La Fiscalía General de El Salvador presentó el 8 y 9 de febrero a sus primeros seis testigos en el juicio por la masacre de El Mozote, en la que 978 civiles –la mayoría niños– fueron asesinados en un operativo militar de diciembre de 1981. El hecho es histórico: es la primera vez que la Fiscalía presenta testigos para acusar al Alto Mando de la Fuerza Armada, en el único juicio en desarrollo por un delito de lesa humanidad cometido en la guerra civil salvadoreña.
Hasta ahora, la Fiscalía había participado en los interrogatorios de testigos que presentó la acusación particular, y había respondido a los escritos. Lo mínimo. Pero que la Fiscalía presente testigos también es un cambio de paradigma para la actual gestión, la del fiscal general Douglas Meléndez. En septiembre de 2016, dos semanas antes de que el juzgado segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera decidiera reabrir el juicio por El Mozote, el fiscal Meléndez había dicho al juez Jorge Guzmán que el caso de El Mozote era una cosa juzgada. Un escrito de Meléndez, del 16 de septiembre de 2016, sugirió al juzgado de Gotera “respetar el principio de seguridad jurídica”, y archivar un caso en que “los acusados incluso recibieron un sobreseimiento definitivo”. Si ahora hay juicio es, en parte, porque el juez Guzmán no atendió ese consejo.
Hace año y medio, ya con la ley de Amnistía expulsada de las reglas jurídicas salvadoreñas, la lógica de la Fiscalía era abrir un nuevo caso penal, aunque este proceso nunca llegó al juzgado que autorizaba y monitoreaba el trabajo de la Fiscalía. “La Fiscalía viene trabajando este caso desde el año 2014, el momento en que se empezaron a solicitar al juez de Paz de Meanguera las exhumaciones”, dijo a El Faro Julio Larrama, el fiscal coordinador del grupo para investigación de crímenes de guerra. “En ese momento se realizó un proceso de investigación que se ha complementado ya con la formación de este nuevo grupo que está investigando este tipo de hechos”, agregó el fiscal. La versión de Larrama contrasta con las intenciones que tuvo en septiembre de 2016 el fiscal Meléndez, y en realidad se corresponde más con las pesquizas que había ordenado el exfiscal Luis Martínez (2012-2015). En su gestión, la Fiscalía calificó la masacre de El Mozote como un crimen de lesa humanidad y ordenó nuevas exhumaciones en las zonas afectadas. Lo que ha ocurrido ahora en San Francisco Gotera es un hecho inédito.
Todo lo actuado desde 2014 ahora ha sido rescato en otro giro inesperado de la Fiscalía. Ese “proceso de investigación” del que hablan los fiscales lo explica con detalles Wilfredo Medrano, miembro de la acusación particular, y alguien que ha promovido la causa de El Mozote por décadas. A partir de las exhumaciones de 2014, la Fiscalía “anduvo haciendo una serie de diligencias localizando los lugares de enterramiento, identificando a los familiares de las víctimas que estaban ahí. Entrevistaron a muchos familiares presenciales y sobrevivientes”, dice Medrano. Esos expedientes, recolectados entonces por la unidad fiscal de derechos humanos, pasaron ahora la unidad de crímenes de guerra. De ahí salen los ocho testigos que el Juzgado convocó para el 8, 9 y 15 de febrero.
En el juicio por El Mozote ya han desfilado, desde marzo de 2017, unos 30 testigos. Todos habían sido propuestos por la querella, que trabaja juntamente con la Asociación pro derechos humanos de El Mozote, que representa los intereses de la mayoría de víctimas. Era la misma lógica de la acusación original, presentada por un grupo de campesinos en 1990, en que la Fiscalía se mostró inactiva, y que fue clausurada en 1993, gracias a la ley de amnistía, declarada inconstitucional en 2016.
“Vemos como positivo estas acciones que está realizando la Fiscalía, ya que se está moviendo, buscando testigos y haciendo algunas peticiones concretas para avanzar”, dijo Medrano, aunque incluye un reclamo: que la Fiscalía debería de hacerlo en otros casos de crímenes de guerra. Ya hay peticiones judiciales para reabrir otros casos, como el del asesinato de monseñor Romero. Y el pasado 26 de enero, el juez de Primera Instancia de San Sebastián, hizo una inspección en San Esteban Catarina, San Vicente, para identificar el lugar donde ocurrió, en 1982, la masacre de El Calabozo. En ninguno de estos casos se están realizando audiencias como en El Mozote.
Con estos testigos, la Fiscalía pretende “complementar los testimonios que ya se presentaron con anterioridad, pero también tienen calidad de víctimas de estos hechos y pueden declarar dentro del proceso”. Los testigos han descrito lo ocurrido en lugares como el cantón La Joya, el caserío Jocote Amarillo o Los Toriles. Esos poblados también sufrieron la represión de las tropas del Ejército con acciones similares a las de El Mozote, donde se concentró la mayor cantidad de víctimas.
“No sé en qué cabeza puede caber todo eso de matar niños y ancianos”
Seis testigos, cuatro hombres, dos mujeres, declararon gracias a la investigación de la Fiscalía.
