—¿Usted es raro, veá? —me pregunta El Espía.
—¿Por qué dice eso?
—¿Qué hace en estos lugares? —insiste mientras pone ante mis ojos la pantalla de un teléfono celular.
—¿Qué lugares? ¡Uy! ¿Y esta foto? ¿Quién la tomó?
—A ustedes les dan seguimiento.
Mi interlocutor es un agente del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) que en este texto será citado como El Espía. Es una mañana de marzo de 2013 y El Espía me acaba de enseñar una fotografía oscura, tomada con un smartphone barato, en la que aparezco acompañado por una amiga en la acera de una discoteca, una discoteca gay.
El Espía es un hombre de estatura mediana, fornido, tiene la piel tostada y una cara cuadrada y salpicada de puntos negros. Su rostro encaja con su corte de pelo francesa clara. Luce como el prototipo de militar salvadoreño. Hasta 2014 su trabajo fue perseguir la cotidianidad de los políticos de oposición, aunque durante un tiempo también lo hizo con ciertos líderes pandilleros y sus familiares. Por eso supo de la tregua entre el gobierno y las pandillas antes de que El Faro revelara el pacto en marzo de 2012.
El Espía trabajó diez años en el OIE, el principal servicio de inteligencia en el país, que depende en línea directa de la Presidencia de la República. Existen oficialmente otros tres organismos de ese tipo: la Subdirección de Inteligencia Policial (Sipol) —antes conocida como Centro de Inteligencia Policial (CIP)—, la S2 o Inteligencia Militar —cuyo nombre viene de la temida 'Sección 2' de la Fuerza Armada de los años de la guerra civil y del período previo a ella— y la Inteligencia Penitenciaria. Para hacer su trabajo solía gastar día tras día algunas horas en el bar de un hotel de lujo de la Zona Rosa, ese que los salvadoreños aún conocemos como El Princess, y que ahora regenta la cadena Barceló. También repartía sus mañanas en los cafés aledaños. Desde 2011, año en que lo conocí, este agente supo llamar por su nombre o apodo a cada uno de los meseros que nos sirvieron el café o el desayuno.
'Vengo seguido. A veces entro sólo a ver con quién toman café algunas personas como usted', me explicó el mismo día en que me mostró la foto. Le pregunté si pagaba por la información y me respondió que era más eficiente hacerse amigo de la gente. Tiempo después, me confesó que algunos de sus colegas sí tienen dinero para pagar a informantes.
Aunque era un agente secreto, yo sabía que trabajaba para el OIE porque él mismo me lo había aceptado a regañadientes poco después de que me lo presentara un asesor del gobierno del ex presidente Mauricio Funes, quien le había dicho que yo era un periodista de fiar. Fue muy parco cuando aceptó que trabajaba de espiar a la gente: se limitó a decir que hacía labores de inteligencia, así en general. Eventualmente, y después de un par de cafés, empezó a contarme de las precariedades que pasaban en 'la oficina', como llama al OIE. Me pareció que su inconformidad lo llevó un día a sincerarse. 'Da cólera ver tanto hijueputa de corbata que no hace nada y yo por 800 dólares ando hablando con pandilleros'.
Seguimiento a periodistas
El puesto formal de El Espía en el organigrama del OIE era de 'agente operativo'. Si las cosas no han cambiado desde agosto pasado, un agente operativo debe reportarse con el 'jefe de grupo operativo', quien se encarga de las operaciones en el terreno y misiones especiales. Así se lo explicó a El Faro un exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado.
Para este reportaje, El Faro entrevistó a dos exdirectores del OIE, a un exsubdirector del Organismo, a dos exagentes y a un agente activo; también se habló con un agente del CIP, un asesor presidencial en asuntos de inteligencia durante la administración de Mauricio Funes, un ejecutivo de la presidencia que en algún momento coordinó trabajo con el Organismo y con un policía ya retirado que hizo operaciones conjuntas con el OIE. También se revisó la información incluida en una demanda legal contra el Estado hecha por exagentes de inteligencia, por presunta violación a garantías laborales. Todas las fuentes y los documentos coinciden en un mismo punto: la OIE es una institución llena de precariedades y se le utiliza para labores que tienen que ver más con el espionaje político que con la seguridad del Estado.
Según un exdirector y El Espía, un agente operativo pasa la información de cada día a un oficial de inteligencia que, en teoría, se encarga de analizar y procesar la información recogida en el terreno. Es decir, el trabajo medular de esta oficina lo realizan dos tipos de agentes: los analistas de oficina y los agentes de calle.
Otro exdirector de la OIE resume el organigrama de la siguiente manera: existe una dirección y subdirección que tienen por debajo las siguientes grupos de trabajo: los agentes operativos, que hacen investigaciones o misiones en el terreno; un equipo de análisis, agentes que hacen informes a partir de la información que recogen los operativos; equipos de seguridad, que custodian las instalaciones; un grupo de contrainteligencia, que hace investigaciones del personal del OIE; y otro grupo especializado en seguimientos, que se coordina con el equipo de agentes operativos. Según El Espía, aunque los miembros y los nombres de los departamentos van cambiando con cada gestión presidencial, las funciones principales de cada grupo suelen mantenerse intactas.
Según información del Asesor de Inteligencia de la gestión Funes y un exdirector del OIE, el personal de este organismo es de al menos 120 personas y el cuerpo de agentes operativos es de al menos 30 miembros. Los grupos de seguimiento varían según el personaje o misión, explica un exdirector del OIE. “Había veces que eran dos personas en un vehículo; una pareja en una moto, otra pareja en una moto distinta... Solo ahí son 6 personas”, dice.
