Entre 2009 y 2011, en El Salvador ocurrieron cuatro eventos que provocaron respuestas de emergencia por parte del Gobierno de Mauricio Funes: la crisis financiera mundial y las lluvias del huracán Ida (ambos durante 2009); la tormenta Ágatha (2010) y la depresión tropical 12-E de 2011. De todos, fue esta última, ocurrida en octubre, la que trajo consecuencias inmediatas: inundó una décima parte del territorio salvadoreño y dejó 43,222 damnificados. Para atender la emergencia, el Gobierno creó una bolsa de 50 millones de dólares en el Ministerio de Hacienda. Los fondos debían ser distribuidos entre distintas carteras, pero al cabo de ese año, ocho de los 50 millones terminaron en la partida de gastos reservados, una partida por la que ningún presidente ha rendido cuentas.
En la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Funes y su círculo privado hay una constante que se repite y se repite: la opacidad con la que se manejó esa partida imposibilita verificar si los fondos realmente se ocuparon en lo que tenían que haberse ocupado. Así como se desconoce si esos $8 millones llegaron o no a los millares de salvadoreños afectados por la tormenta 12-E, los fiscales no encuentran evidencia del destino de otras decenas de millones de dólares que se suponía debían ser utilizados para atender a las comunidades más pobres o reforzar las carteras de Educación o Seguridad.
Del expediente de acusación fiscal se desprende que la presidencia Funes utilizó cuatro mecanismos para desviar $351 millones de dólares, entre los cuales se cuentan más de 10 millones que terminaron sirviendo para satisfacer los lujos y excesos del exmandatario, la ex primera dama, los grupos familiares de ambos y el círculo privado de Funes.
Los movimientos que engrosaron la billetera secreta del primer gobierno de izquierdas incluyeron una ley del presupuesto aprobada por la Asamblea Legislativa; acuerdos ejecutivos con los cuales se esquilmó los presupuestos de varios ministerios para transferir los fondos a Casa Presidencial; votaciones de acuerdos en Consejo de Ministros; el desvío de millonarios préstamos -que el país seguirá pagando durante las próximas tres décadas- y donaciones de cooperantes que debían servir para atender las necesidades de las familias más vulnerables en El Salvador.
Todo comenzó con la reutilización, entre junio de 2009 y diciembre de 2010, del mecanismo heredado de los 20 años de gobiernos de Arena para desviar fondos públicos. A partir de 2011, el expresidente Funes, el exsecretario privado Francisco Cáceres y el exministro de Hacienda tenían las llaves para hacer funcionar nuevos mecanismos para engordar la partida 54315 “gastos reservados” de la Presidencia. La salida del dinero en bolsas a través del Banco Hipotecario, dirigido por un hombre de confianza del exfuncionario y amigo de Funes (el empresario Miguel Menéndez, “Mecafé”) solo era la estación de llegada de una intrincada estrategia coordinada entre la Presidencia y el Ministerio de Hacienda.
De los $351 millones, la Fiscalía determinó que $292 millones provenían del Fondo General de la Nación, donde está el dinero del que se puede disponer en un corto plazo; $54 millones de préstamos, la mayoría otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (adscrito al Banco Mundial); más $4.5 millones que fueron donados por la cooperación española y por la Unión Europea.
Mecanismo I: Los acuerdos ejecutivos
El 1 de junio de 2009, un ex presentador de noticias, que hizo una exitosa campaña alrededor de la promesa de dirigir 'el gobierno del cambio', ponía fin a 20 años de gobiernos de Arena. Este partido de derecha terminó desgastado por señalamientos de corrupción y su último presidente, Antonio Saca, desde finales de 2016 está en prisión acusado de desfalcar $301 millones a través de una partida secreta. 'El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Precisamos hacer una revolución ética: transparencia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y de desvío del dinero público', decía Mauricio Funes en su discurso de toma de posesión.
Siete días después de aquel discurso, en Casa Presidencial comenzó a operar el primer mecanismo de desvío de fondos, uno que había sido heredado por los gobiernos de Arena. El 8 de junio de 2009, el secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, envió cuatro notas a su tío, el ministro de Hacienda, para que autorizara mover fondos públicos de otras instituciones hacia la partida de gastos reservados. A la vieja usanza de la contabilidad secreta de gobiernos de Arena, Francisco justificó con términos ambiguos el destino de los fondos: en la primera nota pedía $1 millón que iban a servir para 'Gastos Operativos'; $500 mil para ponerlos al servicios de la 'Secretaría de Comunicaciones'; $600 mil para cubrir los gastos de la ceremonia de 'traspaso de mando' que se había llevado a cabo siete días atrás y $400 mil para el 'Organismo de Inteligencia del Estado'.
