A Azucena* la engañaron, como a todas las demás. Era la última semana de abril de 2013, y las 177 mujeres de la promoción 108 del nivel básico llevaban ya medio año en la Academia Nacional de Seguridad Pública, a pocas semanas para finalizar toda la formación teórica imprescindible para su graduación como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
—Cuando pasó aquello, ya estábamos a punto de salir a nuestras prácticas –dice Azucena.
Aquel día, estaban en las aulas recibiendo clases cuando un instructor entró y les pidió que corrieran a ponerse el uniforme deportivo porque iban a ir a limpiar una quebrada. No extrañó. No era la primera vez. Uniformados, tenían luego que concentrarse junto a la ceiba, el punto de reunión habitual dentro del campus que la Academia tiene en San Luis Talpa, en La Paz, contiguo al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.
Ya en la ceiba supieron que de limpiar quebradas, nada. El abundante personal médico les hizo sospechar que se trataba de un examen corporal sorpresivo. Días atrás, se había regado el rumor de que una alumna tenía piercing, algo que en la Academia sólo se permite en las orejas de las mujeres. El engaño comenzó a tener sentido y se resignaron. Lo que ni Azucena ni las demás imaginaron fue el tipo de examen que les harían.
Separaron a hombres y mujeres. Los enviaron a áreas distintas. Luego amontonaron a las mujeres en grupos de 20 a 30. Eran varios equipos médicos los convocados para el examen.
Las alumnas veían entrar a sus compañeras en habitaciones, con custodia policial de la Unidad de Verificación de Antecedentes (UVEA) en la puerta. Ingresaba una cada vez, y a los doce o quince minutos salía con la orden de no decir nada a las compañeras que esperaban su turno.
—Nosotras sentadas en las bancas, unas veinte –dice Azucena–. Cuando salió la primera, sólo me miró con una cara de espanto que yo me quedé: ¿qué le hicieron? Y los ojos llorosos.
Azucena fue de las últimas. Cuando entró, en la habitación estaban un doctor, una enfermera y un agente del UVEA. La sala que le tocó a ella era pequeña, un escritorio y una silla como único mobiliario. El médico le pidió que se quitara la ropa. Ella se quedó en brasier y blúmer, parada. El hombre le ordenó que se desnudara por completo. Lo hizo.
—Abra las piernas –le dijo.
—¿Y para qué? –Azucena era y sigue siendo una mujer de las que no se queda callada.
—La voy a revisar.
—¿Y por qué me va revisar? ¿Qué es lo que pasa?
Se sucedieron varios minutos de discusión, Azucena atrincherada en que un examen así era violento y violatorio. Pero la amenaza de las consecuencias por negarse pudo más, a escasas semanas de finalizar los ochos meses de formación teórica. Resignada se dejó tocar. El doctor le abrió la vulva y revisó en busca quizá de perforaciones o tatuajes. Puede vestirse ya, le dijo lacónico cuando terminó.
Azucena salió enfurecida, pero cuando llegó a su cuadra y vio el panorama, incluso se llegó a considerar afortunada.
—Todas todas todas diciendo que si el doctor las agarró, que si las revisó todo, que si les abría un labio, que si el otro. Y yo me quedé así... – Azucena abre los ojos y la boca, detiene el relato un instante–. A algunas hasta las acostaron en camillas de esas en las que hacen la citología. Una compañera dijo: si al doctor poco le faltó para meterme los dedos. No era mi caso, pero yo pensé: si alguna era señorita, entrar engañada con un doctor, sin el consentimiento de ella, y que te empiecen a tocar la vulva, pues imagínese…
Hubo un intento por canalizar el malestar. Varias alumnas contaron lo sucedido a un par de docentes de las materias relacionadas con la defensa de los derechos humanos. El caso llegó al escritorio de Luisa Carolina Arévalo, la jefa de la División de Estudios de la Academia. Más de un año después, la Inspectoría General de la PNC abrió una investigación, la 13-2014 IP/ANSP, que fue archivada. “Fue una evaluación médica efectuada por profesionales de la salud (…) debido a la pretensión de grupos criminales y delincuenciales para ingresar a la PNC”, consignó Arévalo en un informe oficial. No hubo sanciones ni disculpas a las afectadas.