Maximino Chicas Hernández, un jornalero de 70 años, originario del cantón La Joya, declaró el 9 de febrero. El 10 de diciembre de 1981, Maximino salió de su casa cuando escuchó movimientos de helicópteros y “mortereo” de la Fuerza Armada. Salió, como muchos hombres, para esconderse. Atrás dejó a su esposa María Angela y cinco hijos: Fermina, Juan Francisco, Agustina, Carmen Elizabeth y Nohemí. Cuando regresó ya no los encontró.
Regresó al monte a esconderse, pero llevaba “una congoja porque me interesaba mi familia”. Dos días después, regresó y encontró su casa quemada, aún humeante. “Mi casa no era una gran cosa, pero me había costado sudor, como pobre, y la acababa de terminar”, dijo. En su casa, sin embargo, no encontró restos de su familia. “Dije yo: ¿moriría o estará por ahí? Suponía que habían salido al monte”, expuso en el juzgado.
Maximino tuvo mejor fortuna que muchas otras familias. Encontró a los suyos en el caserío La Laguna. “Dimos gracias a Dios porque nos encontramos y estábamos vivos”. Al final de su relato, un fiscal le preguntó qué pide en este caso. “A este tiempo yo no puedo pedir 'denme dinero'. Pido que se haga justicia por los niños. No sé en qué cabeza puede caber todo eso de matar niños y ancianos. Está bueno que enfrenten armados, ¿pero niños?”, cuestionó.
Eugenio Mejía, un agricultor, tiene ahora 61 años, dos menos que los que tenía su padre cuando lo mataron los soldados. Mejía declaró el 8 de febrero que, en la masacre, perdió la vista, a su padre, su hermana y tres sobrinos.
“Yo estaba cocinando para mi papá que estaba cortando maíz en la casa. Lo agarraron los militares. Decían que era guerrillero y él ya estaba ancianito de 63 años. A mí me amarraron y me golpearon”, dijo Mejía. Los soldados lo acusaron de ser guerrillero y le preguntaron donde tenía las armas. Eugenio solo tenía una cuma para trabajar. “Me torturaron dos dedos de la mano izquierda y me dieron una puñalada atrás del brazo derecho. Me pegaban con los fusiles, me patearon, se pararon en mí”, añadió Mejía.
Nunca tuvo un diagnóstico adecuado, pero su mundo se oscureció cinco días después de aquella golpiza. Lo último que vio, hace 37 años, fue su casa en llamas. Con ayuda, se refugió en Honduras durante el resto de la guerra. “Si alguien le regala una tortilla, come; si no, no come”, dijo. Mejía aún resiente la ausencia de su padre. “Es triste vivir solito. Mi padre aún no había desayunado cuando le quitaron la vida”, dijo.
María Julia Pereira, de 53 años, cifra en 100 la cantidad de familiares que el Ejército le asesinó en la masacre. Ella estaba en el caserío Los Toriles, pero dijo al juez que vio cómo los soldados estaban matando a sus parientes, y que escuchó “cómo pedían porque los estaban matando”. Pereira también dijo haber encontrado una pañoleta que pertenecía a los soldados, tirada en una calle. Explicó que no sabía leer ni escribir, pero al llevar la pañoleta a su casa, su suegro le explicó lo que decía la inscripción de esa pañoleta: Batallón Atlacatl, una unidad élite del ejército salvadoreño y entrenada por Estados Unidos. El Atlacatl comandó la masacre.
Contra Pereira se ensañó el coronel Adrián Meléndez Quijano, un abogado defensor, que llegó a decirle, con incredulidad, “¿cómo pudo haber visto 100 casos de homicidio?”. Pero eso fue lo que dijo Pereira. “Me aboqué al lado donde estaba mi familia, y oí clamores”, repitió.
Alejandro Hernández, otro testigo de 48 años, de Jocote Amarillo, lloró un par de veces cuando recordó el nombre de sus hermanos, asesinados junto con su madre. Él tenía 11 años cuando ocurrió la masacre. “Pido que haya justicia. Eran población (civil). Somos seres humanos. No vale la pena que hayan hecho esto', dijo Hernández.
María Alicia Mejía, de 56 años, dijo que ella escapó de El Mozote con su padre y dos hermanos. Tenía 19 años cuando le tocó dejarlo todo: a su madre y otros seis hermanos. Días después de la masacre, su padre encontró “la ropita del niño de ocho meses, las chancletas de mi mamá” y otras ropas, que procedió a enterrar, como los únicos restos que halló de su familia.
Al testigo Benito Márquez, de Arambala, las preguntas de los defensores de los militares acusados le recordaron a las preguntas que le hicieron los soldados que patrullaron hacia El Mozote. “Las fuerzas armadas me preguntaron si había visto a los guerrilleros y les dije que no, que ahí no habían llegado”, le respondió al defensor Roberto Girón Flores. El abogado le había preguntado si vio “otra gente armada aparte de las tropas” en la zona de El Mozote. Algunas preguntas de los defensores siguen orientadas a sembrar la idea de que El Mozote era una zona de guerra, y que lo que sucedió fue un enfrentamiento y no un crimen de lesa humanidad.
