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Juez y Fiscalía apuntan hacia el mayor d'Aubuisson en reapertura del caso Romero

El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador reabrió la investigación del homicidio de monseñor Romero con vistas a ampliar la acusación hasta los autores intelectuales, como lo mandó el informe de la Comisión de la Verdad, la Sala de lo Constitucional, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Romero, todos los caminos llevan al mayor Roberto d'Aubuisson, fundador del partido Arena. La Fiscalía comparte el criterio del juez y espera denuncias para calificar a nuevos señalados como imputados.

 
 

El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador hizo que la investigación sobre el asesinato de monseñor Óscar Romero regresara 24 años en el tiempo. El caso vuelve a la fase en la que estaba antes de que la ley de Amnistía de 1993 lo congelara, según una resolución del pasado 12 de mayo, pero que fue dada a conocer este jueves 18. Esto significa que el capitán Álvaro Rafael Saravia es, de nuevo, imputado por el homicidio agravado de Romero; que la investigación está abierta y que la justicia salvadoreña va tras los jefes máximos de la estructura paramilitar que asesinó al hoy beato Romero, entre ellos, el mayor Roberto d'Aubuisson Arrieta, fundador de Arena, el principal partido de oposición del país. 

La Fiscalía General acompañó la decisión del juez Rigoberto Chicas de reabrir el proceso contra Saravia, según declaraciones del director de comunicaciones, Salvador Martínez. Pero además, la Fiscalía también secunda la idea del juez Chicas de escalar la investigación. "Si en este proceso de las diligencias que realice el juez surgen pruebas para acusar a otras personas deben ligarse a esa causa", dijo Martínez en un comunicado enviado a El Faro. 

La Fiscalía también extiende una invitación en el caso de Romero. Martínez informó que la Fiscalía recibirá e investigará "nuevas denuncias contra personas hasta ahora no identificadas o, que siendo señaladas, no poseen la calidad de imputados".

Saravia vive oculto desde octubre de 2004, cuando el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), una organización no gubernamental con sede en San Francisco, California, le metió un juicio civil que lo encontró culpable del asesinato de monseñor Romero y lo condenó a pagar 10 millones de dólares a los familiares.

El magnicidio del arzobispo de San Salvador fue perpetrado el 24 de marzo de 1980, mientras Romero celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador. La Comisión de la Verdad, que recopiló los casos más ejemplarizantes de violaciones a derechos humanos cometidos en la guerra civil,  incluyó el caso bajo el subtítulo de "asesinatos de los escuadrones de la muerte". El juez Chicas consideró que hay una jerarquía "claramente visible" en esta estructura, y que los autores directos "generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras paramilitares", como es el caso de monseñor Romero. El juzgador cree que estas características implican "una necesaria responsabilidad penal, tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de derechos fundamentales".

Es precisamente esta última acotación la que vincula al mayor d'Aubuisson. La Comisión de la Verdad señala al fundador del partido Arena como el autor intelectual y quien ordenó el asesinato del arzobispo. El informe también menciona a Mario Molina, Fernando Sagrera y el capitán Eduardo Ávila como personas con una "participación activa en la planificación y conducta del asesinato"; Amado Garay, como el motorista que transportó al tirador a la escena del crimen, la capilla Divina Providencia; y a Walter Antonio Álvarez, involucrado en "la cancelación de los honorarios del autor material del asesinato". Una investigación de El Faro publicada en 2010 recogió el testimonio del capitán Saravia. El exmilitar vincula al mayor d'Aubuisson como miembro de escuadrones de la muerte, como autor intelectual del crimen y ubica a Gabriel "Bibi" Montenegro en el lugar de los hechos. 

Según el relato de Saravia, él y su equipo fueron informados del plan de asesinato por el capitán Eduardo Ávila Ávila. La planifiicación del magnicidió, dijo, había sido coordinada por Mario Molina, hijo del coronel Arturo Armando Molina, el penúltimo presidente militar que tuvo el país,  y por Roberto d' Aubuisson, quien dio las órdenes por teléfono. 

En el relato de Saravia, d'Aubuisson no estaba en la casa desde donde salió el comando que cometió el asesinato. Se había ido el fin de semana para San Miguel, a descansar a la casa de la familia García Prieto. Desde allá les daría las órdenes por teléfono. Ávila les notificó primero que ya tenían al tirador: un miembro del equipo de seguridad de Mario Molina; sólo necesitaban un vehículo. “Mario Molina nos mandaba a pedir un carro… que había que contactar a Roberto (d´Aubuisson). El Negro Sagrera se puso a hacer unas llamadas y averiguó dónde se encontraba. Le hablamos por teléfono. El Negro Sagrera me dijo: ‘Quiere hablar contigo’ . Le dije ‘mire, mayor, ¿y de qué se trata esto? A mí me parece raro que nos vengan a pedir un carro’. Las palabras de él fueron: ‘¡Hacete cargo!’. Bueno, está bien, mayor, lo vamos a hacer. Pah. ‘Sí, ahí te lo voy a llevar, ¿a qué horas nos podemos juntar para darte el carro, pues?’, le dije (a Ávila). ‘Mirá —me dijo—, si con seguridad nos vemos unos... pongámosle una hora antes de la muerte de Romero’”. 