***
La Academia Nacional de Seguridad Pública, la ANSP, es la institución que forma a los y las policías. Su director general desde junio de 2009 es la misma persona: Jaime Martínez. En mayo de 2013, con cuatro años en el cargo –y un mes después de los sucesos que narra Azucena–, publicó un extenso y detallado artículo de aspiraciones académicas en el que contó –entre otras cosas– el panorama que en materia de violencia de género había hallado cuando tomó las riendas.
El director Martínez publicó que conoció a mujeres policías que en su paso por la Academia “fueron objeto de burlas, groserías y atropellos por el solo hecho de ser mujeres”. Perfiló como pan de cada día el acoso sexual hacia las alumnas de parte de “policías, empleados administrativos, profesores, funcionarios e incluso altas autoridades de la institución”. Habló incluso de estudiantes expulsadas por negarse a propuestas sexuales.
Hoy, tras casi nueve años al frente de la Academia, el director Martínez cree que aquellas prácticas son parte de un pasado ya superado. ‘Género y Derechos de la Mujer’ es uno de los cuatro ejes transversales que rigen el diario vivir en la institución, repite cuanta vez tiene oportunidad. Pero no todos comparten el optimismo del director Martínez.
“Hay una problemática de discriminación también en la Academia –dice Raquel Caballero, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos–. Tengo conocimiento de denuncias de violencias que están sufriendo las mujeres en la Academia en la actualidad”.
Juan Ángel Landaverde, docente de la Academia desde 1997, ha impartido materias sobre educación física y sobre derechos humanos. Desde 2013 ha denunciado a nivel interno abusos y violencia de género contra los alumnos; también los ha invitado a no quedarse callados y a canalizar las denuncias, en especial a las mujeres. La institución ha optado por apartarlo de las labores formativas. “Hay una cuestión de los policías, y es que creen que hacen bien cubriéndose unos a otros”, dice Landaverde.
El Faro no sólo habló largo con Azucena, hoy una agente de la PNC que trabaja en una subdelegación del interior del país. También obtuvo el testimonio de Camelia, otra de las mujeres de la promoción 108 que fue sometida al mismo examen, quien corroboró la versión de su compañera.
Durante la administración del director Martínez se suprimieron anacronismos como los concursos en los que las alumnas posaban semi-desnudas por el título de Miss Academia o como porristas; fechas como el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer han ganado peso en la agenda institucional; y la Academia cuenta con su propia ‘Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género 2011-2021’. También es cierto que el porcentaje de mujeres graduadas ha subido: mientras a inicios de siglo era extraño que superaran el 10 por ciento en cada promoción, lo extraño ahora es que sean menos del 20 por ciento.
Pero la variedad y la gravedad de las denuncias de acoso y misoginia que aún brotan de la Academia y de la institución a la que tributa, la Policía Nacional Civil, sugieren que todavía falta un mundo por hacer.
Cuando se le confronta con los relatos de Azucena y Camelia, el director Martínez niega que aquello haya pasado. “Las evaluaciones médicas se realizan con base en un protocolo en el que de ninguna manera se permiten tocamientos indebidos, y mucho menos la exhibición de las estudiantes al personal policial del sexo opuesto. Tales evaluaciones se han realizado y se siguen realizando siempre en la ANSP como parte de la prueba médica a la que se someten todos los aspirantes, e igualmente se pueden realizar a quienes ya son estudiantes, con el fin de verificar que no existan las condiciones de exclusión o de expulsión antes referidas”, respondió cuando El Faro le solicitó su versión de los hechos.
***
—Ellos te ven como carne fresca –dice ella.
Tras 11 meses de formación en la Academia, a Dalia la juramentaron como agente de la PNC en diciembre de 2013, junto a las otras 167 mujeres y 323 hombres que integraron la promoción 109 del nivel básico. Ese mismo día le comunicaron cuál sería su unidad: la División de Emergencias 911, asignada a una delegación del interior de El Salvador.
