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“Estos que no cuidaron a mi hijo quieren que les cuide el voto”

En esta fila hay un padre de un hijo asesinado, una madre de una hija al borde de la deportación y muchas personas que no saben leer ni escribir. Son personas para las que el Estado salvadoreño no ha existido casi nunca, excepto ahora, cuando les exige que colaboren en las elecciones. Esta es la fila de quienes se excusan ante el Tribunal Supremo Electoral para no participar, pero esta fila, de alguna forma, también describe a un país.

 

 
 

La camioneta de Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, detuvo el tráfico en la 15 calle poniente de San Salvador por unos minutos. Una patrulla policial bloqueó el paso mientras el motorista de Olivo se estacionaba. Desde una de las aceras, medio centenar de personas observaba la escena, pero nadie lo hacía como Héctor Zepeda. “Mire los monstruos de camioneta que andan”, dijo, tras recibir un número de cartón y caminar casi media cuadra, al final de la fila.

Personas hacen fila para acceder al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sean excluidos, por diversos motivos, de su obligación de integrar la Juntas Receptoras de Votos. 29 de enero de 2018. Foto: Fred Ramos
 
Personas hacen fila para acceder al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sean excluidos, por diversos motivos, de su obligación de integrar la Juntas Receptoras de Votos. 29 de enero de 2018. Foto: Fred Ramos

Zepeda vive en Colón, La Libertad, y gastó tres dólares en pasajes de bus para llegar a la sede del TSE, en la capital salvadoreña. Tres dólares es el 1 % del salario -el mínimo para el sector industrial- que Zepeda gana como bodeguero, en Santa Ana. Su principal preocupación es económica: “¿A cuidarles el qué quieren que vaya? Y si no voy me van a meter multa, ¿y por qué? ¿A quién se le ocurrió esto?”.

Que ciudadanos desvinculados de los partidos políticos cuenten y cuiden los votos en las elecciones fue una ocurrencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional; multarlos por no acatar la orden fue ocurrencia de los diputados de la Asamblea Legislativa. En julio de 2015, la Sala ordenó a la Asamblea que reformara el Código Electoral para que los miembros de las juntas departamentales, municipales y receptoras de voto fueran “ciudadanos independientes, sin vinculación político partidaria”. Antes de esta regla, todos esos cargos habían sido llenados por personas vinculados a los partidos políticos, militantes la gran mayoría. Dos años más tarde, a ocho meses de las elecciones municipales y legislativas de 2018, los diputados aumentaron la multa de $25 a $114.28 -una tercera parte del salario mínimo- para quienes lleguen a negarse, “sin causa justificada”, a desempeñar el cargo para el que han sido elegidos.

Por eso el TSE ha sorteado, según número de documento de identidad (DUI), a casi 29 mil personas para integrar las juntas receptoras de voto. "Construye democracia, capacitarte es fácil", dice la publicidad del TSE para integrar las juntas. El fallo de la Sala, la reforma de la Asamblea y el sorteo del TSE ocurrieron en un contexto en el que la población ha denostado a los partidos políticos que irán a la contienda electoral de marzo. La población, según las encuestas, está muy desencantada. Para cuando se eligieron a los 29 mil contadores de votos, algunos elegidos y con acceso a redes sociales se quejaron. Desde la burbuja clasemediera, fueron criticados, se les reclamó su falta de espíritu cívico o de intención para cambiar la política... 

En la fila de Héctor Zepeda quizá no haya ninguno de esos que se quejaron en redes sociales. En la fila hay otra clase de salvadoreños, una que confronta con sus historias de vida al sistema político, al Estado, a los diputados, a todos esos funcionarios y políticos que ahora les exigen que les cuiden el voto. Son ciudadanos que durante muchos días, quizá todos los días de su vida, han sido defraudados, de manera sistemática. Hasta ellos, por años, han llegado a pedirles el voto, en sucesivas campañas electorales en tiempos de guerra y luego en la posguerra. Les han prometido de todo, pero les han regresado muy poco. Por eso en la fila están representadas las grandes tragedias de este país: hay víctimas de la violencia, parientes de migrantes que buscan mejores oportunidades afuera de este país, porque este país no puede ofrecerles eso, aunque en la campaña electoral así lo prometan todos. Esta es gente que se ha visto apiñada en el lado más duro de la desigualdad. Que la mayoría en la fila no sepa leer ni escribir es solo una de las realidades que han salido a flote gracias al entuerto de la Sala, los partidos políticos y el TSE. Las filas del TSE deberían dar vergüenza a todos los partidos en campaña. 

