidente y el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dijeron que ellos, para formar su propio proyecto, se habían reunido con organizaciones de víctimas. Como usted es una persona que está tan al tanto y tan metido en este tema, supongo que si en algún momento la Presidencia contactó a algún comité, a alguna organización de víctimas, usted lo sabría.
Mire, a lo mejor es posible que haya consultado a algunas personas, ¿verdad? Porque eso no lo descartamos, pero como organizaciones en derechos humanos no hemos tenido una reunión.
Los políticos empezaron a hablar de una Ley de Reconciliación justo la mañana siguiente de que la Sala declarara inconstitucional la Amnistía, a mediados de 2016. El 16 de enero de 2017, los políticos hacen el anuncio sorpresivo de que ya hay un proyecto de Ley de Reconciliación. Según se nos dijo desde la Presidencia, el proyecto del gobierno buscaría que los perpetradores de la guerra se pongan de acuerdo para evadir la cárcel. Y esta propuesta gusta en Arena, PCN... ¿cómo lo ve usted?
Las organizaciones estamos de acuerdo en tres aspectos: verdad, justicia y reparación. Tenemos que ir a visitar las fracciones, porque ahí se ven monstruos también vea, o monstruosidades.
¿Cómo así?
Pues sí, que creen que lo que queremos es que fusilen a todos, y no. Pero yo digo: al que le cae la justicia, le cae la justicia. Si es que no queremos saturar más las cárceles, pero eso tiene un proceso. Yo no puedo solo decir: 'mire, fulano me torturó', tengo que tener pruebas. Y la cosa de este proceso es que algunos casos van a ser juzgados, pero no van a ser juzgados todos. Unos (testigos) ya se murieron, otros... Pero existe la responsabilidad del Estado.
He leído la propuesta que han presentado a la Asamblea y sería impresionante si se aprobaran algunas cosas. Por ejemplo, lo de tener irrestricto acceso a los archivos militares.
Lo que pasa es que en esas cuestiones también existe un proyecto de memoria histórica. Por un lado u otro, los archivos pueden pasar a otra ley, pero en la investigación indiscutiblemente se tienen que ver los archivos. No pueden haber desaparecido. La víctima que va a enjuiciar indiscutiblemente debe tener pruebas, no se va a basar en que 'investiguen'. Tiene testigos, documentos... Lo que estamos haciendo en este momento es generando discusión sobre un consenso: que deben de ser los mandos militares quienes den cuenta de las acusaciones que se han hecho. Se habla de que entró el batallón tal, entonces la política final era de Estado. Eso tuvo que tener una estrategia de mando y tiene que ser el Alto Mando (el procesado).
¿El tema de los archivos para usted es innegociable, tiene que estar en la ley?
Tendría que estar ahí. Lo que estamos haciendo es coordinar la información desclasificada del departamento de Estado y la CIA, y hemos recogido muchas pruebas de cómo ellos estaban informados. Y las tenemos ahí porque es información que ellos ya han dado. Pero la gente está luchando no por dinero, porque nos han preguntado si es por dinero, sino por encontrar sus parientes desaparecidos y tener condiciones de reparación.
Héctor, ¿qué ha cambiado en este país tras los Acuerdos de Paz?
Bueno, lo que cambió fundamentalmente fue entrar a un proceso político-electoral.
¿Qué tenemos ahorita, según usted?
Todo ese proceso de la ingobernabilidad, las maras.
¿Cómo lo relaciona con el pasado?
Es decir, desapareció toda la organización campesina, barrial...
¿Por qué desapareció?
Por decreto, en la guerra. Eliminaron eso, vía el control que tomaron los paramilitares.
Usted está hablando de la destrucción del tejido, de la organización de una comunidad que se podía poner de acuerdo para poner un portón, y que bajo el régimen estuvo acusada de ser comunista.
Exacto, sí. Y te eliminaban, pues. Yo me acuerdo que nosotros teníamos directiva en cada edificio de la (colonia) Zacamil. Lo teníamos bien pintado, veíamos el agua, el engramado, los árboles.
Después de la guerra, eso nunca se recuperó.
¿Cómo está eso? Hoy el Gobierno tiene que irles a pintar, o alguien les regala pintura. Todo eso desapareció.
¿Y usted cree que eso habría sido un dique para este afluente que son las maras?
Exacto, y todo el proceso de organización en los barrios, en las zonas, cantones, etcétera. En lo rural y en lo urbano.
¿Por qué cree que ayuda tener organizaciones para enfrentar este problema de las maras?