La presidencia de Funes no había terminado de acomodarse en la Casa Presidencial cuando ya comenzaba a utilizar la partida secreta o de gastos reservados con propósitos ambiguos, como lo hicieran los expresidentes Alfredo Cristiani (1989 -1994), Armando Calderón Sol (1994 - 1998) y Francisco Flores (1999 -2004).
Durante el siguiente año, entre el 8 de junio de 2009 y el 28 de julio de 2010, el secretario privado envió 80 de estas notas solicitándole a su tío refuerzos presupuestarios por $54.17 millones. Le dejaba claro en las notas que las solicitudes de fondos eran por 'instrucciones superiores', cuando el único funcionario con un cargo de mayor peso jerárquico era el presidente Funes. Todos los fondos fueron aprobados. Entre el 12 de junio de 2009 y el 24 de agosto de 2010, Carlos Cáceres emitió 46 acuerdos ejecutivos autorizando reforzar con $49.87 millones a la Presidencia, y el entonces viceministro de Hacienda Roberto Solórzano emitió cuatro acuerdos ejecutivos adicionales por $4.3 millones para moverlos de la partida de 'Gastos Imprevistos del Ministerio de Hacienda' a la partida de 'Gastos Reservados' de Casa Presidencial.
En noviembre de 2009, mientras ocurrían continuas solicitudes de fondos a Hacienda, el huracán Ida propició un frente de lluvias intensas que impactaron al país. El gobierno calculó que estas lluvias dejaron 199 fallecidos y alrededor de 10,000 damnificados.
Carlos Cáceres, Francisco Cáceres y Gerardo Cáceres fueron tres empresarios del movimiento 'Los Amigos de Mauricio' que catapultaron en 2008 la candidatura presidencial de Funes. A partir del 1 de junio, Carlos y Francisco ocuparon importantes cargos y Gerardo -a la sombra- se mantuvo como el operador político de Funes de mayor influencia hasta que, a mediados de 2011, comenzó a perder terreno e influencias debido a la cercanía del presidente con Miguel Menéndez Avelar y con el primo del expresidente Antonio Saca, Herberth Saca, considerados como los nuevos amigos. Pero Funes mantuvo a Francisco Cáceres en un cargo de confianza.
El funcionamiento de los mecanismos que ayudaron a desviar fondos públicos, a juzgar por las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las que se incluyen documentos oficiales, transferencias bancarias y relatos de 102 testigos, dibujan a dos de los Cáceres como piezas claves en esta trama. Uno de ellos es el ex ministro de Hacienda.
En mayo de 2010, un año y cinco meses antes de la tormenta E-12, Carlos Cáceres criticaba a los detractores del uso de la partida de gastos reservados. Para entonces, según la investigación fiscal, uno de los mecanismos de la maquinaria ya funcionaba a todo vapor. “Y ahí hay asignaciones para la Presidencia que constituyen, como su nombre lo representa, para temas reservados, que así lo dice el presupuesto y que por lo tanto no estoy en la obligación de decirlo… porque son reservados. Si no les gusta a ustedes vayan a la Asamblea, y díganles: este rubro no queremos que se llame gastos reservados”, dijo Cáceres el 28 de mayo de 2010.
Ahora, en medio de la investigación contra la presidencia Funes, el segundo gobierno del FMLN nombró al exministro como embajador de El Salvador en México, con la inmunidad que acompaña a ese cargo. Sobre la posibilidad de que él sea incluido como acusado, el fiscal general ha dicho que el caso continúa en investigación. 'Esto no cierra la posibilidad de que más personas resulten involucradas, sin embargo no es posible adelantar detalles ni adelantar una posición o diligencia que podría realizar la Fiscalía', contestó la oficina de comunicaciones de la Fiscalía.
El otro funcionario clave era el secretario Privado, Francisco Cáceres, actualmente prófugo. Uno de los testigos de la Fiscalía pone en primer plano la relación de Funes con su secretario privado. 'Francisco Cáceres era una persona a la que Mauricio Funes le tenía mucha confianza ya que él lo consideraba como uno de los hombres más leales que tenía alrededor', dijo el testigo a la Fiscalía.