El Espía nunca me reveló ni quién tomó la fotografía ni las circunstancias en que alguien decidió que había que fotografiarme un día de febrero de 2013 en las afueras de una discoteca de San Salvador. En 2016, cuando volvimos a reunirnos, él ya no trabajaba en la OIE pero seguía colaborando en labores de inteligencia para el segundo gobierno del FMLN. En nuestro encuentro quise averiguar sobre el paradero de aquella foto.
—¿Todavía tiene mi foto?
—Ya la perdí. Si se la pasaba en aquel momento, me despedían. Yo sé que usted no es gay, no se preocupe. Usted siempre ha ido con su novia, ¿verdad?
—¿Y para qué la iban a ocupar?
—Si no es porque andaba con una mujer, quizá lo hubieran marcado como gay.
—¿Y eso es importante?
—En la oficina se escucha y se ve de todo, y de homosexuales está inundado el gobierno.
—¿Y para qué sirve ese tipo de información?
—Una foto en redes mueve montañas y votos, ¡me extraña!...
El Espía repitió en nuestras conversaciones que, entre 2012 y 2014, al menos tres oficinas de inteligencia del Estado siguieron a periodistas de El Faro: el OIE, la Sipol y la S2. En algunas de las conversaciones aportaba detalles que en el periódico nos permitía atar cabos para concluir que, en efecto, recibimos seguimientos físicos.
La fotografía fuera de la discoteca solo fue uno de esos detalles. Un miembro activo de la SIPOL que confirma esos seguimientos asegura que tienen como fin identificar a las fuentes de los periodistas. Este policía hizo también algunos seguimientos para el Organismo de Inteligencia del Estado y dice que tanto OIE como SIPOL conservan en sus archivos fotografías de otros periodistas de El Faro tomadas en lugares públicos y que son producto de estos seguimientos. 'Ustedes son el medio para llegar a sus fuentes', insiste.
Según El Espía, el interés particular de la inteligencia del Estado con los periodistas de El Faro nació tras la publicación, en mayo de 2011, del reportaje El Cártel de Texis, que reveló una estructura dedicada al tráfico de cocaína liderada por un importante empresario hotelero aliado con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador. Sin embargo, desde el primer trimestre de 2012, el objetivo de los seguimientos tuvo que ver más con el interés de los agentes por conocer la información y las fuentes que este periódico llegó a manejar sobre la negociación de La Tregua, liderada por el entonces Ministro de Justicia, David Munguía Payés, y en tiempos en que el OIE era manejado por el economista Ricardo Perdomo y el coronel Simón Molina Montoya, por años asesor de Munguía Payés.
¿Hay otros periodistas en la lista de seguimientos del OIE? El Asesor y El Espía coinciden en que el foco principal se ha mantenido en los periodistas de El Faro por el morbo de conocer fuentes de algunas publicaciones de este periódico, pero esto no significa que no haya periodistas de otros medios en la mira. El Espía y El Asesor coinciden en que dos periodistas de Factum comenzaron a ser seguidos luego de que este medio revelara, en agosto de 2017, la existencia de un grupo de exterminio en las filas de la Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador (FES). “Las fuentes de los otros medios no son secretas… Factum es otro medio de interés. El muchacho Bryan y Fagoaga tuvieron cola el año pasado, pero no sé de más”, dice El Asesor. El Espía confirma el seguimiento a Factum, pero no da más detalles.
El Faro consultó a estos periodistas y ellos dicen estar al tanto de la vigilancia de agentes de inteligencia. El jefe de redacción de la revista Factum, César Castro Fagoaga, dice que tuvo información de otro tipo, pero que involucra al OIE. “Nosotros nos enteramos, informados por varias fuentes, que éramos objetivos del OIE. No específicamente de seguimientos físicos pero sí de hostigamientos digitales. Se nos informó que varias cuentas que nos atacaban y amenazaban, desde Twitter y Facebook, eran controladas por agentes del OIE. Pedimos explicaciones y denunciamos las cuentas e intimidaciones ante la Fiscalía y Policía”.
Fuera del radar de los medios, las denuncias en contra del OIE han venido de magistrados de la Sala de lo Constitucional, funcionarios de gobierno y empresarios. El común denominador en todos estos casos es que los denunciantes son considerados como opositores políticos por funcionarios de gobierno y líderes del partido FMLN.
Por ejemplo, en julio y agosto de 2012, los magistrados Belarmino Jaime y Florentín Meléndez denunciaron públicamente seguimientos de agentes del OIE “ordenados desde Casa Presidencial”, según declaró Meléndez a El Diario de Hoy. Esos supuestos seguimientos habrían ocurrido en un contexto en el que el partido de gobierno arremetía contra las resoluciones de la Sala de lo Constitucional desde la Asamblea Legislativa y desde la Presidencia.
Cinco años más tarde, en enero de 2017, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, denunció que había sido objeto de seguimientos por parte de agentes del OIE, según reseñó La Prensa Gráfica. “Nosotros hemos estado teniendo seguimientos. Hace ya algunos meses. Detectamos carros que se estacionan en visitas sociales, en casas de unos amigos, se quedan esperando, al salir nosotros nos dan seguimiento. Se intercambian porque no solo es un vehículo”, dijo Cardenal a ese medio.
Ese mismo año, pero el 23 septiembre, la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía inició una investigación para determinar si efectivamente el FMLN tiene acceso a la Inteligencia del Estado y si la utiliza con fines políticos y para espiar a funcionarios y a otras personas. La Fiscalía abrió esta investigación luego de que El Faro revelara un audio en el que un dirigente del FMLN acepta que el partido tiene acceso a información de inteligencia del Estado y llega a sugerir que es capaz de utilizarla en contra de un funcionario de gobierno que, a ojos de ese dirigente, se ha salido del camino del Frente.