Porque son organizaciones que funcionaban para tener lo básico y para tener el control de los hijos.
¿Las organizaciones comunitarias ayudaban en el control de los hijos?
Sí, sí.
Deme un ejemplo.
Bueno, los muchachos que andaban tomando, por ejemplo.
¿Se hablaba de eso en las organizaciones?
Sí, exacto, o el que andaba robando. Bueno, estaba señalado. En la guerra destruyeron ese tejido organizativo, social. Además, no hubo medidas de reparación después de los Acuerdos de Paz, de volver a los controles. Si todavía se siguió matando después de los Acuerdos... Bueno, todavía no han desaparecido los escuadrones de la muerte. Entonces, al final, ¿cuáles alternativas se dieron? ¿Escuelas, educación, salud?
Le hacía la pregunta de qué cambió con el fin de la guerra, porque todos sabemos las condiciones actuales de este país: con una violencia ingobernable, cerca de un impago y el colapso financiero del Estado, con un país que no pasa del 2 % de crecimiento, con poca generación de empleo... Los Acuerdos de Paz, que debieron haber marcado una hoja de ruta, parece que no supimos aprovecharlos. Si fue así en temas de país, ¿qué fue para las víctimas tras los Acuerdos de Paz? ¿Les sirvieron para algo?
Solo para meter un partido.
¿El FMLN todavía es el partido de las víctimas?
No, creo que las víctimas no tenemos partido, sino que el problema es del Estado. Y el Estado como tal, esté quien esté, tiene que responder a estas demandas.
El FMLN fue uno de los bandos de la guerra y, si se metió a la guerra, fue por estas causas estructurales de las que siempre hablamos: la desigualdad, la poca tenencia de tierra... Uno esperaría que el FMLN llegara al gobierno -y ya llevamos siete años- y fuera una condición totalmente distinta para las víctimas.
El FMLN sólo ha dado unas pinceladas que son las que mencioné: un perdón (el del expresidente Funes), estos intentos de decreto y esperemos. Y es que en el sistema del poder legislativo termina negociando cualquiera, ¿sí? La correlación de fuerzas no...
Pero hay cosas para las que el FMLN no necesita votos.
Es cierto, el presidente puede hacer decretos ejecutivos, pero solo duran su periodo. Entonces, esta responsabilidad es del Estado.
¿Usted no preferiría tener decretos ejecutivos que duraran cinco años a lo de ahora?
Bueno, sí se puede en algunos casos: bien. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene que jugar otro papel. Algo se vio ya con David Morales. Esta señora (la procuradora Raquel Caballero) tiene, a lo mejor, buenas intenciones pero aquí se habla mucho y se hace poco.
Uno de estos ejemplos de cosas que podría hacer el presidente o un gobierno del FMLN, sin necesidad de votos, es quitar los nombres de los violadores de derechos humanos de las instalaciones de la Fuerza Armada. Pero el nombre de Domingo Monterrosa sigue puesto en la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel.
¿Existe la correlación de fuerzas para eso?
Pero no lo necesitan, el presidente le puede ordenar al Ministerio de Defensa.
Tiene que pedir permiso a la Fuerza Armada, ja, ja, ja. No, es que el poder es otro.
En teoría, no. De hecho, la Fuerza Armada siempre presume que es la institución que más se ha plegado a los Acuerdos.
Sí, es cierto, pero para esas cosas es bien difícil. El monumento de (Roberto) d'Aubuisson (señalado como autor intelectual del magnicidio de Monseñor Romero), por ejemplo, ¿será que hay que irlo a botar?
Es más difícil, porque es propiedad privada.
Es que aquí la fuerza social o la organización social no ha llegado todavía a alcanzar ese grado de organización que le permita exigirle derechos a cualquier gobierno. Estamos iniciando un proceso. Poco a poco se va tomando conciencia de lo que tiene que demandar cada uno.
Usted hablaba de la Amnistía. Por años, figuras del actual gobierno fueron críticos de la Amnistía, al punto de que Sánchez Cerén fue uno de los demandantes en la sentencia que terminó por abolirla. Pero, a la hora de la verdad, cuando la Sala declaró inconstitucional la Amnistía, Sánchez Cerén calificó este fallo como un 'golpe suave' de la Sala, un intento de desestabilización. ¿Cómo lee usted ese viraje?
Pues sí, es lo que decía. Todos ven monstruos, sí, porque hay culpas también.