El ex viceministro de Hacienda, Roberto Solórzano, contó a la Fiscalía la informalidad con la que se planificaban las reorientaciones de fondos. “En el caso de los refuerzos presupuestarios solicitados por Presidencia de la República le llamaban al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para decirle que iban a realizar una petición de esa naturaleza con la finalidad de que la atendiera”. Recalcó que “atender” significaba “aprobar” y aclaró que no tenían cómo verificar que estos recursos eran necesarios. “Las solicitudes solo detallaban que eran para atender gastos reservados”, relató Solórzano.
La Fiscalía afirma que estas modificaciones presupuestarias debieron llevarse a cabo a través decretos aprobado por la Asamblea Legislativa. En todo caso, entre mayo y agosto de 2010, la práctica tuvo que haberse detenido por una resolución de la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la partida secreta.
Mecanismo II: De la Asamblea Legislativa al Consejo de Ministros
La Fiscalía descubrió que en 2011 continuaron las transferencias de fondos públicos desde Hacienda hacia Casa Presidencial sin aval legislativo. O, más bien, con el aval de los partidos que formaban mayoría en el Salón Azul: el FMLN y Gana, el partido formado por diputados que renunciaron a Arena a finales de 2009, y que se convirtió desde entonces en el principal aliado del partido de Gobierno.
Luego de que la Sala de lo Constitucional prohibiera el uso de la partida secreta en mayo de 2010, la Asamblea incluyó en la Ley de presupuesto de 2011 un artículo que creaba, en cada ministerio, una partida de gastos imprevistos. En dicha ley, quedó establecido que el presidente iba a poder mover dinero de ahí hacia Casa Presidencial. Este presupuesto contradecía la resolución de la Sala, y la objeción a esta nueva fórmula no tardó en llegar hasta oídos de los magistrados.
En junio de 2011, Mauricio Funes sancionó el decreto 743 que ataba de manos a la Sala de lo Constitucional. En la práctica, si los magistrados querían que un fallo fuera de obligatorio cumplimiento, este debía votarse de forma unánime con la participación de cinco magistrados. Para esa fecha, había un magistrado -Néstor Castaneda, el actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental- que votaba en contra de los demás miembros, o se abstenía de participar. Fuentes del ejecutivo y del FMLN atribuían el apoyo que Funes le dio a este decreto a que el mandatario temía que los magistrados bloquearan el inciso 2 del artículo 11 del presupuesto, que le permitía mover fondos entre carteras para alimentar la partida de gastos reservados.
La batalla contra los magistrados a través del decreto 743 fue una primera derrota del ejecutivo y el legislativo, cuando la misma Sala lo declaró inaplicable. En julio de 2011, la Asamblea derogó dicho decreto. Cuatro meses más tarde, en noviembre, vendría la segunda derrota, cuando la Sala declaró inconstitucional el inciso 2 del artículo 11 del presupuesto, bloqueándole a la presidencia Funes las transferencias de fondos desde diferentes carteras del ejecutivo hacia Casa Presidencial.
Lorena Peña, exdiputada de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que buscó los votos para los presupuestos de la gestión de Funes, dice que esos movimientos son imposibles.
— En su investigación, la Fiscalía plantea que en consejo de ministros se dio la reorientación de fondos de ministerios a la partida secreta.
— Desde que la partida secreta se declaró inconstitucional, no se puede mover dinero de un ministerio para otro. Todo ahorro, todo redireccionamiento pasa por la Asamblea.
— Hay casos en donde esos movimientos fueron de conocimiento de Hugo Martínez, Salvador Sánchez Cerén... Fondos incluso de préstamos.
— Es imposible que eso se haya desviado. El Ministerio de Hacienda sacó una explicación detallada sobre eso.
— ¿Es imposible, entonces, que desde Casa Presidencial se haya recortado dinero de algunos ministerios para inyectarlos a la partida secreta?
— Desde que la corte se pronunció no hubo movimiento de partidas. Todo pasa por la Asamblea. Por eso es que la Comisión de Hacienda tiene más de 400 dictámenes atrasados.
— ¿Nadie en FMLN vio nada sospechoso, que desde Capres estuvieran desviando fondos?
— No. Como le repito, todo movimiento de presupuesto pasa y debe ser aprobado por la Asamblea.
