La Fiscalía acusa al expresidente Mauricio Funes, al ex secretario privado Francisco Cáceres, al ex presidente del Banco Hipotecario Manuel Rivera Castro y a uno de los principales operadores políticos de Funes, Miguel Menéndez Avelar (Mecafé), de participar en una estructura que desvío 351 millones de dólares de Presidencia de la República 2009-2014. Los fondos públicos fueron utilizados para adquirir 14 propiedades, para construir un lujoso spa en la calle Maquilishuat y una vivienda en Lomas de Altamira, y también fueron utilizados para pagar tarjetas de crédito, impuestos de la agencia de publicidad Polistepeque y viajes del ex mandatario y de su círculo cercano.
Hay 30 órdenes de detención giradas: 27 personas son requeridas por lavado de dinero y 3 por encubrimiento. A Funes lo señalan como el líder de la estructura criminal que desvío fondos públicos de la partida de gastos reservados durante su administración. Según la Fiscalía, el primer presidente de izquierdas ocupó una compleja red de prestanombres para adquirir inmuebles: uno de ellos fue un spa, denominado Le-Prive-, administrado por la empresa Latin American Spas. La actual pareja de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, también asilada en Nicaragua desde septiembre de 2016, era la gerente de dicha empresa.
La acusación fiscal validó que Funes llevó a cabo una cadena de favores con fondos públicos que salieron del Banco Hipotecario -un banco semiestatal- y que beneficiaron a sus amigos y a familiares. Manuel Rivera Castro fue nombrado el 24 de junio de 2011 como presidente del Banco Hipotecario. El Faro reveló en mayo de 2014 que este nombramiento fue interpretado por fuentes del gobierno -incluido un asesor de Casa Presidencial- como un pulso ganado por el empresario Miguel Menéndez, patrocinador de la candidatura presidencial de Funes y unos de los promotores del grupo los 'Amigos de Mauricio Funes'. Este nombramiento significó concesiones de préstamos por miles de dólares para Mecafé y para Ada Luz Sigüenza de Guzmán, la madre de Ada Mitchell, quien también fue contratada por la Presidencia y le fue tramitado un pasaporte diplomático.
Funes es el segundo presidente que enfrenta a la justicia por el manejo irregular de fondos de la partida secreta. Los tres empleados de la Unidad Financiera de Casa Presidencial Pablo Gómez, Francisco Artega y Jorge Alberto Herrera, que están en prisión acusados de ayudar a Saca a desviar 301 millones de dólares, también han sido acusados de colaborar con el ex presidente Funes para desviar los millonarios fondos públicos. Estos empleados laboraban para la Presidencia desde la década de los noventa, y continuaron laborando para la adminsitración de Salvador Sánchez Cerén (el segundo gobierno del FMLN, que arrancó en 2014) hasta que fueron capturados por el caso Saca.
En los últimos 24 años (de 1993 a 2016), los últimos 6 presidentes, desde Cristiani hasta Salvador Sánchez Cerén (4 administraciones de Arena y 2 del FMLN) gastaron más de mil millones de dólares sustrayéndolos de una billetera secreta, de la cual ninguno ha rendido cuentas. Funes destinó más del 50 % del presupuesto de Casa Presidencial para gastos secretos y fue el presidente que tuvo la partida secreta más abultada de los últimos 24 años. Los fondos fueron depositados en ocho cuentas bancarias, de las cuales liberaron 5 858 cheques.
83 de cada 100 dólares de la partida secreta de Funes (292 de 351 millones de dólares) salieron en efectivo del Banco Hipotecario, según el fiscal Douglas Meléndez en 'bolsas negras de basura', del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014.
En agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la forma en la que se nutría la 'partida secreta', nombre con el que se le conocía a un mecanismo que permitía la reorientación de fondos del Estado hacia Casa Presidencial sin tener que pasar por la venia de la Asamblea Legislativa. Los magistrados determinaron que esos movimientos debían contar con la aprobación de la Asamblea. Siempre. La presidencia Funes disponía para gastos reservados 80 millones de dólares para todo su quinquenio. En la acusación fiscal, determinaron que a través de movimiento ilegales trasladaron 264 millones de dólares para hacer crecer la partida secreta a 351 millones de dólares.
