'Nuestra empresa vio en Sonsonate una oportunidad de contribuir al desarrollo de la zona'. Así empezó su exposición Rigoberto Magaña, gerente general de Inversiones Fénix, la empresa que ha sido señalada por la destrucción de un sitio arqueológico de primer orden. Él y tres de los abogados que están asesorando a la empresa llegaron este miércoles 20 de junio a la Asamblea Legislativa para atender el llamado de la comisión especial que busca determinar la “verdad” en Tacuscalco. El Ministerio de Cultura ya ha concluido que la empresa violó la ley de patrimonio cultural, que ha destruido el patrimonio, pero la Asamblea ha desacreditado las conclusiones del ministerio. En esta primera sesión, el diputado pecenista Antonio Almendáriz, incluso compró el argumento que da la constructora para decir que no ha violado la ley.
La comisión la encabezan tres diputados del departamento de Sonsonate: Antonio Almendáriz, del PCN; Silvia Ostorga, de Arena; y Javier Valdés, del FMLN. Y durante la exposición de los argumentos, parecen ser los más interesados en lo que se habla. En este escenario, la parte ofendida no es el Estado, sino una empresa que reclama la pérdida de 50 mil dólares por día luego de que una jueza ambiental decretara paro de obra el 16 de abril 2018. También participan Juan José Martel, del CD; los suplentes del PCN y el PDC Adelmo Rivas y Jorge Mazariego, respectivamente; y el diputado de Arena Emilio Coreas, quien aunque fue nombrado como suplente de Ostorga, ha estado presente desde la sesión de instalación.
Magaña expone el limbo jurídico en el que, asegura, los ha hecho caer las arbitrariedades de los arqueólogos al asegurar que en el terreno donde ellos construyeron las 643 viviendas que componen la Acrópoli Sonsonate hay un sitio arqueológico. La arbitrariedad consiste en que, amparados en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural (LEPPC), el ministerio reclama que nunca pidieron permiso a la institución para construir.
En su defensa, el representante de Fénix aclara que tenían los permisos en orden: factibilidad, medioambiental, el de construcción… “no vemos por qué nosotros deberíamos de haber pedido ‘este’ permiso”, concluyó, aunque la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), por ejemplo, incluya la Ley y su reglamento en la lista de toda la información legal relacionada con la construcción. El proyecto, no obstante, avanzaba sin problemas hasta que en septiembre 2017 recibieron de sorpresa el escrito de la entonces Secretaría de Cultura que les ordenaba parar obras y hacer los estudios arqueológicos correspondientes.
“Actuando de buena fe consideramos que si debía realizarse, era el momento para hacerlo”, dijo, y así fue como accedieron a la excavación de pozos. El reglamento de la LEPPC, sin embargo, es claro, y no da espacio a la “buena fe” de los empresarios. En su artículo 68 establece que “La Dirección Nacional de Patrimonio cultural, ante la denuncia o por conocimiento directo, si fuera el caso, dispondrá de inmediato una inspección técnica del sitio y, de considerarlo oportuno, dictará las medidas de protección y conservación que correspondieren”.
Magaña continuó su intervención explicando que ellos contrataron a los arqueólogos Marlon Escamilla y Maciel Ramos, avalados por el Ministerio, para hacer la investigación y se amparan en que estos solo delimitaron tres manzanas del área a construir como zona de amortiguamiento de protección.
Los diputados escuchan con atención mientras observan la proyección de un mapa de la zona en el que se van explicando los límites entre lo que para Fénix es el sitio arqueológico y el terreno en el que ellos construyeron y que aseguran nada tiene que ver con Tacuscalco. Se interrumpe al expositor apenas para pedir que por favor identifiquen con nombre y cargo a todos los involucrados que ellos mencionan. Por lo demás, algunos diputados, como Ostorga, Almendáriz y Coreas asienten con la misma empatía con la que un amigo escucha los problemas de otro. Asienten cuando el gerente de la empresa habla de los 20 millones de dólares invertidos en la urbanización. Asienten cuando menciona los 50 mil dólares perdidos por día tras el paro de las obras. Asienten cuando escuchan de las familias afectadas por ello: tanto las que ya habían comprado viviendas como las de los trabajadores que han visto interrumpida su actividad.
“No pedimos concesiones ni tratos especiales, pedimos que se nos respete la seguridad jurídica en la que hemos confiado para invertir”, concluye Magaña. Su llamado va a tono con la justificación de los parlamentarios para montarse en el caso. Hace una semana, la diputada arenera Silvia Ostorga declaraba a El Faro que la seguridad jurídica de los empresarios estaba en juego y que esa era la razón por que la que se había conformado la comisión. “Los diputados de Sonsonate somos los más interesados en que se esclarezca y se deduzcan responsabilidades, porque nos parece que no hay reglas claras en este proceso”.