Los seguimientos a periodistas de la redacción de El Faro siguieron ocurriendo en 2016 y 2017. Por seguimientos ocurridos en 2016 de parte de sujetos que se identificaron como “policías”, El Faro incluso interpuso denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos, que ha investigado el caso pero todavía no ha dado una resolución. El Faro pidió una entrevista al actual director del OIE, Edgardo Lizama, para hablar del funcionamiento del OIE, de sus objetivos, de los seguimientos a periodistas y de si estos se daban también con políticos, empresarios o representantes de sociedad civil. “Usted sabrá que por el cargo que tengo no hablo con periodistas', respondió Lizama, al terminar un evento en el que la Policía condecoró a varios agentes, en agosto de 2017.
Otra muestra: a finales de 2016, un agente secreto tomó la foto de un colega de El Faro en una cafetería de la panadería San Martín de Merliot. El periodista estaba entrevistando a Raúl Mijango, el mediador de la tregua entre pandillas. En aquel momento, El Faro no pudo denunciar el hecho por no contar con una prueba física de ese seguimiento, pero para este reportaje consiguió una copia de la foto.
Los dos exagentes del OIE, el de la SIPOL y el exasesor de Funes coinciden en que el año de mayor intensidad de estos seguimientos a periodistas de El Faro fue 2012, coincidiendo con las investigaciones de este periódico sobre las negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. El Espía dice tener constancia directa de compañeros suyos en la OIE a los que les fue asignada la misión de dar seguimiento a los cuatro periodistas de El Faro que firmamos la nota que el 14 de marzo de 2012 reveló que el gobierno de Funes había negociado con las pandillas para que estas redujeran los homicidios. “Usted ni se da cuenta. Se turnan por cada semáforo y, cuando no es un vehículo, tiene a la par una moto. Por lo general en la moto van un hombre y una mujer, así usted no sospecha”, describe.
Las mismas fuentes aseguran que los informes resultantes llegaban a la oficina del coronel Simón Molina Montoya, que fue subdirector del OIE durante casi tres meses en el gobierno de Funes.
Este militar, asesor de Munguía Payés en el Ministerio de la Defensa desde 2009, llegó al organismo tras la destitución, el 27 de diciembre de 2011, del primer director del OIE proveniente de las filas de la exguerrilla: Eduardo Linares. Para esa fecha, Munguía Payés ya llevaba varias semanas como ministro de Justicia y Seguridad Pública. En la práctica, Molina Montoya dirigió el OIE como interino un par de semanas, hasta el 5 de enero de 2012, cuando Funes colocó a Ricardo Perdomo, un economista, exministro de Economía del gobierno pedecista de Napoleón Duarte y viejo conocido de Munguía Payés, como director del organismo de inteligencia en sustitución de Linares. A media gestión presidencial, el presidente Funes, que desconfiaba de su propia inteligencia del Estado, se deshizo del control que el FMLN tenía en tres entidades: el ministerio de Justicia y Seguridad, Policía Nacional Civil y el OIE.
Molina Montoya fue subdirector del OIE hasta marzo de 2012, cuando fue removido por Perdomo, ahora superintendente del Sistema Financiero. En aquella época, su salida fue matizada de inmediato por el presidente Funes, quien dijo que no debía verse como una “destitución” sino como un traslado de funciones, ya que Molina Montoya se convertiría en asesor de Munguía Payés en el Ministerio de Justicia.
La foto de la discoteca fue tomada un mes antes de esa destitución, pero El Espía, un agente de inteligencia policial y el exasesor de Inteligencia del presidente Funes aseguran que los reportes de seguimientos a periodistas siguieron llegando a Molina Montoya en su nueva oficina en el Ministerio de Justicia y Seguridad.
El miércoles 3 de enero de 2018, El Faro pidió una entrevista con el coronel Molina Montoya a través de la oficina de prensa del Ministerio de Defensa. Molina Montoya me atendió tres días más tarde en un restaurante de la capital. El Coronel llegó vestido de civil: una camisa polo color cian, jeans negros y gafas oscuras. Respondió sin exaltarse y se mostró interesado en responder. No negó la existencia de los grupos de seguimientos ni los seguimientos a El Faro, pero fue muy enfático en estos puntos: en que ese tipo de órdenes no las da un subdirector, en que él recibió el OIE de manos del exdirector Linares pero nunca asumió como director, cosa que sí hizo Ricardo Perdomo.
—En esa época había un operativo, no había segundo —se excusa Molina Montoya—. Ricardo Perdomo recibe la dirección, yo me salgo de ese esquema y me quedo con la misión de puertos, aeropuertos y fronteras. ¿Cómo podía dar seguimiento a un periodista si yo no tenía ningún mandó en el OIE? ¿Qué motivo había para seguir un periodista?
—Usted dice que no tenía facultades para ordenar seguimientos a periodistas, pero acepta que existía una persona operativa OIE abajo del director —le insisto—. ¿Lo que me sugiere es que usted no fue quien dio la orden, pero que pudo haber sido la persona abajo del director o el mismo director Perdomo?
—No, lo que quiero decir es que el subdirector no pudo haber sido y que tampoco sé si en esa época hubo seguimientos. Yo en lo personal no me di cuenta si hubo seguimientos a algún periodista.
—Existe el grupo de seguimientos. ¿A quiénes seguían?
—Yo estuve como 20 días, uno en 20 días no se entera de cómo funciona... Se necesita al menos 3 meses… Yo no puedo haberme enterado de los seguimientos. Yo me dediqué a la parte administrativa, a recibir vehículos, etc. No hubo nada operativo en aquel tiempo, fue muy corto el tiempo.
