En la sesión de este miércoles 27 de junio, los diputados de la comisión especial para investigar el problema ahora conocido como Tacuscalco, llegaron a una conclusión: existe una ley y un reglamento que previenen la destrucción de los sitios arqueológicos.
“Esto nos está dejando una lección, porque según lo que nosotros creíamos y lo que se ha hecho en otras partes, es que se resguarda exactamente lo que está delimitado como patrimonio cultural o histórico, pero nunca habíamos oído del área de influencia”, dijo a El Faro el diputado pecenista, y presidente de la comisión, Antonio Almendáriz.
Aunque desde el 26 de mayo de 1993 está vigente la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, y su reglamento está vigente desde abril de 1996, la lección caló en los diputados hasta hace un par de semanas y luego de dos sesiones.
Todo comenzó por el conflicto que generó la construcción de 643 viviendas del proyecto llamado Acrópoli Sonsonate, en Nahuilingo (Sonsonate). El Ministerio de Cultura ya identificó un posible daño al patrimonio salvadoreño por parte de la constructora Fénix, parte del grupo Salazar Romero. En el sitio de la construcción hay múltiples hallazgos que, en su conjunto, fueron declarados Bien Cultural desde 1997. Con toda esta información disponible, la Asamblea Legislativa desacreditó la conclusión del ministerio. Fue así que surgió esta comisión especial.
“La capa cultural ya había sido borrada”
En la segunda parte de la sesión más reciente de esta comisión legislativa participaron los arqueólogos contratados por la constructora Fénix, Marlon Escamilla y Massiel Ramos. Ahí, lo que se planteó como una coartada para Fénix, se volvió un argumento en su contra. Cuando estos dos expertos llegaron a la sala, se dispusieron a resumir en qué había consistido su trabajo como consultores. Se trató de una exposición más bien pedagógica, en la que explicaron a los diputados que la definición de sitio arqueológico no se limita a la de un sitio monumental, sino, explicó Escamilla, “toda aquella espacialidad donde se pueda identificar la habitabilidad del ser humano”.
Con base en eso explicaron también que el sector B, donde se ubican las 20 manzanas en las que Fénix reclama que no existe sitio arqueológico, es donde más restos de material arqueológico se han encontrado. Esta fue la primera vez que se habló del daño al patrimonio en esta comisión y a algunos diputados pareció no agradarles y empezaron a cuestionarlos, por ejemplo, sobre por qué en uno de los informes ellos afirmaban que no había restos arqueológicos. “Cuando nosotros llegamos la capa cultural ya había sido borrada e incluso ya había hasta relleno”, aclaró Ramos. Lo normal, añadió, es que el estudio se realice antes de que el terreno sea intervenido.
Mientras los arqueólogos explicaban sus hallazgos, los diputados de Arena, PCN y Gana intentaron forzar las respuestas en beneficio de los argumentos de la constructora, que basaba su denuncia de arbitrariedad en el informe que los consultores habían entregado. Ellos les recordaron que ese documento no tiene ninguna validez jurídica y que es apenas un insumo para el Estado, quien puede decidir si está o no de acuerdo con su contenido.
Uno de los principales argumentos de Fénix es que Ramos y Escamilla habían decretado que solo tres manzanas comprendían la zona de reserva arqueológica, versus las 20 que el Ministerio de Cultura señala como área de influencia. Ambos enfatizaron que estas también forman parte del sitio arqueológico y que ellos solo delimitaron la primera porque demarcar el área de influencia le compete, por reglamento de Ley, a los arqueólogos de la institución.
Una vez que la explicación técnica se agotó, la diputada de Arena y secretaria de la comisión, Silvia Ostorga (integrante del club de millonarios en la Asamblea Legislativa), intentó hacer concluir a los arqueólogos si era factible continuar con la construcción de la obra. Ellos se declararon incompetentes para hacer tal aseveración, ya que eso le corresponde al ministerio. También les preguntaron si ellos constataron que Fénix no tenía el permiso de la entonces Secretaría de Cultura antes de hacer la investigación. De nuevo, insistieron en que ellos eran consultores y que su trabajo se limitaba a lo arqueológico, no a la verificación de permisos.
Por último, Almendáriz quiso atajar en favor de la constructora y preguntó si detener la obra y la consecuente afectación a la empresa era producto de una omisión del Estado, al no haber delimitado previamente toda la zona. Antes de eso, ya Escamilla y Ramos habían explicado que la delimitación de un sitio arqueológico varía año con año y que esta fluctúa de acuerdo a los hallazgos de material que se dan. Ramos incluso citó el estudio de la arqueóloga estadounidense Kathryn Sampeck, en donde establecía que la influencia de Tacuscalco llega hasta el bypass que de Sonsonate dirige hacia Acajutla: “En el caso del bypass -aclaró-, se ordenó primero el permiso arqueológico. La empresa debió de haber obtenido primero los permisos y, de acuerdo a ese informe, ver dónde se podía construir”, citaron.
