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Los expulsados de El Espino

 
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El miércoles 16 de mayo, 79 familias de la comunidad El Espino fueron desalojadas por la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, en cumplimiento a una orden de desalojo autorizada por el juez de paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma. Desde entonces, en El Espino ha surgido una comunidad de refugiados que se resiste a abandonar la zona, y han instalado chozas improvisadas en las aceras y en uno de los redondeles del bulevar Cancillería. La derrota de la comunidad ocurre luego de cuatro años de reclamos judiciales, que terminaron favoreciendo a la familia Dueñas. Tras haber sido expropiados con la reforma agraria de los ochenta, los Dueñas poco a poco han recuperado terreno en la finca. Ahora, aquellos a quienes el Estado declara como propietarios legítimos de esta porción de El Espino han levantado un muro de concreto para prohibir el acceso a aquellos que lo habitaron durante más de 50 años.  Pese a que la construcción del muro perimetral de 2.8 manzanas inició hace un año, los directivos comunitarios denuncian que el desalojo fue sorpresivo. ''Aquí no dejaron sacar ni las láminas para poder construir algo provisional en otra parte'', dice Nelson Recinos, vocero de la comunidad. Carlos Domínguez, de 63 años, trabajó para los Dueñas en la época de la finca, y dice que cuando comenzaron a levantar el muro, muchos pensaron que la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, de Arena, lo había promovido para el resguardo de las familias. ''Luego sentimos la presión. Era una señal que nuestra salida estaba próxima. El muro simboliza una derrota para nosotros y nos toca verlo todos los días'', dice Domíguez. Desde el desalojo, solo tres familias que no nacieron en la finca se han retirado a buscar suerte en otro lado. El resto de la comunidad se mantiene firme, unida y refugiada en el bulevar Cancillería. El Gobierno ha ofrecido una salida que por razones de seguridad no convence a la mayoría: a través del Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) ha ofrecido $4,000 a las personas que poseen una propiedad en otra parte, y $12,000 a los que no tienen nada. "Hay tres familias que ya han recibido el dinero. Ellos son libres de poder ir donde quieran con ese dinero. (Al resto) hemos rogado poder ayudarles, pero ellos no quieren. Simplemente desean permanecer en el lugar'', dice Claudia Cuscho, encargada de comunicaciones de Fonavipo. La comunidad no quiere el dinero, ellos quieren permanecer en la zona. ''¿Con ese dinero a dónde podemos ir?'', es una pregunta que se repiten los refugiados. Los más jóvenes mencionan que no se quieren ir a La Campanera o alguna colonia de Soyapango. Expresan su deseo de permanecer en la zona, ya que en el lugar no hay violencia relacionada a pandillas. En El Salvador, el tipo de viviendas que se pueden comprar con 12 mil dólares son viviendas populares que están sembradas en territorios controlados por las pandillas.