Estas filas han sido largas y constantes desde el 29 de enero. La magistrada del TSE Guadalupe Medina dijo que unas 500 personas se habían presentado hasta el 30. El TSE notificó a las personas desde la segunda quincena de enero y el plazo para presentar la excusa vence el 1 de febrero. Pero esto al final es secundario. Que puedan excusarse no quita que ellos son la prueba de las falsas promesas del sistema político salvadoreño, pruebas que durante mucho tiempo fueron maquilladas en los indicadores. De las que ninguno de los políticos en campaña quiere hablar, a no ser para señalar culpables en otras esquinas.

Héctor Zepeda está entre quienes presentan una excusa médica, la de él por haber tenido recientemente una cirugía de dreno intestinal. Pero independientemente de su razón, Zepeda no tiene ningún interés en ayudarle al Estado salvadoreño, porque el Estado no lo ha ayudado a él. “Hace cuatro años la delincuencia mató a mi hijo”, dice. Su hijo, Carlos Ernesto Zepeda Menjívar, tenía 16 años cuando fue asesinado. Ocurrió el 5 de septiembre de 2013. Salió de su casa, en Colón, para ir a una excursión corta, de unos 80 kilómetros, a Metalío, una playa de Sonsonate. En circunstancias que Zepeda aún no entiende, su hijo fue raptado, asesinado y su cuerpo apareció en Usulután, un departamento 200 kilómetros hacia el oriente.

“Supuestamente iban a llegar detectives, pero solo el día de la autopsia llegaron”, se queja Zepeda. En promedio, en El Salvador, solo uno de cada diez homicidios llega a juzgados, y el de su hijo es parte de esa inmensa mayoría.  “¿Cómo cree que va a estar uno contento? Estos que no me cuidaron a mi hijo quieren que vaya a cuidarles el voto”, sentencia.

En la fila, también está María Ester Pineda, con una copia del DUI de su hija, Blanca Morales de 40 años, que vive en Dallas, Texas.  Morales fue sorteada pero no puede venir al país en marzo: tiene orden de deportación en los Estados Unidos, pero ninguna intención de regresar a El Salvador. Pineda dice que la situación de su hija es tan crítica que no puede mandar remesas, sino que busca a personas que le hagan el favor de remesar en los bancos para mandar dinero. El año pasado, El Salvador recibió 5 mil millones de dólares en remesas, el 15. 8% del Ingreso Nacional Bruto Disponible.

Sin embargo, de lejos, el analfabetismo es la predominante entre las razones de la gente que se excusa. El ministerio de Educación estima, a enero de este año, que el 10.1 % de salvadoreños mayores de 10 años no sabe leer ni escribir. Esa cifra se expresa en personas como Juan Carlos Vásquez, de 25 años, que trabaja jalando bultos -descargando productos de camiones- en el mercado del municipio de San Martín. “Fuera bonito si yo pudiera participar”, dice Vásquez, “pero (contar votos) es un bolado muy delicado y tiene que ser gente muy estudiada”.

La Constitución salvadoreña dice que “todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles”. El código electoral también requiere que los integrantes de una JRV sepan leer y escribir correctamente. Pero esta ley es letra muerta. En la mañana del 30 de enero, 15 personas del municipio de Ataco, en Ahuachapán, hacen fila para excusarse por esta razón.