El Faro pidió también entrevistas a Linares y Perdomo. Linares se rehusó a hablar del OIE. A través de la oficina de prensa de la Superintendencia del Sistema Financiero, Perdomo respondió el domingo 7 de enero de 2018 que “nunca ordenó seguimientos a políticos, periodistas ni a personas honradas”, que en su gestión siempre actuó en apego a la ley y exigió siempre el respeto a los derechos humanos.
El OIE nació con los Acuerdos de Paz de 1992 para quitar a los militares la inteligencia estatal y ponerla bajo responsabilidad directa del presidente de la República. También, se suponía, iba a acabar con el uso de la inteligencia del Estado para espiar a opositores políticos, una práctica que en el pasado también se utilizaba con fines oscuros. Según la ley del OIE, aprobada el 20 de septiembre de 2001 por los partidos Arena, PCN y el exdiputado Orlando Arévalo, “el Organismo de Inteligencia del Estado es un ente de carácter civil, profesional y apolítico al servicio de la sociedad y el Estado” y debe procurar “el acopio y análisis de información para la seguridad, defensa y desarrollo de la sociedad y el Estado”. En sus funciones está informar y asesorar al presidente de la República en materia de inteligencia en seguridad del Estado y ayudar a preservar el régimen democrático.
Los seguimientos a periodistas de El Faro también se registraron en los últimos meses de 2016. En periodo de vacaciones, un periodista de El Faro había planificado recibir clases de surf en una playa de La Libertad junto a su pareja. De las clases solo sabían el periodista, su pareja y el instructor con el cual habían acordado, vía telefónica, las fechas, hospedajes y horarios. Por esos días, en uno de mis encuentros con el exasesor de inteligencia, me preguntó quién era el periodista inscrito en clases de surf “que se irá a vivir a la playa”. No supe qué responderle, porque en El Faro nadie sabía de los planes del colega. Según el exasesor, la información la había obtenido de agentes de la OIE que daban seguimiento a ese periodista. El Faro puso en conocimiento de este hecho a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El Faro también denunció ante la PDHH un seguimiento ocurrido el 28 de julio de 2016. En una conferencia de prensa de la Policía Nacional Civil, periodistas de El Faro fueron fotografiados por sujetos que se presentaron como policías. El Faro también fotografió a esos sujetos, y anexo las imágenes como pruebas en las denuncias.
A nivel continental, el espionaje y seguimientos a periodistas fuera de los marcos normativos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos es considerado ilegítimo, debe ser investigado y sancionado, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En junio de 2017, la Relatoría actualizó este señalamiento tras las denuncias de espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Según la Relatoría, “la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información”.
Un instrumento político
Los dos exdirectores del OIE, el exasesor de la presidencia de Funes y dos agentes de inteligencia concuerdan en que al menos una vez al mes el presidente de la República recibe en su despacho un sobre de papel manila que contiene el informe de operaciones del OIE.
El índice de uno de esos informes, entregado al presidente Salvador Sánchez Cerén hace alrededor de cuatro meses y al que El Faro tuvo acceso, ilustra las temáticas que centran el trabajo del Organismo de Inteligencia del Estado de El Salvador. Recoge tres puntos, textualmente:
“Evolución de los problemas de Arena si han mejorado o empeorado.”
“Cómo está a la fecha la Subdivisión de grupos internos (en Arena).”
“Ejes de ataque mediático y estratégico contra el FMLN y el gobierno.”
Dos exdirectores del OIE y un exsubdirector de esa agencia corroboran el uso del aparato estatal para vigilar a los partidos políticos de oposición, pero también a políticos afines al gobierno. Entrevistados por separado, los tres lo justificaron con el hecho de que, según ellos, tanto el partido Arena como el FMLN han tenido por años sus propios mecanismos de inteligencia y por eso ha resultado “natural” que desde el Ejecutivo se les espíe también.
El pasado septiembre, El Faro ya reveló una conversación grabada en la que un dirigente del partido FMLN confirmaba que el uso del OIE para el espionaje de adversarios políticos es una realidad también en el actual gobierno. En dicha conversación Miguel Sáenz Varela, miembro del Consejo Nacional del FMLN, explicaba a sus interlocutores que gracias a las agencias de inteligencia estatal podía presionar a otros funcionarios, y se refería específicamente al presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, Rogelio Rivas, a quien consideraba cercano a la órbita del alcalde capitalino Nayib Bukele, entonces en relación tensa con su partido y expulsado finalmente en octubre.
La figura clave en esa labor de vigilancia política durante la actual administración es, según coinciden un agente activo del OIE y un agente de inteligencia policial, Vladimir Centeno, actual subdirector del OIE. Centeno tiene ADN efemelenista: es el hijo mayor del fallecido exdiputado y exdirigente Humberto Centeno. Fue nombrado presidente del tribunal electoral interno del FMLN en julio de 2006 y en el partido muchos lo consideran un operador político del dirigente José Luis Merino. En 2009 Centeno fue candidato a diputado y el mismo año comenzó a trabajar en el Ministerio de Educación, cuando el ministro era el hoy presidente Sánchez Cerén. El hoy subdirector de Inteligencia del Estado fue el responsable de seguridad de Sánchez Cerén mientras fue ministro de Educación.
Los dos agentes de inteligencia aceptan haber trabajado bajo las órdenes de Centeno y afirman que el actual subdirector de la OIE ha ordenado seguimientos a periodistas de El Faro. Aseguran, además, que tiene a su cargo no solo a agentes del OIE sino a personal y recursos de la Policía Nacional Civil.
Según dos fuentes de inteligencia, dos agentes de la Policía comisionados en el OIE dan seguimientos a periodistas de El Faro desde al menos cinco años. Las fuentes proporcionaron a este periódico los nombres y los números de identificación de los agentes operativos “Ignacio” y “Junior”.