A Magaña le siguieron en la exposición de argumentos los abogados Francisco Bertrand Galindo (exministro de Seguridad en el gobierno de Francisco Flores), Henry Orellana y Silvia González, quienes ampliaron sobre los procesos jurídicos que se están dirimiendo en los juzgados. El principal punto en su presentación fue establecer que no contar con el permiso de los arqueólogos no anula los demás permisos que ellos sí consideran necesarios para empezar la construcción, según lo establecido en el artículo 25 del reglamento de la LEPPC.
En ese momento, el diputado Almendáriz toma la palabra y le recuerda a sus compañeros, a la prensa presente y a quienes estén viendo en televisión legislativa la validez del argumento del abogado: “El reglamento no puede ni poner ni quitar lo que la Ley no diga. Vía reglamento no se pueden imponer multas”.
Lo que ambos omiten o ignoran es que la nulidad de los permisos también está recogida en la Ley en su artículo 47: “Cualquier acto que se realice con relación a un bien cultural, sin cumplir con las prevenciones de esta Ley, será nulo y dará lugar al decomiso del bien, si fuere mueble, y a la expropiación si fuere inmueble”.
Cuando El Faro le señaló que sí existe una nulidad, Bertrand Galindo excusó a sus representados diciendo que esta solo aplica cuando la institución ha declarado previamente en el registro de propiedad que el área de construcción es un lugar de interés histórico, arqueológico o paleontológico. Y, en todo caso, agregó, tramitar ese permiso le concierne a la Unidad técnica de planificación territorial, no al dueño del inmueble: “Ese es un tema de coordinación entre el gobierno. Y acá lo que ha sucedido es que se le está pasando la responsabilidad al ciudadano, cuando no tiene que hacer más cosas de lo que la ley expresamente le dice que tiene que hacer”.
Este no es el primer caso de destrucción de patrimonio arqueológico en el que se enfrentan las autoridades con empresas constructoras. En 2005, una historia similar se dio entre Neila, S.A. de C.V, cuyo propietario es Mario Sol Bang, y los arqueólogos del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Concultura) por el sitio arqueológico El Cambio. La lotificadora financió dos proyectos de investigación que determinarían si era viable la construcción del proyecto habitacional contiguo a un sitio arqueológico. Al igual que Fénix, la lotificación del terreno arrancó sin autorización de la dependencia estatal. Fue hasta que Concultura supo de la obra cuando exigió los estudios al propietario de la misma.
A diferencia de Tacuscalco, donde los arqueólogos del Ministerio de Cultura han recibido respaldo de sus superiores, los arqueólogos que identificaron las fallas de la lotificadora en El Cambio no. “Lo que pasa es que usted no ha entendido que el Departamento de Arqueología hace informes técnicos, no autoriza ni desautoriza. Esa es particularidad propia del director nacional del Patrimonio”, dijo Héctor Sermeño, director de patrimonio en aquel momento. En 2010, dos años después de esa declaración, la Fiscalía ordenó su captura y luego fue condenado, con medidas sustitutivas.
Al final de la sesión, todos los diputados que dieron declaraciones a la prensa dijeron que no podían pronunciarse sólo a partir de lo manifestado por Fénix, pero insistieron en la necesidad de proteger la seguridad jurídica de los inversionistas.
En el seno de esta comisión tomarán decisiones diputados de Arena, cuyo partido ha declarado que la constructora Salazar Romero, empresa que factura a nombre de Fénix, fue financista del partido entre 2007 y 2008 con 53 000 dólares. El Faro cuestionó a Almendáriz sobre el posible conflicto de interés que esto podría suponer en una comisión y en una Asamblea dominada por el principal partido de oposición.
—Bueno, si a usted le consta eso... Yo no he visto eso ahorita. En el legajo que me han dado, no lo veo como financista. Ya lo que usted dice, es una investigación que ustedes han hecho y ojalá me la pasaran también.
—Como le repito (se le muestra una prueba) está en la base de datos que los mismos partidos han proporcionado.
—Sí, pero perdóneme, esos no son los datos que nos dieron aquí. Que usted me dé esa versión, es otra cosa. ¿Me explico?
La comisión especial de Tacuscalco se reanudará el próximo miércoles 27 de junio, fecha en la que comparecerán el alcalde de Nahuilingo, Miguel Ángel Mejía, del partido Arena, y los arqueólogos Maciel Ramos y Marlon Escamilla, los encargados de elaborar el informe técnico pagado por la empresa. Escamilla fue director de Patrimonio Cultural de la Secultura entre marzo 2015 y febrero 2017. Presentó su renuncia ante la falta de apoyo de la institución en el caso de la remodelación de la Plaza Libertad en el Centro Histórico de San Salvador.