Uno de ellos es Joel Ramírez, un hombre de 30 años, regordete y de aspecto bonachón. Ramírez no sabía que había sido elegido hasta que un compañero de su trabajo en la corta de café se lo dijo. “Me llegó un telegrama a la casa y pedí a alguien que me ayudara a leerlo. Como uno es de escasos recursos, no se puede desempeñar ese cargo”, dijo. Ramírez dice que solo fue un año a la escuela, pero no le puso interés, en parte porque le tocaba ayudarle a su papá, que trabajaba como jornalero. “A veces ahí andan queriendo que uno aprenda, han llegado alumnos de la escuela, pero por igual, a uno lo que le toca es trabajar y ver por sus hijos”, dice.

El problema del analfabetismo es uno de larga data. En el caso de María Tomasa Hernández, de 58 años, 17 diferentes administraciones del Estado, militares y civiles, no le pudieron brindar el mínimo educativo que manda la Constitución. "No aprendí a leer ni escribir porque no había escuela en Santa Marta, en el municipio de Victoria, en Cabañas", explica Hernández. La suya es una historia de guerra. En 1981, Santa Marta era zona de vivo conflicto -guerra civil- y su familia huyó a Honduras, para refugiarse en el asentamiento de Mesa Grande. "Me quedé perdida en el monte porque nos iban siguiendo los soldados", dice Hernández. En "el monte", como una mujer de 22 años y un hijo, estuvo tres meses. "No comía ni dormía hasta que unos patrulleros me encontraron", recuerda. En ese ínterin de la huida, murió su hijo "porque ya no tenía leche ni nada que darle".

Diez años después, cuando se firmó la paz, Hernández volvió a ver a casi toda su familia, excepto a dos niñas de siete y 12 años a las que el Ejército había matado. Hernández ahora trabaja de empleada doméstica y lo ha hecho por los últimos 12 años. Por un trabajo de casi 12 horas diarias, de lunes a sábado, le pagan $130 al mes, más los tiempos de comida. Como alquila una casa por $50, pasa los meses con $80 para subsistir. Y la semana pasada, ocupó su día de descanso para ir a la capacitación del TSE para integrar la JRV a la que ha sido convocada. Se enteró que tenía que ir porque sus empleadores le leyeron la carta que le llegó. En la capacitación, le dijeron que fuera al TSE para no pagar la multa. Así que este martes, se apuró a preparar el almuerzo -"tortas de fideo porque es lo más rápido"- y llegó a la sede del tribunal, en la colonia Escalón, para explicar su caso.

Para ser excluido de la JRV, hay que presentar copia del documento de identidad, un escrito donde se explique la razón para no participar, y documentos para probar esa razón, como una constancia médica o una declaración jurada. El viernes 26 de enero, los empleados de la Secretaría General del TSE ya se habían dado cuenta de lo absurdo que era pedir un escrito a personas que son analfabetas.

Elías Aristondo, integrante de la Junta electoral municipal de Ataco, estaba en el TSE ese día, y vio como los ocho empleados de esa oficina improvisaban para resolver ese problema. Una empleada del TSE confirmó que miembros de la secretaría adaptaron un formato para resolver estos casos. Es una hoja en blanco que dice: “señores, organismo colegiado, solicito que me exoneren del cargo de integrar la JRV que he sido designado por los motivos siguientes”, y tiene espacios en blanco para la fecha, nombre, número de DUI de las personas y la razón. Esos espacios son llenados a mano, por empleados del TSE, o por las personas que acompañan a los sorteados.

El Faro preguntó al magistrado del TSE Miguel Ángel Cardoza por qué convocaban hasta su sede central a personas de todo el país para excusarse, en vez de hacerlo ante sedes departamentales. Cardoza dijo que sí era posible hacerlo en las sedes departamentales. Por ejemplo, la junta municipal de La Palma, Chalatenango, llevó el 29 de enero solicitudes de personas de ese municipio para excusarse. Pero Cardoza también dijo que estaba la opción de mandar los documentos por correspondencia. Escribir una carta es la posible solución que da el magistrado a muchas personas que, por culpa del Estado, no pueden hacerlo.  


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