Vía Ley de acceso a la información, El Faro pidió a la PNC información sobre estos agentes y confirmación del trabajo de estos en el OIE. La institución denegó formalmente la solicitud, pero el 20 de octubre de 2017, durante una audiencia de avenimiento —o conciliación entre las partes— en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y en presencia de Carlos Ortega, presidente del IAIP, el apoderado legal de la PNC, José Roberto Escobar González, reconoció a un investigador de El Faro que existe personal policial en comisión de servicio en el OIE, en la Superintendencia del Sistema Financiero dirigida por el exdirector del OIE Ricardo Perdomo, y en el ministerio de Relaciones Exteriores. Desestimó sin embargo hablar de los dos agentes en particular, que en la PNC tienen el grado de sargento según una respuesta oficial de la institución.
Perdomo respondió a El Faro que no tiene conocimiento de agentes de la PNC, haciendo labores para el OIE, destacados en la institución que dirige.
El viernes 5 de enero, El Faro entregó en la sede del OIE una carta de solicitud de entrevista a Vladimir Centeno, que incluye los principales hechos recogidos en este reportaje. Recibió la carta Erick Estrada, que se presentó como empleado de Centeno. “Yo se lo voy a entregar. Él no está aquí, está en Casa Presidencial. Hoy lo voy a ver”, dijo Estrada desde el otro lado de una puerta sellada con malla metálica. No ha habido respuesta a esa solicitud.
El secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, también recibió de El Faro un punteado de los principales hechos recogidos en este reportaje, con énfasis en los seguimientos a periodistas, políticos opositores y afines al gobierno, con el objeto de que Casa Presidencial se pronunciara al respecto. Entre las preguntas que se hicieron llegar a Chicas están: ¿Por qué el OIE sigue a periodistas? ¿Por qué funciona de manera tan discrecional al punto de manejar sus pagos en efectivo? ¿Por qué los agentes no cuentan con protección social ni prestaciones de ley? El Secretario respondió escuetamente que ningún funcionario está autorizado para hablar de tema alguno relacionado con el OIE y que no podía responder a ninguna pregunta:
“Los temas sobre el OIE son de carácter reservado y todos los funcionarios están inhibidos de hablar y dar declaraciones a periodistas. Ustedes como medio pueden hacer sus investigaciones”, respondió Chicas, alegando además que la Ley y el Reglamento del OIE establecen la prohibición de cualquier miembro del Organismo a hablar con periodistas.
En realidad la Ley no dice nada al respecto. El reglamento de la institución —aprobado en agosto de 2016, tras un amparo presentado en 2015 ante la Sala de lo Constitucional por exempleados despedidos de la OIE— sí establece que “todos los aspectos operativos, administrativos, presupuestarios, de personal, organización y funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estados, serán clasificados”. También dice que “todos los asuntos, actividades y documentación sobre los cuales conozca o produzca el Organismo de Inteligencia del Estado serán clasificados y están excluidos del manejo de terceros ajenos a las actividades y servicios a cargo del Organismo de Inteligencia del Estado, para los efectos penales y administrativos”.
Cuando El Faro le pidió explicaciones, el actual director del OIE, Edgardo Lizama alegó, como Chicas, que existe un acuerdo de no hablar de nada que tenga que ver con la institución porque cualquier cosa que tenga que ver con ella es, dijo, de carácter reservado.
El trabajo de las oficinas de inteligencia no se trata con este nivel de secreto en otros países. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), tiene un portal web con información básica sobre su funcionamiento, su estructura y cada cierto tiempo desclasifica mucha de la información que produce. El trabajo de la CIA, además, es vigilado periódicamente por un Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, que llama al director de la institución a rendir cuentas del trabajo de la organización.
En el Reino Unido, el MI5, la agencia de inteligencia, también tiene un portal web con información sobre sus funcionarios y el funcionamiento básico de este servicio secreto, que rinde cuentas de su trabajo al Ministerio del Interior británico. En noviembre de 2016, Andrew Parker, director del MI5, incluso rompió una tradición de sus predecesores que se mantuvo por 107 años: concedió una entrevista a un medio de comunicación.
Del OIE salvadoreña solo se conoce, cada vez que es juramentado, el nombre del director de turno, aunque la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para recomendar al presidente, de manera vinculante, la remoción de las autoridades del OIE. Esta facultad fue una reforma a la Constitución introducida en los Acuerdos de paz de 1992, y obliga a una comisión especial de la Asamblea a monitorear el trabajo del OIE, sobre todo si hay sospechas de violaciones a los derechos humanos en sus acciones.
La única vez en que la Asamblea amagó con fiscalizar el OIE ocurrió a principios del nuevo siglo, durante los gobiernos del partido de derechas, Arena. En el año 2000, El Diario de Hoy (EDH) publicó una investigación sobre intervención de llamadas telefónicas en contra de empresarios, políticos y periodistas a través de una terminal fantasma enlazada con las terminales de la compañía TELECOM. La intercepción de las llamadas se realizaba a través del código B9 (empleado para las líneas intervenidas). La mirada de la Comisión de Seguridad de la Asamblea apuntó hacia el OIE luego de una denuncia del empresario Jorge Zedán (entonces dueño de SALTEL, competencia de TELECOM), pero también de declaraciones comprometedoras de exfuncionarios del segundo gobierno de Arena. En junio de 2000, por ejemplo, el exsuperintendente de Electricidad y Comunicaciones, Orlando de Sola, declaró a EDH que cuando ocupó ese puesto se le mostró, en Casa Presidencial, el lugar donde se grababan las conversaciones de las personas cuyos teléfonos estaban intervenidos.