De entrada, le incomodó su suerte. Al Nueve-Once le precede una fama en cuanto a unidad hostil para las mujeres. Le bastaron pocas horas a la par de sus nuevos compañeros para confirmar sus presagios.
—Pregunte a cualquier mujer que haya estado en el Nueve-Once, pregunte la fama que tienen los hombres de esa unidad. Como que tienen competencia por ver quién se echa primero a las nuevas. A mí aquello me bajó mucho la autoestima –dice Dalia.
Dalia se graduó muy joven, y es de moral conservadora. En la Academia, le resultaron tragos amargos como bilis cosas como tener que desnudarse ante el médico en la prueba de ingreso, o tener que bañarse junto a otras mujeres en las duchas comunes.
Fiel a sí misma –“Soy cristiana, respeto a mi esposo”, dice–, no se acostó con ninguno de sus compañeros del Nueve-Once, y aquellos hombres le hicieron la vida imposible. La veían de menos. La ridiculizaban cuando salía de la delegación con el fusil, que ella sola iba a dispararse. Alérgica al humo, se encerraban en el carro-patrulla con los vidrios subidos y fumaban como cosacos, para fastidiarla. De ronda, la dejaban en el patrulla sola, mientras los hombres se desaparecían a saber con qué propósitos. Me tenían como en la mira, dice. Alguna vez los encaró, incluso amenazó con denunciarlos, pero jamás se atrevió.
Un día, un agente con el que tenía cierto grado de amistad, le confirmó que los compañeros “llevaban el hambre de echársela”, y que le hacían el montón de cosas por no haberse acostado con ninguno. Dalia estalló: “¡Pues prefiero que me tengan de nueva, de mormona, de enojada o de lo que sea, menos de p… y le dije la mala palabra”.
Aquel año en el Nueve-Once, en aquella delegación del interior del país, fue el más largo de su vida. Hasta que le permitieron huir a la Unidad de Prevención.
—La verdad, aquí sí es más tranquilo –dice Dalia.
—¿Por qué?
—Aquí hay menos hombres.
***
La PNC es una institución profundamente varonil, sólo detrás de la Fuerza Armada como la más masculinizada entre los grandes empleadores del Estado. De las 21,859 personas que en octubre de 2017 estaban activas como personal operativo, apenas 2,774 eran mujeres. Por cada 100 policías, 87 hombres y 13 mujeres. La brecha es mayor en el estratégico nivel ejecutivo (subinspectores, inspectores e inspectores-jefe), con 91 hombres por cada 9 mujeres.
“Somos una de las instituciones que más ha regulado la protección de los derechos de la mujer, si no la que más”, dice Howard Cotto, el director general de la PNC.
El director Cotto está en lo cierto cuando habla de regulación. En la última década, la PNC se ha lanzado a una carrera por crear “instrumentos” con nombres pomposos que invitan a pensar que se está trabajando en serio para frenar la violencia contra las mujeres policía, y contra las mujeres en general.
La PNC tiene una ‘Unidad de Género’.
La PNC tiene una ‘Comisión de Género’.
La PNC aprobó una ‘Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género 2011-2021’.
La PNC ha desarrollado capacitaciones específicas para investigar feminicidios, financiadas por ONU Mujeres.
La PNC, dice el director Cotto, tiene una “especie de observatorio compuesto sólo por mujeres, bajo el concepto de mujeres defendiendo a mujeres”.
La PNC ha desplegado en el territorio nacional 30 oficinas Unimujer-ODAC (Unidad Institucional de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia).
La PNC cuenta desde mediados de 2016 con un ‘Protocolo para el Abordaje de la Violencia y Discriminación por Razones de Género contra las Mujeres al interior de la Policía Nacional Civil’, diseñado para frenar acosos y violencias como las ejercidas contra Dalia.
“Hemos avanzado bastante”, dice el director Cotto.
Detrás de buena parte de la arquitectura jurídico-protocolar aprobada en la última década están los dineros y las asesorías del sistema de Naciones Unidas, con ONU Mujeres como la organización más involucrada.
