En una maniobra que busca darle un respiro a las cuentas del gobierno de Salvador Sánchez Cerén al cierre de su mandato, pero que también le otorgue liquidez al presidente que resulte electo en los comicios de marzo de 2019, Arena y FMLN buscan aprobar un endeudamiento de 3 mil 607 millones de dólares para poder honrar los compromisos del Estado con sus acreeedores durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Deuda para saldar deuda. A falta de una discusión profunda que permita acciones a corto, mediano y largo plazo para la construcción de una reforma fiscal integral, los dos principales partidos han iniciado con este paquete de reformas una discusión que estuvo ausente de las plataformas legislativas para los comicios de marzo pasado.
El principal partido de oposición, Arena, que durante la legislatura 2015-2018 cuestionó la aprobación de más deuda, llegó a fracturarse a propósito de este tema y provocó impasses en las negociaciones por la aprobación de los presupuestos ahora aparece respaldando un gran acuerdo de corto plazo junto al gobierno de izquierdas. De fondo, los grandes partidos se han autoconvocado a una mesa para resolver las finanzas del país con una mirada pragmática. A la vuelta están las elecciones presidenciales y el futuro es incierto para el político que llegue a ganar la banda presidencial, pero no para el Estado, que necesitará de una fuerte inyección de recursos para poder operar.
Este jueves 24, acompañado por diputados del FMLN, Arena, PCN y PDC, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó tres piezas de correspodencia a la Asamblea Legislativa. El primer decreto consiste en un préstamo de 350 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para equilibrar al presupuesto 2018. Este préstamo -que tiene una tasa de interés de 3.25%- sustituiría una autorización de emision de títulos valores -con una tasa de 7.5%- que fue aprobado junto con el Presupuesto 2018 a inicios de este año.
El segundo paquete consiste en emisión de títulos valores -deuda a largo plazo- por 800 millones de dólares para saldar la deuda a corto plazo -Letras del Tesoro- que vence al cabo de 365 días. El tercer decreto consiste en la emisión de 2 mil 457 millones de dólares para pagar vencimientos de bonos y eurobonos entre 2019 y 2024.
Los 3 mil 607 millones que buscan aprobarse en este 2018 se convertirían en el monto máximo de deuda aprobado por el Estado desde la dolarización, y superaría un acuerdo que fue alcanzado en mayo de 2009, a escasos días de que asumiera el primer gobierno de izquierdas. En aquella época, la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de varios decretos por 2 mil 750 millones de dólares para permitir al gobierno Mauricio Funes asumir su quinquenio sin el riesgo de incumplir el pago de deudas con acreedores. Nueve años después, este acuerdo que fue llamado 'Mesa Limpia' vuelve a estar en la mesa de discusión bajo el mismo argumento. Las diferencias entre ambos escenarios estriba en los tiempos y los montos. Con lo aprobado de 2009, el gobierno del expresidente Antonio Saca honró compromisos financieros en los últimos días de su mandato cercanos a los 800 millones de dólares. La diferencia le quedó al gobierno entrante. En esta ocasión, la Asamblea le daría un respiro de un año a Salvador Sánchez Cerén, y el nuevo gobierno tendría fondos hasta por 2 mil 457 millones para honrar las deudas del Estado.
'Haremos un ajuste fiscal para que el próximo gobierno que asuma no llegue holgado y este ajuste se va a llevar a cabo a través de la negociación de deuda más barata', dijo el diputado del PCN Mario Ponce, quien asumirá como presidente de la Asamblea Legislativa a mediados de 2019.
Ricardo Castaneda, especialista en temas fiscales de ICEFI, criticó que con estos tres decretos se pone de manifiesto de nuevo que los partidos políticos no están en la disposición de discutir una reforma fiscal integral para sanear las finanzas públicas. 'Con este tipo de medidas lo qué haces es pagar deuda con deuda y únicamente tiras el problema para el futuro. Esto refleja la incapacidad de las fuerzas politicas de lograr un verdadero acuerdo fiscal. Mantiene el país con una política fiscal de supervivencia', dice.
En octubre de 2016, El Salvador estuvo a punto de no llegar a fin de mes y así se mantuvo hasta abril de 2017 cuando, debido a la falta de acuerdos entre el FMLN y Arena, el Estado cayó en impago. El gobierno incumplió el pago de 28.8 millones de dólares de su deuda con el fondo de pensiones y las clasificadoras de riesgo degradaron la calificación del país. Al cabo de unos pocos días, esta deuda fue saldada con recortes en el área social, en educación, seguridad y salud. La solución que encontraron los diputados al problema de las finanzas públicas fue aprobar una reforma de pensiones a finales de septiembre de 2017 que obligó a los trabajadores a cotizar más a costa de ahorrar menos.
Esta reforma le dio un respiro a las finanzas públicas, pero dejó pendiente la discusión de una reforma fiscal integral que permita a El Salvador cerrar su déficit fiscal -la diferencia de ingresos y gastos- y hacer frente a los vencimientos de deuda. Previo a las elecciones diputados de Arena y del FMLN dijeron a El Faro que se avecinaba el vencimiento de 2 mil 200 millones de dólares que debían ser saldados entre 2019 y 2024.
El miércoles 24 de mayo, el ministro Nelson Fuentes confirmó que los montos que se persiguen servirán para que el Estado pague sus deudas. El compromiso más grande asciende a un pago de deuda interna y externa por 2 mil 457 millones de dólares.
Estos pagos serán escalonados. En 2019, necesita 1,086 millones de dólares para afrontar el pago de bonos y eurobonos. En 2020, también debe alistar 15 millones de dólares; en 2021, 200 millones de dólares; en 2022, 236 millones de dólares. Luego, en 2023, el Estado necesitará otros 800 millones de dólares para afrontar otro pago de vencimiento de eurobonos. Por último, en 2024 necesitára de 120 millones de dólares para cancelar bonos que vencen ese año.
A juicio de los diputados del FMLN, el acuerdo marcha con viento a favor. 'Espero que se logre aprobar según la necesidad de la situación fiscal del país', dijo a El Faro la diputada efemelenista, Anabel Bellloso.
*Con reportes de Roxana Lazo
