El último desplante del Estado salvadoreño a las víctimas de la guerra se divide en dos actos. Y tiene como protagonistas a las tres cabezas de los órganos Ejecutivo, Legislativo, y Judicial.
Acto uno. El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, abraza a cuatro víctimas del conflicto armado, en un escenario donde se conmemora el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Es 16 de enero de 2017. Las víctimas le entregan un documento con peticiones. Como buen político, el presidente promete. “Vamos a dignificar a las personas que sufrieron los agravios de los aparatos del Estado durante el conflicto armado”, dijo Sánchez Cerén, y admitió que el Estado salvadoreño tiene deudas con ellos.
Acto dos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Pineda, y otros tres magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen en el banquillo de los acusados a Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa. Quien pregunta es el magistrado Florentín Meléndez. Es 19 de julio de 2017 y la Sala hace una audiencia para evaluar el cumplimiento de una sentencia que, para ese entonces, llevaba un año: la eliminación de la ley de Amnistía, la ley que desde 1993 le garantizó la impunidad a los violadores de derechos humanos durante el conflicto armado.
—¿Qué medidas concretas ha proyectado la Asamblea Legislativa para cumplir con la sentencia? -pregunta Meléndez.
—No hay ninguna iniciativa de ley -admite Gallegos
—¿Tiene previsto la Asamblea para el 2018 tener un rubro permanente para que el Estado responda por los abusos de derechos humanos cometidos contra ciudadanos de este país?
—En materia presupuestaria no hemos tenido ninguna decisión porque corresponde al Consejo de Ministros, pero vamos a sugerirlo.
—¿Podemos colegir que a un año de la sentencia, la Asamblea no ha tenido ningún avance concreto en cumplimiento de la sentencia?
—Tengo todo el deseo de darle cumplimiento, pero hasta el día de hoy no hay movimiento en la Comisión de Legislación y no hay cumplimiento de la sentencia.
Y luego, en un intento de excusarse, el presidente de la Asamblea confiesa: “para ser sincero no ha estado en agenda de prioridad de los partidos”.
Aplausos, abrazos, reconocimientos, promesas. Un año más tarde, el gobierno del FMLN no ha cumplido su promesa de enviar un proyecto de ley de reparación. La Asamblea no ha legislado. El FMLN, Arena y Gana se anulan, como en un juego de piedra, papel y tijera. El Frente culpa a Arena; Arena culpa a Gana; Gana apunta a los dos. Y, entonces, es de vuelta al cuadrante cero. Las víctimas de la guerra no son prioridad para ningún partido. Las han olvidado.
Las culpas se reparten desde el inicio de las promesas, pero es importante aclarar que la ley de reparación es una promesa del FMLN. Por segundo año consecutivo, este 16 de enero de 2018, en el aniversario 26 de la firma de los Acuerdos de paz, el presidente Sánchez Cerén recibió en el escenario a víctimas de la guerra. Este año, el acto incluyó a Dorila Márquez, sobreviviente de la masacre de El Mozote, y Elsy Dubón, miembro de Probúsqueda, una organización que busca y reencuentra a niños desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992).
En 2017, cuando prometió la ley, el presidente y el país celebraban los 25 años de la paz. En medio de los vítores y del cuarto de siglo que había pasado tras el fin del conflicto armado, Sánchez Cerén prometió una ley de reconciliación. Aquel 16 de enero, las víctimas que posaron junto a él y le abrazaron también le entregaron una agenda mínima de puntos pendientes, una idea que cristalizó en un proyecto de ley de reparación, presentado a la Asamblea, en agosto de 2017, por asociaciones como Probúsqueda y Co-Madres, agrupadas en un grupo gestor. Fue la diputada Nidia Díaz, del FMLN, quien le dio iniciativa de ley al proyecto, pero son las organizaciones que representan víctimas las que diseñaron el documento. Héctor Recinos, un histórico líder sindical y miembro del grupo gestor, dice que han pensado en la ley desde antes de la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía, en 2016, pero que la recompusieron y se han adelantado a la promesa del presidente. “Ahora, con el proceso electoral, (El Salvador elige alcaldes y diputados el 4 de marzo) nosotros creemos que esta cosa va a tardar más”, admite Recinos.