¿El FMLN teme a sus fantasmas y por eso actúa así?
Los temores son así. El problema de todas estas situaciones es (Recinos hace una pausa de unos segundos antes de proseguir) la mea culpa. Algo se ha hecho. De eso a que le prueben o a probarle a alguien como un crimen de lesa humanidad... a saber qué va a pasar. No lo podemos decir todavía porque está lo de los jesuitas, lo de Monseñor Romero, que son casos emblemáticos ¿vea? Y no ha pasado nada. Entonces, sí, digo que hay políticos que se asustan con el petate del muerto, je, je.
Hoy sobre la Policía Nacional Civil y sobre el Ejército pesan muchas de las denuncias que antes pesaban sobre la Guardia, la Policía de Hacienda o la Policía Nacional. Tengo bien presente una conferencia de prensa de Sánchez Cerén donde hablaba del combate contra las pandillas como quien habla en un parte de guerra, y hasta anunció el número de pandilleros abatidos por la Policía. En el pasado así hablaban los generales, cuando daban los partes de guerra: 'hemos matado a tantos terroristas y hemos recuperado tantos territorios'. ¿Qué piensa de una exguerrilla que ha convertido a sus cuerpos de seguridad, aunque con propósitos diferentes, en aquello que ellos mismos combatían?
La Policía indiscutiblemente que tiene un papel que jugar en el sentido del orden social. Aquí, en eso, si la gente muere en combate, pues, muere en combate. Lo que yo podría decir: aquí estamos ya en una guerra. Cuando interviene la Fuerza Armada, es otra guerra que se vino cultivando o generando por la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Los escuadrones de la muerte y la composición de la Policía fue de expolicías, exguardia, exPH (Policía de Hacienda) y exguerrilleros. ¿Sí? Y no sé si ahí se metieron algunos de los escuadrones de la muerte y que, a lo mejor, están cumpliendo su papel.
¿Usted cree que es válida la comparación entre Policía Nacional Civil y Guardia Nacional?
No, de ninguna manera. Es que aquí eran pantes de muertos, ¿sí? Así como lo oye. A nosotros nos mataron, nos asesinaron a un montón de compañeros y nos desaparecieron otros. Quemados con ácido, igual, cortados con sierra. Y las cárceles clandestinas que habían... Digo, es otra situación. Eran criminales. Entre ellos posiblemente había buena gente, pero igual, no podían salir de ahí porque se volvían enemigos. Hay confesiones... Es espeluznante lo que hacía la dictadura.
Con todo lo que hemos visto de la PNC este año, asesinatos extrajudiciales, 1,400 muertos en supuestos enfrentamientos durante tres años, agentes que violan a otras agentes, una agente desaparecida por otro agente que está prófugo... ¿sigue pensando que no es válida la comparación?
Sí, lo sostengo. Antes era un enfrentamiento armado. Cada vez que salíamos a la calle había que enfrentarse con ellos (con la represión) pues.
Pero jóvenes de comunidades estigmatizadas como Las Palmas, o de barrios de Cuscatancingo, o de la Dina piensan lo mismo probablemente. Ellos le tienen miedo a la Policía y a las pandillas
Bueno, la situación es en otro contexto, indiscutiblemente. Pero yo no podría decir que es lo mismo. Ahora hay mucha más tolerancia para hacer marchas, por ejemplo. La policía te cuida y se puede pedir permiso y ya. Antes no. Las causas de represión son distintas. Son más de crimen, y extorsión y todo eso.
Un candidato a diputado del Frente Patriótico Salvadoreño propone en estas elecciones volver a crear la Guardia Nacional. ¿Qué piensa de eso? Quitar la Guardia fue un logro de los Acuerdos de Paz.
No, mire, es una locura. Suficiente con el cuerpo de seguridad que tenemos. Es decir, el pensamiento ese es volver al pasado. Están locos, porque otro está pidiendo la pena de muerte. Lo que están diciendo es que hay que acabar con las pandillas eliminando a las personas. Eso significa que es volver a la situación del pasado y que estamos violando los derechos humanos. Un diputado, luego de que le explicamos la ley de reparación, nos decía: 'si ustedes apoyan la pena de muerte, nosotros les damos apoyo para la aprobación de la ley'. Yo le dije: 'mire, ¿qué pasaría si un su hijo está estudiando en la universidad y lo confunden y le dan pena de muerte?'. Bueno, dijo, 'está jodido'. Ese tipo de políticas del Estado lo que permite al final es la impunidad. Nosotros no vamos a apoyar eso.