El primer director del OIE, Mauricio Sandoval, después director de la PNC durante el gobierno de Francisco Flores y precandidato presidencial de Arena, declaró entonces a EDH que el OIE “no intervino” telecomunicaciones en su gestión, que transitó en dos periodos presidenciales: el de Alfredo Cristiani y el de Calderón Sol. Ni la Fiscalía, entonces dirigida por Belisario Artiga, ni la Asamblea llegaron a conclusiones sobre el caso y la Asamblea solo terminó recomendando al presidente Flores mejorar los controles del OIE desde la Presidencia.
Para ese tiempo, el organismo estaba dirigido precisamente por un experiodista, Flavio Villacorta. En su gestión, Villacorta llegó llegó a comparecer ante una comisión de la Asamblea, pero según dijo a EDH solo lo hizo para hablar de “asuntos de interés público”. Un técnico legislativo que lleva en la Asamblea desde 1992 explica que los diputados nunca han utilizado el poder que les da la Constitución para interpelar al OIE.
Un nido de sospechas
El exasesor presidencial de inteligencia, que sirvió durante la gestión de Mauricio Funes, tiene poco más de 40 años de edad, conduce un vehículo cuatro por cuatro y usa distintos relojes, algunos del precio de un automóvil y trabaja en su empresa personal. Por ingresos, no necesita el trabajo de espía. Tiene una conversación inteligente y conoce en detalle la historia de las familias más ricas del país. Sabe también, al dedillo, el quehacer de los comandantes guerrilleros que conducen al FMLN.
El exasesor conoce a muchos de los agentes de inteligencia de los distintos organismos del país y fue testigo de algunos episodios que retratan no sólo el día a día de la inteligencia salvadoreña sino su fragilidad. Por ejemplo, estaba presente cuando un escuadrón de brasileños irrumpió en las vísperas de la toma de posesión del presidente Funes, en mayo de 2009, en la Casa Presidencial: la tarea del escuadrón consistía en rastrear micrófonos y cámaras, por si la administración saliente tenía planeado espiar al primer presidente de bandera efemelenista.
Aquella incursión estaba patrocinada por el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, en un gesto más de amistad con la nueva administración, en cuya campaña electoral había colaborado. Según la justicia brasileña, parte del financiamiento brindado por Lula a la campaña de Funes era producto de sobornos de la empresa Odebrecht.
El avión oficial con el equipo de inteligencia de Brasil estuvo en El Salvador apenas unas horas, a finales de mayo. El exasesor y un ejecutivo de la Presidencia, que en algún momento coordinó trabajo con el OIE, fueron testigos de ese rastreo. Contaron al menos ocho personas en labores de detección de micrófonos y cámaras. Aterrizaron de mañana en el Aeropuerto Internacional en Comalapa y fueron trasladados en helicóptero a la Casa Presidencial. Después de casi tres horas de registros, no encontraron nada. Se fueron poco después del mediodía.
Cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks y publicados en 2010 y 2011 por El Faro ya confirmaban que, antes de llegar al poder, Mauricio Funes temía estar siendo espiado por el gobierno de Antonio Saca. En concreto, un cable firmado de octubre de 2008 por Robert Blau, entonces encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, aludía a la sospecha de Funes que el gobierno de Saca tenía intervenido ilegalmente su teléfono y que tanto él como su entonces esposa y actual Secretaria de Inclusión, Vanda Pignato, habían recibido seguimiento por parte de vehículos de la seguridad del Estado. Otro cable fechado el mismo día dejó constancia de que los fundadores del movimiento Amigos de Mauricio, que promovían la postulación de Funes, entre ellos el mismo David Munguía Payés, que encabezó el Ministerio de seguridad y hoy ocupa el de Defensa, creían también que sus teléfonos estaban intervenidos por agentes estatales.
Meses después, el ya presidente Funes mantenía esos temores, pero ahora referidos a funcionarios de su mismo gobierno, pertenecientes al partido FMLN. Otro cable, este de agosto de 2009, retrata que un enviado de Funes también dijo a Blau que solo tres meses después de tomar posesión el presidente ya estaba “decepcionado” del trabajo del director del OIE, Eduardo Linares. Reclamaba que Linares no cumplía su deber de entregarle reportes diarios y sospechaba que le ocultaba información. A esas tempranas alturas de su gobierno, Funes ya había decidido trasladar “una parte significante de las tareas de inteligencia del OIE hacia la Fuerza Armada”, según un nuevo cable también de agosto, en el que el diplomático estadounidense se hace eco de la intención de Funes de, además, “reducir gradualmente el presupuesto del OIE para marginalizar la capacidad de la agencia para operar efectivamente”.
El exasesor de Funes afirma que, solo un par de meses después de haber hecho llegar estas ideas a la embajada estadounidense, el expresidente volvió a pedir ayuda a su homólogo brasileño y en octubre de 2009 llegó al país otra misión procedente de Brasil. La encabezaba el coronel Romeu Antonio Ferreira, director de la escuela del Servicio de Inteligencia de Río de Jainero, con el encargo de hacer una auditoría a las cuatro oficinas de inteligencia del Estado.
Ferreira ha sido parte de la Escuela Nacional de Informaciones (ESNI), de Brasil, y trabajó en el Centro de Inteligencia del Ejército de su país como jefe de Operaciones de Inteligencia y jefe de Contrainteligencia.
Además, era amigo personal de Mauricio Funes y Vanda Pignato. Les conoció en El Salvador a principios de los noventa, cuando fue jefe del Estado Mayor de la División Militar de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (Onusal).
En tres meses de auditoría, Ferreira llegó a las siguientes conclusiones: uno, que el Estado carecía de centro de escuchas telefónicas y debía tener uno; dos, que el OIE carecía de personal capacitado para hacer investigaciones de buena calidad, de tecnología básica para su trabajo y de personas que pudieran utilizarla. Y en tercer lugar, Ferreira determinó que no había coordinación entre las cuatro oficinas de inteligencia de El Salvador: el OIE, el Centro de Inteligencia Policial (CIP), la inteligencia militar (conocida como S2) y la inteligencia penitenciaria.