En medio del choque entre poderes, Casa Presidencial activó un nuevo mecanismo en el que Funes involucró al Consejo de Ministros. Entre el 16 de mayo y el 15 de agosto de 2011, el Consejo autorizó la reorientación de $19.6 millones de los ministerios hacia la Presidencia. Según relató a los fiscales el exviceministro de Hacienda, Robero Solórzano, la Presidencia se amparaba en que la ley del presupuesto 2011 daba facultades al Consejo de Ministros para 'realizar tranferencias de fondos entre distintas unidades de financiamiento'. El sistema funcionaba así: los ministros solicitaban los movimientos a Hacienda, Hacienda analizaba el caso y si era procedente autorizaba y notificaba al secretario jurídico de la Presidencia, quien incluía el punto en las sesiones para su aprobación. La petición de los ministros a Hacienda, sin embargo, no era voluntaria. Un testigo declaró a la Fiscalía que el exmandatario en varias ocasiones le dijo “ahí te va a llamar Manzanita”, haciendo alusión al secretario jurídico, Ricardo Marroquín.
El 13 de mayo de 2011, por ejemplo, Funes le ordenó al ministro de defensa David Munguía Payés que le pidiera a Carlos Cáceres reorientar $4.7 millones de Defensa. Según consta en los documentos judicializados por la Fiscalía, Munguía Payés cumplió la orden “con instrucciones del señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza armada'. Vía telefónica, el ministro de Defensa dice que no recuerda estos trámites.
—¿Por qué avaló esas modificaciones presupuestarias si la Sala de lo Constitucional había prohibido en 2010 hacer transferencias entre carteras sin el aval de la Asamblea?
— No me recuerdo yo de eso. En el Consejo de Ministros aprobamos tantas cosas... No recuerdo ese caso en particular.
—¿Puede explicarnos cuál era el mecanismo para hacer estas reorientaciones?
—Normalmente la agenda la prepara el secretario de asuntos jurídicos y a los ministros nos razonan la necesidad de aprobar cualquier solicitud que requiera la Presidencia, donde la ley establece que los ministros tienen que aprobarlo. Simplemente él llega y dice 'este es un punto de agenda, hay una solicitud de la presidencia, para qué sirve'; y entonces venimos nosotros y la aprobamos o la desaprobamos.
Hugo Martínez, ex canciller de la República y actual candidato a la presidencia del FMLN recibió el 13 de mayo de 2011 una orden similar a la de Munguía Payés. Martínez dijo a fiscales que el secretario jurídico de Presidencia, Ricardo Marroquín, le habló por teléfono para comunicarle las instrucciones de Funes: elaborar una nota dirigida a Cáceres para poner a disposición $919 mil de la partida de gastos imprevistos de Cancillería para que estos fueran trasladados a Presidencia. El Faro intentó obtener una reacción de Martínez, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Convocado el Consejo, Funes asistía a aquellas reuniones, pero no firmaba los acuerdos a través de los cuales se recortaron fondos a educación, salud, seguridad, defensa, entre otros, en beneficio de la Presidencia. Tampoco firmaron el exministro de Educación y vicepresidente Salvador Sánchez Cerén; y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Por esta vía, 14.4 millones de dólares de los 19.6 reorientados por el Consejo terminaron en la partida de gastos reservados.
La fiscalía recogió los testimonios del exministro de Medioambiente, Herman Rosa Chávez; el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán y del exministro de Gobernación, Gregorio Ernesto Zelayandia Cisneros. Todos dijeron a la Fiscalía que eran convocados por Funes y que en estas el tema de las transferencias se presentaba 'sin mayores detalles'. Al ser consultado por El Faro, Zelayandía dijo: “ya declaré a la autoridad competente y, sobre ese tema, no me gustaría caer en la opinión pública”.
El exministro de Economía, Héctor Dada Hirezi (junio de 2009 hasta abril de 2012), estuvo en tres de esas sesiones. Consultado al respecto, explica: “no tengo memoria de ello, pero si son decisiones votadas en el Consejo de Ministros, se hicieron en la confianza de que el ministro de Hacienda y el Secretario Privado se habían asegurado de que todo era correcto'.