Cosase, la empresa de Miguel Menéndez Avelar que fue favorecida con más de 14 millones de dólares en contratos de seguridad del gobierno Funes, fue favorecida con 3.1 millones de dólares de gastos reservados. Menéndez Avelar -a quien Funes considera su amigo- es descrito por la Fiscalía como su principal prestanombre y su principal aliado en el desfalco de los fondos de Casa Presidencial.
El spa, las propiedades, los amigos y familiares
Los favores que Funes otorgó a amigos y familiares son interpretados por la Fiscalía como una compleja trama de desvío de fondos públicos y de lavado de dinero. Parte de los fondos entraban a las empresas Merpinsa (de mercadedo y publicidad) y Latin American Spas y eran utilizados para adquirir propiedades y pagos de productos suntuarios sin que la Corte de Cuentas encendiera ninguna alarma.
Entre las 14 propiedades que la Fiscalía le detectó a Funes, identificaron un departamento de lujo, un penthouse. Este fue comprado para que Cristina Pignato y su esposo, Tiago Vasconcelos, residieran ahí. Cristina es hermana de la ex primera dama, Vanda Pignato, hoy secretaria de Inclusión Social, también procesada en este caso, aunque no ha sido capturada por consideraciones de salud, según el fiscal general. El apartamento estaba a nombre de Merpinsa, y según Jorge Cortez -jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía- el inmueble ya fue vendido.
Funes también pagó 216 000 dólares de las tarjetas de crédito de su ex esposa, Vanda Pignato y también sufragó gastos de viajes -al interior de Brasil- de su cuñada y el esposo de esta.
Merpinsa fue creada en 2007 y pasó a manos de German Herrera, cuñado de Mecafé, en 2010. Funes también adquirió -a través de esa empresa- una casa en la calle Circunvalación para que Ada Mitchell residiera ahí. El inmueble fue comprado al primo del ex presidente Antonio Saca, Herbert Saca.
Funes también compró a una empresa vinculada a Antonio Saca una propiedad valorada en medio millón de dólares. Más de 200 mil dólares fueron pagados en efectivo.
Los peritajes contables también detectaron que Casa Presidencial pagó 2.6 millones de dólares a Hugo Barrientos Arquitectos para construir una vivienda en Lomas de Altamira que estaba a nombre de Miguel Menéndez Avelar, y a la que Funes anunció que se mudaría tras concluir su mandato.
Ada Mitchell también recibió 484 000 dólares, según la Fiscalía. Los usó para adquirir vehículos, pagos de tarjeta de crédito y para gastos de dos cirugías plásticas en Beverly Hills, en Los Ángeles (California). La madre de Guzmán realizó compras de un vehículo por un valor de 12 000 dólares, pagó préstamos por 154 560 dólares, realizó viajes por 8 942 dólares y depósitos por 42 000 dólares. La madre de Ada Mitchell no tiene como justificar 217 965 dólares que utilizó de los fondos públicos del gobierno.
El padre de Ada Mitchell, Juan Carlos Guzmán Verdugo, realizó viajes por un monto de 100 000 dólares. La Fiscalía dice que no puede justificar 133 564 dolares.
La Fiscalía también acusa a Elvy Paz Gutiérrez -otra ex pareja de Funes, según las autoridades- por no poder justificar 394 mil dólares.
Dos hijos de Funes también aparecen como receptores de fondos públicos: Diego Funes Cañas recibió 279 000 mil dólares y Roberto Funes Avelar, 163 000 dólares que utilizaron para adquirir vehículos.
La madre de Diego Funes -Regina Cañas- tiene orden de captura por encubrimiento. Según la Fiscalía, simuló un préstamo para justificar el origen de los fondos públicos recibidos por su hijo y así desvanecer hallazgos en una investigación por enriquecimiento ilícito que llevaba a cabo la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia. Esa investigación devino en un juicio civil en el que padre e hijo terminaron condenados por no poder justificar 419 000 dólares.
'Lo que demuestra esta investigación es que estas personas crearon pruebas falsas para ser presentadas a la sección de Probidad y salir endemnes en el proceso civil. Por lo que vamos a tratar de impugnar dichos procesos', dijo el fiscal Douglas Meléndez.
