Las autoridades salvadoreñas anunciaron otro golpe a las finanzas de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13): la incautación de viviendas, negocios, vehículos y una muy variada lista de objetos que totalizan 574 mil dólares, según los cálculos anunciados por el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.
El operativo –bautizado “Cuscatlán”- se llevó a cabo de forma simultánea en 9 de los 14 departamentos del país: Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión.
Según el fiscal, su institución giró 520 órdenes de captura, de las cuales la mayoría -416- están dirigidas contra reos que ya están en prisión por otros delitos. 28 personas fueron detenidas durante el operativo, aunque la mayoría no son pandilleros, sino personas acusadas de lavar dinero para la pandilla. La investigación incluso tropezó con bienes del Estado: según el director de la policía, Howard Cotto, durante el operativo se intervinieron dos ranchos de playa en el cantón El Jaüey, municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión. Aunque los inmuebles pertenecían a la alcaldía –dirigida por Ulises Soriano, alcalde del partido FMLN- su uso comercial estaba en manos privadas.
El jefe policial aseguró que una pareja de esposos regentaba el lugar y que estos estaban asociados con miembros de la MS-13 a quienes les permitían invertir en el negocio. “Hemos dicho a los gobiernos municipales que deben tener mucho cuidado. Se deben ver en el espejo de lo que ha pasado en Apopa e Ilopango”, advirtió Cotto, haciendo referencia a dos municipalidades cuyos alcaldes fueron acusados de haber permitido que las pandillas penetraran las alcaldías. Agregó: “El gobierno municipal tendrá que explicar las condiciones en las que estaban esos inmuebles”.
Además de ranchos de playa, las autoridades allanaron 68 residencias cuya propiedad se atribuye a pandilleros o a colaboradores de las pandillas; 63 negocios entre ranchos de playa, restaurantes, bares y salas de belleza. También incautaron 4 taxis, 2 autobuses, 6 micobuses, 5 pick ups, 25 automóviles, 17 camionetas, 2 camiones… y una larga lista de objetos que van desde una refrigeradora, un estante, una discomóvil, 3 rockolas, 9 juegos pinball, 3 pistolas… hasta un juego de pesas para gimnasio.
Entre los acusados se encuentran algunos de los miembros más poderosos de la pandilla, recluidos en el sector 6, en el más estricto encierro dentro del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca: Borromeo Henrríquez –El Diablito de Hollywood-, Saúl Turcios –el trece-, Elmer Rivera –el Croock-, Dionisio Umanzor –El Sirra-, entre otros líderes.
Según el fiscal general, uno de los objetivos del operativo era garantizar que estos cabecillas permanecieran en prisión: “(Buscábamos) acumular nuevos delitos a sujetos ya procesados… y que estaban a punto de salir”, comentó.
Este es el tercer año consecutivo en que los grupos de trabajo conjuntos entre policía y fiscalía centran sus esfuerzos en desarticular las finanzas de la Mara Salvatrucha-13: en julio de 2016 se presentó “Operación Jaque”, y en septiembre de 2017 “Operación Tecana”, que tenían los mismos propósitos y que dejaron resultados similares. Hasta el momento, todos los acusados en estas dos investigaciones están en espera de juicio.
Las autoridades no detallaron los mecanismos a través de los cuales la pandilla lavaba su dinero en las empresas intervenidas: si eran socios y recibían participación de las ganancias, si fueron creados con dinero ilícito, o si simplemente inflaban sus ganancias para convertir en legales sus ingresos.
Hasta el momento, ninguna operación de este tipo ha sido dirigida contra alguna de las facciones del Barrio 18.
¿Cárceles porosas?
De los 416 acusados que ya se encontraban presos al momento del operativo Cuscatlán, casi todos -410- están recluidos en las cárceles de mayor seguridad en el país: el penal de Zacatecoluca y el de Izalco. ¿Cómo es que participaron de complejas operaciones financieras desde penales supuestamente impermeables?; ¿cómo es que lo consiguieron incluso bajo las Medidas Extraordinarias que llevan al límite el rigor de esas prisiones?
Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, todos los delitos que se consignan –organizaciones terroristas, homicidios, proposición para cometer homicidio financiamiento de actos terroristas, tráfico de drogas, tráfico de armas y agrupaciones ilícitas- fueron cometidos antes de que dieran inicio las medidas extraordinarias en abril de 2016.
“Al momento de cometer los hechos no se encontraban en esas cárceles (Izalco y Zacatecoluca) y una buena parte ni siquiera estaban detenidos, sino que libres. Fueron detenidos años después por otros casos y conducidos a los penales donde se encuentra actualmente”, explicó el ministro.
Landaverde hizo referencias a los márgenes de libertad de los que gozaron algunos líderes durante la Tregua con pandillas organizada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes entre 2012 y 2013: “Estas investigaciones dieron inicio el año 2015 cuando no habían iniciado las medidas extraordinarias. Muchos (acusados) estaban en libertad. Otros estaban detenidos, pero como todos saben no se encontraban en el régimen de seguridad de Zacatecoluca ni en el de Izalco… muchas de estas personas fueron conducidos a centros penitenciarios ordinarios”, dijo el ministro, en referencia a los líderes pandilleros que fueron sacados de máxima seguridad como parte de las negociaciones con el gobierno de Funes.
Como un lunar en medio de la presentación de los resultados de “Cuscatlán”, el fiscal general anunció que el mediador de la tregua con pandillas, Raúl Mijango, será acusado de complicidad en homicidio agravado. Según el fiscal Meléndez, al inicio de la Tregua un pandillero desobedeció las órdenes de reducir asesinatos y por ello Mijango dio instrucciones para que se le ejecutara. El fiscal no ofreció más detalles y no precisó si este caso tiene alguna relación con la operación Cuscatlán.