¿Pero no fue el diputado Gallegos el que le dijo eso?
No, no me acuerdo del nombre, creo que era gente del PCN. Nosotros entendemos la posición de los militares, pero debemos buscar cómo solucionar el problema, enfrentándolo como debe ser. Es complicado, hay muertos de un lado, muertos del otro e ir con eso... No sé cuántas generaciones más van a pasar, vea.
Me decía que estamos en otra guerra que se cultivó por falta de cumplimiento de los Acuerdos de paz. Todo este pliego de peticiones con el que empezamos la entrevista, obviamente eran obligaciones del Estado hace 25 años, y casi ya no vale ninguna excusa de por qué no se han implementado. ¿Cree que 25 años después todavía tienen sentido?
Es que algunas víctimas ya están muertas, que eran testigos. Otros quedamos vivos todavía. Lo que pasa es que el daño no solo es a las víctimas en primer grado, sino que el daño es con los hijos y se traslada hasta los nietos.
¿Cómo se traslada?
Se traslada porque hay conductas, hay historias que se van asimilando con el tiempo. ¿Cuánto cree que me costó ser amigo de mis hijos? ¿Borrar de ellos el abandono de cuatro años y pico, de cuando estuve preso? ¿Sanar el hecho de que se quedaron sin mamá y sin su hermana, y fueron perseguidos, y tuvieron que salir a Guatemala, y después a Estados Unidos, y después a Holanda? Ahí nace un resentimiento...
¿Resentimiento con usted o con las fuerzas del Estado?
Todo. Si mis hijos estaban pequeños, quedaron huérfanos.
¿Cómo están ahora sus hijos?
Bien, están en Holanda, ahí los dejé. Pero yo digo: 'no he estado con ellos'. Mi primer hijo tiene cuarenta y pico de años. Y eso lo hemos podido resolver hasta hace como unos 10, 15 años, quizá. Porque era hablar del tema cada vez. Yo (iba) alegre a visitarlos, pero el tema ahí estaba y había que retomarlo y retomarlo, por el resentimiento. Hasta que yo dije: 'no, miren, no vengo más, para que ustedes estén así. Es decir, cerremos este asunto: les cuento todo, lloramos todos y cerremos el caso'.
¿Con qué diría usted que ellos y usted se dan por reparados?
Si usted no sabe la verdad, esta cosa ahí está. Unos dicen: 'mire, yo quisiera darle sepultura, para saber donde quedan los huesos'. Y eso, ¡púchica! ¿Será posible con tanto desaparecido? Aquí no hay equipos. Hay que establecer toda una infraestructura que nos permita tener ADN, esto y lo otro. ¿Cuánto cuesta eso?
Sí, cuánto ha costado en El Mozote, por ejemplo
Exacto, y que han venido expertos de otros lados, porque no los tenemos todavía aquí. Faltan profesionales de ese tipo. Todo eso está en el proyecto de negociación sobre la reparación de víctimas, y no es fácil. Muchos están metidos en la droga, muchos son alcohólicos.
Creo que estamos de acuerdo en que la verdad es el objetivo o el horizonte trazado, pero muy probablemente, muchas de las personas no van a poder decir: este es mi familiar. En ese contexto, ¿es posible la reconciliación en este país?
Es que hay que empezar por eso. Al final, usted le va a preguntar a una víctima y muchos le van a decir: yo quiero saber y lo perdono. Pero quiero saber. O que pida perdón: yo hice esto y lo otro y lo otro. Y por eso es que es un proceso. Y eso tiene que suceder, porque hay casos: Suramérica, Sudáfrica. ¿Cuánto ha tardado España en iniciar esos procesos?
¿Usted todavía espera que en estos años que faltan de gobierno, que son años electorales, se logren avances en este tema, bajo esta administración?
Nosotros no paramos por elecciones. Vamos a seguir conmemorando, reuniéndonos, planificando. Estamos construyendo un proyecto estratégico de muy largo plazo.
Yo le pregunto si ustedes esperan algo del gobierno y me contesta hablando del trabajo que ustedes están haciendo.
Lo que pasa es que los gobiernos... Aquí lo que podemos esperar es, nada más, instalar la comisión para negociar, ¿sí?
Pero sus grandes expectativas del tema no están situadas en lo que un Estado vaya a hacer.
No, es que eso va a depender del nivel de organización que alcancemos las organizaciones y los comités para exigir. No esperamos que el gobierno lo haga. No va a poder.