Presidencia le pagó impuestos a Polistepeque
Funes, periodista de profesión, heredó la cultura del secreto sobre el gasto en publicidad presidencial que había caracterizado a su predecesor, Elías Antonio Saca. Detrás de la escasa transparencia había un nombre: Polistepeque S.A de C.V, la agencia creada por su estratega de campaña Joao Santana que fue beneficiada con 5.6 millones de dólares del presupuesto de instituciones adscritas al ejecutivo sin tener que pasar por un proceso de licitación. Fue una manera que la presidencia Funes encontró para agradecerle a Santana su colaboración en la campaña.
Joao Santana dirigió la campaña de Funes. Sus honorarios durante la campaña de 2009 fueron sufragados, según cinco confesiones en poder de la justicia brasileña, con dinero proveniente de una partida que mantenía la empresa Odebrecht y el Partido de los Trabajadores de Brasil. Santana fue condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero. 'La FGR quiere imputarme lavado de dinero por el pago que hizo Odebrecht a quién fuera mi asesor de campaña. (sic) Y qué tengo que ver con ese dinero si nunca recibí nada de Odebrecht? (sic) Ese es un asunto entre Santana y la empresa y está siendo juzgado en Brasil', dijo Funes.
El exmandatario destinó 499 mil dólares -de la partida secreta- para sufragar los impuestos que estaba obligada a pagar la agencia de publicidad Polistepeque, por los servicios que prestó a una decena de instituciones del ejecutivo.
En febrero de 2017, el secretario de comunicaciones de Funes, David Rivas, había dicho a El Faro que a pesar de ser el responsable de las campañas publicitarias del gobierno ignoraba todo el esquema creado por Funes. Según Rivas era Patricia Zablah –directora de publicidad de Casa Presidencial- una de las responsables de una estructura paralela a la Secretaría de Comunicaciones creada por Funes y que era dirigida, entre otros, por el publicista argentino Luis Verdi. 'Desde el inicio del gobierno fue una decisión del presidente Funes, porque ella era de su confianza', dijo Rivas. Zablah no aparece como imputada en el caso Funes.
A Rivas le detectaron 1 millón de dólares injustificados. Él cobró 21 cheques por 593 mil dólares en efectivo, según la Fiscalía.
Viajes personales con fondos públicos
El secretario privado de Mauricio Funes, Francisco Cáceres, declaró como secreta la información de viajes del presidente y de su grupo familiar. También selló como secretos los gastos en publicidad. Incluso el gobierno de Sánchez Cerén destinó recursos para litigar en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y ante la Sala de lo Constitucional para garantizar que esa información se mantuviera oculta.
Al ex secretario privado, Francisco Cáceres, la Fiscalía le ha identificado 1.5 millones de dólares depositados en sus cuentas sin justificación y 67 viajes no oficiales pagados con fondos públicos.
El fiscal general reveló que 1.2 millones de dólares fueron gastados para pagar vuelos privados de Funes y de su grupo familiar. Aunque también dijo que detectaron que al menos 4 millones -extras- en efectivo fueron destinados para sufragar otros viajes del ex presidente, de sus amigos y de su grupo familiar. Funes negó a través de su cuenta de Twitter que haya realizado 365 viajes. 'Eso significa que en 5 años de la Presidencia viajé en promedio cada 5 días. Entonces no goberné ni estuve en el país porque cada 5 días tenía que estar fuera. Todo eso es una ridiculez', dijo Funes.
El capitán del Estado Mayor Conjunto, Luis Maida también está siendo procesado por la Fiscalía. Recibió 214 000 dólares que utilizó para adquirir casi un centenar de armas, que fueron transferidas a nombre del expresidente Funes. Maida no tenía la capacidad financiera para adquirir estas armas -según la Fiscalía- y a través de esta compra ayudó a lavar fondos públicos. 'Maida no me donó ninguna arma. Yo le entregué el dinero para comprarlas y luego se registraron a mi nombre. Acá no hay lavado de dinero', dijo Funes.
Hasta las 8 de la noche del viernes 8 de junio, la Fiscalía llevaba a cabo 12 allanamientos en propiedades en San Salvador y La Libertad. Los inmuebles están relacionados con empresas de Miguel Menéndez Avelar.
Hasta el momento, las autoridades solo han capturado a seis de los implicados en el caso y fueron presentados a tribunales este viernes 8 de junio. Miguel Menéndez fue detenido en la noche del 5 de junio. La Fiscalía ha dicho que pedirá la extradición del expresidente Funes, asilado desde 2016 en Nicaragua.
Con la colaboración de Gabriel Labrador y Arysbell Arismendi