Este proyecto de ley se trata, principalmente, de la creación de un fondo de reparación a víctimas, listados en un registro, para darles beneficios como cuotas de indemnización, afiliación al Instituto de Seguro Social, o acceso preferencial a créditos y compra de tierras.
En febrero de 2017, el presidente prometió entregar a la Asamblea su propia propuesta de ley de reparación. Durante esos días, esa ley se perfilaba para sustituir la ley de Amnistía -derogada en julio de 2016- y permitirle a los criminales de guerra del Ejército y la guerrilla evadir la cárcel, a cambio de mecanismos de justicia transicional. No obstante, un año después, la presidencia no ha mandado nada a la Asamblea. Y el secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, la sigue prometiendo, casi con las mismas palabras.
“Esa iniciativa de ley todavía está en proceso de gestación y es compromiso del presidente de la República, a la brevedad, hacerla llegar a la Asamblea Legislativa”, respondió Chicas a El Faro, en una conferencia de prensa el 16 de enero de 2018. “La secretaría de Asuntos Jurídicos y legislativos de la Presidencia está madurando la iniciativa y esperamos que en las próximas semanas se pueda materializar el envío”, prometió Chicas. Hace casi un año, el 14 de febrero del 2017, El Faro le preguntó a Chicas cuando enviarían la propuesta de ley a la Asamblea. Chicas respondió que eso iba a ocurrir en los primeros días de marzo de 2017. Entre sus dos declaraciones ya han pasado 48 semanas.
En marzo de 2017, el secretario jurídico de la Presidencia, Rubén Alvarado, explicó a este periódico que su proyecto de ley limitaría los casos de crímenes de guerra que la Fiscalía General puede y no puede procesar. Un año después, El Faro buscó de nuevo a Alvarado -a través de correo electrónico, llamadas a su despacho y a su teléfono celular- para pedirle una actualización de ese proyecto de ley, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El limbo legislativo
El regaño que los magistrados de la Sala de lo Constitucional propinaron en julio de 2017 le caló al diputado Gallegos. Cinco días después de admitir que la Asamblea no había hecho nada en un año para cumplir la ley de Amnistía, Gallegos presentó a sus colegas una carta en la que pidió la creación de una comisión especial para cumplir con el fallo que derogó la ley de Amnistía.
“Un asunto tan trascendental como lo es la verdadera reconciliación de todos los salvadoreños, requiere de una comisión (especial) pues, sin duda, será necesario la demanda de informes y comparecencia de personas y funcionarios con carácter de obligatoriedad, en virtud de un tema tan sensible”, dice la petición de Gallegos.
Seis meses después, esa comisión no existe. El reglamento interno de la Asamblea dice que es atribución de toda la Asamblea nombrar comisiones especiales. Aquí empieza un rondo, en el que varios diputados se pasan la pelota, pero finalmente nadie se hace responsable. Gallegos dijo a El Faro que solo su partido, Gana, y el FMLN han presentado sus propuestas para integrar la comisión. Nidia Díaz es la designada del FMLN, este periódico le preguntó a Gallegos quien es el designado de su partido, pero no respondió. “El resto de partidos políticos no han presentado a sus representantes y por lo tanto no está conformada la comisión y no puedo convocarla”, justifica Gallegos.
La diputada Díaz dice que solo el FMLN ha nombrado su designada, no así el resto de partidos. Y acusa a la falta de voluntad política del lento avance del proyecto.
En Arena, el diputado Julio Fabián es presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde está el proyecto de ley de reparación presentado en agosto. Fabián dijo a este periódico que como el presidente Gallegos no ha convocado a la conformación de la comisión, el avance de la discusión no depende de él.