“Lo que (los agentes) hacían eran informes de chambres y algunas ideas que leían en los mismos medios. Basura”, recuerda el ejecutivo de la presidencia. “El presidente Mauricio Funes hacía literalmente polvo los informes que le presentaban”.
Según su exfuncionario, aunque en un principio Funes prestaba alguna atención a los informes, pronto empezó a considerar que eran inútiles y a instruir que los destruyeran prácticamente sin leerlos. “Aquellos informes parecían rinso al pasarlos por la trituradora de papel. Terminaban como detergente de lavadora”, dice.
Al completar su diagnóstico, el coronel Ferreira dio un resumen de su informe al presidente, que estaba acompañado solo de un puñado de funcionarios. Uno de ellos resume la esencia de aquella presentación: 'Presidente, tú no tienes servicios de inteligencia.”
Una institución con IQ bajo
'Una vez confundieron al secretario privado con un familiar homónimo”, dice un agente activo del OIE sobre la calidad de los informes de sus compañeros. “Eso, para decirle el tipo de basura que manejaban”.
En la libreta de apuntes del exasesor de Funes quedaron registradas algunas de las propuestas de mejora del OIE que el coronel Ferreira hizo a Mauricio Funes cuando todavía le restaban cuatro años de gobierno: integrar las cuatro oficinas de inteligencia del Estado y crear el Sistema de Inteligencia Integrado de El Salvador; comprar un equipo de intervención de llamadas telefónicas; elaborar un plan de trabajo de cara a los cuatro de años de gestión que aún faltaban...; y crear una escuela formal de capacitación de agentes de espionaje.
El actual gobierno parece haber tomado en cuenta parte de la primera de esas propuestas: creó una oficina que tiene acceso a información de las cuatro oficinas de inteligencia del país y hace análisis conjunto de esa información. La oficina depende del Ministro de Seguridad, y los agentes lo llaman “el CAI”. Según el agente activo del OIE, 'CAI' significa Centro de Análisis de Información.
Fuera de eso, no ha habido muchos avances. Desde el gobierno de Antonio Saca (2004-2009), el OIE tiene alrededor de 30 agentes operativos que trabajan en una casa de mediados del siglo pasado en el barrio San Jacinto, muy cerca de la antigua Casa Presidencial, en el sur de San Salvador. Son los agentes de terreno, como El Espía, y no siempre van armados. El Espía, en sus tiempos de servicio en el OIE, usaba su propia arma de fuego.
Antes de ser un agente de terreno, El Espía fue jefe de análisis del OIE. Como tal, coordinaba un grupo de agentes que leía periódicos, vigilaba noticias en la televisión o escuchaba la radio para hacer un resumen de lo que aparecía en los medios de comunicación. Oficinistas que posiblemente hacían la parte más aburrida y menos glamurosa de una oficina de inteligencia.
Antes de dejar su trabajo, El Espía ganaba 800 dólares mensuales por hacer seguimientos y colaborar en el análisis de información.
El detalle de antecedentes de 30 empleados y exempleados del OIE a la que tuvo acceso El Faro permite saber que la mayoría de agentes de espionaje salvadoreños cursaron el bachillerato y tenían instrucción militar por su pasado en la guerrilla o en la Fuerza Armada. Según su antigüedad en el OIE, contó un exdirector, un agente como El Espía puede llegar a un tope salarial de 1,200 dólares a los que se pueden agregar viáticos. El pago siempre se ha hecho en efectivo, según cuenta el Exdirector, El Asesor y El Espía.
Uno de los exdirectores del OIE matiza: dice que en algunas ocasiones los honorarios pueden superar ese tope salarial de 1,200 dólares. “Yo tenía un par de agentes con salarios superiores y otras prestaciones”, dice. La razón: una misión considerada de alto riesgo. “Tuvimos agentes en zonas de pandillas, viviendo ahí, básicamente”.
Aunque los salarios varíen por algunos cientos de dólares, hay una constante: casi ninguno de los espías recibe las prestaciones de ley. En el mundo opaco y arbitrario del OIE no hay cotizaciones al Seguro Social, ni a las AFP y los agentes, por lo tanto, no tendrán derecho a pensión en virtud de este trabajo.
En agosto de 2015, 29 exempleados del OIE acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a pedir amparo contra actuaciones de la Presidencia de la República. Habían sido despedidos al final del gobierno de Mauricio Funes, en mayo de 2014, y alegaban lesiones a su derecho de audiencia y al de estabilidad laboral. Los demandantes habían sido víctimas de una relación laboral marcada por la informalidad: habían sido contratados sin que se suscribiera ningún documento, con un contrato de palabra. Además, la inexistencia de prestaciones de seguridad social los dejaba repentinamente en extrema precariedad.
Las declaraciones de los exempleados del OIE ante los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional revelan que según la misión asignada, algunos empleados sí tienen acceso a seguro privado y otros al Seguro Social, donde son registrados con un nombre falso, pero esas son excepciones. Otros, cuenta un testigo de las audiencias de este caso, simplemente reciben un código escrito en un trozo de cartulina con el que obtienen servicios del Hospital Militar.
Pese al duro diagnóstico hecho por el experto brasileño en 2009 y las versiones que apuntan a pocos cambios desde entonces, dos exdirectores del OIE aseguran que la agencia tiene una estructura y los cargos que demanda un aparato de inteligencia “de primer mundo” , y que para ello cuentan con al menos un total de 120 empleados. Alegan, por ejemplo, que tienen una oficina de contrainteligencia: “Se encarga de supervisar y vigilar internamente al personal para que no haya filtraciones o compras de información”, dice uno de ellos.
