El principal responsable de la seguridad pública en el segundo gobierno del FMLN reconoció este jueves 26 de abril que el desplazamiento interno causado por violencia es un problema que afecta a casi todos los departamentos de El Salvador y que, a veces, es incluso provocado por agentes de seguridad del Estado.
“Hay miembros de la Policía y de la Fuerza Armada que provocan casos (de desplazamiento interno). Nosotros tenemos casos, la sociedad civil tiene más”, dijo el ministro Mauricio Ramírez Landaverde, en un foro en el que el Estado salvadoreño fue interpelado por la PDDH y organizaciones de las sociedad civil para que se pronuncie de una vez por todas ante un fenómeno considerado como una 'crisis humanitaria'.
Esta es la primera vez que la administración de Salvador Sánchez Cerén se pronuncia, aunque sin llamarlo con nombre propio, sobre el fenómeno de los desplazamientos forzados. Es la primera vez, además, que admite que policías y soldados que participan en tareas de seguridad son también responsables de generar el éxodo de familias de sus hogares.
El gobierno de Sánchez Cerén arrancó en 2014, el mismo año en que Naciones Unidas denunció que las maras eran el principal factor de desplazamiento forzado en el país. Pero el Ejecutivo ha esperado casi hasta el final de su quinquenio para reconocer el problema, pese a la abundante evidencia de la realidad a la que se enfrentan centenares de salvadoreños.
Desde 2014, estudios de Naciones Unidas, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil advertían que las pandillas son el principal causante de desplazamiento interno en El Salvador. La organización Cristosal empezó en 2014 a llevar un registro de casos de desplazamiento. Un año después, la PDDH empezó a registrar el fenómeno.
El informe Desplazamiento forzado de la PDDH (2016) advertía que -aunque en menor medida- por primera vez estaban registrando casos de víctimas desplazadas por los cuerpos de seguridad. La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido negar los casos o bautizar el fenómeno como “movilidad interna a causa de la violencia”. Por eso las palabras de Ramírez Landaverde sorprenden, porque por primera vez un funcionario de alto rango del gabinete de seguridad habla públicamente sobre la existencia de 'casos' (de desplazamientos) y señala a agentes del Estado como otros responsables.
“Hemos tenido también muchos casos (de desplazamiento interno) en los últimos años, de personas que no tienen confianza de acudir a la Policía, porque son agentes del Estado los responsables de esos hechos”, dijo durante la presentación del informe sobre desplazamiento forzado de la oenegé Cristosal.
¿Desplazamiento forzado o 'movilidad interna'?
En marzo de 2018, el ministerio de Seguridad publicó un informe de “Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador”. El informe concluye que para 2016, en el 1.1% de las familias salvadoreñas “al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro del El Salvador entre 2006 y 2016 como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia”.
Ese informe también dice que “la movilidad interna ha mostrado un crecimiento anual ascendente en la mayoría de años observados, salvo durante los años 2012 a 2013”. Los años 2012 y 2013 fueron los de mayor incidencia de la tregua de pandillas, que desplomó los índices de homicidios en todo el país.
La directora de programas de Cristosal, Celia Medrano, y un representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gerardo Alegría, coinciden en señalar que el desplazamiento forzado interno va a en aumento. En 2016, Cristosal atendió a 465 víctimas y en 2017 a 701 víctimas. En diciembre de 2017, la PDDH registraba un promedio de 7 casos mensuales de familias desplazadas que acudieron a pedir ayuda durante ese año. En el primero trimestre de 2018, la institución registró 12 casos mensuales.
“El informe de caracterización permite imaginarnos que tan grave es el problema”, dijo Celia Medrano. “Cuando el gobierno habla del 1.1 % en un rango de 10 años, en 20 municipios. Un ejercicio de proyección nos muestra que son alrededor de 23 mil personas. Y si ese ejercicio se hace con el total de municipios donde realizaron las encuestas, podríamos hablar de 100 mil personas”, dijo Medrano. La cifra de salvadoreños desplazados por la violencia podría llegar hasta 200 mil personas, añadió Medrano, usando proyecciones generadas por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana (UCA).
Un mínimo de 23 mil y un máximo de 200 mil desplazados son cifras de guerra en un país sin un conflicto armado. “Tenemos claro que es un problema grave y que afecta a casi todos los departamentos del país”, dijo el ministro de seguridad.
Pese a la primera aproximación de cifras oficiales entorno al fenómeno, el Estado salvadoreño se rehusa a llamar por su nombre a los desplazamientos forzados. Para la experta de Cristosal, el gobierno daría un paso “muy importante” si reconoce el problema en su magnitud, y posibilitará el tratamiento como “una emergencia humanitaria”.
¿Por qué el gobierno no llama a las cosas por su nombre? Para Medrano, “el gobierno confunde el reconocimiento y la existencia y magnitud de desplazamiento forzado por violencia, con un reconocimiento tácito de que no logra garantizar seguridad a la población”.
“El reconocimiento le implicaría pagar una factura muy alta en términos de fracaso o de incapacidad de las políticas de seguridad pública”, agregó.
Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional de las Migraciones en El Salvador (OIM), dijo que el fenómeno ocurre en al menos el 60% de los municipios del país. “En un estudio de OIM que incluía desplazamiento por violencia, cambio climático y desastres naturales más del 15% de la población adulta decía que había salido de sus hogares por asuntos violencia y el 10% de la población de niños y niñas decían que por asuntos de inseguridad”, dijo Peraza.
La directora de Programas, Celia Medrano dijo que uno de los hallazgos principales del informe es que el perfil de las familias víctimas de desplazamiento que más se repite son aquellas en las que la mujer es cabeza de hogar y en donde hay presencia de menores de edad, lo cual aumenta la situación de vulnerabilidad.