La comisión de Justicia solo ha discutido la ley de reparación en un par de reuniones. En una de ellas, en diciembre pasado, recibieron a una delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos para que les explicara el proyecto. La procuradora Raquel Caballero ha expresado su respaldo a esta ley y ha urgido a los diputados para que aprueben este proyecto antes de que termine esta legislatura, en abril próximo. “En el marco de esta campaña electoral, también que se acuerden de las víctimas del conflicto armado. Contribuyamos a cerrar estos ciclos de duelo”, dijo Caballero, en una conferencia de prensa este 17 de enero.
¿Qué quieren las víctimas como reparación?
El proyecto de ley de reparación que la diputada Díaz presentó en agosto del año pasado y que fue admitido en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, tiene implicaciones que, de aprobarse, serían históricas para la reivindicación de derechos. Pero actualmente son solo una lista de deseos. Por ejemplo, el proyecto contempla que el fondo de reparación se financie inicialmente con al menos un millón de dólares, pero tendría el 1 % del presupuesto de la nación cada año (este año serían 55.2 millones de dólares), el 1 % de la contribución especial a seguridad (que este año sería aproximadamente un millón de dólares) y el 5 % de los bienes recuperados con la ley de extinción de dominio, que sería unos 50 mil dólares, porque en 2017 se recuperó un millón.
Este dinero serviría para los pagos de indemnizaciones y beneficios. Pero la ley es más amplia que solo pagos monetarios. Por ejemplo, el fondo de reparación tendría “libre e irrestricto acceso a los archivos oficiales en manos de cualquier institución pública”. Este artículo está en el apartado de memoria histórica y le permitiría al fondo incautar, por ejemplo, archivos de la Fuerza Armada, algo que ni la Fiscalía ha podido hacer en casos de investigación penal. En las últimas dos administraciones presidenciales (de izquierdas, del FMLN), desde Casa Presidencial se han dado espaldarazos al Ministerio de Defensa y al ministro David Munguía Payés cada vez que esta institución se ha negado a abrir sus archivos.
Otra potestad del Fondo de Reparación sería pedir a instituciones estatales que retiren de instalaciones públicas los nombres de personas identificadas como violadores de derechos humanos. Este artículo, el número 50, parece dirigido a borrar de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel el nombre de Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlacatl cuando este cometió la masacre de El Mozote, en 1981. De nuevo, esto es algo que ya intentó el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Funes, sin éxito. El proyecto de ley dice que si una institución no cumple con la petición del Fondo en 60 días, quien la dirija debe ser destituido.
Además, los administradores del fondo crearían un centro de documentación, museos y monumentos de memoria histórica.
El Faro le preguntó a Nidia Díaz si el FMLN está de acuerdo con cada uno de los puntos que se mencionan en la ley. “No te puedo decir porque no hemos empezado a discutir. Uno propone y la voluntad política y la correlación de fuerzas es la que define”, dijo Díaz. Sobre este mismo punto, el secretario Chicas aseguró que “todos aquellos tópicos que abonen a una cultura de paz, de transparencia, a los principios de resarcimiento de las víctimas contarán con el respaldo del presidente de la República”.
En Arena, un partido que gobernó el país durante 20 años, y que impulsó una ley no escrita de 'perdón y olvido', una de las primeras objeciones a la ley es económica. Para Mauricio Vargas, un general del ejército en retiro y firmante de los Acuerdos de Paz, indemnizar a las víctimas de la guerra es un tema inabarcable. “El Estado no va a tener la capacidad”, dijo Vargas a El Faro. “Durante la discusión de los Acuerdos (de paz), cuando vimos la dimensión económica nos dimos cuenta que no podíamos estafar a la gente escribiendo algo que no podíamos cumplir”, recordó Vargas. El general dice que sus declaraciones son “con todo el respeto a las víctimas”, pero remata con otro ejemplo. “Si vos me decís que me vas a prestar un millón de dólares sos un farsante. Entonces, mejor no me lo digas”.
Irónicamente, Vargas habló con El Faro el 17 de enero, tras dar su voto para una reforma a la ley de veteranos de guerra que promete beneficios a unas 75 mil personas. Tanto FMLN como Gana dijeron que esa reforma se aprobó sin que esté claro el mecanismo para financiarla.