A las sesiones también asistieron los exministros de Salud, María Isabel Rodríguez; Obras Públicas, Gerson Martínez; Seguridad, Manuel Melgar (hoy secretario privado de la Presidencia); y Agricultura, Guillermo López Suárez. El Faro intentó obtener una reacción de todos ellos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Mecanismo III: Préstamos y donaciones
Del total de $54 millones en préstamos que acabaron en la partida de gastos reservados, $12.8 millones provenían del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aprobados en 2010. Ese mismo año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también hizo un primer desembolso de $7 millones de los que la mayoría - $6.8 millones- también fueron trasladados a esa partida de Casa Presidencial.
Estos 19.6 millones fueron entregados en el marco de dos contratos: con el BIRF, el Gobierno suscribió un préstamo por $100 millones, llamado “Sostenibilidad de los Logros Sociales para la recuperación económica”; y otro de 200 millones con el BID que buscaba el “Fortalecimiento Fiscal”. Ambos buscaban servir de amortiguador para un país que en 2009 sufrió el impacto de la crisis financiera mundial: en lugar de crecer, el Producto Interno Bruto decreció 3.1 %. El primer préstamo (el del BIRF), el Estado salvadoreño (los contribuyentes) lo acabarán de pagar en 2039; el segundo (el del BID), en 2030.
En la acusación de la Fiscalía, el ex viceministro de Hacienda, Robero Solórzano, dice que actuaron en contra de las reglas. Según el testimonio del exviceministro, 'cuando se trata de donaciones o préstamos externos no puede modificarse su finalidad y que esto solo es posible mediante una gestión del ente ejecutor con el organismo o institución donante que ha brindado el préstamo, lo que luego debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, que de lo contrario ni el Ministerio de Hacienda ni la Asamblea Legislativa pueden otorgarles una finalidad diferente a dichos fondos'.
El miércoles 19 de junio, la Presidencia convocó a una conferencia liderada por Roberto Lorenzana, secretario de comunicaciones del segundo gobierno del FMLN. Lorenzana se hizo acompañar del actual ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y de los presidentes de la Superintendencia del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, y del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera . En primera plana, los hombres que dirigen tres de las instituciones que vigilan las cuentas del Estado resumieron que han colaborado con las autoridades, pero que sus instituciones no detectaron anomalías.
El uso de fondos de las partidas secretas de la presidencia Funes, como de la presidencia Saca, y para atrás (Flores, Calderón Sol, Cristiani) nunca hicieron sonar ninguna alarma en el Estado. En el caso de Funes, que se distingue del resto porque según la Fiscalía también desvió a esa partida secreta fondos provenientes de empréstitos, provoca una reacción de Lorenzana, quien fuera secretario técnico de la Presidencia hasta marzo pasado. Su reacción es de defensa.
Según dice, es 'muy ligero y grave” plantear que los $54 millones de préstamos que terminaron en la partida de gastos reservados fueron malversados. Lorenzana argumentó que, en caso de un mal manejo, los representantes del BID y del Banco Mundial también comparten alguna responsabilidad con los otros 32 procesados de la Fiscalía por el caso bautizado como Saqueo Público. 'Los representantes del Banco Mundial y del BID serían responsables de cualquier manejo fraudulento, porque son ellos quienes avalan estos procesos', dijo.
Cuando el funcionario de Capres dice que “avalan” los procesos, se refiere a que los organismos cooperantes siempre piden información al gobierno salvadoreño antes de aprobar desembolsos de dinero relacionados con los préstamos. 'En el Banco Mundial tenemos cero tolerancia a la corrupción', respondió un vocero de la institución en El Salvador en la tarde del 25 de junio. Según explicó, aunque el Banco ha conocido del caso a través de notas periodísticas, 'no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre este asunto, por lo que no estamos en condiciones de hacer comentarios al respecto'. El Faro también intentó obtener una reacción del Banco Interamericano de Desarrollo. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En la misma conferencia, el actual ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, defendió al exministro Cáceres. 'Creo que él ha cumplido con la ley y con los procesos presupuestarios', afirmó. A diferencia de lo que declaró el ex viceministro Solórzano a la Fiscalía, el actual ministro cree que la práctica de reorientar préstamos hacia los gastos reservados no es anómala. 'Eran préstamos de apoyo presupuestario, que tienen disponibilidad y fungibilidad en el ingreso. Pueden ser usados para las necesidades del fondo general', dijo Fuentes, que durante la administración Funes fue asesor de Cáceres. Lo dijo sin especificar qué tipo de gastos respaldó Hacienda en esas fechas.