En la reunión que el director Cotto sostuvo el 29 de enero de 2018 con Agnes Callamard, la relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU que visitó El Salvador, el director Cotto le entregó copia de “todos los instrumentos, protocolos, manuales e instructivos que tenemos” sobre este tema.
Pero la procuradora Raquel Caballero no suena tan convencida de que lo discutido en despachos –y plasmado en bienintencionados manuales– haya permeado en una institución que opera con amplios márgenes de impunidad, tan masculinizada y en una sociedad tan machista. “Hay una situación de violencia y de discriminación que sufren las mujeres al interior de la corporación policial”, dice.
***
Uno. A la aspirante Margarita le molestó sobremanera la improvisada prueba de embarazo cuando apenas faltaban unos meses para su graduación. En realidad, no le molestó tanto la prueba en sí, sino el cómo. A todas las mujeres las formaron frente a uno de los baños y tuvieron que entrar una a una y orinar bajo el escrutinio –la puerta abierta de par en par– del personal sanitario, de los policías y de las compañeras de promoción.
Dos. A la agente Lorena Beatriz Hernández Quintanilla la asesinaron en el dormitorio de mujeres de la delegación de Mejicanos, en el área metropolitana de San Salvador. Encuadrada también en el Nueve-Once, mantenía una relación con un compañero de la misma unidad, el agente Néstor Mejía, quien, según la investigación fiscal, la golpeó y por último le metió un balazo en la cabeza el último día del año 2017.
Tres. A la agente Rosa la violaron dentro de una delegación policial. La violó su expareja, también agente. Ambos eran miembros de la División de Emergencias 911 en una subdelegación departamental. Ella se cansó de él y lo dejó. Él no aceptó la decisión de ella. Un día que sabía que ella estaba durmiendo sola en el cuarto de mujeres, él se coló y la violó con amenazas. Sólo las amigas más íntimas de Margarita supieron lo que ocurrió.
Cuatro. A la agente Carla Mayary Ayala Palacios, asignada a la Unidad de Investigación Disciplinaria, se le ocurrió ir la tarde-noche del 28 de diciembre de 2017 con una amiga a la fiesta navideña del ya desintegrado Grupo de Reacción Policial (GRP). Tras las celebraciones, noche cerrada, tres geerrepés y Carla Ayala abordaron un patrulla con la intención de dejarla en la delegación de Apopa, donde ella estaba asignada. En el camino, tras una discusión acalorada, uno de los agentes le pegó un balazo, ella murió y la desaparecieron. Luego, los geerrepés de esa unidad hicieron lo que saben hacer muy bien: cubrirse las espaldas unos a otros.
***
El ‘Protocolo para el Abordaje de la Violencia y Discriminación por Razones de Género contra las Mujeres al interior de la Policía Nacional Civil’ se aprobó en abril de 2016, gracias al respaldo financiero y técnico de ONU Mujeres, de la Agencia Vasca de Cooperación y de la oenegé salvadoreña ORMUSA.
Su objetivo general declarado es noble: “Establecer un mecanismo único de abordaje para la violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres de la PNC”.
En los primeros 20 meses, el protocolo ha sacado a la luz 99 denuncias de mujeres contra hombres en el seno de la PNC. Cinco en promedio cada mes. De esas 99 denuncias, 63 las interpusieron mujeres en planilla contra sus compañeros o sus superiores; las 36 restantes son de esposas, novias o compañeras de vida de los policías hombres.
Las mujeres policías son el colectivo prioritario que se pretende proteger con el protocolo, pero también pueden denunciar las empleadas administrativas, las alumnas de la Academia en prácticas y las parejas o exparejas de los policías en activo.
“A raíz de la implementación de estos instrumentos, el problema de violencia contra las mujeres se está visibilizando más”, dice el director Cotto.
El documento establece dos tipos de actuaciones: por un lado, un procesamiento interno de la denuncia, con el presunto acosador expuesto a medidas disciplinarias; por otro, si los hechos denunciados son delictivos, las autoridades policiales deben comunicarlos a la Fiscalía General de la República.