Durante los gobiernos de Arena, esa oficina de contrainteligencia revisaba periódicamente las finanzas de los empleados del OIE, examinaba sus cuentas de bancos y la forma de vida que llevaban. “Si había un incremento en gastos y cambio en sus acciones, si tomaba alcohol o consumía drogas...”, dice uno de los exdirectores.
—Usted dice que el OIE tiene personal capacitado y una oficina de contrainteligencia. ¿Pero por qué persiguen entonces a gente para saber con quién se acuesta? —pregunto a ese exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado.
—No solo hacemos eso —responde—. Los seguimientos a personas de interés son comunes en cualquier parte del mundo. Lo de las amantes y los gays es morbo, entra en información delicada... Eso sí, yo nunca la ocupé para joder gente.
—¿Y por qué seguir a periodistas?
—Te repito, muchos de ustedes son personas de interés. Hasta los bancos los califican así, preguntá por tu perfil en el banco.
—Y si los agentes del OIE hacen todo ese trabajo, que ustedes ven como importante, ¿por qué carecen de prestaciones de ley y Seguridad Social?
—Muchos tienen Seguro Social o aparecen en la planilla de una institución, el problema es con la pensión, eso sí se debe trabajar —dice.
El expediente del amparo registra uno de los casos, correspondiente a una exempleada del OIE: su reclamo es “contra la decisión del Presidente del Órgano Ejecutivo, por presuntamente haberle lesionado sus derechos fundamentales de audiencia, defensa, estabilidad laboral y debido proceso, al haberla despedido sin antes haberle seguido un procedimiento donde tuviera la oportunidad de defenderse”, dice el documento en manos de la Sala. Esta persona, como el resto de demandantes, explicó a los magistrados que ninguno de los directores del OIE que pasaron por la institución mientras ellos trabajaron ahí les aseguró estabilidad ni prestaciones.
El texto de una demanda describe las condiciones laborales de la siguiente forma: “Nunca elaboraron un contrato de trabajo por escrito y durante veinte años su salario fue entregado en efectivo, por lo tanto desconoce el régimen laboral que la vinculaba con el OIE”.
La informalidad y precariedad del funcionamiento del OIE que años antes señaló el informe del coronel Ferreira quedó registrada en la demanda de los empleados despedidos, y encaja en las constantes evidencias de arbitrariedad que rodean al OIE.
Una investigación de El Faro reveló el año pasado cómo entre 1994 y 2006 los últimos tres gobiernos de Arena utilizaron de forma arbitraria 322 millones de dólares de dinero público cuyo destino trataron de mantener fuera de la contabilidad oficial. Los libros de contabilidad paralela de esos fondos revelan que más de la mitad de ese monto corresponde a cheques emitidos en favor de los expresidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca; pero detallan también el uso, en 12 años y medio, de casi 59 millones de dólares en gastos atribuidos al OIE. Calderón Sol destinó a ese fin 14 millones; Flores 24 millones; Saca, en sus primeros dos años y medio de gestión, 21 millones. Es un promedio de casi 400 mil dólares al mes. De los libros se deduce que el gasto corriente —pagos de funcionamiento, incluidas las remuneraciones— del OIE sumaba en esos años unos 233 mil dólares al mes.
Un exdirector del OIE confirma el presupuesto de la institución: 'Yo podría justificar 233 mil 333 dólares con 33 centavos al mes, casi 14 millones en cinco años. Ese es el cheque que nos daban al mes, y los ministros de Hacienda lo saben', explica. Sin embargo, dice que sospecha que las distintas administraciones han puesto como excusa al OIE para sacar de las arcas públicas dinero que en realidad destinaban a otro uso. “Cada gobierno puede meter gastos de inteligencia que ejecutó la presidencia en otras cosas. Eso puede ser cualquier cosa”, asegura.
En el Presupuesto General de la Nación no se detalla el gasto asignado al OIE. Durante los gobiernos del partido Arena, los cheques para Inteligencia venían de la Presidencia de la República, financiados con fondos de la partida de gastos imprevistos y de las transferencias a la Presidencia que se hacían desde otras carteras, según los cuadernos de contabilidad paralela que registraron gastos de la partida secreta. Este último mecanismo de transferencias interministeriales fue eliminado por una resolución de la Sala de lo Constitucional. Durante el primer gobierno del FMLN (2009-2014, los fondos comenzaron a salir de una partida que ejecutaba la Secretaría Privada de la Presidencia.
Dos agentes del OIE, dos exdirectores y el exasesor de inteligencia de la gestión Funes confirman que el OIE recibió su presupuesto, durante muchos años, en entregas de dinero en efectivo.
El exasesor de Funes ilustra cómo se canalizaban los fondos para el funcionamiento de la institución:
—Me han dicho que los directores del OIE llegaban a traer maletines llenos de efectivo a la Presidencia de la República para los gastos de funcionamiento. ¿Es cierto eso? —le pregunto.
—Sí. Desde siempre ha sido así. Son maletines rellenos a veces con 200 mil dólares, a veces con 300 mil, y a veces pueden ser hasta 600 mil dólares al mes.
—¿Quién controla ese dinero?
—Mire, si un director es honesto, como lo fue Eduardo Linares, devuelve el dinero. Él devolvió más de 500 mil dólares en un maletín. En efectivo. Si no, basta con decir que lo gasta en operaciones y pago de planillas.
El Faro pidió a Linares una entrevista, pero se rehusó a conversar sobre su trabajo en el OIE: “No podemos hablar, disculpa, no voy a hablar con periodistas”.
—¿Nadie controla esos fondos? —le insisto al exasesor
—Solo el director sabe cómo se ocupan. Así ha sido siempre.
*Con reportes de Roberto Burgos Viale y Gabriel Labrador