En junio de 2013, el gobierno Funes desplegó una agresiva campaña publicitaria para conmemorar cuatro años de gobierno denominada 'Buenos Cambios'. Uno de los spots emblemáticos era uno en el que aparecía un adulto mayor agradeciendo la pensión de 50 dólares que acababa de comenzar a recibir. 'Cuando se nos vaya (Funes), quizá todos vamos a llorar', decía Sarbelio de Jesús Núñez.
Nueve meses antes, dos cooperantes entregaron al gobierno Funes 4.5 millones de dólares. Entre otros, esos fondos buscaban hacer llegar a más adultos mayores esta pensión, pero la Fiscalía reveló que esos fondos fueron desviados de este propósito y acabaron en la billetera secreta de la presidencia Funes.
El Faro confirmó que el 21 de septiembre de 2012, el decreto legislativo 134 fue publicado en el Diario Oficial. Ahí se estableció que los 4.5 millones de dólares iban a ser incorporados al Presupuesto 2012, pero destinados a la Secretaría Técnica, dirigida entonces por el economista Álex Segovia. El propósito de los fondos era incrementar en los municipios en condición de pobreza extrema, severa y alta el número de beneficiarios mayores de 70 años, como Sarbelio de Jesús, que reciben una pensión básica mensual de $50; la entrega del 'bono educación' con el que el Gobierno buscaba garantizar la permanencia en la escuela de niños en comunidades urbanas precarias; y para construir estrategias que permitieran que el programa Comunidades Solidarias llegase a más familias vulnerables. El “Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES)” es un programa que consiste en la entrega de ayuda monetaria condicionada a un grupo de familias que viven en los municipios considerados como de extrema pobreza. Fue la continuación de Red Solidaria, un programa creado durante la administración Saca y que fue vendido por la administración Funes con un nombre nuevo e incluido en su plan quinquenal.
De los $4.5 millones, la Unión Europea aportó $2.5 millones de dólares y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), $2 millones. No podían usarse para otra cosa que no fueran los compromisos adquiridos para el programa para la población salvadoreña más pobre. Y, sin embargo, el director ejecutivo de Presidencia, Manuel Arturo Ayala, pidió el 25 de septiembre de 2012 al viceministro de Hacienda emitir un acuerdo ejecutivo para mover los fondos hacia otras partidas. Eso ocurrió cuatro días después de que el decreto que validó entregar los fondos a la Secretaría Técnica fuera publicado en el Diario Oficial.
El 27 de septiembre de 2012, el viceministro Roberto Solórzano autorizó transferir estos fondos a una partida de “Adquisiciones de Bienes y Servicios” y de “Bienes de uso de consumo diverso”. Posteriormente, Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia (UFI) autorizó la reorientación a la partida de gastos reservados, la tarea que le había sido encomendada al menos en las últimas cuatro administraciones presidenciales, desde Armando Calderón Sol (1994-1999). Rodríguez Arteaga mantuvo su cargo hasta finales de 2016, en la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, hasta que fue procesado por el desvío de 301 millones en la presidencia de Antonio Saca (2004-2009).
El último lugar donde la Fiscalía encontró rastros de los $4.5 millones de dólares fue cuando estos fondos salieron -entre el 28 de septiembre de 2012 y el 26 de octubre de 2012- en la forma de seis cheques a nombre de “Gastos Operativos de la Presidencia de la República”. La conclusión de la Fiscalía sobre el destino del dinero que debía llegar hasta los más pobres del país es que no hay ninguna certeza de que hayan cumplido con el propósito para el que fueron donados. 'No existe evidencia que dichos fondos se hayan utilizado para financiar las actividades relacionadas con el Programa Comunidades Solidarias', dice la acusación fiscal.
La Delegación de la Unión Europea dijo a El Faro que evalúan la situación desde que la Fiscalía dio a conocer que investiga el destino de estos $2.5 millones; y que en las auditorías que han llevado a cabo hasta la fecha no han encontrado indicios de irregularidades, pero que están a la espera de conocer más información para determinar si fondos de la cooperación fueron afectados. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) comunicó que no haría comentarios sobre el destino que tuvieron $2 millones que ellos aportaron: “no podemos pronunciarnos sobre una investigación que tiene secreto sumario”, dijo AECID.
El Faro preguntó al ministro de Hacienda Fuentes si se contó, en el pasado, con autorización de la Unión Europea y de AECID para desviar $4.5 millones hacia gastos reservados. Fuentes señaló a la Secretaría Técnica. 'La transferencia se dio a la Secretaría Técnica de la Presidencia. Está el decreto legislativo en el Diario Oficial: los fondos pasaron directamente a la Secretaría Técnica de la Presidencia”, respondió.