-¿No fue culpa del Estado por no delimitar?, insistió Almendáriz.
-Independientemente de las manzanas que sean, toda lotificación tiene la obligación de solicitar los permisos si su proyecto está alrededor de un sitio arqueológico, concluyó Escamilla.
Con la retirada de los arqueólogos, los diputados acordaron sesionar una jornada completa este próximo miércoles 4 de julio para que declaren las autoridades de Medio Ambiente y de Cultura, instituciones que han sido denunciadas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por actos arbitrarios.
Diputados a defender la constructora, sí o sí
Antes de la exposición de los arqueólogos, los legisladores iniciaron su pesquisa investigativa con la misión de “dirimir la verdad” en este caso, y lo que inició como una cruzada para defender la seguridad jurídica de una empresa constructora podría terminar dándole la razón a los expertos en protección de patrimonio.
La sesión más reciente de la comisión estuvo dividida en dos. En la primera mitad dieron su versión de los hechos los alcaldes de Sonsonate, Roberto Aquino, y de Nahuilingo, Miguel Ángel Mejía, ambos del partido Arena. También llegó Wilfredo López, jefe de la Oficina de Desarrollo Urbano del Area Metropolitana de Sonsonate (ODUAMSO). Los tres defendieron la tesis de la legalidad de los permisos, en la misma línea que habían expuesto -la semana anterior- Fénix y sus abogados.
Mejía fue comedido al asegurar que su alcaldía había dado la autorización amparado en que los permisos adquiridos por la constructora al momento de comprar el terreno estaban en orden: “Sabemos perfectamente que el desarrollo no lo podemos parar, pero tampoco queremos destruir lo que tanto ha costado construir históricamente”, aseguró.
Aquino, por su parte, fue más tajante y sentenció, entre halagos, a los legisladores: “Sobre ustedes recae velar por que prevalezca la seguridad jurídica, de lo contrario se va a generar una desconfianza tal en los empresarios que se la van a pensar antes de invertir”. La postura del alcalde a favor de la constructora no es de extrañar, porque la comuna ha recibido apoyos del grupo Salazar Romero, empresa que factura a nombre de Fénix.
En la revista de las fiestas patronales 2018 del municipio hay un apartado en donde se agradece la responsabilidad social de Salazar Romero para iluminar el bulevar Acaxual, una de las vías principales de la ciudad. En la foto aparecen Aquino y Ostorga, acompañados del fundador de la constructora, Raúl Salazar, y su esposa.
Con la intención de zanjar la discusión, una vez que llegó el turno de las preguntas, Ostorga lanzó una al jefe de la ODUAMSO: “¿podría considerarse que parar el proyecto es ilegal y que Secultura está manipulando de manera fraudulenta al apoderarse de 19 manzanas?”. Con esa pregunta, la diputada Ostorga estaba adelantando criterio sobre el caso del que también es juez. López se limitó a decir que le parecía injusto y que no veía ningún motivo para detener el proyecto.
Javier Valdez, del FMLN, intentó poner en perspectiva el problema: “¿Hay coordinación entre los procedimientos del ahora Ministerio de Cultura y la oficina de desarrollo?”, preguntó, en alusión a que nunca se tramitó un permiso a esta cartera de Estado para realizar las obras de terracería. López contestó que sí existe, pero que en este caso particular no se pidió tal trámite porque la zona ya estaba delimitada previamente por el Plan Maestro de Desarrollo Urbano (Plamadur). “No se consultó ni con Medio Ambiente ni con Cultura. (El) Plamadur, que establece todas las reglas del juego, es una herramienta que usamos para determinar si se puede o no se puede”, concluyó.
Para cuando concluyó la primera parte, la conclusión en la comisión seguía siendo la premisa con la que se instaló: que había arbitrariedades de parte del Ministerio de Cultura al ordenar un paro injustificado en una zona en donde no había restos arqueológicos. Los siguientes en participar fueron Escamilla y Ramos, que ofrecieron un punto de vista muy diferente.
Serafín Orantes, diputado del PCN, se hizo presente en la comisión solo para sugerir que en la próxima sesión se diera por fin una conclusión, que él, al menos, ya tenía la información necesaria para formarse una opinión y emitir un recomendable. “Cada día que Medio Ambiente no levanta el paro, afectamos a la parte económica de Sonsonate y a las familias que dependen del sustento diario', dijo, sin haber escuchado más que los argumentos que iban a tono con la denuncia de la constructora. Luego, se retiró.
Según datos publicados por el Ministerio de Cultura, en Tacuscalco se puede conocer la historia de más de dos mil años de ocupación continua y su importancia ha sido constatada por expertos dentro y fuera del Gobierno.