El director Cotto no especifica cuántos de los 99 casos han terminado en expediente fiscal, ni el tipo o la gravedad de las agresiones. Pero es un hecho que existe más violencia machista contra las mujeres policías que la que insinúan esas cinco denuncias al mes.
Está el caso de Violeta, por ejemplo.
***
—Yo tuve un problema con un compañero del GRP hace un año, más o menos –dice Violeta.
Ella trabaja en la División de Seguridad Pública, en una subdelegación de la zona paracentral. Treinta y tantos, compacta, madre, ruda. En los últimos meses le está tocando seguido salir a patrullar con soldados por cantones y caseríos.
El día de su ‘problema’ con el geerrepé lo pasó de guardia en la subdelegación, en una zona de las consideradas calientes por el control que ejercen las pandillas. En esas fue que llegaron tres compañeros del GRP, para brindar apoyo. A media tarde, se le acercó uno de ellos, el más viejo, un hombre fornido, canoso, de gesto duro. Hablaron de sus familias, de lo complicado que está el país. Nada fuera de lo normal entre colegas.
Cuando entregó el turno, medianoche ya, Violeta se fue a dormir. El pequeño cuarto para las mujeres estaba vacío; la compañera con la que lo solía compartir estaba de licencia. Se echó al catre, con la luz encendida, y al poco entró el geerrepé con el que había platicado. Violeta no alcanzó a digerir la irrupción cuando de un solo el hombre se tiró en su camastro, una mano directa a su vulva, la otra a inmovilizarla, y el rostro encimándose, queriendo besarla.
—Yo me… me revolví como pude, pero tampoco grité… por miedo… una nunca sabe… quizá hubiera terminado en tragedia aquello –dice Violeta.
Lo rechazó. Se apartó. Le agarró la mano que tocaba su vulva. “¿Qué le pasa?”, le dijo, “¡Sálgase! No, no me diga nada… ¡Sálgase! ¡Sálgase! ¡Sálgase!”. El geerrepé se salió.
Al amanecer, se lo contó al jefe de la subdelegación. En este sentido, es un jefe cabal, dice Violeta. Le propuso hacer la denuncia formal, incluso involucrar a la Fiscalía. Pero Violeta acumula años como agente. Estuvo una temporada larga en la División de Servicios Juveniles y Familia, y no lo gustó cómo el Estado salvadoreño trata a las víctimas de violencia sexual.
—Yo ya sabía: era mi palabra contra la de él –dice Violeta–. Contra la de todos ellos, porque sus compañeros se habían quedado fuera… Y sé cómo son, sé que se iban a cubrirse y a decir que yo lo había provocado o a saber.
—¿Y la Fiscalía? ¿No confía en los fiscales?
—Conozco los procedimientos cuando se denuncia acoso. Trabajé ahí. Hay una revictimización como usted no tiene idea. Es muy triste. Yo siempre tuve problemas con muchos fiscales por eso, porque hacía las entrevistas... abiertas, digamos. Y la Fiscalía quiere que una víctima diga cuántas veces le introdujeron el pene, o si el agresor se fue adentro. Y eso es revictimizar.
Violeta tampoco quiso dejarlo pasar. Pidió un encuentro con el geerrepé en la oficina del jefe, con testigos. “Le dije hasta de lo que se iba a morir”, dice Violeta. Como suponía, él lo negó todo. Y ahí quedó el caso. Poco más que un desahogo, y por ser ella como es. El agresor siguió trabajando, como si nada.
Cuando Violeta fue agredida, ya estaba activo el protocolo para frenar la violencia contra las mujeres policías del que habla con indisimulado orgullo el director Cotto. Pero esta agresión, como tantas otras, nunca estará en las bases de datos de la PNC, ni de la Fiscalía, ni de ninguna otra institución.
* Aclaración: las mujeres policías que aceptaron hablar con El Faro para este relato lo hicieron bajo condición de anonimato, por miedo; por eso sus nombres han sido modificados .