Álex Segovia, el ex secretario técnico se desmarca de cualquier anomalía en su gestión. Por correo electrónico, manifestó que la secretaría no era ejecutora directa de fondos públicos. “Eso significa que no maneja los recursos directamente ni los puede ejecutar”. Entre las atribuciones que Segovia enlista como sus responsabilidades están coordinar y priorizar asignación de recursos externos de acuerdo a compromisos establecidos con donantes, pero eso no le daba facultad de reorientar recursos.
Según el exfuncionario, el procedimiento que “en general se seguía” era el siguiente: el donante desembolsaba los recursos en las cuentas del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica indicaba su distribución según los convenios establecidos con el donante. Cualquier movimiento de fondos debía ser aprobado por la Secretaría Técnica. “Sin embargo, una vez asignados los fondos, la Secretaría ya no era la responsable del seguimiento a estos, ya que la ejecución de los recursos asignados corresponde por ley a otras instituciones”, escribió, sin especificar a cuáles instituciones llegaron esos fondos.
Lo cierto es que ni Segovia ni Fuentes explican cómo es que el director ejecutivo de la Presidencia pudo tramitar a Hacienda la reorientación de los 4.5 millones de dólares hacia la partida de gastos reservados. En la Corte de Cuentas no sonó ninguna alarma de que estas donaciones estaban siendo cambiadas de propósito y reorientadas. El 9 de junio de 2014, el director de auditoría I le comunicó a Roberto Lorenzana -entonces secretario técnico del gobierno de Sánchez Cerén- de que 'no existen condiciones que merezcan ser reportadas', haciendo referencia al dinero que fue donado para Sarbelio de Jesús y los más pobres del país.
Mecanismo IV: Recortes en la Presidencia
Hubo un cuarto mecanismo que esquilmó el presupuesto de Casa Presidencial, según la investigación fiscal. De 2012 a 2014, la billetera secreta de Funes se nutrió gracias a “Reprogramaciones de la Ejecución Presupuestaria de la Presidencia de la República”. En la práctica, implicaba que partidas presupuestarias de la Presidencia sufrían recortes de fondos públicos que luego eran trasladados a la partida de gastos reservados.
En 2012, la Presidencia Funes recortó $22 millones de dólares de la partida de “Adquisiciones de Bienes y Servicios” de Casa Presidencial para transferirlos a los gastos reservados, que ya contaba con $21.2 millones aprobados por la Asamblea Legislativa (más los movimientos vía préstamos y donaciones). Los 76 millones que gastó en secreto el gobierno Funes en 2012 alcanzaban para cubrir por completo la entrega de zapatos y uniformes a 1.3 millones estudiantes del sistema público e incluso sobraban 3 millones de dólares.
En 2013, la proporción de recortes internos en Casa Presidencial para inflar los gastos reservados aumentó: $39.4 millones tuvieron ese destino. Estos se sumaron a los $21 millones que ya disponía el presidente para hacer gastos secretos -del presupuesto aprobado por Asamblea- más otros fondos que vinieron de reorientaciones. Ese año el gasto secreto ascendió a $81.6 millones: alcanzaba para pagar el bono de salud y educación de 106 mil familias de municipios rurales en extrema pobreza; para cubrir el bono de educación de 5 mil estudiantes de comunidades urbanas precarias; también para sufragar la pensión de 50 dólares para 28,200 adultos mayores; o para cubrir el pago de 100 dólares mensuales a los 69,600 beneficiarios del Programa Temporal de Apoyo al Ingreso (PATI); o para nutrir a 821 mil estudiantes con el programa Vaso de Leche…
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014, la Presidencia autorizó más reprogramaciones internas de fondos públicos de Casa Presidencial: $14.7 millones de 'Bienes y Servicios' fueron sumados a los gastos reservados. Para los últimos 6 meses de la administración Funes, los gastos secretos ascendieron en total a $27 millones. Funes se despidió de su mandato con un promedio diario de gastos secretos de 178 mil dólares.
*Con reportes de María Luz Nóchez, Arysbell Arismendi, Roxana Lazo y José Luis Sanz
*Nota de la Redacción: la versión original de este texto fue actualizada en la tarde del 25 de junio. Se incorporó la reacción del Banco Mundial sobre este caso.