24 de marzo. El capitán Álvaro Rafael Saravia es el único acusado formalmente de participar en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, y vive como un indigente escondiéndose en las montañas de un país del continente. Este retrato se le hizo en un hotel mientras explicaba a El Faro su participación en el magnicidio, y la participación de otros involucrados. Sus palabras dieron pie a la crónica
 
24 de marzo. El capitán Álvaro Rafael Saravia es el único acusado formalmente de participar en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, y vive como un indigente escondiéndose en las montañas de un país del continente. Este retrato se le hizo en un hotel mientras explicaba a El Faro su participación en el magnicidio, y la participación de otros involucrados. Sus palabras dieron pie a la crónica "Así matamos a monseñor Romero".

D'Aubuisson murió en 1992 por lo que una eventual acusación llevaría indefectiblemente a su sobreseimiento. Pero su inclusión en el proceso judicial sobre el asesinato de Romero podría cumplir otras funciones, como el derecho a conocer la verdad que tienen las víctimas. De hecho, Chicas piensa que la sociedad salvadoreña actual "reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente el sector al que pertenezcan" de las violaciones a derechos humanos ocurridas desde el 1 de enero de 1980. Es decir, el juez señala un retraso de hasta 37 años en la administración de justicia.

Chicas menciona que en el proceso judicial de más de 2 mil páginas se cita a "muchos testigos, de las cuales algunas aportan versiones acerca del autor o autores intelectuales del suceso". Y además, lanza una advertencia sobre los posibles alcances de esta investigación. El juez escribe que los efectos de la inconstitucionalidad de la Amnistía se aplicarán contra los culpables de crímenes de lesa humanidad con un criterio parejo e independiente. En específico, Chicas avisa a "miembros o exintegrantes de los órganos estatales, civiles, policiales o militares, de las estructuras paramilitares que operaban en el marco del conflicto bélico, o miembros de grupos guerrilleros que cometieron en ese conflicto, incluidos los terceros, apoyados, instigados o tolerados por ambas partes".

La última vez que un tribunal salvadoreño se había pronunciado sobre el caso de Romero fue el 31 de marzo de 1993. Ese día, el juzgado Cuarto de lo Penal decretó un sobreseimiento definitivo para el capitán Saravia, el único acusado por el crimen de Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980. Ese sobreseimiento se justificó por la entrada en vigencia de la ley de Amnistía de 1993, una ley declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016. Este es el segundo caso de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) que se activa en juzgados, tras el de la masacre del Mozote, abierto en el juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera. 

Esta resolución se produce casi un mes después de que la organización Tutela Legal "María Julia Hernández" pidiera la reapertura del caso. El juez cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, determinó que "el obstáculo que no permitía la investigación y enjuiciamiento" del caso Romero ya no existe y aludió al obligatorio cumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional para justificar su decisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tambipen condenó al Estado salvadoreño por este caso hace 17 años, el 13 de abril de 2000.

En un comunicado difundido en la noche del jueves, la organización Tutela Legal escribió un mensaje para la Fiscalía: "Hacemos un llamado al fiscal general, Douglas Meléndez, para que actue diligentemente en el caso, pues ya son tres años consecutivos en que las organizaciones de derechos humanos exigimos a la Fiscalía General de la República realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del magnicidio". 

Chicas tiene solo seis meses a cargo del Cuarto de Instrucción de San Salvador: la Corte Suprema lo seleccionó desde Apopa para sustituir al juez Aristarco Chavarría. Actualmente, Chicas también tramita el caso de corrupción del expresidente Antonio Saca.

Finalmente, la resolución también reconoce la farsa de la investigación que realizó el aparataje estatal sobre el homicidio de monseñor, durante toda la guerra y la posguerra. Chicas dice que "la situación de violencia afectó el funcionamiento real de las instituciones encargadas de otorgar protección jurisdiccional y no jurisdiccional a las víctimas de esos delitos". El juez añade que era tan peligroso para las víctimas intentar conseguir que el Órgano Judicial cumpliera su función "hasta el punto que el ejercicio de sus derechos representaba un riesgo para su vida e integridad personal y de los funcionarios que se mostraran receptivos a sus demandas de justicia".

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